El proyecto de ley de acceso a la información pública enviado por el Ejecutivo al Congreso Nacional es una medida de fortalecimiento institucional que vino a saldar una vieja deuda que tiene Argentina con su sociedad y que va a permitir promover mecanismos que fomenten la transparencia y el control sobre la gestión pública.
En nuestro país actualmente el derecho que tiene la ciudadanía a acceder a la información sólo está regulado por el decreto 1172/2003; por eso es necesario debatir este proyecto de ley que nos va a permitir ponernos a la altura de los noventa países del mundo que tienen una normativa vigente en esta área.
En este sentido, es imprescindible contar con una ley que incluya a los tres poderes del Estado, porque el derecho a acceder a la información pública es un derecho humano fundamental que se deriva de nuestra forma republicana de gobierno, que establece como principios la publicidad de los actos de gobierno y la obligación de los funcionarios y los representantes de dar cuenta de sus actos.
El proyecto de ley, que ya tuvo su primer tratamiento ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados de la Nación, se encuentra en concordancia con los principios rectores para una efectiva y correcta regulación del derecho de acceso a la información pública: publicidad, igualdad, celeridad, informalidad —toda persona puede solicitarla sin acreditar representatividad alguna— y gratuidad. Continuar leyendo