El dinero que los corruptos robaron de los argentinos es inconmensurable. Hace un tiempo, un trabajo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) estimó que entre 1980-2007, el país perdió unos 13 mil millones de dólares. El trabajo en aquél entonces se realizó en base a unas 750 causas de corrupción en el Estado.
Si hasta el 2007 eran por lo menos 13 mil millones de dólares, ¿cuánto habrá aumentado si se suman los últimos ocho años en los que emergieron figuras paradigmáticas como la de Amado Boudou? ¿15 mil millones, 20 mil, más?
Al parecer, sensaciones nada más, nada cambiará en el corto y mediano plazo. Al menos, ninguno de los candidatos con chance de llegar a la Casa Rosada –Daniel Scioli (FPV), Mauricio Macri (Cambiemos) o Sergio Massa (UNA)- han establecido a la lucha contra la corrupción como una prioridad.
Ni siquiera se espera que los políticos se rasguen las vestiduras por la ética, la moral y el cumplimiento del séptimo mandamiento, “no robarás”. Seguramente la sociedad querría esperar que el próximo Presidente de la Nación, a diferencia de sus antecesores en los últimos 30 años, al menos encarara el problema desde un punto de vista meramente económico.
¿Saben los políticos cuántas cosas podrían hacer por el bien del conjunto si evitan la corrupción? Quizás, hasta podrían quintuplicarse los sueldos y aún así, ahorrarle muchísimo dinero a los argentinos.
Sergio Massa propone que el delito por corrupción sea “imprescriptible”. El problema es que ningún candidato propone prevenir el acto de corrupción sino, los mas “audaces”, sólo perseguirlo una vez el hecho consumado.
¿Es una tarea utópica reducir drásticamente la corrupción?¿Es un problema cultural y, por ende, imposible de resolver? De ninguna manera.
El problema reside en que a los políticos, al menos los que mas posibilidades de gobernar tienen, no les interesa el tema. Tampoco a la sociedad. Distintos especialistas y consultores coinciden que los argentinos se quejan de la corrupción pero no es una variable determinante en el momento de emitir el sufragio por uno u otro candidato.
Si un candidato presidencial quisiera seriamente combatir la corrupción, empezando por el Estado que va a conducir, debería empoderar a los organismos de control. Darles mayor autonomía política, financiera y leyes para poder intervenir ante cualquier sospecha.
¿Cuánto cuesta eso? Darle mas protagonismo a esos organismos, muy poco. Mas costoso es dejar que el sistema ampare a los corruptos porque son muchos mas los miles de millones que se pierden.
Los organismos de control, como su término lo especifica, controlan al Estado. Controlan y exigen que los funcionarios rindan cuentas sobre cómo, cuándo y para qué gastan el dinero que, en verdad, es de todos. Cuánto mas control hay, menos corrupción. Es una relación directamente proporcional.
Para ello es necesario que esos organismos de control, comenzando por la Auditoría General de la Nación, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Sindicatura General de la Nación, entre otros, cumplan con cuatro factores: 1) estén conducidos por especialistas desvinculados del partido gobernante u opositores; 2) que sean autárquicos; 3) que tengan los recursos humanos suficientes; 4) que cuenten con una legislación que les permita sancionar o llevar a juicio rápido a un funcionario corrupto, o bien detener un proceso o el funcionamiento de un área que puede ser perjudicial para los intereses del Estado.
Ese paquete de medidas conlleva un costo ínfimo para cualquier gestión. Debe estar acompañado por la aprobación de la postergada Ley de Acceso a la Información para que, como en Brasil, cualquier persona pueda ingresar en Internet el nombre y apellido de un agente del Estado, e inmediatamente vea cuál es su sueldo, en qué área trabaja, además de acceder a las declaraciones juradas de cualquier diputado o senador nacional, juez o funcionario del gobierno nacional desde el Presidente al último empleado.
Ahora bien, si es tan sencillo, ¿por qué nadie lo propone o lo pone en práctica de una buena vez? Porque a muy pocos políticos les interesa romper con el esquema de “roba pero hace”, y entonces poder hacerse del dinero del Estado como si se tratara de un botín al que se accede cuando se llega al gobierno nacional o a una administración provincial o municipal.
Debe quedar en claro que si en la actualidad, tampoco la sociedad reacciona ante hechos de corrupción sino que, por el contrario, acepta y a veces “festeja” la “viveza criolla” del que “metió la mano en la lata”, es como consecuencia de un delito que comenzó siendo practicado por las clases dirigenciales a nivel político y empresarial, que luego sí provocaron el “efecto derrame” hacia el resto de la comunidad.
Por ende, esos mismos que iniciaron este proceso de involución en los valores de una sociedad más digna, son los que en algún momento deberían arrojar la primera piedra y desandar ese camino de corrupción que tanto dinero y perjuicios le han costado a los argentinos.