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El techo de chapa del kirchnerismo

Según datos del último censo, entre 2001 y 2010 la población en las villas de emergencia aumentó un 50%. Mientras que en ese período la población de la Ciudad de Buenos Aires subió un 9%, la población de las villas 31 y 31bis, ubicadas en el barrio de Retiro, se incrementó en un 100%. Estos datos contrastan con la idea de una “década ganada” y mucho menos se tratan de señales de progreso en la solución de los problemas que enfrentan los habitantes de las villas porteñas.

Sin embargo, la interpretación de Cristina Fernández de Kirchner acerca de este fenómeno es contraria a toda lógica. Ya en el año 2010 había señalado, en relación al crecimiento de la Villa 31, que “la transformación que ha experimentado este espacio, que se traduce en ladrillos, en construcción de mampostería, en chapas, implica y expresa la profunda transformación que ha tenido el país en estos años”.

La única alternativa posible para comprender el porqué de la interpretación de CFK respecto de la evolución de las villas es creer que todos aquellos que comenzaron a vivir allí se encontraban anteriormente en un nivel de pobreza todavía más bajo. Esta línea de pensamiento puede ser verdad, y es probable que haberse mudado a una villa de la Ciudad de Buenos Aires haya mejorado el nivel de vida de muchos que antes vivía en parajes en zonas rurales, o en situaciones precarias en sus provincias o en otros países. Pero, al mismo tiempo, para muchos, la posibilidad de vivir en una villa de emergencia representa el máximo nivel al cual pueden aspirar. Estándares de vida que nunca hubiesen sido aceptados por las primeras camadas de inmigrantes que recibió este país.

La existencia de estos asentamientos, y su expansión, nos indican la presencia de graves problemas en materia de acceso a la vivienda e infraestructura. Por un lado, la falta de acceso al crédito producto de la política inflacionaria del Banco Central, la falta de confianza en los bancos, y la falta de los marcos institucionales adecuados para que aumenten las posibilidades de obtener créditos a largo plazo son responsables de la permanencia de las villas. Por el otro, la falta de títulos de propiedad, y la negativa del Gobierno Nacional de otorgarle títulos de propiedad a aquellos que puedan demostrar la legitimidad de su reclamo es otro gran desincentivo que obstaculiza una pronta resolución a la cuestión de las villas.

Esta semana, en el marco de una videoconferencia con la ministra de Producción, Debora Giorgi, y directivos de la empresa proveedora del televisión satelital DirecTV, CFK destacó como un hecho positivo la cantidad de las antenas características de esta empresa ubicadas en los techos de las villas de la Ciudad. La jefa del ejecutivo definió la presencia de las antenas satelitales como una “mejora en la calidad de vida”. Así es, en un contexto de hacinamiento y de viviendas sin infraestructura básica rescata la existencia de antenas para ver televisión.

La proliferación de antenas satelitales no se debe a ningún plan gubernamental. La oferta de DirecTV para las familias de menores recursos resultó cautivante, y hoy ese sistema está masificado en esas zonas de la Ciudad.  El surgimiento de dos colegios privados en la villa 31 no es una sorpresa teniendo en cuenta la paupérrima calidad de la educación pública estatal. Todos los padres quieren enviar a sus hijos al mejor colegio dentro de sus posibilidades, y entre los sectores más desaventajados esta tendencia se repite.

Las villas de emergencia no son un problema de difícil resolución. Tal como lo demuestra un trabajo publicado por la Fundación Libertad y Progreso, en el barrio de La Cava, en San Isidro, la ausencia de títulos de propiedad “no impide la transferencia de la posesión, aunque no permite la existencia de crédito y desalienta la inversión”. Esto no quiere decir que, como explica el economista Martín Krause, la asignación de derechos de propiedad sea la solución más óptima para comenzar a resolver el problema de las villas miseria. Así y todo, la ausencia del Estado en las villas no ha desatado el caos, y los vecinos han consensuado formas de organizarse.

El incremento de la población en los asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires será una de las cuestiones que deberán explicar los funcionarios kirchneristas que festejan “la década ganada”. Aunque considerando las declaraciones de Cristina Kirchner tal vez se trate de una década ganada, y sea la vida en la villa de emergencia a lo que debemos aspirar los argentinos.

Lo que tienen en común CFK, Macri, Carrió, Insaurralde y Massa

En tiempos electorales, los asesores, expertos de marketing, consultores externos, encuestadores, y redactores publicitarios son los encargados de maquillar la disputa real. Es la disputa del poder del Estado disfrazada de buenas intenciones. Massa, Insaurralde, Carrió, Macri, y el resto de los candidatos están compitiendo por el control del poder político.

Detrás de cada medida, de cada propuesta, de cada discurso, está la expectativa de intentar controlar, o seguir controlando ese poder. Ninguno de los candidatos que reciben la atención de los medios proponen revertir el avance del Estado sobre la sociedad, sus principales diferencias son de formas. Si fuese el caso contrario, los participantes de la contienda política dejarían de lado sus frases vacías, sus declaraciones vagas y sus proyectos ambiguos, para enfocarse en los verdaderos problemas que afectan a la sociedad y en soluciones concretas, para expresarse con contundencia acerca de su visión de las cosas.

Además de la lucha política por controlar e incluso aumentar el poder estatal, existe una competencia paralela, aunque desigual: la competencia del poder estatal y el poder social. Estas dos categorías utilizadas por Albert Jay Nock, autor y crítico social de principios del siglo pasado, son funcionales para explicar el origen del poder que hoy ostentan los gobiernos, incluido el argentino. En este sentido, el economista y teórico político Murray N. Rothbard describe el proceso de la siguiente manera:

“El Poder Social es el poder del hombre sobre la naturaleza, la transformación cooperativa de los recursos de la naturaleza, y una introspección en sus leyes, para el beneficio de todos los individuos participantes. Es el poder sobre la naturaleza, los niveles de vida alcanzados por los hombres por medio de intercambios mutuos. El Poder Estatal, como lo hemos visto, es el despojo coercitivo y parasitario de esta producción – un drenaje de los frutos de la sociedad para beneficio de unos gobernantes no productivos (y, de hecho, antiproductivos). Mientras el poder social se ejerce sobre la naturaleza, el poder estatal es el poder sobre el hombre”.

Esta confiscación del poder social por el poder estatal se puede ver en cada acción del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el contexto económico actual presenta una serie de impedimentos que obstruyen los intercambios mutuos. Las restricciones a las importaciones impiden la cooperación de alguien en Argentina con otra persona ubicada en otro país. En este caso ambos tienen la expectativa de beneficiarse de ese intercambio y, sin embargo, para realizarlo deben saltear interminables barreras burocráticas por encontrarse en lados opuestos de una línea imaginaria. Peor todavía si consideramos que los protagonistas de este intercambio no serán los únicos perjudicados, al mismo tiempo, aquel que pensaban adquirir un insumo para mejorar su productividad, o quien simplemente deseaba adquirir un producto más competitivo, también se ve perjudicado. Oportunidades de generar riqueza que se esfuman.

La inconmensurable cantidad permisos, autorizaciones, leyes, regulaciones y normas no escritas, con las que se chocan los argentinos todos los días son todos ejemplos de esa redistribución de poder social al poder político. Probablemente sea la Ley de Abastecimiento, sancionada en 1974, y la que el actual gobierno ha amenazado con aplicar en reiteradas oportunidades, la máxima expresión de como el poder social se convierte en poder estatal.

El artículo 1º de esa ley comienza con el siguiente texto: “La presente Ley regirá con respecto a la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios —sus materias primas directas o indirectas y sus insumos— lo mismo que a las prestaciones —cualquiera fuere su naturaleza, contrato o relación jurídica que las hubiere originado— que se destinen a la sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte, calefacción, refrigeración, esparcimiento, así como cualquier otro bien mueble o servicio que satisfaga —directamente o indirectamente— necesidades comunes o corrientes de la población.” ¿Qué es eso si no la muestra de total desconfianza, desprecio y repulsión por el poder social? Es la consolidación de la idea de que un grupo de personas –los funcionarios– por medio de imposiciones de carácter violento pueden resolver mejor los desafíos que la sociedad actuando en libertad. Es la absurda idea de que el garrote y el monopolio son superiores a la cooperación social voluntaria y descentralizada.

Al contrario de la efectividad que imaginan los políticos que tiene el poder estatal, el poder social es real y palpable, y no solo consiste en la posibilidad de realizar intercambios libres sin intervención del gobierno. En el libro En defensa de los más necesitados, los economistas Martin Krause y Alberto Benegas Lynch (h) describen la experiencia argentina del poder social. Allí elaboran una detallada enumeración de como la sociedad, antes de la implementación del Estado de Bienestar (que, vale decir, no genera bienestar alguno) diseñó espontáneamente mecanismos para ayudar a aquellas personas en estado de pobreza e indigencia.

Pero para ver el poder social en funcionamiento no es necesario acudir a los libros. Ante catástrofes naturales o tragedias la gente se moviliza para ayudar y demostrar el poder social, basta con remitirnos a la solidaridad demostrada por los argentinos durante la Guerra de Malvinas, la respuesta solidaria frente a las crecientes de la cuenca del Plata en 1982-83, las inundaciones en la Provincia de Santa Fe de 2003, y  más recientemente ante la Tragedia de la Estación Once, o las inundaciones en La Plata del pasado 2 de abril. Las constantes campañas de organizaciones como Cáritas, Un Techo para Mi País, Red Solidaria, o Fundación Tzedaká, son otras demostraciones de ese poder social que aún mantiene la sociedad.

El poder estatal, en el actual contexto político, recuerda a la Primera Ley de la Termodinámica. Este principio de la conservación de la materia y energía explica, como dice el cantautor Jorge Drexler, que en un sistema cerrado, nada se crea, nada se pierde, todo se transforma. Y es así como, de alguna manera, se manejan los políticos respecto del poder estatal. La idea de desprenderse de ese poder no está presente con claridad en ninguno de los discursos políticos.

Mientras se mantenga un sistema cerrado, en el que la clase política establecida solo esté preocupada por conservar el poder que hay en disputa, la sociedad seguirá siendo ignorada y maltratada. Por eso, para concluir, creo relevante destacar una frase de Gonzalo Blousson, primer candidato a legislador porteño del Partido Liberal Libertario: “es hora de sacarle poder a los políticos y devolvérselo a la gente”.