Por: Victoria Donda Pérez
Cuando me pidieron opinión por los proyectos de Democratización de la Justicia, me pregunté: ¿De qué democratización hablan, si estos proyectos están lejos de garantizar una mejora en el servicio de justicia a los ciudadanos/as? Así que voy a hacer unas breves observaciones de cada uno, para que evaluemos el paquete, o mejor dicho, el buzón que nos están queriendo vender.
En términos generales, los tres proyectos que el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados, ante todo, no tienen demasiado de novedoso, ya que hace tiempo que las sentencias en las Cámara Civiles y Comerciales y en las Laborales se vienen publicando. Lo del acceso igualitario a la función judicial -por sorteo – no sé si es tan malo como lo de la familia judicial que se advierte en todos lados, pero también debería aplicarse a los demás poderes prioritariamente. Y lo de las declaraciones juradas, incluyendo además del Poder judicial, al Legislativo y al Ejecutivo, no es malo. Ahora, a la hora de ver los hechos y constatar las fortunas amasadas por los funcionarios oficialistas durante sus gestiones, vemos que esto no previene ningún tipo de usufructo de quienes ejercen la función pública. Nosotros votamos en contra de estas iniciativas porque eran la cara aceptable del mamarracho y avasallamiento de la Justicia que se armó en el Senado.
Uno de los engendros legislativos que se aprobó en el Senado habla de la creación de nuevas Cámaras de Casación. Según el Gobierno, se “aumentarán juzgados” y en consecuencia, se acelerará la tramitación de las causas. Pero esto es un verdad a medias, ya que si bien si se crean más juzgados, éstos no son Juzgados de Primera Instancia, ni nuevas salas para las Cámaras de Apelaciones, sino que crean una nueva instancia resolutiva, burocratizando aún más el sistema judicial que todos padecemos. Lo que sí queda claro es que la verdadera intencionalidad del Gobierno es crear una nueva instancia, para asegurarse definiciones claras respecto de medidas oficiales. Por ejemplo, ¿quién declarará la constitucionalidad o no de la reforma a la ley de ART? La nueva Cámara de Casación Laboral, sin duda.
Otro de los proyectos busca la reglamentación de las medidas cautelares contra el Estado, pero no es más que una nueva forma de inmunidad estatal, ya que limita en exceso la posibilidad de que un juez dicte una medida cautelar contra un acto u omisión estatal, perjudicando ostensiblemente la posición de la parte más débil -un ciudadano/a- en un pleito. En relación a los plazos, actualmente Código asigna un plazo de diez días hábiles para que una oficina pública conteste un oficio, y la mayoría de ellas no lo hace la primera vez, así que se suelen enviar dos y hasta tres oficios reiteratorios -en Anses sucede con frecuencia -, por lo que la realidad indica que en seis meses -plazo que propone la reforma- es prácticamente imposible contar con una sentencia que dirima “el fondo” de una cuestión, al menos en procesos ordinarios.
Por último, dentro de las reformas que propone el Ejecutivo están las que hacen al método de selección y cantidad de integrantes del Consejo de la Magistratura. En este sentido, mientras el Consejo está integrado por 13 miembros, el proyecto propone elevarlos a 19, por lo que el sector de legisladores baja su representación en él de 46% al 31%; el sector de los jueces también baja su representación del 23% al 16%; los abogados quedan casi igual del 15% actual al 16%; el Ejecutivo baja de 8% actual al 6%, y los académicos notoriamente aumentan su representación de 8% de representación actual al 31%. Hasta ahora, el porcentaje de miembros del Consejo que son elegidos mediante el sufragio universal y constituyen su órgano político es del 54%, respetándose el “equilibro” entre el órgano político y los demás integrantes que establece el artículo 114 de la Constitución Nacional. Con la reforma, casi el 100% de los miembros serían elegidos por sufragio universal, a través de órganos partidarios, rompiéndose la manda constitucional que ordena respetar un equilibro entre los representantes políticos (legisladores + ejecutivo) y los jueces, abogados y académicos. Otro dato interesante es que actualmente el oficialismo tiene asegurado dentro del Consejo a cinco miembros propios, es decir, el 39% de sus miembros. Con la reforma, el oficialismo contaría con 13 de los consejeros, es decir, el 68% de los miembros, mayoría que quedará reforzada con el artículo 3 bis del proyecto, que prevé que en las próximas elecciones a legisladores el gobierno ya cuente con la mayoría absoluta del Consejo de la Magistratura, ya que dice “en la primera oportunidad, se celebrará de manera conjunta y simultánea con las elecciones generales nacionales para cargos legislativos”.
Actualmente ya advertimos que existe una práctica judicial -por temor- por parte de los jueces federales, en el dictado de medidas cautelares que pudieran afectar al Gobierno, de autocensura, que se vincula con las amenazas latentes y permanentes de promoverles juicios políticos a aquellos que no actúan o fallan de acuerdo a los intereses del actual gobierno -como el caso del juez Rafecas, en el escándalo de Boudou con Ciccone-. Por eso el interés del Gobierno por controlar el Consejo de la Magistratura, donde ciertamente pueden hacerse efectivas esas formas de control de la Justicia. Mi opinión es que todos los proyectos enviados por el Ejecutivo, por lo abusivos y manifiestamente contrarios a la división de poderes, tienen la clara intencionalidad de generar, en el Poder Judicial, un estado de zozobra y temor que les impida actuar de acuerdo a sus convicciones y al texto constitucional. Llegará el tiempo en que no serán necesarias tantas iniciativas irrazonables porque el efecto paralizante les garantizará un Poder Judicial débil y a la altura de sus necesidades.