En los próximos días viajaré a Nueva York para asistir a la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas. Viajo con la intención de manifestar mi posición, de público conocimiento: que en la lucha contra el narcotráfico no se debe penalizar a los consumidores.

De hecho, desde hace varios años venimos trabajando desde la Cámara de Diputados sobre esta temática. En esa dirección, realizamos numerosas audiencias públicas en las que participaron todos los bloques políticos y se convocó a especialistas y eminencias de distintos sectores, como el judicial, el académico y organizaciones de la sociedad civil. En esas reuniones acordamos que la problemática de las adicciones debe ser abordada desde la perspectiva de la salud pública y no desde el Código Penal.

Nos basamos en el fallo del año 2009 de la Corte Suprema de Justicia, conocido como fallo Arriola, donde el Supremo Tribunal declaraba inconstitucional el segundo párrafo del artículo 14 de la ley 23737, que reprime la tenencia de drogas para uso personal. Los magistrados fundamentaron su decisión en el artículo 19 de nuestra Carta Magna, donde se expresa que las acciones privadas de las personas que no perjudiquen a terceros no son punibles.

Además, por entonces, la Organización de Naciones Unidas ya había reconocido el fracaso de las políticas globales en la lucha contra el narcotráfico. Después de veinte años de aplicación de estas políticas, lejos de disminuir, el narcotráfico y todas sus prácticas delictivas asociadas habían aumentado.

En nuestro país las cifras son claras: desde 1989, cuando se sancionó la actual ley de drogas (ley 23737), hasta la actualidad, el tráfico de drogas creció. Sin embargo, sólo un poco más del diez por ciento de las causas iniciadas desde entonces fueron por tráfico.

Respecto a las consecuencias concretas de la aplicación de este modelo, basta con verificar la saturación judicial que tanto jueces como fiscales y defensores vienen denunciando, y que se observa en las propias cifras del Poder Judicial, que en los últimos diez años indican: el 70% del total de las causas por drogas son por tenencia para consumo personal; entre el 20% y el 25% son causas por tenencia simple, y sólo el 5% del total de causas por drogas son por su comercialización. Es decir que la mayoría de los recursos del Estado para la lucha contra el narcotráfico se concentraron en perseguir a los usuarios.

Creemos que el consumo problemático debe abordarse integralmente y desde la perspectiva de la salud. Con campañas de prevención y políticas públicas de asistencia a las adicciones en caso de ser necesario, pero de ninguna manera que el consumidor termine preso. De esta forma, se aumentan los daños a la salud y se estigmatiza a poblaciones vulnerables, mientras las prácticas delictivas del narcotráfico siguen avanzando.

Estamos convencidos de que hay que terminar con la criminalización de las personas por su posesión (tenencia simple) y por el uso de drogas.

En este contexto y con el consenso de todos los bloques políticos de la Cámara de Diputados, con respecto a terminar con la criminalización de los consumidores, pero acompañado de políticas públicas de prevención y atención a esta problemática es que se aprobó por unanimidad el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (Plan Icopro). Este se sumó a la ley 26586: Programa Nacional de Educación para la Prevención de Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas y a la ley de salud mental. Por medio de estas leyes se buscó garantizar campañas de prevención e información, y el acceso a centros interdisciplinarios de tratamiento.

Sin embargo, y a pesar del consenso, no pudimos avanzar en el tratamiento en el recinto de la despenalización de la tenencia para consumo personal. Desde mi punto de vista, por falta de decisión política de los bloques mayoritarios.

La resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas del 20 de diciembre del 2012 expresa su preocupación por el aumento del uso de drogas en jóvenes y niños, el uso de nuevas sustancias psicoactivas cada vez más nocivas y el incremento del narcotráfico y, por lo tanto, de nuevas actividades delictivas cada vez más violentas.

Ante esta situación, la Asamblea propone que los Estados miembros aúnen esfuerzos en la reducción de la oferta y la demanda de sustancias ilícitas. Y especialmente en el combate de los graves problemas planteados por los vínculos cada vez mayores entre el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero, la corrupción y otras formas de delincuencia organizada.

En estos días, la ministra Patricia Bullrich, que en su momento participó de las audiencias que mencioné anteriormente en el Congreso de la Nación, manifestó, según una nota del diario Clarín, que el Gobierno irá a la ONU con un claro mensaje de no hablar de despenalización, porque cree que sería equivocado para nuestro país.

Creo que sería equivocado para nuestro país no centrar los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico. Debemos concentrarnos en cuidar las fronteras, en tener un sistema de radarización, en investigar las pistas clandestinas que existen a lo largo y ancho de nuestro país, en terminar con la connivencia política y de las fuerzas de seguridad con el tráfico de drogas. Y sobre todo, combatir el lavado de dinero, la corrupción y las grandes redes criminales asociadas a ese delito.