Cada vez es más evidente que el hilo conductor en materia de política económica es la falta de un plan. En diciembre del año pasado, las distorsiones generadas por el cepo y el tipo de cambio desdoblado impulsaron la suba de impuestos internos a los autos denominados de “alta gama” en un intento por desalentar la compra de vehículos importados. Como consecuencia, un automóvil con precio final de $250.000 ($170.000 a valor de fábrica) pasó a costar $310.000 sólo por efecto del traslado del impuesto. En el caso de un vehículo de $300.000, gravado a una alícuota mayor, el precio habría trepado a $500.000.
Como muchos preveían, el impacto se sintió no sólo sobre los vehículos de mayor valor sino también en los modelos más económicos que venían encareciéndose por efecto de la devaluación. Sucede que terminales y concesionarias fijan precios buscando un margen de rentabilidad global, y lo que dejan de obtener por modelos de alta gama (cuyos márgenes son relativamente más elevados) pueden compensarlo aumentando precios de modelos de gama media o baja.
La medida tuvo como consecuencia una caída inmediata en las ventas a concesionarios. En los primeros cinco meses del año las ventas cayeron 32% según información de ADEFA. Contrariamente al objetivo de la medida, que apuntaba principalmente a desalentar la compra de importados, el impacto se sintió fuertemente en las ventas de vehículos nacionales: las ventas cayeron 26% y la producción 22%. Los efectos se trasladaron al empleo de terminales y autopartistas: según fuentes sindicales, habría 15.000 trabajadores suspendidos en plantas de Rosario y Córdoba de las compañías General Motors, Volkswagen, Renault y Fiat.
Hoy, el Gobierno quiere dar marcha atrás y fomentar la demanda de automóviles con créditos a 60 meses a una tasa subsidiada de entre 17% y 19%. Con el propósito de generar un shock inmediato, se anunció que el programa tendrá una duración de sólo tres meses y que será aplicable a una selección de 26 modelos. Como ya es costumbre, siguiendo el esquema de Precios Cuidados, el Gobierno restringe de manera arbitraria la variedad de productos a precios supuestamente accesibles. Si el programa tuviera impacto, y dudamos que lo tenga en la coyuntura actual, los modelos comercializados pasarían a depender más de la negociación entre empresarios y funcionarios de turno que de las preferencias de los ciudadanos y de las capacidades productivas de las firmas.
Más allá del cuestionamiento sobre la escasa progresividad de la medida (se prioriza acá el subsidio de clase media en un contexto en el que casi la cuarta parte de la población vive en condiciones de pobreza), el problema es la improvisación. Creemos efectivamente que la industria automotriz enfrenta desafíos importantes pero su razón no está en el debilitamiento de la demanda interna por falta de créditos accesibles (un problema generalizado en una economía inflacionaria, en contracción, poco integrada al mundo y con reglas de juego inciertas). Además de los problemas coyunturales provocados por el impuesto a los autos de alta gama, que debería derogarse de inmediato, el desarrollo de la industria necesita una política sostenible en el tiempo. Queremos una industria automotriz dinámica que genere beneficios netos para la población en su totalidad y no sólo para aquellos vinculados al sector. Esto se logra con medidas que fomenten la competitividad y promuevan inversiones destinadas a la modernización y a las mejoras de productividad. Para que esto ocurra se necesitan reglas de juego simples, claras y estables.
Más en general, debemos abandonar la lógica de abordar con intervenciones sectoriales problemas de consistencia agregada como la inflación y la falta de crédito que surgen por la falta de una visión estratégica y por partir de un diagnóstico equivocado de la realidad. Estas “soluciones” terminan deteriorando el entramado productivo y agravando los desequilibrios globales. El déficit energético, la caída de la producción de carnes, el trigo, y el debilitamiento de las economías regionales dan cuenta de ello. La experiencia se repite ahora en el sector que fuera estrella de la “década ganada”. Seguir con los atajos y los parches no hace más que prolongar la incertidumbre y postergar el camino del desarrollo con inclusión social.