Democratización sí, sometimiento de la Justicia no

Sonia Escudero

El debate público de alternativas para mejorar el funcionamiento de las instituciones de la República es la esencia misma de dicho sistema. Como principio, va de suyo que estamos a favor de cualquier proceso que implique, bajo la noción de “democratización”, la adopción de medidas enderezadas a garantizar más equidad, más transparencia y más eficiencia en las prestaciones, no sólo del Poder Judicial sino, también, de los otros poderes del Estado.

Lo dicho viene a cuento de los anuncios efectuados por la Presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, al inaugurar las sesiones legislativas de este año. Algunas de las ideas genéricamente mencionadas parecen ir en esa dirección; otras, generan legítimas reservas.

En el sentido apuntado, pienso que ideas como la de transparentar la gestión de los integrantes de los tres poderes del Estado, estableciendo la publicidad obligatoria de sus declaraciones juradas es muy positiva, aunque no puedo dejar de preguntarme por qué ese espíritu de transparencia no se ha puesto de manifiesto para sancionar una Ley de Acceso a la Información Pública, que el oficialismo se niega a concretar desde hace diez años.

También resulta plausible la creación de Cámaras de Casación para los fueros civil y comercial, contencioso-administrativo y laboral, del mismo modo que existe, actualmente, un tribunal semejante para el fuero penal. No obstante ello, es de lamentar que esa propuesta se formule cuando desde hace años existen cantidad de puestos vacantes por completar en el ámbito del Poder Judicial.

Estoy de acuerdo con la Presidenta en que los jueces deben pagar el Impuesto a las Ganancias; pero como es sabido se trata de una situación que debe resolverse en el ámbito del Poder Judicial.

Ciertamente más delicada es la idea de someter la representación de los miembros del Consejo de la Magistratura a elección popular, un órgano que no ha quedado exento de sospechas y denuncias por irregularidades en algunos concursos. A priori, como idea, es interesante la posibilidad de que los representantes de los abogados resulten de la elección popular. En cambio, las dudas se plantean a la hora de proponer que los representantes de los jueces sean elegidos por quienes no son sus pares y ello, a luz de la prohibición que tienen los magistrados para participar en política. Se perdería mucho de la necesaria imparcialidad que deben conservar si tuvieran que abocarse a la tarea de conseguir electores (y fondos para sus campañas electorales) en lugar de dedicarse estrictamente a impartir justicia a través de sus sentencias.

Finalmente, parece un exceso la idea de restringir de un modo riguroso la posibilidad de obtener medidas cautelares contra disposiciones del Poder Ejecutivo; hablamos de herramientas imprescindibles para el individuo frente al omnipotente poder del Estado. Las malas experiencias que el actual gobierno nacional puede haber tenido en su aplicación son una prueba de su necesidad, porque demuestran la relevancia de un Poder Judicial independiente que no sea una mera sombra del Presidente de turno.

Tenemos los títulos más no conocemos aún el contenido de la propuesta democratizadora de la Presidenta. No sabemos si el Gobierno busca genuinamente llevar adelante una verdadera reforma para garantizar la equidad, transparencia y eficiencia en la prestación del servicio de justicia,  o si en verdad lo que se pretende es avanzar sobre la independencia del Poder Judicial.

El valor de esa independencia es esencial para una república democrática, si el Poder Judicial se convirtiera en un reflejo de la voluntad de las mayorías, los individuos quedarían absolutamente desprotegidos frente a aquellas. Las mayorías electorales son contingentes, cambiantes, y las medidas que hoy se aprueban en la confianza de que nos benefician, mañana nos mortificarán en manos de otros.

Lo que los jueces deben aplicar es la ley, con prescindencia de los deseos de las mayorías de turno. La independencia del Poder Judicial garantiza que la ley se aplique por igual a todos los ciudadanos, sin importar su ideología o afiliación política.