La Legislatura necesita una voz diferente

El próximo 27 de octubre, los porteños, al igual que el resto del país, volverán a las urnas. En esta oportunidad, además de los trece diputados y tres senadores nacionales, tendrán que elegir legisladores de la Ciudad. En la elección para esta última categoría, los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires se encontrarán con un gran número de boletas. Son exactamente 25 las listas de legisladores, y para votar por muchas de ellas será necesario acudir al corte de boleta, esa metodología arcaica que aún sobrevive en nuestro sistema electoral.

A pesar de la proliferación de candidatos, la variedad y la calidad no abundan. Y es que las propuestas que surgen de la legislatura se limitan al aumento de impuestos, a la creación de nuevos planes gubernamentales, de nuevas y más complejas y regulaciones, además de los proyectos referidos a declaraciones y a la denominación de plazas, plazoletas, estaciones de Subte, y el mobiliario urbano en general. Para no ser injustos, estás características presentes en la Legislatura no son ajenas al resto de los poderes legislativos de la Argentina, y el mundo. Ya Mark Twain advirtió en sus tiempos que “ni la vida ni la libertad ni la propiedad de ningún hombre están a salvo cuando la legislatura está en sesión”.

El gobierno de Mauricio Macri, se presentó como una alternativa al kirchnerismo, y desde la Ciudad de Buenos Aires planifica lanzarse al plano nacional en búsqueda del sillón de Rivadavia para 2015. Aunque si la intención del Jefe de Gobierno porteño era mostrar sus diferencias con el kirchnerismo a través de su gestión, hizo poco y nada para lograrlo. Por el contrario, y más allá de los aciertos que le reconoce la opinión pública, durante la gestión del PRO en la Ciudad se evidenciaron aumentos de impuestos, aumento del gasto público, mayor endeudamiento, nuevos impuestos, engrosamiento de las regulaciones, y una expansión de la legislación paternalista, entre otras.

Por eso, desde el Partido Liberal Libertario queremos darle un sacudón a la Legislatura. Creemos que la Legislatura debe dejar de convertirse en un obstáculo para una Ciudad próspera y desarrollada. Creemos que los legisladores deben dejar de considerar a los ciudadanos como seres indefensos, sin aptitud para razonar y que únicamente están capacitados para elegir a los representantes. Creemos que la Legislatura debe dejar de convertirse en un órgano cuyo objetivo sea microplanificar la Ciudad y la vida de los porteños.

La legislatura necesita una voz dispuesta a defender a los ciudadanos de los atropellos del gobierno porteño, e idear alternativas para evitar el yugo del Estado Nacional. La legislatura necesita de un legislador que no tiemble a la hora de proponer eliminar la publicidad oficial para terminar con los abusos de cada gestión que la adapta a sus colores partidarios. La legislatura necesita alguien que no piense en crear más y más leyes, sino derogar muchas de ellas.

Una voz distinta puede marcar la diferencia.

El techo de chapa del kirchnerismo

Según datos del último censo, entre 2001 y 2010 la población en las villas de emergencia aumentó un 50%. Mientras que en ese período la población de la Ciudad de Buenos Aires subió un 9%, la población de las villas 31 y 31bis, ubicadas en el barrio de Retiro, se incrementó en un 100%. Estos datos contrastan con la idea de una “década ganada” y mucho menos se tratan de señales de progreso en la solución de los problemas que enfrentan los habitantes de las villas porteñas.

Sin embargo, la interpretación de Cristina Fernández de Kirchner acerca de este fenómeno es contraria a toda lógica. Ya en el año 2010 había señalado, en relación al crecimiento de la Villa 31, que “la transformación que ha experimentado este espacio, que se traduce en ladrillos, en construcción de mampostería, en chapas, implica y expresa la profunda transformación que ha tenido el país en estos años”.

La única alternativa posible para comprender el porqué de la interpretación de CFK respecto de la evolución de las villas es creer que todos aquellos que comenzaron a vivir allí se encontraban anteriormente en un nivel de pobreza todavía más bajo. Esta línea de pensamiento puede ser verdad, y es probable que haberse mudado a una villa de la Ciudad de Buenos Aires haya mejorado el nivel de vida de muchos que antes vivía en parajes en zonas rurales, o en situaciones precarias en sus provincias o en otros países. Pero, al mismo tiempo, para muchos, la posibilidad de vivir en una villa de emergencia representa el máximo nivel al cual pueden aspirar. Estándares de vida que nunca hubiesen sido aceptados por las primeras camadas de inmigrantes que recibió este país.

La existencia de estos asentamientos, y su expansión, nos indican la presencia de graves problemas en materia de acceso a la vivienda e infraestructura. Por un lado, la falta de acceso al crédito producto de la política inflacionaria del Banco Central, la falta de confianza en los bancos, y la falta de los marcos institucionales adecuados para que aumenten las posibilidades de obtener créditos a largo plazo son responsables de la permanencia de las villas. Por el otro, la falta de títulos de propiedad, y la negativa del Gobierno Nacional de otorgarle títulos de propiedad a aquellos que puedan demostrar la legitimidad de su reclamo es otro gran desincentivo que obstaculiza una pronta resolución a la cuestión de las villas.

Esta semana, en el marco de una videoconferencia con la ministra de Producción, Debora Giorgi, y directivos de la empresa proveedora del televisión satelital DirecTV, CFK destacó como un hecho positivo la cantidad de las antenas características de esta empresa ubicadas en los techos de las villas de la Ciudad. La jefa del ejecutivo definió la presencia de las antenas satelitales como una “mejora en la calidad de vida”. Así es, en un contexto de hacinamiento y de viviendas sin infraestructura básica rescata la existencia de antenas para ver televisión.

La proliferación de antenas satelitales no se debe a ningún plan gubernamental. La oferta de DirecTV para las familias de menores recursos resultó cautivante, y hoy ese sistema está masificado en esas zonas de la Ciudad.  El surgimiento de dos colegios privados en la villa 31 no es una sorpresa teniendo en cuenta la paupérrima calidad de la educación pública estatal. Todos los padres quieren enviar a sus hijos al mejor colegio dentro de sus posibilidades, y entre los sectores más desaventajados esta tendencia se repite.

Las villas de emergencia no son un problema de difícil resolución. Tal como lo demuestra un trabajo publicado por la Fundación Libertad y Progreso, en el barrio de La Cava, en San Isidro, la ausencia de títulos de propiedad “no impide la transferencia de la posesión, aunque no permite la existencia de crédito y desalienta la inversión”. Esto no quiere decir que, como explica el economista Martín Krause, la asignación de derechos de propiedad sea la solución más óptima para comenzar a resolver el problema de las villas miseria. Así y todo, la ausencia del Estado en las villas no ha desatado el caos, y los vecinos han consensuado formas de organizarse.

El incremento de la población en los asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires será una de las cuestiones que deberán explicar los funcionarios kirchneristas que festejan “la década ganada”. Aunque considerando las declaraciones de Cristina Kirchner tal vez se trate de una década ganada, y sea la vida en la villa de emergencia a lo que debemos aspirar los argentinos.

Se puede viajar mejor en Buenos Aires

Uno de los problemas comunes a todos los que viven o trabajan en la Ciudad de Buenos Aires es el defectuoso funcionamiento del transporte público. Las largas filas en las paradas de colectivos o los vagones del subte en los que no entra ni un alfiler son postales habituales de una ciudad cuyos medios de transporte se ven colapsados todos los días.

La calidad del transporte público es una de las variables extraeconómicas más influyentes en la calidad de vida de las personas que viven en una ciudad. El uso diario, casi obligado, de algún medio de transporte público para todos los que trabajan o viven en la Ciudad de Buenos Aires impacta directamente en el ánimo y la confortabilidad de los porteños. Pero además, las importantes demoras, la falla en los servicios y, en general, la paupérrima calidad del transporte también tienen un impacto económico en la productividad.

El transporte público de la Ciudad de Buenos Aires está plagado de problemas, no obstante, la mayoría de ellos, si no todos, obedecen exclusivamente a una única causa: la falta de competencia en el sector.  Mientras que la mayoría de los productos y servicios que utilizamos todos los días no requieren una planificación central desde el Estado, y sin embargo están disponibles en las góndolas de los supermercados, en los comercios y en las calles, en los shoppings o en las galerías comerciales, para el transporte público creen los burócratas que es necesario una autoridad centralizada. Y es así como crearon, desde la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), un organismo nacional que insólitamente está encargado de regular el servicio de transporte público de la Ciudad, y aquellos servicios que la enlazan con la Provincia de Buenos Aires.

La CNRT es quién regula todos los aspectos relativos al transporte público y a través del decreto 656/94 regula el transporte de la Ciudad de Buenos Aires. De esta manera, en el artículo 7 de ese decreto deja establecido los alcances que tendrá sobre el transporte: “La Autoridad de Aplicación dictará la normativa necesaria para la implementación y ejecución de los servicios, especialmente en los aspectos vinculados con el otorgamiento de los permisos de explotación, la determinación de los recorridos, frecuencias, horarios, parque móvil y su fiscalización y control. Asimismo determinará las pautas tarifarias a aplicar, que permitan obtener al conjunto de los permisionarios una rentabilidad promedio razonable”.

Las regulaciones sobre el transporte público no se detienen ahí. Además del entramado de resoluciones de la CNRT, se suma la Ley Nacional de Tránsito, a la que la Ciudad adhirió y que contiene otras prescripciones respeto de cómo se debe ofrecer el servicio. Aunque en este caso librarse de ella no requiere una mayoría en el Congreso de la Nación: con una simple ley en la Legislatura porteña podemos sacarnos de las espaldas el peso del Gobierno Nacional.

Si todos los aspectos relativos a la oferta del transporte (tanto para los servicios considerados de oferta libre, como para los considerados públicos) se encuentran bajo la órbita de un puñado de burócratas qué más podemos esperar que no sea un transporte público de deficiente calidad, que genera trastornos diarios a los que viven y trabajan en la Ciudad de Buenos Aires, y que además es una maquinaria de consumir dinero de subsidios provenientes del Estado nacional. Esto lleva a preguntarnos: ¿cuál es la consecuencia más perjudicial de un sistema como éste? La respuesta no la sabemos.

No sabemos la respuesta porque en todo el sistema de transporte está ausente un elemento primordial e indispensable: el empresario. No me refiero a aquellos que hoy tienen a cargo empresas de transporte de colectivos, cuya función principal es embolsar subsidios del Estado y ofrecer un servicio sin importar el bienestar de las personas. Un empresario es aquel que tiene la visión para innovar ofreciendo algo que antes no estaba allí; como señala economista Israel Kirzner, el empresario es el que lleva adelante este proceso descubriendo oportunidades para obtener una ganancia brindando un servicio.

La idea de que hace falta emprendedores y una verdadera competencia para mejorar el sistema de transporte es muy criticada por los denominados “expertos” en la materia. Esto no podría ser de otra forma ya que estos expertos son los mismos que sueñan con tener bajo su control la planificación del transporte urbano.

La historia del transporte público de la Ciudad es la historia de la innovación, la historia de emprendedores que en los albores del siglo XX vieron que los tranvías eléctricos y los subtes no satisfacían la demanda y dieron origen a los colectivos y taxis. En los últimos años, el espíritu emprendedor fue eliminado por completo, a través de la regulación de los Servicios de Oferta Libre que, a pesar de lo que indica el nombre, tienen estrictas normas que regulan su funcionamiento e impiden la competencia contra otros servicios de transporte. En otras palabras, de “libre” no tienen nada.

Entender que el origen del transporte público no fue por designio de un político sino gracias al orden espontáneo es el primer paso para revertir la situación actual. Sin actividad empresarial es imposible concebir un sistema de transporte público moderno, eficiente y que facilite, y no entorpezca, la vida de la gente. La innovación está anulada, la creatividad emprendedora está ahogada por las regulaciones y, mientras tanto, los porteños siguen viajando como ganado.