Ránking de preocupaciones de legisladores opositores

Los principales problemas que enfrenta la economía argentina son la inflación, la falta de seguridad jurídica y el escaso nivel de inversiones. El impuesto al cheque es el primero que correspondería eliminar. Los titulares de los organismos estatales de carácter técnico, como los entes reguladores, los medios públicos, el PAMI, el INDEC, la AFSCA o la AFIP, deberían ser elegidos por medio de un concurso de antecedentes y oposición, y no a través de criterios políticos como ocurre ahora.

Tales son los principales puntos de consenso que surgen del Barómetro Legislativo 2012-2013, una encuesta de opinión a legisladores nacionales llevada  a cabo por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) entre 2012 y 2013, con el objetivo de descubrir puntos de consenso que permitan impulsar medidas de política que hagan al desarrollo, la transparencia y el fortalecimiento institucional.

Específicamente, todos los legisladores nacionales recibieron una copia impresa de un cuestionario semi-estructurado de diez preguntas, que fueron seguidos por llamadas telefónicas de parte de colaboradores de CADAL invitándolos a contestar. Siempre se dejó en claro que si bien el listado de los participantes se haría público, las respuestas específicas de cada legislador permanecerían anónimas.

En total respondieron la encuesta 51 legisladores: 13 senadores y 38 diputados. La mayor parte pertenecen a la oposición, ya que los legisladores oficialistas generalmente se mostraron reacios a responder.

Las respuestas muestran un amplio grado de consenso en términos de diagnóstico, pero importantes diferencias en cuanto a las políticas más adecuadas para enfrentar dichos problemas.

En primer lugar, la amplia mayoría de quienes respondieron la consulta considera que los principales problemas que la economía enfrentará en los próximos dos años son la inflación (mencionada por el 80% de los encuestados), la inseguridad jurídica (71%) y la baja tasa de inversión (61%).

Dado que el bajo nivel de inversiones es en buena medida consecuencia de la inseguridad jurídica, podemos concluir que la mayoría coincide en que de acá a 2015, la economía enfrentará dos problemas básicos: (a) cómo frenar la inflación; y (b) cómo generar reglas previsibles que permitan incrementar la tasa de inversión y por ende contribuyan al crecimiento futuro.

En segundo lugar, también hubo consenso en que, en caso de ser posible, el impuesto al cheque debería ser eliminado: el 60% de los consultados eligió esa opción, muy por encima del 12% que se mostró contrario a eliminar impuestos, y el 8% que eliminaría el impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. 

Las diferencias aparecen cuando se pregunta sobre las medidas específicas de política que convendría adoptar. Las empresas estatales constituyen un caso emblemático: un tercio de los legisladores encuestados considera que las empresas públicas deben ser la regla en los sectores “clave” de la economía” –con el sector energético frecuentemente señalado como el más importante-–, pero un cuarto se manifestó en contra de que el Estado administre empresas públicas, otro tanto considera que el Estado sólo debe controlar empresas públicas cuando el sector privado se haya mostrado deficiente, y el 18% restante se mostró a favor de otras opciones.

También hay diferencias marcadas en cuando a las políticas más adecuadas para combatir el desempleo. Las opciones de “crear un seguro de desempleo uniforme” y “reducir el costo laboral de las empresas” encabezan las preferencias con poco más del 45% de menciones, pero otras alternativas, como subsidiar a empresas en problemas o aumentar la indemnización por despido, también recibieron un alto grado de apoyo  (los legisladores podían marcar más de una opción).

Algo similar sucede con el Fútbol para Todos: si bien cuatro de cada cinco entrevistados se mostró a favor de reasignar el presupuesto de dicho programa, hay poco consenso sobre el destino que dichos fondos deberían tener. Es de destacar, sin embargo, que incluso entre aquellos legisladores que se mostraron a favor de mantener el programa, más de la mitad considera que la pauta publicitaria debería ser regulada para evitar su uso propagandístico.