Con un Estado inmóvil seguiremos viendo femicidios por TV

Victoria Donda Pérez

Hace unos días que en los medios de comunicación se difunde constantemente el caso de Claudia Schaefer, de 44 años, madre de tres hijos, quien fue apuñalada por su esposo, Fernando Farré, en un country de Pilar.

Este último femicidio reabrió en los medios el tema de la violencia que vivimos las mujeres, en esta ocasión quizás debido a los detalles por demás morbosos del caso. Sin embargo, como en situaciones anteriores, vuelven a cargarse las tintas sobre la conducta de la mujer, su supuesta extorsión al marido, el estado de desequilibrio en que se encontraba él por razones laborales, etcétera. Todas estas explicaciones pretenden brindar cierta calma a nuestras conciencias sobre lo que nos resulta intolerable: que un hombre asesine a una mujer, y a la mujer con la que lo unía un vínculo afectivo.

La verdad es que Claudia vivía en un contexto de violencia y su marido la asesinó en forma cruel y brutal.

Sin embargo, lo cierto es que desde aquel 3 de junio donde la Plaza de los Congreso se colmó de una multitud de mujeres y hombres exigiendo #NiUnaMenos, las estadísticas arrojan la misma cifra de feminicidios: uno cada treinta horas. Es decir, han muerto 70 mujeres por feminicidio desde la marcha de #NiUnaMenos.

El caso de Claudia Schaefer resuena mientras son invisibilizados decenas de otros casos que ocurren por mes de mujeres asesinadas por hombres violentos, tal vez en contextos menos atractivos que el del coqueto country de Pilar y con protagonistas menos llamativos. En la mayoría de los casos, han tratado de pedir ayuda o denunciado al agresor sin ser escuchadas. La indiferencia, el ocultamiento, la invisibilización de la violencia machista es lo que mata a esas mujeres. Pero también la falta de espacios de acompañamiento y sostén. Sabemos, y lo sabe la Justicia, que las medidas cautelares son necesarias, son urgentes, pero no son suficientes para posibilitar que las mujeres vivan una vida libre de violencia.

La primera invisibilización se da cuando el Estado sigue sin realizar estadísticas oficiales para determinar la cifra de femicidios.

El Congreso, por su parte, se niega a tratar la ley que declara la emergencia nacional en materia de violencia contra las mujeres, proyecto que permite dotar de presupuesto al Consejo Nacional de las Mujeres, órgano encargado de la aplicación de la ley de prevención contra este tipo de violencia. El presupuesto permitiría, entre otras cosas, establecer a lo largo y ancho del país espacios de acompañamiento y empoderamiento de las mujeres víctimas de violencia, tal como lo dispone la ley 26.485. Permitiría la creación de nuevos patrocinios jurídicos gratuitos especializados en violencia de género y la asistencia financiera urgente que requieren las mujeres víctimas que tienen como único sustento el ingreso de estos hombres violentos. Si bien todos estos derechos están contemplados en la legislación vigente, sabemos que no están garantizados para las mujeres víctimas de violencia.

Ninguno de los tres candidatos a presidente que más miden en las encuestas ha puesto el tema de la violencia contra las mujeres en su agenda de campaña. Solo se han limitado oportunamente a sacarse la foto con el cartelito de #NiUnaMenos. Daniel Scioli, por ejemplo, si bien firmó los cuatro objetivos de la campaña, como los otros dos candidatos a presidente más votados y responsables políticos en sus jurisdicciones, se encuentra con un retraso notable en la aplicación de la ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres.

Las problemáticas relacionadas con la violencia de todo tipo, y la violencia que sufren las mujeres por su condición de tal en particular, son complejas. Es necesario un abordaje interdisciplinario y una real voluntad política para llevar adelante las transformaciones más urgentes a fin de terminar con este flagelo.

Desde nuestro espacio reclamamos con carácter inmediato la declaración de la emergencia nacional como primer paso ineludible. Pero principalmente reclamamos voluntad política por parte del oficialismo para terminar con la violencia contra las mujeres. Ni una menos.