En Argentina, sin embargo, existen organismos estatales destinados a “observar” los contenidos de los medios de comunicación en busca de una opinión no permitida. La manifestación de algunas opiniones puede traducirse en una sanción para el que las expresa.

El Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión es el organismo dedicado exclusivamente a esa tarea. Conformado a partir de un decreto presidencial del año 2005, es “un espacio de cooperación institucional conformado por la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual(AFSCA), el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM)”, explican en el sitio web.

Su actividad no es secreta ni ilegal. El mandato del Observatorio está dispuesto en el el “Plan Nacional contra la Discriminación”: “Arbitrar los medios para ejercer un seguimiento y control estatal efectivos sobre formas y contenidos de los medios de comuniación estatales, privados, comunitarios, e internet que incluyan cualquier tipo de discriminación, perjuicio, burla, agresión y/o estigmatización a distintos grupos o sectores de la población que por sus características puedan ser víctimas de discriminación”. En otras palabras, monitorear los medios y sancionar aquellas expresiones que no alcancen la pauta  que establece el Observatorio.

La última semana Jorge Lanata, el periodista detrás de algunas de las investigaciones que más molestan al gobierno nacional, fue sancionado por su postura semántica frente a los travestis. Lanata dijo: “Cuando a Flor de la V le dan el documento y dice ‘soy mujer, soy madre’, disculpame: no sos, en todo caso sos padre. Hablando de los documentos, ¿por qué hay que poner sexo? Vos sos una persona, después, con quién te acostás, es un problema tuyo. Esto que te den el documento de mujer y sos trava, no sos una mina, sos un trava con documento de mina. Yo no te voy a discriminar, te voy a dar trabajo, pero no sos una mina”.

Los dichos de Lanata trajeron repercusiones. La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans lo denunció ante el INADI, mientras que el Observatorio le ofreció dos alternativas. “Lanata podrá pedir disculpas, dar espacios para la difusión de las políticas de género o realizar una capacitación en género junto a su equipo de producción”, dice la Defensoría del Público de los Servicios de Comunicación Audiovisual.

Lanata, por expresar su opinión, “fue invitado” a rectificar sus dichos y admitir su error por referirse de esa manera a la comediante o de lo contrario hubiese tenido que asistir a un encuentro para ser “educado”. Es decir, Lanata debe sacrificar sus convicciones —más allá de que sean ofensivas o no—o de lo contrario asistir a una “una capacitación, a cargo de la Defensoría [del Público], abierto a todos los equipos de producción y realización de la radio”.

La sanción a Lanata me recuerda al ejercicio de autocrítica, una práctica habitual en los partidos comunistas a la hora de ejecutar prugas. El periodista tiene que reconocer su error y admitir un crimen en pos de la causa la de “igualdad y la anti-discriminación”. Pero esto no fue la única consecuencia, la AFSCA también intervino.

El organismo liderado por Martin Sabatella, “envió a la radio una cédula de notificación por los dichos del periodista (ver adjunto). La cédula surge luego de un proceso de evaluación que realiza la dirección de Fiscalización de la AFSCA. Allí le informan que debe hacer un descargo por las “expresiones discriminatorias”, aportando pruebas.” Como si hubiera cometido un delito, Lanata deberá justificar ante el Estado el porqué de sus dichos.

Todo el andamiaje legal en torno a la sanción al conductor de Periodismo para Todos tiene su origen en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, promovida por el gobierno como el instrumento “para que se escuchen todas las veces”. Lejos del eslogan utilizado para su promoción, ocurrió lo exactamente lo contrario. La ley de medios erosiona la libertad de expresión y es utilizada para condenar y regular aquellas opiniones y manifestaciones realizadas por fuera de la opinión políticamente correcta.

Por supuesto, el caso de Lanata no es el único. Piezas publicitarias y segmentos humorísticos de programas radiales fueron levantados a pedido del Observatorio, que actúa en base a denuncias pero también lo hace de oficio.

La acción del AFSCA y el Observatorio no solo afecta el derecho a expresarse libremente cuando actúan activamente contra las manifestaciones que no satisfacen sus criterios de corrección política. El solo hecho de saber que hay un organismo vigilando de manera constante todo lo que se dice y se deja de decir en los medios funciona como un condicionamiento sobre lo que se va a decir. Es frecuente escuchar en radio y televisión alusiones al INADI o al AFSCA cuando se hacen comentarios, e incluso chistes, políticamente incorrectos. Estos organismos siempre están presentes cuando un periodista está hablando.

Lohana Berkins, directora de la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual en Observatorio de Género en la Justicia de la CABA, le dijo a Infojus noticias que “Lanata puede pensar lo que quiera pero lo que reviste de gravedad sus dichos es que haga un llamamiento de incitación a la violencia, porque esto es un acto de violencia hacia las travestis”, además de calificar sus declaraciones como “terrorismo ideológico”.

Si dar una opinión puede ser considerado incitar a la violencia o “terrorismo ideológico” no hay lugar a dudas: la libertad de expresión en Argentina es un derecho que se puede gozar siempre y cuando se obedezcan los criterios del poder, para todo el resto es tan solo una ilusión.

Nuestro país no es ajeno a esta tendencia. En 2009 la Corte Suprema dio un primer paso en este sentido con el fallo Arriola, en el cuál el máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad de una parte del artículo 14 de la ley 23.7373 —la ley de drogas— que pena la tenencia de sustancias ilícitas para consumo personal. Aunque a diferencia de lo que muchos creen, este fallo no implicó que el artículo haya quedado derogado y la tenencia para consumo personal legalizada. En nuestro derecho los efectos de las sentencias solamente alcanzan a las partes involucradas en la decisión judicial  y solo el Congreso tiene la facultad de derogar las leyes.

Ante la colisión entre la ley de drogas y el texto constitucional, legisladores de diversos partidos han presentado proyectos de ley que buscan adecuar la legislación vigente a los criterios del fallo Arriola. Los intentos fueron en vano, la falta de voluntad política por parte del oficialismo condenó a una eventual reforma al olvido, por lo menos hasta ahora. Pero esto podría cambiar, ya que la Casa Rosada dio luz verde para avanzar con una reforma a la ley 23.737.

Los ochos proyectos de ley presentados en 2011 y 2012 ofrecen una muestra de la reforma que podría sancionarse antes de terminar el año. El denominador común de todos ellos es la derogación del delito de “tenencia de drogas para consumo personal”, el mismo que consideró inconstitucional la Corte Suprema. La propuesta más ambiciosa es la de la diputada Victoria Donda que no solo busca derogar la tenencia para consumo personal, sino que además modera la pena para la “tenencia simple”, la figura penal que alcanza a los vendedores minoristas. Para la diputada ellos también son “víctimas del narcotráfico”.

La reforma a la ley drogas, sino su completa derogación, es una tarea pendiente. La eliminación del delito de tenencia de sustancias para consumo personal es un avance en el respeto por los derechos individuales. La persecución contra personas inocentes que deciden ingerir una sustancia no autorizada por el gobierno –una actividad pacifica que no daña los derechos de terceros— es un crimen. Hoy, un 38% de las causas judiciales abiertas por delitos federales. Es decir, cuatro de cada diez causas que se abren corresponden a personas detenidas con tenencia de sustancias para consumo personal. Un paso en este sentido disminuiría la superpoblación carcelaria y la carga en los tribunales, desafectando los recursos que hoy están destinados a perseguir delitos sin víctima.

Sin embargo, los legisladores dejarán vigentes los aspectos más dañinos y de mayor impacto de la legislación. La violencia en torno al narcotráfico, de la cual los argentinos son testigos en su propio país, tiene su origen en la prohibición del comercio de drogas. Los altos márgenes de ganancia que deja la actividad ilegal funcionan como un imán para las mafias y bandas de criminales que buscan una porción de la torta de un negocio lucrativo. El resultado será una ley que libera la demanda de drogas –aunque esto no implique necesariamente un aumento en la demanda—pero que mantenga el negocio en manos del narcotráfico.

Otro de los aspectos ignorados es respecto de la calidad y las dosis de las drogas. El origen incierto de las sustancias, elaboradas en laboratorios caseros, con materias primas de baja calidad, y la incertidumbre acerca del contenido de las drogas seguirá existiendo. Los narcotraficantes pueden decir que están vendiendo marihuana, cocaína o metanfentaminas, sin embargo, es muy probable que el producto incluya otros ingredientes químicos cuyos efectos pueden ser aún más dañinos que lo que dicen estar vendiendo.

Las reformas implementadas en Uruguay, Colorado y Washington, si bien se limitan a la marihuana adoptan un modelo mucho más viable. Especialmente  en el caso de los estado de Colorado y Washington, donde la relegalización admite la producción y comercialización de marihuana. Los resultados de ese proceso ya se pueden comprobar en la realidad: la legalización de la marihuana debilitó a los carteles mexicanos, los principales proveedores del mercado de drogas estadounidense.

Lamentablemente, las perspectivas de una relegalización total están lejos de nuestro contexto. Es comprensible, para entender los efectos de la prohibición de drogas es necesario conocer la teoría económica algo que, por desconocimiento o ignorancia, los legisladores no conciben. La Asociación Civil Intercambios le preguntó a 15 candidatos su postura sobre las drogas, y casi todos ellos coincidieron en un mismo punto: el rechazo al lucro. Son las mismas barreras mentales presentes en la clase política que han logrado que una de las economías más importantes del mundo a comienzo del siglo pasado se convirtiera en una economía más cercana a las africanas que a las del primer mundo.

Mientras sea este el paradigma vigente en la clase política argentina, las mafias se seguirán enquistando en la sociedad, la violencia se incrementará, y la sociedad seguirá desprotegida ante la avanzada narco avalada por los políticos.

El caso del proyecto de ley que presentó en el Congreso Sandra Giménez, senadora del Frente para la Victoria por la provincia de Misiones, tiene sus particularidades. Ni la propia legisladora, según la información que se desprende tanto de sus declaraciones públicas como de los fundamentos del proyecto, tiene claro el motivo de esta ley. Por un lado, introduce el tema de la pornografía infantil como una de las grandes “alarmas sociales” de nuestro tiempo y brinda una serie de estadísticas. A continuación, declara su cruzada contra el acceso de los menores a contenidos pornográficos. La confusión es evidente. Giménez no puede diferenciar la utilización de menores para generar material pornográfico -llamado pornografía infantil- con la responsabilidad de los padres sobre sus hijos en cuanto al acceso a material pornográfico.

La senadora misionera busca que las empresas proveedoras de Internet instalen un filtro que excluya los sitios de contenido para adultos. Los sitios surgirán de un listado confeccionado por la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). Sin embargo, los usuarios que deseen recibir el “servicio completo” podrán solicitar por escrito a su proveedor de Internet ser excluidos de dicho filtro. Es decir, la norma le otorgaría a la CNC, un organismo dependiente del Poder Ejecutivo, un control total sobre el bloqueo de sitios. La norma ni siquiera reparó en definir qué se entiende por “contenidos pornográficos”.

“La Comisión Nacional de Comunicaciones elaborará y mantendrá actualizado el contenido de la lista de sitios de acceso restringido en el que identificará las páginas con contenido pornográfico a través de una estrategia acordada en el marco de la Comisión Argentina de Políticas de Internet”. De esta manera, el texto de la senadora autoriza a un organismo dependiente del Poder Ejecutivo a coartar la libertad de expresión. Con una “lista de sitios de acceso restringido” es suficiente. El ingeniero Ceferino Namuncurá, interventor de la CNC desde el 2004, o quien lo reemplace, se convertirá en un censor oficial y no habrá control alguno sobre los contenidos agregados a la famosa lista.

El problema no se limita las personas. Si Namuncurá promete limitarse a incluir solamente los “sitios verdaderamente pornográficos” también estaríamos ante un problema, el primero de varios. El obstáculo para aplicar la ley es el conflicto semántico: para algunos, hasta un texto con contenido político puede llegar a ser pornográfico. Incluso, podrían terminar siendo bloqueadas redes sociales, en muchas de ellas el contenido pornográfico es accesible aunque esté prohibido, nadie es infalible. Bajo este esquema los más perjudicados serán los que no puedan o no crean que valga la pena defenderse ante los obstáculos del gobierno. Esta medida anula la libertad de expresión.

Otro problema con proyecto de la senadora Giménez es la intromisión en el espacio íntimo de las personas. Si se aprueba el proyecto, una gran cantidad de personas pensará dos veces antes de ver contenido para adultos en la web. No es lo mismo tener que llamar a una empresa para solicitar autorización que hacerlo en la soledad de la casa. Mirar pornografía es una decisión personal que se hace en un ámbito de privacidad, ante la falta de privacidad las conductas se modifican. Uno no actúa de la misma manera cuando está solo, en su casa, que cuando sabe que está siendo observado, ya sea por uno o varios empleados del proveedor de Internet, funcionarios del gobierno, y cualquiera que conozca a alguien con acceso a esa información.

La ley estatiza la intimidad del individuo. Para poder acceder a contenido pornográfico necesitará el consentimiento de otra persona, ya no será solo su decisión. Peor aún el hecho de que su nombre quedará registrado entre los que solicitaron mirar pornografía, en una lista que no sabemos quién puede llegar a acceder. Sin dudas, si es aprobada, esta ley impactará en las conductas habituales de una parte de la población.

Además, ¿qué tiene de malo la pornografía? Para Wendy McElroy, una filosofa que se autodefine como feminista, individualista y anarquista, la pornografía ofrece variados beneficios para las mujeres (y también para los hombre). La autora de “XXX: Un derecho de la mujer a la pornografía” sostiene que “la pornografía es buena porque provee a las mujeres con información sexual (…); despoja la confusión del mundo real al sexo (…); rompe con los estereotipos culturales y políticos para que cada mujer pueda interpretar el sexo a su manera —una sensación de “no estás solo en tus fantasías y deseos”, dice McElroy; además, es “buena terapia”, para los que tienen pareja y para los que no.

McElroy llega hasta el quid de la cuestión en el caso de este tipo de legislación: la promoción de la virtud no puede ser la finalidad de la ley, ni del derecho. “Es el viejo conflicto entre la libertad individual y el control social”, concluye.

Por último, la senadora Giménez se entromete en asuntos puramente familiares. Si la ley apuntara a la pornografía infantil, el filtro no sería efectivo. Solo sería necesario que el depredador sexual solicite que no filtren su conexión. Pero la ley no tiene ese objetivo, la pornografía infantil solo está presente en la confusión de la senadora y no en el texto legal que tiene otro objetivo. La ley apunta a imponer unos valores morales determinados sobre las conductas de vida individuales. Tanto la decisión individual de mirar o no pornografía, como la de controlar o no los contenidos que visitan los hijos menores, son asuntos que deberían quedar en el ámbito personal o familiar. Así, se repite un patrón que se puede identificar constantemente. Esta intromisión hace desaparecer la noción de responsabilidad personal, delegando decisiones tan intimas e importantes en la crianza de un hijo, como lo es la forma de abordar temas como este, en un tercero: el Estado.

Considerando el proyecto de ley, el acceso de menores a sitios web pornográficos no es tán preocupante como el hecho de que una persona con las aptitudes y el conocimiento de la Constitución de Sandra Giménez sea senadora. Por lo menos, la pornografía nunca le causó daño a nadie. Del Congreso, no se puede decir lo mismo.

Un hombre de aspecto regordete, vestido de frac, con galera y monóculo, sentado en un sillón frente al calor del hogar mientras enciende un habano con un billete de cien dólares que probablemente lo obtuvo hundiendo a alguien en la pobreza. Esa es la imagen que muchos tienen de un especulador, el chivo expiatorio favorito de los últimos tiempos. Ya sea que estemos ante un aumento del precio de la carne, o intentando conseguir un alquiler accesible –una tarea imposible para muchos–, la especulación es señalada como la causa principal de los problemas que nos aquejan. La demonización de los especuladores es una de las habituales estrategias a la que recurren los políticos para deslindarse la responsabilidad por las malas decisiones que toman.

La mitología en torno a la especulación es abrumadora. Los especuladores no trabajan; obtienen beneficios de las desgracias ajenas; siempre salen ganando; su actividad es improductiva al no ofrecer ningún producto o servicio a la sociedad. Estos son algunos de los mitos más escuchados sobre esta actividad. “Lo que las brujas eran para el hombre medieval, los capitalistas para los socialistas y comunistas, el especulador lo es para la mayoría de los políticos y estadistas: la encarnación del mal”, decía el economista Hans Sennholz.

Aunque el bombardeo propagandístico lo haga difícil de creer, los denostados especuladores cumplen una función esencial en la economía en la que no solo se benefician a ello sino que, además, le ofrecen un servicio al resto. Incluso entre quienes los detestan.

El caso de los fondos buitre –los especuladores del momento— y sus esfuerzos por cobrar sus créditos con el Estado argentino nos ofrecen un excelente ejemplo de la ignorada función social que cumplen. Los tenedores de bonos se caracterizan por ser adversos al riesgo y los bonos suelen ser una de las opciones más seguras para invertir. Por eso, cuando el efímero presidente Adolfo Rodríguez Saá anunció el default de la deuda externa, la desesperación de los bonistas era comprensible. Pero allí estaban ellos, los famosos fondos buitre, ofreciendo comprar papeles sin valor, asumiendo el riesgo de no cobrar nada, y soportando los costos legales -bastante altos para el común de la gente- de hacer valer el contrato que Argentina dijo que no iba a honrar. Es decir, asumieron un riesgo que otras personas no estaban dispuestos a tomar. Otra cuestión es si el gobierno debe pagar o no la deuda. Para los libertarios, las razones para oponerse al pago de la deuda son independientes de las características de sus acreedores.

Pero mucho más escandalizadora financiera es la especulación con los alimentos. “Asesinos” es el epíteto más bondadoso que puede recibir alguien que especula con la comida. Pero al contrario de lo que se cree, la especulación alimentaria muchas veces nos asegura que podamos tener comida en nuestros platos. Los especuladores deciden asumir riesgos que los agricultores no están dispuestos a tomar asegurando la cosecha. Por ejemplo, al momento de sembrar maíz, la tonelada del grano se cotiza a $10, un precio aceptable para el productor que pretende vender su cosecha. Sin embargo el productor no sabe al momento de sembrar si ese precio se mantendrá estable, y tras largos meses de espera la cosecha puede ser su ruina económica. Para evitarla -y no poner en riesgo cosechas posteriores- los productores acuden al mercado de futuros donde venden las cosechas por adelantado, permitiéndoles fijar el precio y así garantizan la próxima siembra.

La lógica del especulador está definida por la siguiente máxima: “compra cuando los precios estén bajos, vende cuando los precios estén altos”. Si sus pronósticos son correctos, no solo él saldrá beneficiado, sino el resto de la sociedad. Son ellos los que corrigen los precios distorsionados, los que alivian la escasez y los que asumen riesgos que otros no están dispuestos a asumir. “No es de la benevolencia del carnicero, cervecero o panadero de donde obtendremos nuestra cena, sino de su preocupación por sus propios intereses”, sostenía Adam Smith más de 200 años atrás, una afirmación que está siempre vigente.

En un clima marcado por las contradicciones, el júbilo por encontrar resguardo y contención en el Poder Judicial—que hasta el día de ayer solo garantizaba impunidad—se mezcla con el recuerdo de los reiterados actos de corrupción comunes al actual gobierno y a todos sus predecesores. Las reacciones de los políticos opositores en Twitter dan cuenta de estos sentimientos.

La esperanza por la condena se corresponde con la conclusión de que la acción de la justicia tiene el poder de disuadir conductas humanas futuras. Un pensamiento motivado por el voluntarismo (entendido como sesgo cognitivo y no como filosofía política) predominante en la clase política. Es el mismo razonamiento lógico que aplican los políticos cuando insisten con aplicar las mismas medidas que antes fracasaron esperando resultados diferentes. Es decir, ninguno. El voluntarismo se caracteriza por rechazar la lógica y las evidencias empíricas para tomar decisiones o llegar a conclusiones basándose en lo deseable. Siguiendo esta idea concluyen que con el castigo a los corruptos se podrán erradicar los actos de corrupción.

Pero ni un procesamiento, ni una eventual condena a Bodou impactarán en lo que es una tradición política en la Argentina. La corrupción es parte del genoma político local, una característica y no una falla del sistema. Está enquistada en todos los niveles del poder, sin importar su signo partidario u orientación ideológica. Y su origen no se encuentra en el hecho de que los corruptos son los “malos” y los que aún no han sido corruptos pertenecen al bando de los “buenos” tal como se pretende plantear en el debate actual en torno a este tema. Boudou no creó una sociedad mediante testaferros para hacer negocios con el Estado porque es “malo”, ni Elisa Carrió está exenta de ser corrupta porque se posiciona entre los “buenos”. La corrupción está relacionada con las personas que acceden al poder y, al mismo tiempo, está estrechamente ligada con las instituciones presentes en un país.

Hace 70 años—cuando los totalitarismos europeos se encontraban en su apogeo—el multidisciplinario F.A. Hayek investigó el motivo por el cual los peores elementos de la sociedad ascienden a las esferas más altas del poder político.

En primer lugar estudió la fase anterior al ascenso de un régimen liberticida. Hayek señala que la demanda de la sociedad por una “acción resuelta y diligente por parte del Estado es el elemento dominante en la situación”. “Entonces—continúa Hayek—el hombre o el partido que parece lo bastante fuerte y resuelto para «hacer marchar las cosas» es quien ejerce la mayor atracción”. Es decir, estamos hablando de  “alguien con tan sólido apoyo que inspire confianza en que podrá lograr todo lo que desee”. Este marco ofrece una oportunidad única para el ascenso de los peores.

A continuación, Hayek hace énfasis en tres factores que caracterizan a los grupos que tienden a concentran el poder político.

Por un lado, la necesidad de llegar a “un acuerdo sobre una particular jerarquía de valores” requiere “uniformidad y semejanza de puntos de vista”, y para ello “tenemos que descender a las regiones de principios morales e intelectuales más bajos, donde prevalecen los más primitivos y «comunes» instintos y gustos”, escribe Hayek. En segundo lugar, hace referencia a “los dóciles y crédulos, que no tienen firmes convicciones propias, sino que están dispuestos a aceptar un sistema de valores confeccionado si se machaca en sus orejas con suficiente fuerza y frecuencia.” Y por último: “La contraposición del «nosotros » y el «ellos»  la lucha contra los ajenos al grupo, parece ser un ingrediente esencial de todo credo que enlace sólidamente a un grupo para la acción común.”

Asociar estas tres características con el partido gobernante es una tarea sencilla, son los que están más expuestos al escrutinio público y los que, con sus acciones, confirman la teoría. Sin embargo, estas cualidades pueden ser identificadas, con mayor o menor dificultad, en todos los partidos. Son los rasgos distintivos de la política. En general, cada proyecto político ofrece su propio modelo de sustitución de decisiones. Ya sean de carácter económico o relativo a los estilos de vida, desde la política se busca la uniformidad y la homogeneidad de los individuos según la visión particular de cada aspirante al poder imponiendo su propia voluntad por sobre las voluntades individuales.

Esta situación propone un terreno fértil para la corrupción que además es potenciado por los incentivos que ofrece el diseño institucional. El aumento del tamaño del Estado, el crecimiento constante de la burocracia, la intervención del estado en la economía, la discrecionalidad y la falta de controles son factores que incrementan las oportunidades para ser corrupto y para no ser descubierto.

El procesamiento del vicepresidente es una anomalía en un sistema político que favorece a los corruptos e incentiva a la corrupción. No son las sentencias judiciales ni los cambios de forma o las buenas intenciones las que finalmente podrán erradicar una costumbre tan arraigada como inherente a la política. La solución tampoco está en los petitorios y manifestaciones de la sociedad, sino en un cambio de actitud acerca de cómo vemos la política y que pretendemos de ella.

El flamante recetario estatal habla de la estrategia del gobierno frente a la inflación, pero también acerca de cómo el gobierno se sienta en nuestra mesa.

El aspecto económico de la medida no resiste a ningún análisis. Nunca el gobierno se planteó con seriedad “combatir la inflación”. Desde hace tiempo existe un consenso entre los economistas de todo el mundo acerca de que los controles de precios no son efectivos. Creer que el plan del gobierno es controlar la inflación a través de estos de programas es una postura naif.  “Precios Cuidados” y sus derivados son una estrategia de comunicación para señalar a los productores de alimentos y supermercados como responsables de la inflación y al mismo tiempo deslindar al gobierno de sus causas. Por eso dirigen sus cañones contra los aumentos de precios y eligen ignorar la causa de esos aumentos que se puede encontrar en el Banco Central: la emisión monetaria. Controlar los precios en las góndolas y no la política monetaria del gobierno es una maniobra de distracción, saca del foco la responsabilidad del Banco Central e invierte los roles pretendiendo posicionar al gobierno como un defensor del “bolsillo de los argentinos” cuando son ellos mismos los únicos responsables del deterioro de la moneda.

Las recetas estatales, por otra parte, nos recuerdan cómo el Estado interfiere en la vida familiar involucrándose de lleno en la mesa de los argentinos.  El recetario del Ministerio de Salud está basado en las llamadas Guías Alimentarias para la Población Argentina, un documento en el que se incluye cuáles son las conductas alimenticias saludables que deberían mantener los argentinos.

El interés del Estado en proponer pautas alimentarios está claro. Una población con hábitos poco saludables se traduce en problemas de salud que impactan en la productividad, y en consecuencia, en la recaudación fiscal. Esta concepción coloca al individuo al servicio del Estado, en un medio para cumplir una finalidad superior. Los derechos individuales y la libertad de consumir son dejadas de lado y el ciudadano es concebido como un engranaje más que alimenta y hace funcionar la maquinaria estatal.

Una vez más la solución a los “problemas” que perciben los políticos son abordados con mayores restricciones a las libertades o planes gubernamentales que prometen promover una alimentación y vida sana. Para esto, recurren a las pirámides nutricionales, a la demonización o glorificación de ciertos alimentos, a la creación de impuestos para desalentar “conductas nocivas” y al engrosamiento de la legislación dedicada a proteger a las personas de actividades que, de ser nocivas, únicamente afectan al que las realiza. Como es habitual los costos de salud o la recaudación fiscal son puestos por encima de los derechos individuales y la libertad de poder elegir que consumir.

La posibilidad de endeudarse tiene una atracción especial para el político. Se trata de un mecanismo cuyas consecuencias recaen en el futuro. A diferencia de lo que sucede cuando se recurre a la emisión monetaria o al aumento de impuestos, donde los efectos de las medidas son inmediatos o su impacto se percibe en el corto plazo, en el caso del endeudamiento los beneficios se obtienen al momento de recibir el préstamo y los costos se posponen para otros períodos.

Esto no es una cuestión menor. Además de transferirle el problema de cómo pagar las deudas a gestiones futuras, el endeudamiento estatal es una de las acciones más antidemocráticas que puede realizar un gobierno. El endeudamiento estatal compromete a generaciones futuras, a personas que aún ni siquiera fueron concebidas. Esta mirada incluso es aplicable desde las teorías que justifican el poder del estado bajo la ficción del “contrato social”—un contrato de características únicas, ya que el consentimiento de las partes no es necesario y nadie conoce su contenido. Lejos de la idea de que los recién nacidos vienen con un pan bajo el brazo, en nuestro país los bebés llegan a este mundo con 5.900 dólares de deuda. Gran parte de los 236 millones de dólares, monto al que asciende la deuda pública—interna y externa—, recaerá sobre personas que no estuvieron involucradas en el proceso electoral que “legitima” la deuda.

Y precisamente es la legitimidad de la deuda pública lo que pone en tela de juicio la moralidad de su pago. En una deuda entre privados Juan le presta a Pedro $1.000 de su bolsillo. Al cabo de un año Pedro deberá conseguir $1.100 para cancelar el préstamo, de lo contrario los intereses y las multas por la falta de pago se acumularán. En el caso de que el deudor, Pedro en nuestro ejemplo, no pueda o no quiera devolverle a Juan los $ 1.100, este último se verá perjudicado. Pedro se habrá apropiado de manera ilegítima de los $ 1.100, privándolo así de su propiedad. Bajo este razonamiento es el que se llega a la conclusión de que honrar los compromisos internacional asumidos por el gobierno argentino es la conducta correcta, sin embargo estamos ante una falsa analogía.

Es imposible extrapolar las circunstancias de un acuerdo entre privados al ámbito de la deuda estatal. A diferencia del ejemplo anterior, donde Pedro se compromete a honrar las deudas que él asumió y a devolver el dinero de su propio bolsillo, cuando es el Estado el que se endeuda no son los políticos los que pagan las deudas de su bolsillo sino que todo el peso de esta recae sobre los contribuyentes. El economista estadounidense Murray Rothbard, uno de los principales impulsores de que los estados no deben endeudarse, y si se endeudan no están obligados a pagar sus deudas explica:

El gobierno obtiene el dinero por coacción fiscal y los acreedores públicos, lejos de ser inocentes, saben muy bien que sus ingresos vendrán de esta lamentable coacción. En resumen, los acreedores públicos están dispuestos a entregar dinero al gobierno ahora a cambio de recibir una parte del saqueo fiscal en el futuro. Es lo contrario del libre mercado o de una genuina transacción voluntaria. Ambas partes están contratando inmoralmente participar en la violación futura de los derechos de propiedad de los ciudadanos. Por tanto ambas partes están llegando a acuerdos sobre la propiedad de otros y ambos merecen nuestro desprecio. La transacción de crédito público no es un contrato genuino que tenga que considerarse sacrosanto, no más que cuando los ladrones se reparten el botín por adelantado.

La situación se torna más oscura si consideramos que el desendeudamiento tiene un solo objetivo: volverse a endeudar. En un contexto en el cual la carga impositiva es intolerable, y el margen para su aumento es estrecho, y la emisión monetaria— y el consecuente aumento de precios—es alta, el gobierno únicamente puede recurrir al endeudamiento como fuente de financiamiento para un gasto público que parece no tener techo.

Las deudas públicas y las deudas entre privados son de características totalmente diferentes. La confusión de que las primeras deben ser tratadas de la misma forma que las últimas es parte de las tantas confusiones que predominan en la política argentina, y mundial, acerca de la naturaleza del Estado, y nosotros, sus súbditos.

Como planteaba Gigena, el paternalismo estatal está presente en todos los ámbitos. Desde el uso del casco en la moto o el cinturón de seguridad en el auto, hasta en el envoltorio de un atado de veinte, en la venta de alcohol -hasta las 22 en kioscos y supermercados y hasta las 23- o la cantidad de sal que se le puede poner a las comidas. Incluso, hasta en la distribución de los medicamentos en una farmacia. Todas estas son normas que se caracterizan por estar diseñadas por el “bien de uno mismo”, obligan una conducta en determinado sentido a pesar de que no haya derechos de terceros involucrados.

Probablemente, los que opten por no utilizar casco o cinturón de seguridad no estén tomando la mejor decisión, pero ¿quién puede ser mejor que uno mismo para determinar lo que es mejor para uno? Los consejos de profesionales, familiares y amigos pueden guiarlo a uno en la toma de decisiones, pero la última palabra reside en cada individuo.

El respeto por los planes de vida de los demás es uno de los pilares del libertarismo. En otras palabras, cada uno tiene derecho a optar por el estilo de vida que más prefiera mientras se trate de una actividad pacífica. Y con la libertad de elegir también es posible elegir mal. Pero incluso, ante esta incertidumbre, ni siquiera los que abogan por el paternalismo estatal poseen una bola de cristal para poder imponer qué es lo que va a ser mejor para los demás. Los paternalistas ignoran que las valoraciones de cada persona son únicas y no de un mismo talle para todos. Para algunos fumar ahora puede ser preferible a aumentar las probabilidades de enfermarse en el futuro y otros valoran más la salud a futuro que fumar, o cualquier otro comportamiento poco saludable.

La legislación paternalista fuerza a todos a vivir en una “dictadura por su propio bien”. Se introducen leyes que de utilizarse para erradicar “opiniones dañinas” 0 “literatura poco sana” serían etiquetadas como propias de una dictadura, mientras que en el ámbito de la salud cualquier actividad perjudicial para la persona que la realiza es hasta promovida de la Organización Mundial de la Salud. No es casualidad que al paternalismo estatal también se lo llame “fascismo saludable”.

Los argumentos a favor de las leyes paternalistas incluye una diversidad de grupos, y sus argumentos defiende este tipo de legislación desde el plano moral, político, social, y económico.

Desde un plano político se suele recordar que los que hacen las leyes son votados por la gente, y eso les otorga legitimidad. Sin embargo, la Constitución prohíbe legislación de corte paternalista, y con buenos motivos: no es necesaria. El texto deja fuera del alcance de la democracia y de la “voluntad del pueblo” a las decisiones individuales. La democracia es un mecanismo para la toma de decisiones de carácter colectivo y no un método de determinar la vida de los demás. En estos casos no es necesario recurrir a una regla mayoritaria, cada una de estas decisiones individuales pueden convivir de manera pacífica.

Entre algunos de los argumentos económicos y políticos en defensa del paternalismo es el aumento en el gasto que debe realizar el Estado. Si no utilizar cinturón de seguridad -o casco en una moto- genera más heridos que deben atenderse en hospitales públicos, esto repercutirá en el presupuesto de salud.

Es verdad que bajo el actual estado de cosas, un accidentado que utilizaba casco y no tuvo heridas generará menos gastos en el sistema de salud que uno que no lo utilizó y tuvo heridas graves. Pero la existencia de un servicio de salud estatal no es una justificación para permitir que el Estado interfiera en decisiones autónomas absolutamente privadas. Bajo ese criterio, dado el actual nivel de intervención estatal, las personas deberían convertirse en marionetas del Estado. Cualquier actividad, de una forma u otra repercute en el botín estatal.

Esta tensión entre el sistema de salud estatal y las conductas “riesgosas y dañinas” son producto de la inexistencia de emprendedores en el área de salud. Y es lógico: bajo el contexto actual del sistema de salud nadie piensa en emprender. De hecho, este problema está más que resuelto en muchas otras áreas. Desde hace siglos las compañías de seguro ofrecen soluciones distintas de acuerdo al estilo de vida que lleve una persona, y así previenen gastar en eventos imprevistos.

Pero más allá de los argumentos y el constante debate en torno ante este tipo de medidas, el argumento más contundente es el que hace del artículo 19 de la Constitución:

“Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”.

Por un lado, sostienen que representa un retroceso en la cantidad de espacios verdes disponibles en la Ciudad:

Mara Brawer, legisladora porteña por el Frente para la Victoria

La norma en cuestión, que aún no fue reglamentada, autoriza al Gobierno de la Ciudad a otorgar permisos  “para la instalación de locales destinados al expendio de alimentos y/o bebidas envasadas.” Además las áreas de servicio deberán ofrecer baños, bebederos, estacionamiento para bicicletas, una biblitoeca y Wi-Fi gratuito, entre otros servicios. La ley establece que la superficie máxima que ocuparán estos espacios será de hasta 275 m2, es decir el 0,55% de la superficie si el parque abarca el mínimo establecido. Considerando que cada parque podrá tener hasta 5 bares o kioscos, la superficie total afectada —siempre considerando el caso de un parque que ocupa el mínimo de cinco manzanas— será como máximo un 2,75%.

La idea de que una reducción del 2,75% del espacio verde representa una “amenaza a las plazas de la ciudad” parece ser exagerada. Y lo es, porque esta es solo una excusa que esconde el verdadero desdén por la nueva regulación. Por ejemplo, la eterna funcionaria María José Lubertino -ahora titular del Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad- arroja un poco de luz sobre las verdaderas razones que motivan el rechazo a la nueva norma. Con el hashtag #NoMásNegociosPrivadosEnElEspacioPúblico está haciendo una declaración de principios:

En este sentido, la Red Interparques y Plazas, una de las principales impulsoras de la campaña contra la instalación de bares en las plazas, deja en claro que el problema principal es que los “espacios públicos van a pasar a ser propiedad de empresas privadas”.

¿Cuál es el motivo de la furiosa reacción frente a esta nueva ley? ¿Cómo puede ser que una reglamentación que habilita la instalación de bares en los parques despierte tantas emociones? La respuesta está en una palabra clave: lucro. Este proyecto le permitirá a privados realizar una actividad lucrativa, ofrecer un servicio a cambio de la posibilidad de obtener una ganancia, y en el mundo de la política el lucro es mala palabra, el lucro es pecado.

Y es comprensible. La acción política tiene como fundamento el uso de la fuerza. Los políticos —en un 99% de los casos— para cumplir con sus promesas deben obligar a la población a actuar contra su voluntad, ya sea mediante un financiamiento forzoso (impuestos), o en una forma más directa, ordenando y restringiendo ciertas conductas, especialmente si no afectan a terceros. Esa es su alternativa al lucro, las imposiciones desde arriba de la pirámide de poder en las que ellos tienen (o creen tener) la capacidad de moldear la sociedad a su antojo.

La doctrina contra el afán de lucro se extiende como un pulpo cuyos tentáculos van atravesando diversos campos: la alimentación, educación, salud, vivienda, ecología, etc. Hasta incluso las utilidades de las empresas son víctimas de este dogma, con el invento de la Responsabilidad Social Empresaria, un concepto ideado para que se disculpen por ser lucrativas. De esta manera, los políticos dictaminan que cada nueva necesidad que detectan en la sociedad y deciden etiquetarla como indispensable, esencial o básica, no pueden ser objeto de lucro. Aquellas que no lo son pertenecen a otro campo “la obscenidad del lujo”.

Pero lo que no comprenden es que el lucro no es una intención o un deseo, ni un acto de maldad o bondad, el lucro es el resultado de las interacciones humanas voluntarias. La obtención de ganancias es la consumación de una relación voluntaria, en que dos partes acceden a un intercambio y en el que, a priori, saldrán beneficiadas. Aunque sin dudas lo más indignante para ellos es observar todo ese proceso sin alguien que lo digite y lo controle de alguna manera. Sin que haya un asignador de capacidades y un determinador de necesidades, como hubiese planteado Marx.

A pesar de que casi la totalidad de los políticos adhieren -al menos en público- a la demonización del afán de lucro, los bares estarán en los parques porque 36 legisladores votaron de forma positiva. ¿No es una contradicción decir que desprecian el afán de lucro y al mismo tiempo escribir acerca de un proyecto de ley que resultó aprobado?

Es que la norma está lejos de ser perfecta, y su diseño ofrece una oportunidad ideal para políticos y funcionarios de seguir engrosando sus arcas personales. Los permisos precarios de cinco años que se le otorgarán a los que exploten las áreas de servicio son una herramienta ideal para que la extorsión política esté a la orden del día. La flexibilidad de estos permisos permite que sean revocados de manera inmediata generando así una relación de dependencia entre el funcionario y el beneficiario del permiso.

Una vez más, el origen de la conflictividad está en la falta de derechos de propiedad. La falta o el exceso de espacios verdes, la necesidad o no de bares, los enrejados o la falta de rejas, y todas las decisiones en torno a los parques — como es habitual con toda propiedad estatal— se ve sujeta a polémicas porque no existe una forma de determinar su mejor uso. No existe un sistema de precios que nos informe acerca de la demanda de un bien (en este caso, parques), y los mecanismos voluntarios para lograrlo fueron anulados por los que reprueban el lucro, mientras el estado asumió el rol de señor feudal.

Es verdad que en Argentina, y en la Ciudad de Buenos Aires, hay problemas más urgentes que el carácter estatal de los parques. Esta discusión sobre los parques es un reflejo del constante debate que atraviesa a la sociedad. El dilema no es entre la iniciativa privada y la intervención estatal, sino entre el extremismo regulatorio que propone una sociedad controlada desde la política contra el corporativismo que fomenta una peligrosa alianza entre el sector privado y el sector estatal. Son dos caras de una misma moneda, y mientras se desarrolla esta teatralización de posturas que son más compatibles que antagónicas, el proceso de decadencia que comenzó en los albores del siglo pasado no hace más que profundizarse condenando a todo un país.

Es lamentable, porque en el probable caso de que se repita la historia de nuestro país el post-kirchnerismo encontrará a la familia Kirchner y a sus acólitos en libertad. Los escandalosos actos de corrupción, la indiferencia hacia las instituciones republicanas, y las violaciones sistemáticas a los derechos individuales, por el momento, están destinadas a quedar impunes. Así funcionan los esquemas para garantizar impunidad, diseñados por la corporación política que, mediante el intercambio de garantías de inmunidad por mayor poder, se preserva a sí misma.

La situación se torna más oscura si agregamos a la ecuación la falta de transparencia que caracterizó a la era kirchnerista. Como en cualquier régimen de tinte autoritario las acciones de gobierno son ocultadas tras un halo de secretismo, de normas no escritas y de tejemanejes que dificultan aún más la atribución de responsabilidades.

Con la finalización inminente de este período, nos situamos —una vez más— ante la encrucijada de buscar un remedio que nos prevenga de los próximos atropellos a nuestros derechos que podrían tener lugar con los próximos gobiernos.

Argentina necesita otra vez una Comisión de la Verdad.

El ejemplo más cercano es el del informe Nunca Más de 1984, elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que documenta las violaciones masivas a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas entre 1976 y 1983. Este informe fue fundamental para determinar la magnitud de los delitos cometidos durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional y esclarecer los atropellos constitucionales que fueron consumados.

Chile y Sudáfrica tuvieron sus propias comisiones de la verdad después de la dictadura de Pinochet y del fin del apartheid, respectivamente. En 1997, seis años después de la caída de la Unión Soviética, un grupo de intelectuales franceses, compiló el “Libro Negro del Comunismo”, en el cual se hace un relevamiento de las prácticas aberrantes que tuvieron lugar en los países comunistas durante los casi 70 años de existencia de ese bloque.

Salvando las distancias, los gobiernos del período 2003-2015 administraron el país como señores feudales y estuvieron marcados por una variada gama de abusos perpetrados desde el Estado. Solamente a modo ilustrativo podemos mencionar algunos de los hechos que deberían ser incluidos en El Libro Negro o el Nunca Más del kirchnerismo.

Es indispensable investigar la desaparición de Julio López y Luciano Arruga, junto al asesinato de Mariano Ferreyra. Un capítulo dedicado a las torturas sistemáticas en las cárceles, otro dedicado al desconocimiento, e incumplimiento, de los fallos judiciales de la Corte Suprema y a las presiones y amenazas sobre los jueces. La implementación de un plan de vigilancia masiva, como lo fue el “Proyecto X”, junto al sistema de información biométrica SIBIOS, y la legislación antiterrorista, también deberían tener su propio capítulo. Sin dejar de lado la represión a los Qom, y el tratamiento en general hacia los indígenas.

La actuación de la AFIP durante esta etapa merecerá un apartado especial. La utilización del aparato recaudador del estado como organismo de persecución política —y ya no solo fiscal— a periodistas y otros que se expresaban contra el gobierno, además de la constante recolección de datos de la vida privada de las personas, como las normas no escritas acerca de la compraventa de dólares (el único salvoconducto disponible para protegerse del robo de la inflación) serán solamente una parte de los atropellos documentados en este capítulo.

Otro protagonista, cuyos actos también deberían ser investigados es el ex-Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, responsable de aprietes y extorsiones a empresarios, e instrumentador de la falsificación de las estadísticas. También, en el capítulo sobre Moreno, deberían tratarse las sanciones a consultoras privadas por publicar los índices de inflación reales; sobre éstas la impunidad, todavía, no se hizo presente y ex-Secretario aguarda la resolución de un juicio en su contra por este asunto.

En cuanto a los hechos de corrupción, la lista es interminable. Desde los famosos fondos de Santa Cruz, las valijas de Claudio Uberti y Guido Antonini Wilson, hasta las compras de terrenos fiscales en Santa Cruz, la bolsa con dinero en el baño de Felisa Miceli, los millonarios fondos destinados a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, y su fiel escudero  Sergio Schoklender, las constantes licitaciones truchas a empresarios amigos del poder, las sociedades en Londres, las cuentas bancarias en las islas Seychelles‎, o los vínculos entre el triple crimen de General Rodríguez, el dinero proveniente del mercado negro de la efedrina y la financiación de la campaña de Cristina Kirchner, son solamente algunos de los episodios de corrupción que deberían ser investigados y documentados, sin contar el extraño enriquecimiento de decenas de funcionarios públicos durante el ejercicio de sus funciones.

Por cuestiones de espacio dejé muchos episodios escandalosos en los que la arbitrariedad, la corrupción, o el autoritarismo, son los hilos principales pero la idea se comprende. En definitiva, Argentina necesita un libro que compile las consecuencias del estatismo, del poder político desenfrenado, y de los excesos de una familia afín a las maniobras y mensajes mafiosos. Un libro que nos recuerde que la utilización del poder del Estado es siempre dañina y perniciosa para la sociedad, pero cuando éste tiene escasos controles las consecuencias pueden ser catastróficas. Es este el motivo por el que vale documentar y comenzar a echar luz sobre todos estos atropellos y anhelar que se haga justicia.