Un plan para asesinar a un juez y a un fiscal a cargo de una importante causa contra una de las bandas de narcotraficantes más poderosas de la ciudad, un policía detenido involucrado en la conspiración, fuerzas de seguridad militarizadas, 76 homicidios – uno por día – durante el 2014, ataques a balazos contra la casa del Gobernador, el Ministro de Seguridad, y el Secretario de Seguridad Pública. Estos elementos podrían pertenecer al argumento de un thriller hollywoodense, o bien describir la situación que se vive en el norte de México, un infierno en la tierra. Solamente el año pasado hubo 18.413 homicidios en el país más al sur de Norteamérica. Pero no es ni la trama de una película ni la realidad de ningún otro país: la conspiración para asesinar a un juez tuvo lugar en Rosario, una ciudad en la que la violencia del crimen organizado está en constante aumento y no parece tener límites.

El actual clima de violencia despierta preocupación entre funcionarios provinciales y nacionales. La oposición reclama escalar la lucha contra el narcotráfico, y existe una percepción en la opinión pública de que el presupuesto y las tareas destinadas a combatir la comercialización de drogas son insuficientes. El reclamo de mayores recursos económicos y humanos para combatir al narcotráfico parece ser, a primera vista, una reacción previsible. En la última semana un informe publicado por el diario El Cronista deja en evidencia la escasez de recursos. Los 33 millones de dólares dejan sabor a poco si se comparan con los 95 millones que destina Chile, o los 80 millones que destinan en Uruguay y Perú en la lucha contra el narcotráfico.

A raíz de esta situación, muchos se apresuran a concluir que el verdadero problema en Argentina es la cantidad insuficiente de recursos dirigidos a combatir el narcotráfico, que la comercialización de drogas está permitida de facto y que el problema persistirá hasta que no se asuma con seriedad la misión de erradicar el narcotráfico, es decir con mayores recursos. Si consideramos los países que han asumido con seriedad la tarea de eliminar el narcotráfico, asignando una sustanciosa cantidad de recursos a la guerra contra las drogas, los costos son demasiados altos y los resultados – en el mejor de los casos – de dudoso éxito.

Los 7 mil millones de dólares del Plan Colombia, una iniciativa del gobierno de Estados Unidos para abordar los carteles colombianos, son un ejemplo del fracaso de este enfoque. Más de 15 años después del inicio del plan, la superficie destinada al cultivo de coca se redujo a la mitad y los mega-carteles que dieron lugar a figuras como Pablo Escobar no están más presentes en aquel país. En cambio, un aumento en la productividad por hectárea del cultivo de hojas de coca, y el surgimiento de carteles de menor tamaño, junto a un aumento en la tasa de homicidios de ciudades como Medellín, dan cuenta de que el éxito fue relativo. Cuando incluimos en la ecuación entre 40.000 y 50.000 muertes, daño medioambiental, y la migración de los cultivos hacia Perú y Bolivia, el éxito deja de ser relativo y podemos hablar de otro fracaso más.

Cada dato sobre la guerra contra las drogas es un claro argumento contra ella. Por ejemplo, durante los últimos 8 años se produjeron 70.000 solamente en México en el marco del combate al narcotrafico, un número superior a la cantidad de bajas estadounidenses durante los primeros 10 años de la Guerra de Vietnam. Asesinatos, secuestros y muertes son moneda corriente en ese país, a pesar de los 50.000 soldados desplegados para combatir el narcotráfico. Estados Unidos es el líder, y mayor impulsor, de la prohibición como postura frente a las drogas. Un billón de dólares fueron destinados en los últimos 40 años para combatir el narcotráfico y el resultado es poco alentador. El precio de las drogas disminuyó a la mitad (o hasta un 75% en algunos casos) y su consumo aumentó. Tan poco alentador es este resultado, como el hecho de que la población carcelaria de ese país se cuadruplicó en los últimos 30 años, al mismo tiempo que disminuían los crímenes violentos. Este incremento en la tasa de encarcelamiento solo puede explicarse por el aumento de reclusos encarcelados por delitos no-violentos relacionados con drogas.

La evidencia es abrumadora, ninguno de los países que han desarrollado las estrategias más agresivas para combatir el narcotráfico en todos sus aspectos han podido resolver este problema. En Argentina, la prohibición está vigente y ese es el motivo por el cual observamos el ascenso del crimen organizado. Por eso, no es sorprendente que cada vez haya más voces a favor de terminar con este fracaso de magnitud monumental. Además de los avances concretos que tuvieron lugar en los estados americanos de Washington y Colorado, y en el más cercano Uruguay, varios presidentes y ex presidentes de la región han comenzado a impulsar la necesidad de discutir la necesidad de un mercado legal de drogas.

Es el caso del ex primer mandatario brasileño Fernando Henrique Cardoso, que sostuvo con precisión que “esta política ha tenido nefastas consecuencias -corrupción de las fuerzas policiales y del aparato judicial, y violencia relacionada al tráfico- para el desarrollo económico y la seguridad política de los países productores.” Cardoso no está solo, los presidentes de Guatemala y Colombia, Otto Perez Molina y Juan Manuel Santos respectivamente, también se han manifestado en ese sentido, mientras que el uruguayo José Mujica ha dado el primer paso en revertir este gran error.

Es que el problema de la violencia relacionada con las drogas no es a causa de las drogas, sino por la existencia de un mercado negro, cuyos participantes se ven atraídos por los grandes márgenes de ganancias que existen debido al carácter clandestino del negocio. Es un problema artificial, creado por las políticas que generan espacios ideales para que desarrolle el crimen organizado en vez empresarios y comerciantes que no acudan a la violencia a la hora de competir o saldar sus disputas.

A pesar del optimismo en la región de aquellos partidarios de terminar con uno de los experimentos más letales del siglo pasado  -la prohibición- en Argentina las perspectivas no son las más alentadoras. La elección de un Papa argentino ha vuelto a poner en un lugar preponderante las posturas de la Iglesia Católica, y las opiniones del clero son escuchadas atentamente en el Congreso y la Casa Rosada para evitar ofender al pontífice máximo. La asignación de un cura a la cabeza de la Secretaría de Programación para la Prevención de La Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) dan cuenta de ello.

Un consenso acerca de la necesidad de escalar la lucha contra el narcotráfico puede poner al país en un camino sin retorno. Insistir con una política que fracasó, y cuyos costos económicos y sociales son altísimos, podrían llevar a un espiral de violencia sin fin. Todavía estamos a tiempo de dejar de lado las ideas de la DEA y empezar a escuchar a los que tienen algo diferente para decir.