Mientras la justicia somete a proceso al Vicepresidente de la Nación por cohecho y tráfico de influencias, destacándose en el caso un sinnúmero de intervenciones de otros funcionarios del Estado que confluyeron en la compra de la empresa Ciccone Calcográfica por una empresa vinculada al círculo íntimo de Amado Boudou, el Senado convirtió en Ley un inaceptable proyecto del Ejecutivo que impide que el Estado responda íntegramente por los daños causados por su actuación legítima e ilegítima. Dicha norma, conocida como “la ley de la irresponsabilidad del Estado”, fue anoche aprobada por 38 votos contra los 23 votos de toda la oposición, generando una fuerte polémica en el recinto, al igual que lo hizo el año anterior en la Cámara de Diputados, ya que esta desprotege al ciudadano frente al Estado y tolera la impunidad de los funcionarios públicos.
En otras palabras, mientras la ciudadanía se desayuna acerca de la manera en que funcionarios de este Gobierno habrían utilizado sus resortes de poder para apropiarse ilegítimamente de la imprenta que puede fabricar billetes de curso legal, un Congreso virtualmente paralizado, que sólo homologa los proyectos que manda el poder Ejecutivo e ignora los de los representantes del Pueblo de la Nación, busca restringir injustificadamente la forma en que el Estado debe hacerse responsable de sus actos frente a los ciudadanos con esta ley sancionada.
Este no es un tema menor, si se considera que la tendencia jurisprudencial nacional e internacional ha sido la de ampliar los supuestos de reparación -y no restringirlos-, en el marco de la normativa que surge del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que goza de jerarquía constitucional luego de la reforma de 1994. Es una contradicción que pueda hablarse desde los palcos oficiales de “ampliación de derechos”, y que a su vez se restrinja injustificadamente el derecho a una reparación integral, cuando el autor del obrar ilícito es justamente el propio Estado. Estado que además es el garante ante los Organismos Internacionales del cumplimiento de los compromisos asumidos por nuestra República Argentina.
El kirchnerismo, gozando de mayoría propia en ambas cámaras legislativas, no permitió realizar ningún avance en ampliar los criterios en los casos de daños cometidos por empresas concesionarias de servicios públicos, sino todo lo contrario.
Por dar un ejemplo concreto, este proyecto impide que el Estado Nacional responda patrimonialmente en un caso como el de la masacre de Once, puesto que, en el artículo 6º, y a pesar de que la jurisprudencia venía flexibilizando el criterio acotado de los años 90, se excluye expresamente la reparación por parte del Estado, aún en forma subsidiaria, por perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos. O sea, los damnificados de este hecho aberrante no podrán reclamar al Estado y a los funcionarios, sino que deberían accionar directamente contra el concesionario. En este sentido, se puede verificar que ninguna de las víctimas de la masacre de Once ha contado con ningún tipo de ayuda oficial, tal como ellas mismas han relatado en las audiencias que se llevan adelante en la actualidad, en Comodoro Py.
De esta forma, podemos advertir cómo este gobierno pretende contar con todas las herramientas legales a su alcance para garantizar su impunidad, aunque ello implique un grave retroceso para nosotros, simples ciudadanos y ciudadanas, al aplicar leyes como esta “Ley de irresponsabilidad del Estado”.