Desde que los jefes militares comparten el poder con los políticos, son bien conocidos esos discursos de aliento catastrofista que buscan sobreponer la razón de los sables a la de las leyes. Sin embargo, fue un venezolano, Laureano Vallenilla Lanz, quien a comienzos del siglo XX definió para la América hispana la tesis del “césar democrático”, esto es, aquel general o caudillo que se atribuía autoritariamente la custodia de la paz, del progreso y del orden civil, controlando con mano de hierro la vida del Estado e impidiendo que éste cayera en la anarquía bajo la acción disolvente de las facciones políticas y de los intereses de grupo.
Como se sabe, la defensa del “gendarme necesario” emprendida por Vallenilla Lanz estaba directamente referida al régimen de Juan Vicente Gómez; pero, por lo que toca al subcontinente, es fácil hallar las raíces de ese argumentario en los discursos del propio Simón Bolívar. Al embestir la Convención de Ocaña y someter el gobierno de Colombia a su dictadura personal, el libertador, imitando las razones de Bonaparte durante el 18 brumario, invocaba los peligros de que se hallaba cercada la República y el inminente riesgo de fractura social; de modo que la férula militar se presentaba como un remedio impostergable para atajar el desastre y para reconducir la vida del Estado a la concordia y a la legalidad. Lejos de condenar esta resolución, la memoria patria ha visto en ella una prueba del sentido de la responsabilidad con el que Bolívar había asumido su misión histórica; y a la misma indulgencia se han acogido todos los golpes de Estado que luego ha sufrido Venezuela, y que, lógicamente, no se dan nunca en nombre del despotismo sino antes bien de la justicia y la democracia: en ello no se diferenciaron el dirigido en 1945 por un líder civil como Rómulo Betancourt (para derrocar un gobierno ampliamente tolerante que sin embargo no había sido elegido en las urnas) y el que intentó en 1992 el teniente coronel Hugo Chávez Frías (contra un presidente votado popularmente pero que, desde su punto de vista, había quedado deslegitimado tras la aplicación de políticas “neoliberales”).