“Un informe secreto, elaborado con datos de la Oficina Anticorrupción, arroja una conclusión escalofriante: las quince causas más relevantes de corrupción de la última década le ocasionaron al Estado un perjuicio de 3200 millones de pesos. El documento demuestra, además, que el Gobierno sigue con atención el trabajo de los jueces federales en los procesos contra los ex funcionarios”, difundió un diario porteño.

Luego de la detención del ex Secretario de Transporte Ricardo Jaime por la compra de trenes a España y Portugal de manera irregular y con un grave perjuicio económico para el país, de la promocionada ruta del dinero K, de las denuncias por evasión contra el empresario kirchnerista Cristóbal López y la causa por presunta lavado de dinero que involucra a la propia ex presidenta Cristina Fernández y a su hijo Máximo Kirchner, la crónica del diario porteño con que se inicia esta columna bien podría responder a la caída en desgracia del kirchnerismo por denuncias de corrupción.

Sin embargo, el párrafo de un extenso artículo es de hace 16 años y corresponde a los primeros meses del gobierno de Fernando de la Rúa, que creó la Oficina Anticorrupción, exclusivamente, para investigar la corrupción menemista pero no la propia, que luego derivó en los Sobornos del Senado.

Esos “3.200 millones de pesos” (equivalentes a 3.200 millones de dólares porque regía la Convertibilidad, 1 peso=1dolar) comprendían, entre otros casos resonantes, a: “Pagos indebidos en Yacyretá por dos mil millones de pesos, maniobras relacionadas con la mafia del oro por 129 millones, cuatro causas vinculadas al PAMI por 678 millones de pesos, dos investigaciones contra María Julia Alsogaray por 22 millones, una contra Gerardo Sofovich por 20 millones”, según el diario Página 12 de principios del 2000.

Como en aquel entonces, los jueces federales se convertían en los adalides de la ética y la transparencia, lugartenientes de los argentinos en la lucha contra la corrupción, y procesaban a mas de 100 funcionarios menemistas, los hacían desfilar por tribunales y metían preso (eso sí, en prisión domiciliaria en una quinta) al ex mandatario Carlos Menem.

Menem, junto a María Julia Alsogaray fueron los únicos presos. ¿Habrá sido el pago de favores muchos jueces y fiscales que fueron nombrados en el Poder Judicial por el propio Menem? Probablemente.

Dieciseis años después, luego también de una década de un gobierno (antes el menemista, ahora el kirchnerista) la sociedad argentina vuelve a ser testigo de millones de pesos que se esfumaron en sus narices y, lejos de mejorar la vida de los argentinos, fueron a parar a bolsillos de particulares.

La primera conclusión que debería estar a flor de piel de los debates es que está fallando el Sistema como para que la dirigencia política, a su antojo, siga robando el dinero de todos desde hace mas de 30 años.

El sistema que rige la administración pública, el modo de gestionar de un gobierno, los nombramientos, la rendición de cuentas, el manejo de los fondos, los contratos y licitaciones, el control, las auditorías, la transparencia, está haciendo agua por todos lados.

En la Argentina hay unos 1300 hospitales públicos. Los 8 mil millones de pesos por evasión con los que fue denunciado por la AFIP el “zar del juego” Cristóbal López equivalen a 6.600 tomógrafos. Es decir, 5 tomógrafos por cada hospital en todo el país. Lo que terminaría por un buen tiempo con los reclamos recurrentes en la Salud Pública acerca de la falta de estos aparatos que cuestan alrededor de 1.200.0000 pesos. Patético.

Cualquier especialista en la lucha contra la corrupción sostiene que puede ser muy plausible la investigación, denuncia y eventual (porque casi nadie va preso) encarcelamiento de un corrupto. Pero el principal daño es lo que se roba y la sociedad no recupera jamás.

¿Es una tarea imposible, titánica, disminuir abruptamente la corrupción? No, de ninguna manera. Pero es, claro está, una decisión política. Las medidas preventivas son las menos costosas y complejas.

En primer lugar, fortalecer los organismos de control (Auditoría General de la Nación –AGN-, Sindicatura General del Estado Nacional –SIGEN-, Oficina Anticorrupción –OA-). Darles mayor cantidad de recursos humanos, tecnología y normas que les pueda servir, por ejemplo, para bajar la concesión de un servicio público cuando es deficiente o denunciar penalmente para que vaya preso, a un funcionario que desvió fondos a sus cuentas.

Eso sí, ninguno de los organismos, como ocurre con la Oficina Anticorrupción, debe funcionar dentro del propio Poder Ejecutivo. Cuando De la Rúa la creó, primero la OA fue protagonista al investigar “hacia atrás” al menemismo. Pero cuando le tocó –como con la alianza y luego el kirchnerismo- jamás denunció por corrupción a funcionarios del gobierno al que pertenecía. Lógica pura.

¿Seguiremos este ciclo de hablar de casos de corrupción, con jueces que se ponen a investigar, cuando termina un gobierno y llega uno nuevo? ¿O definitivamente empezaremos algún día el camino para prevenir que se prive a millones de argentinos de la oportunidad de vivir un poco mejor?