Finalmente, la Presidente ha oficializado que se negará a cualquier acuerdo con los holdouts que deje abierta la más mínima posibilidad de disparar la cláusula RUFO. La negativa es defendible. Y la solución al problema, en mi opinión, es simple: Brasil tiene que comprar el juicio a los holdouts y luego canjear los bonos defaulteados en los términos de los canjes 2005 y 2010.
No acordar, en términos que dejen abierta la más mínima posibilidad de gatillar la RUFO, es defendible porque el costo potencial de dicha cláusula es altísimo y calculable. El costo de un default selectivo y el desacato a la justicia de Nueva York, a la que como nación soberana voluntariamente nos sometimos, es mucho más incierto. Más aún, la interpretación de la cláusula Pari Passu del juez Griessa debería hacernos reflexionar sobre la imprevisibilidad de las decisiones judiciales en circunstancias como la presente, donde las particularidades del caso hacen que casi no haya jurisprudencia.
La incertidumbre respecto del costo del default habilita argumentos bajo los cuales dicho costo es bajo. No los comparto: intuyo que los costos de esta nueva cesación de pagos van a terminar siendo muy altos. Pero es justo reconocer que en estos temas nadie tiene certezas. Por eso el beneficio de la duda está del lado del Gobierno, que puede genuinamente sostener que los costos del default y de desoír a la justicia de Nueva York serán menores que los costos asociados a que se gatille la RUFO.
Bajo dicha perspectiva se justifica, incluso, que el Gobierno haya abortado la negociación que los bancos locales llevaban a cabo con los holdouts, dado que a la hora de la verdad los bancos implícitamente proponían usar dinero público para “salvar a la Patria”. Bajo esa propuesta, la cláusula RUFO no estaba blindada.
Por otro lado, bancos internacionales continúan negociando con los holdouts. Dedicándome profesionalmente al estudio de incentivos, estimo que la probabilidad de que los intereses de dichos bancos coincidan con los de Argentina son prácticamente nulos
Pero los intereses de Brasil y de Argentina, en este particular contexto, sí se alinean remarcablemente bien por, al menos, las siguientes tres razones:
Ya que Brasil es una nación soberana que toma decisiones de manera independiente de la voluntad del Gobierno argentino, ningún juez en su sano “juicio” podrá interpretar la compra del juicio a los holdouts como una oferta encubierta de parte de Argentina. Por lo tanto, de ninguna manera dicha compra pudiera disparar la RUFO. Esto es así, aún en el escenario extremo de un acuerdo explícito entre los gobiernos de Brasil y Argentina. Con el interesante “bonus” de que ni siquiera se lo puede tomar como un precedente para que los demás holdouts argumenten el “me too”.
Como las economías de Brasil y de Argentina están íntimamente entrelazadas, el costo económico de la compra del juicio para Brasil es insignificantemente menor que la reducción en impuestos, puestos de trabajo, inversiones de capital en la región, etc., que pudiera implicar para Brasil cualquier agudización de la recesión Argentina debido al default.
Geopolíticamente, el tiempo que Brasil le estaría comprando a la Argentina hasta el 1º de enero de 2015, momento en que expira la cláusula RUFO, representaría una fuertísima señal de Brasil al mundo. Así, visibilizaría que finalmente está dispuesto a asumir y ejercer su posición de liderazgo natural en América Latina, elevando así su estatus e influencia en el concierto de las naciones.
La solución es simple y admite mil matices. Lo ideal sería que Brasil comprara el juicio y luego entrara al canje. Pero también vale en su esencia si Brasil simplemente pidiera el stay y esperara hasta enero. Solo requiere visión y liderazgo de parte de nuestro mayor socio estratégico.