Por: Yamil Santoro
“Todos los problemas son problemas de educación.”
Domingo F. Sarmiento
Solemos confundir público con estatal como si se tratasen de conceptos iguales. Nos hemos acostumbrado a considerar que algunos servicios esenciales como salud y educación deben ser brindados por el Gobierno tanto en su financiamiento como en su ejecución. Es posible separar estas dos instancias para poder pensar un sistema que mejore la respuesta de los gobiernos para brindar estos servicios.
Partiendo del supuesto que es responsabilidad del Gobierno garantizar el acceso a estos servicios vale preguntarnos primero: ¿cómo se financian? Si bien existen múltiples formas de hacerlo podríamos agrupar las posibilidades en dos grandes grupos: uno donde los esfuerzos están dirigidos a financiar la oferta y otro donde se privilegia financiar la demanda. Dicho de otra manera, un modelo donde se inyecta el dinero de arriba hacia abajo (financiando de manera directa a las entidades educativas) y otro donde se inyecta el dinero desde la base (financiando a los padres y a su elección).
Esta idea no es nueva. Milton Friedman en Capitalismo y Libertad la propuso allá por 1955: “El sistema que tendría más justificación sería una combinación de escuelas públicas y privadas. Los padres que decidieran llevar a sus hijos a colegios particulares recibirían del Estado una cantidad igual a la que se calcule como costo de educar a un niño en la escuela pública”. Este sistema tiende a garantizar la igualdad de oportunidades de una manera más efectiva que el sistema de financiamiento de la oferta dado que obliga a los colegios a competir por satisfacer a las exigencias de los padres y de la sociedad alineando incentivos para garantizar una mayor eficiencia empoderando a los padres.
Al financiar a los estudiantes les damos a los padres la libertad de elegir los colegios basándose en sus preferencias y necesidades rompiendo así con un sistema que actualmente no está orientado a la satisfacción de las necesidades de los estudiantes. Los resultados de las pruebas PISA que acreditan una caída en la calidad educativa ponen en evidencia que mayor gasto público destinado a educación no garantiza un mejor nivel educativo. Además, a pesar del aumento del gasto per capita en educación se ha verificado una migración de estudiantes de escuelas públicas a privadas (salvo en la CABA cuya tendencia es inversa).
Chile lidera la región en términos de calidad educativa y ha logrado reducir significativamente su brecha educativa entre los sectores más ricos y los más pobres de la educación mejorando así su nivel de equidad educativa.
Desde 1992 en Suecia rige un sistema de vouchers que, según cuenta Edgardo Zablotsky vicerrector de UCEMA y especialista en la materia: “para calificar para el programa, las escuelas tienen que ser aprobadas por el organismo gubernamental de contralor, cumplir con los requisitos del plan de estudios nacional y no pueden seleccionar estudiantes sobre la base de su status socio-económico o étnico”.
Una mejor educación nos garantiza una sociedad con menos brechas de ingresos entre los trabajadores, con mayores oportunidades de desarrollo para si mismo y para el país y, en definitiva, con mayores opciones para las personas a la hora de elegir el rumbo que tomará su vida para buscar la felicidad.
Claro que esta reforma no basta por si sola para garantizar una mejorar calidad educativa, pero al menos permite orientar de manera más efectiva los intereses de las familias, los estudiantes y los institutos educativas permitiéndole a su vez a los burócratas enfocarse más en controlar la calidad antes que en la provisión directa del servicio.