En estas últimas semanas electorales se puso sobre la mesa como recurso oportunista y desesperado -ante el legítimo reclamo social de mayor seguridad y justicia para los y las ciudadanas y los magros resultados electorales que obtuvo el oficialismo en los mayores distritos del país- la cuestión de bajar la edad de imputabilidad de los menores. No es la primera vez que esto sucede; por eso, allá por el 2009, diversos sectores políticos identificados con el amplio espectro que se autoproclama “progresismo” concretó un “acuerdo preventivo” sobre diez puntos, entre los cuales se abordaba esta cuestión. Justamente con el fin de que estos temas tan sensibles al conjunto de la ciudadanía y las instituciones democráticas no sean tratados a la ligera o para sacar réditos partidarios coyunturales, se establecieron un piso de acuerdos mínimos. Claramente el FpV, quien participó de ese acuerdo, pateó el tablero, borrando con el codo lo escrito con la mano.
El debate alrededor de la baja de la edad de imputabilidad dado por el candidato Martín Insaurralde (que no es lo mismo que discutir la creación del régimen penal juvenil) tuvo un fuerte sesgo “derechoso”, lo que demuestra que en esta materia también el Gobierno nacional cedió a la línea dura del gobernador Daniel Scioli, que además les impuso a Granados como ministro provincial de Seguridad, al que el resto de los kirchneristas tuvieron que salir a aplaudir dado la dependencia evidente que hoy tienen de ex motonauta para no perder más terreno político en la provincia de Buenos Aires.