No entiendo cómo el kirchnerismo no supo ver que los linchamientos son el ejemplo más acabado de justicia popular. Capaz que lo vieron pero temen que los tribunales ad hoc conformados por vecinos, sin margen para excepciones procesales, jueces amigos del poder y recursos que retarden el fallo son quizás inmanejables. Evidentemente el kirchnerismo confía en lo popular pero sólo cuando puede controlarlo. Raro, ¿no? Hago esta sátira para poner en evidencia que no toda democratización es buena o constitucional.

Los linchamientos, aunque nos enfrentan a una de las facetas más crudas de nuestra sociedad, donde el desamparo, la desesperación y el miedo se convierten en una reacción violenta que ejemplifica el castigo en un pobre diablo, generan una fuerte tensión dentro del sistema político, forzándolo a adaptarse para dar respuesta al problema que nos aqueja. Una de las soluciones posibles, que no agota el acervo de reformas necesarias, es el juicio por jurados o la participación popular en la Justicia.

La institución del juicio por jurados no es nueva y ha aparecido insistentemente a lo largo de nuestra historia: Grecia, Roma, Inglaterra y hasta Francia tuvieron sus experiencias y la primera aparición de juicios por jurados en Argentina fue en la “Ley de Administración de Justicia” de una colonia galesa en Chubut allá por 1873 donde funcionó exitosamente. La Constitución Nacional de 1853 ya obligaba a que se instaure este instituto y más de 160 años después persiste el incumplimiento del mandato constitucional (para que nadie diga que es culpa de tal o cual Gobierno).

En la actualidad, algunas provincias han avanzado en desarrollar la institución sancionando leyes o explorando el instituto. La Ciudad de Buenos Aires acaba de impulsar un modelo experimental de juicios por jurados. Por su partes, la Provincia de Buenos Aires instauró recientemente el sistema de juicios por jurados para delitos graves (cuya pena máxima en abstracto supere los 15 años) pero lo instrumentaron de tal manera que no sirve absolutamente para nada más que para encarecer los procesos judiciales. Los legisladores irresponsables han establecido que el juicio por jurado es un “derecho” (una opción) para el imputado y resulta así renunciable por él además excluye en la práctica a los delitos contra la administración pública.

A pesar de su inutilidad operativa es un primer paso en favor de la instauración efectiva del sistema. Dejo video explicativo del modelo bonaerense (noten el golpe a Massa que le pega Télam):

Reconozco que se puede realizar una crítica desde lo técnico en tanto pone en mano de legos (personas sin formación especializada en el tema) la decisión sobre la culpabilidad de una persona, pero también es cierto que existen múltiples referencias de modelos escabinados o mixtos donde se combina en el jurado representantes con y sin formación legal procurando así nivelar las posiciones como es el caso de Córdoba.

En lo personal, creo que es una institución necesaria que servirá fundamentalmente para limitar el daño que generan los delitos de guante blanco (de los criminales premium) y, a su vez, permitirá un mayor control popular de las sentencias, promoviendo una simplificación progresiva de los mecanismos y el lenguaje judicial. No perdamos la oportunidad de sacar de la crisis algo útil.