Por: Yamil Santoro
La situación de Cresta Roja es lamentable. Hay una empresa quebrada hace varios años que, por irresponsabilidad política de Daniel Scioli, ante su imposibilidad económica de subsistir, no siguió el camino jurídico que correspondía y hoy nos vemos ante la incómoda situación de tener que enfrentar el final de una institución insolvente que, además, consumió millones de dólares de los contribuyentes.
Recordemos la secuencia que llevó a la crisis. Cresta Roja sufrió todos los males económicos del kirchnerismo: deudas desde la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca, disuelta en 2011 en el medio de un escándalo de corrupción), cuando le estafaron millones de dólares a la empresa y sólo pudo recuperar cerca de un 15% de lo que se le adeudaba en bonos y en pesos. Por otra parte, se exportaba a Venezuela por medio del fideicomiso Néstor Kirchner que terminó como una estafa para los productores. A partir de dicho fideicomiso el Gobierno nacional impulsó a los principales productores a vender a Venezuela, quien se comprometía a pagar los pollos con un 42% de sobreprecio en petróleo (por lo que el pago efectivo dependía de la buena voluntad del burócrata local), situación que se terminó cayendo tras la crisis venezolana y arrastró a los productores que dependían de las exportaciones infladas. Sumado a eso, la caída de Venezuela como destino produjo un problema de sobreoferta a nivel doméstico.
Junto a lo anterior estuvo el problema de los controles de precios a nivel doméstico (impulsados por Guillermo Moreno), con promesas de compensaciones que muchas veces no llegaron. Con eso, hubo durante muchos años una irresponsable política de subsidios para el sector que generó una expansión ineficiente de las operaciones y el pago de sobreprecios en los costos por parte de los empresarios. Cuando en 2011 intempestivamente retiraron los subsidios, las empresas se encontraron con serios problemas para sostener el negocio. En síntesis, las malas políticas económicas del kirchnerismo provocaron un boom y una expansión inicial que luego no pudieron ser sostenidos y ello contribuyó a la posterior destrucción de la empresa.
Así las cosas, en 2014 la empresa entró en crisis de pagos y ante la convocatoria de acreedores la Justicia la intervino. En 2015 puso al dirigente kirchnerista Daniel Gurzi, por propuesta del Gobierno de Daniel Scioli, como interventor. ¿Quién es Daniel Gurzi? Un profesor de historia sin ningún tipo de experiencia en gestión empresarial, cercano a Aníbal Fernández, acusado de manejos poco claros en su paso por la administración pública y con supuestas vinculaciones con el narcotráfico que sorprendentemente fue puesto para tratar de resolver la compleja crisis multimillonaria de una empresa en quiebra. Hace pocos meses, el interventor sciolista sostuvo: “La provincia va a entregar Cresta Roja normalizada” y poco tiempo después, tras el fracaso electoral del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, presentó su renuncia.
La insolvencia de la empresa se pudo palear en parte por el desembolso mensual de dos mil pesos por trabajador en el marco del programa Repro (Recuperación Productiva) del Gobierno nacional. A eso se le suman los 3,5 millones de pesos diarios que acordó el Gobierno provincial para sostener las operaciones. Sin embargo, la empresa no logró salir a flote y, en medio de su gestión, el kirchnerista Gurzi quiso pagarles a sus empleados con cajones de pollo, entre otras formas de ajuste.
Desde que el interventor designado por Daniel Scioli se hizo cargo de la empresa las cosas fueron de mal en peor. Hace meses que las operaciones de la empresa vienen en picada, lo que afecta el proceso productivo. En palabras de uno de sus trabajadores al hablar sobre la situación de los pollitos: “Vienen mal alimentados, golpeados y enfermos; se comen entre ellos”. Recordemos que hace pocos meses la empresa dirigida por el dirigente kirchnerista cometió una masacre al matar a millones de pollitos. Al respecto, Carlos Tomada dijo: “Me parece un horror que hayan sacrificado nueve millones de pollitos, es demencial, no tiene lógica”. Y así, mientras Carlos Tomada anunciaba que Cresta Roja estaba quebrada, Daniel Scioli sacó un salvataje inviable de la galera para no enfrentar las consecuencias de la crisis empresarial que contribuyeron a crear, por lo que le dejó al próximo Gobierno la ingrata tarea de enfrentar la quiebra de una empresa de esta envergadura.
A una empresa como Cresta Roja no la podía rescatar un salvavidas mal administrado como otorgó el kirchnerismo con fines electoralistas. La hubiera salvado un cambio de política pública orientada a potenciar el rol de nuestros productores, a corregir el tipo de cambio, levantar retenciones, modificar la presión tributaria, designar a un interventor competente, entre otros cambios estructurales o de contingencia. A todas luces, el sciolismo intervino para evitar que la empresa quebrara durante el período electoral, prometió un plan de salvataje inviable durante unos meses para poder enfrentar la crisis de la empresa una vez definido el resultado de las urnas.
Hoy vemos las lamentables consecuencias de un grupo de personas que reclaman por su fuente de trabajo que hace tiempo dejó de ser viable y sustentable. Hubiera sido mucho más responsable plantear una liquidación prolija de la empresa, buscar la forma de resguardar a las familias de los trabajadores con el dinero para facilitar la transición en lugar de permitir que se llegue a esta situación límite. Estas son las consecuencias de la demagogia y del intervencionismo gubernamental irresponsable.
Y ahí aparecen caraduras como Carlos Heller, Marcos Cleri u otros kirchneristas diciendo que el modelo no cierra sin represión, cuando son ellos los exclusivos responsables de que hoy Cresta Roja esté quebrada y eludieron las consecuencias de sus actos ganando tiempo con plata de los contribuyentes para no enfrentar las consecuencias de sus actos.