Por: Yamil Santoro
El nepotismo siempre es malo. No importa si lo comete un radical, un peronista, un buen tipo o un mal tipo. Siempre es una muestra de corrupción. La corrupción debe ser entendida como el desvío de lo ideal, del deber ser. El nepotismo, al igual que el amiguismo, representa un desvío del uso de los recursos del Estado. En lugar de procurar encontrar a la persona más idónea para la función y satisfacer de la mejor manera posible el cargo en cuestión, se “privatiza” una parte de la decisión y se favorece a alguien, en detrimento de toda la comunidad.
El daño se da por partida doble. Por un lado, los contribuyentes deben soportar con sus impuestos (es decir, con su trabajo) a una persona que brinda un servicio inferior que el que podría brindar otra persona más idónea. En segunda instancia, el nepotismo supone robarle a una persona potencialmente mejor preparada la posibilidad de acceder a una función con base en su capacidad. En definitiva, tanto el amiguismo como el nepotismo debilitan los incentivos para aspirar a la excelencia e incentivan a que se invierta más energía en fortalecer lazos que en estudiar y perfeccionarse.
El año pasado hice propia la causa relacionada con Delfina Rossi, hija del ex ministro de Defensa Agustín Rossi, que, sin contar con la experiencia que la ley requería para el cargo, fue designada como directora del Banco Nación por claro tráfico de influencias. En el proceso me di cuenta de que es sumamente difícil luchar en la Argentina contra este tipo de corrupción. A los ciudadanos no se nos reconoce, en principio, el derecho a cuestionar judicialmente este tipo de designaciones motivadas en causas ilegales y los resortes del Estado no resultaron suficientes para enfrentar esta realidad.
A nivel nacional, existe la ley de ética pública (ley 25188), que debería protegernos de estas cuestiones. La misma ley sostiene que aplica a todos los funcionarios, en todos los niveles, en todo el Estado. Deben cumplirla el Presidente, los ministros y todos los otros funcionarios, sin excepción.
La ley de ética pública estipulaba, en el capítulo VII de su redacción original, que para velar por el cumplimiento de la ley se conformaría una Comisión Nacional de Ética Pública integrada por 11 miembros. Dichos miembros debían ser designados por distintos poderes y aprobados por mayorías especiales. Era un excelente mecanismo para garantizar un control cruzado y prevenir abusos. Sorpresivamente (o no tanto), desde su sanción, en el año 1999, este artículo nunca se aplicó y en el 2013 el kirchnerismo sancionó la ley 26857, que, además de modificar el régimen de declaraciones juradas negativamente, eliminó por completo la Comisión Nacional de Ética Pública y por ende dejó a la Argentina sin un organismo que receptara las denuncias por violación a la ética pública. Es decir, durante diez años de gobierno omitieron cumplir con la ley y en 2013 directamente decidieron reformarla para eliminar al órgano de control, sin dar ningún tipo de explicación al respecto.
A partir de la reforma del 2013, Argentina no posee un órgano que se encuentre facultado para interceder de manera directa y específica en asuntos de ética pública. Si bien existe la Oficina Anticorrupción, estas no son sustituibles y trabajan de manera diferente y complementaria, ya que, por ejemplo, la Comisión Nacional de Ética Pública tiene competencia en todos los poderes del Estado (Poder Ejecutivo, Judicial, Legislativo y Ministerio Público) y en todas sus jerarquías, mientras que la Oficina Anticorrupción sólo es competente para entender en asuntos que se encuentran dentro de la órbita del Poder Ejecutivo (artículo 1.º, decreto 102/99).
Asimismo vale recordar que no es el único órgano desaparecido durante el kirchnerismo. Argentina hace años que está sin defensor del pueblo, otra institución fundamental para el control de la actividad del Gobierno. El último defensor, Eduardo Mondino, renunció a principios del 2009 para ser candidato a senador por el Partido Justicialista. Luego, el defensor adjunto, quien lo suplía, concluyó su mandato en 2013 y se realizó un parche legislativo, por lo que quedó a cargo el secretario general del organismo, con menos atribuciones que aquellas que la Constitución Nacional le asigna al organismo. El kirchnerismo dejó intencionalmente estas vacantes para reducir la presión del control cruzado.
Retomando, lo cierto es que siempre conviene que un organismo de control esté integrado por personas pertenecientes a un espacio político diferente al que es controlado y, en virtud de esto, resulta necesaria una reforma para reconstituir una Comisión Nacional de Ética Pública que garantice mediante controles cruzados que los cargos no serán usados para beneficiar a amigos ni a familiares.
En definitiva, resulta necesario dar cumplimiento pleno a la ley nacional de ética pública y eso requiere constituir un organismo que luche contra el nepotismo y los abusos de poder en todos los poderes del Estado y a pesar de cualquier circunstancia política.