1. Sobreempleo público

En la última década se multiplicó excesivamente el empleo público. A nivel nacional el personal aumentó un 61%, desde 241.400 en 2003 hasta 389.830 en 2015; a nivel provincial, el incremento fue del 72%, desde 1,7 a 3 millones de personas en el mismo período; a nivel municipal, la suba fue del 110%, pasando de 379 mil en 2003 a 796.300 en 2015. En total, en el período bajo estudio, el incremento fue del 77%, pasando de 2,3 a 4,2 millones de empleados públicos.

En América Latina, la relación empleo público-población económicamente activa apenas supera el 10 por ciento. En Argentina estamos cerca de alcanzar el 20 por ciento. Duplicar esta relación por supuesto tiene un costo fiscal importante. Debemos interpretarlo como una mochila excesivamente pesada sobre las empresas privadas y una traba fundamental para la creación de empleo.

Este es quizás el elemento central de la herencia, por las dificultades institucionales para revertir el proceso, por los derechos adquiridos y por sumergir al país en un problema que ya era estructural, pero que ahora se agrava fuertemente.

2. Excesivo gasto público

Como consecuencia de lo anterior, no sorprenderemos al lector al señalar que el gasto público primario a nivel nacional se incrementó de menos del 15% en 2003 al 36,7% en 2015. Si analizamos el gasto público consolidado en los tres niveles de Gobierno, entonces el salto se observa desde el 26,2% en 2003 hasta superar el 50% en 2015.

La suba del gasto público no incluye sólo el sobreempleo público. Incluye decenas de planes, algunos más importantes que otros, pero que, más allá de la reflexión que cada uno amerite, en su conjunto llevan al Estado a una situación fiscal imposible de financiar en el largo plazo.

3. Presión tributaria récord

La voracidad fiscal de estos últimos diez años incrementó la presión tributaria desde el 24,33% hasta el 45,5% del PIB. A nivel nacional, se observa un salto desde el 19,21% del PIB en 2003 hasta el 39% en 2015. A nivel provincial, el salto, en el mismo período, fue desde 3,82% hasta 5,60% del PIB. A nivel municipal, de 1,3% a 1,75% del PIB. En síntesis, un argentino medio trabaja prácticamente seis meses del año para solventar el gasto público en los tres niveles.

Resulta paradójico que se argumente que el Estado crea empleo porque el privado no lo hace, pero se le impide al sector privado hacerlo, con esta carga tributaria sin precedentes en nuestro continente, o en la historia económica argentina.

4. Enorme déficit fiscal

Ante este escenario de asfixiante presión tributaria, sorprende que todavía exista déficit fiscal. Pero así es. Si incluimos los intereses, el 2015 cerró con un 5,8% de déficit fiscal sobre el PIB. Si quitamos la deuda interna con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) o del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), entonces el déficit fiscal es del 7,66 por ciento. Son prácticamente trescientos mil millones de pesos. Este nivel de déficit supera aquel con el que explotó la convertibilidad, que dejó al país al borde de la cornisa. Si hoy este nivel de déficit es “manejable”, es porque se accedió a deuda interna y porque la ausencia de convertibilidad permite monetizar el déficit fiscal.

5. Anses descapitalizado

Anses es una institución que, por supuesto, tiene una finalidad muy distante de aquella de financiar los proyectos de gasto público como Procrear o Fútbol para Todos. Luego de estatizar las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), Anses recuperó entre 30 mil y 40 mil millones de dólares, cuyo destino debió estar en inversiones diversificadas que permitieran cubrir de la mejor manera posible las pensiones a pagarse en el futuro, a medida que los trabajadores de la población económicamente activa se pasen al retiro. Lejos de ello, utilizar Anses para financiar el gasto público generó un vaciamiento de la institución, lo que descapitalizó las cajas de retiro y provocó una deuda interna compleja que deberá ser tratada en el futuro. Este problema está lejos de abordarse en estos cuatro años, pero será una temática a tratar en un futuro que hoy parece muy lejano.

6. Alta inflación

La sumatoria de la enorme presión tributaria y la deuda con Anses o PAMI tampoco alcanzan para cubrir el gasto público. El Gobierno necesita además monetizar el resto del déficit fiscal, con su lógico efecto inflacionario. La expansión de la base monetaria durante cada mes de 2015 superó el 30% respecto de igual mes del año anterior, pero en diciembre el alza fue del 42,4 por ciento. La suba se puede interpretar de distintas maneras, a saber, dar un impulso a la actividad económica que no despegaba o financiar un mayor nivel de gasto público como consecuencia de los gastos de campaña por la elección que llevó a Mauricio Macri a la Presidencia.

La tasa de inflación que había disminuido gracias a la contracción monetaria provocada por Fábregas volvió a aumentar una vez que se revirtió tal política. La elevada tasa de inflación actual se puede comprender como consecuencia del reacomodamiento de precios tras las reformas que el nuevo Gobierno viene aplicando, pero también se alimentó de la expansión monetaria de 2015, cuyo efecto llega con rezago en este 2016.

7. Controles de precios, subsidios y tarifas atrasadas

El Gobierno anterior luchaba contra la inflación de la peor manera que podía hacerlo. Controlando precios, persiguiendo empresarios, multiplicando subsidios y con tarifas atrasadas en los servicios públicos o en el transporte. El costo político de levantar estos controles recayó sobre el nuevo Gobierno, con un reacomodamiento difícil, especialmente en un contexto recesivo, o al menos de estancamiento económico.

8. Cepo cambiario

Entre esos controles de precios, quizás el más dañino fue el cepo cambiario, que provocó una fuga de capitales que redujo las reservas del Banco Central desde poco más de 50 mil a menos de 30 mil millones de dólares, con las conocidas discusiones aún abiertas acerca de su composición, que ponen dudas sobre la solvencia del Banco Central.

Numerosos analistas aseguraban en 2015 que las reservas netas eran cercanas a cero, una vez que se devolvían los dólares a los depositantes, o incluso se quitaban préstamos chinos en yuanes y otras deudas o asistencias de último momento que permitieron sostener la debilitada moneda nacional.

El cepo cambiario además impedía relaciones comerciales normales con el mundo, tanto en la exportación como en la importación, lo que estancaba a las economías regionales y paralizaba al sector industrial.

9. Aislamiento y déficit en infraestructura

El cepo cambiario fue asociado a una política de aislamiento que también golpeó la cuenta capital. La falta de inversión extranjera directa hizo que se perdieran, según un estudio de Libertad y Progreso, unos 32 mil millones de dólares durante el Gobierno de Néstor Kirchner, 60 mil millones de dólares durante el primer Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y 63.500 millones de dólares durante el segundo. Esta pérdida de inversiones tiene como consecuencia lógica una infraestructura débil para acompañar el desarrollo de la economía argentina.

A su vez, las tarifas atrasadas en los servicios públicos impidieron a los concesionarios invertir lo suficiente para garantizar servicios de calidad, lo que comprometió la capacidad productiva de la Argentina, que, antes de volver a crecer, necesitará desarrollar inversiones en todos estos sectores para evitar cuellos de botella.

10. Estancamiento económico o recesión

Todo lo dicho no puede tener otra consecuencia que un profundo estancamiento económico que comenzó en 2011, pero que ya se extendió hasta 2015 y que repercute también en una parálisis del consumo y la inversión. En definitiva, lo dicho ha resultado clave en el triunfo de Macri en la última elección, si consideramos que la gente siempre vota con el bolsillo. Este estancamiento promete extenderse también en este 2016, o incluso profundizar la crisis, una vez que se reconoce la inflación reprimida y se sincera el tipo de cambio. De hecho, la devaluación de los primeros meses de 2016 redujo el ingreso per cápita en dólares desde 14.747 a 8.920 dólares. No sorprende entonces que la presión sindical vaya creciendo con el correr de los meses.

El punto de inflexión fue quizás esa carta de renuncia que Ricardo López Murphy tuvo en su bolsillo por unos pocos días entre el 5 y el 20 de marzo de 2001, antes de que retornara Domingo Cavallo al frente del Ministerio de Economía. Ricardo López Murphy fue quien tenía un diagnóstico apropiado y quien explicó con claridad a la sociedad y a la dirigencia las consecuencias de abandonar la convertibilidad. Fernando de la Rúa le dio la espalda y el peor escenario se hizo realidad. Domingo Cavallo partió de un diagnóstico equivocado: “El problema no es el déficit, es la competitividad”. Y con aquella frase y una mala idea de una canasta de monedas inició una gradual salida de la convertibilidad que ocasionó una fuga de capitales fenomenal. Ya sin reservas, y con Eduardo Duhalde en la Presidencia, que siempre se le fue esquiva en el proceso electoral, Argentina se entregó nuevamente a una enorme intervención estatal, con mucha propaganda política y con ello vinieron las dos décadas perdidas en materia de crecimiento económico.

En 2015 Argentina tenía un ingreso promedio por habitante en dólares similar al de 1996. ¿Pero cómo es esto posible tras una década ganada? Porque no hubo crecimiento, sólo recuperación. El siguiente gráfico muestra con claridad la evolución del PIB per cápita en dólares de 2015.

Se puede observar allí el pico de la década de 1990 en el año 1998, con 12 mil dólares por habitante, que comienza a caer en el tercer trimestre de 1998, hasta llegar a fines del 2001 a unos diez mil dólares por habitante. La devaluación y la salida de la convertibilidad ocasionaron una fuerte caída en el ingreso, a sólo cuatro mil dólares per cápita. Desde entonces, la economía argentina emprendió una recuperación que en 2008 alcanzó los 11.300 dólares. La crisis internacional de 2009 redujo el ingreso per cápita pero rápidamente la economía se recuperó y el crecimiento de los siguientes tres años rompió el pico de la década de 1998, al alcanzar los 14 mil dólares de ingreso per cápita. El efecto Kicillof, sin embargo, no se hizo esperar y la economía argentina llegó al 2015 con un ingreso per cápita de 12 mil dólares, el mismo nivel de 1998.

¿Por qué consideramos el PIB per cápita? Porque el PIB no toma en cuenta el crecimiento poblacional. ¿Por qué tomamos el dólar para medir el ingreso en Argentina? Porque el alto nivel de inflación y la intervención en Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) impiden evaluar correctamente la evolución del ingreso de los argentinos en moneda local. Gran parte del relato al que fuimos sometidos todo este tiempo se produjo por no poder diferenciar las variables nominales de las reales.

¿Por qué tomamos el PIB per cápita en dólares de 2015? Porque no es lo mismo el dólar de la década de 1990 que el dólar actual, tras la depreciación que esta divisa sufrió en estas dos últimas décadas.

El PIB per cápita en dólares de 2015 nos ofrece un acercamiento más apropiado a la realidad, que muestra que la economía argentina no creció en 20 años. Hubo, por supuesto, una recuperación de aquella devaluación, que en realidad se habría completado en 2009, si no fuera por la crisis internacional y por malas políticas económicas tomadas especialmente en el último Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, empezando por el cepo cambiario.

La foto aún no está completa. Faltan en este gráfico dos fenómenos fundamentales: 1) el sinceramiento del tipo de cambio en los primeros meses de 2016, que sin duda volvió a reducir el ingreso en dólares (¿volvimos a 1996 o a la década de 1970?) y 2) la confirmación de si realmente la economía argentina recuperará el esperanzador crecimiento económico en 2017, lo que parece difícil si tenemos en cuenta los desequilibrios macroeconómicos que todavía resta corregir, comenzando por un déficit fiscal que en 2015 cerró con 9% del PIB y que aún no está claro en qué medida fue corregido, además del elevado nivel de inflación, la presión tributaria récord y la sobredimensión del Estado.

El desafío de Mauricio Macri no sólo es resolver los desequilibrios macroeconómicos. El desafío es volver a crecer después de varias décadas perdidas.

Su exposición me recordó a un clásico de la economía. Me refiero a La economía en una lección, de Henry Hazlitt (1946). Un libro que he recomendado durante años a toda persona que desee tener una primera introducción a esta ciencia. Se analizan allí falacias económicas diversas que, en los últimos años de esta vapuleada Argentina, se han convertido en una nueva ortodoxia.

¿Pero cuál esa famosa lección? Consiste en la tendencia a considerar exclusivamente las consecuencias inmediatas de una política o sus efectos sobre un grupo particular, sin inquirir cuáles produciría a largo plazo y sobre toda la comunidad.

El libro en cuestión repasa diversos casos, como las obras públicas, el efecto de los impuestos o el crédito estatal sobre la producción, el odio a la máquina, los planes sociales, los aranceles, los controles de precios, el proteccionismo sobre una industria en particular, el salario mínimo, la inflación o el injustificado ataque de algunos economistas al ahorro, entre otras cuestiones.

He pensado durante mucho tiempo que si tales lecciones llegaran a las manos de un gobierno, se abandonarían tales falacias —esa nueva ortodoxia— y la economía iniciaría un proceso de desarrollo económico genuino sin precedentes.

La disertación de Federico Sturzenegger deja en claro que el presidente del Banco Central hizo propias aquellas lecciones. Su análisis es un poco más técnico, ya que distingue entre equilibrios parciales y equilibrio general, pero el mensaje es el mismo, lo cual resulta esperanzador.

Sturzenegger ofrece en este documento nuevos ejemplos, como la reciente baja en el precio del petróleo. Expertos en política económica mundial destacan que esta caída es mala por la pérdida de poder adquisitivo y de la voluntad inversora de los países exportadores, pero sin atender correctamente el poder expansivo sobre la demanda agregada de los países receptores.

Otro ejemplo fundamental está relacionado con el modelo de demanda agregada keynesiano, en el que se asume que una caída en el gasto público reducirá la demanda agregada. Un análisis más completo, sin embargo, puede mostrar que el gasto público no es independiente del gasto privado (consumo e inversión privados), y que una baja del gasto también implicará baja de impuestos y mayor poder de compra de parte de los consumidores, o mayor reinversión privada. La demanda agregada no tiene por qué caer ante un ajuste.

Lo mismo debemos decir respeto del ahorro, que según algunos economistas es nocivo, porque quita dinero del mercado, lo que implica a su turno menores compras, menores ventas y finalmente estancamiento y desempleo. Un economista que atiende al panorama completo observa que si alguien ahorra, depositando sus recursos en un banco a plazo fijo, por ejemplo, la institución bancaria intermedia ese dinero y lo canaliza hacia los inversionistas, que vuelven a introducir el dinero al mercado. “Si fuera cierto que el ahorro no genera demanda agregada, China debería ser el país más recesivo del mundo”.

Otro caso polémico que cita el economista es el del plan Procrear. Los economistas parecen atender sólo al efecto positivo que este plan tiene sobre la demanda agregada, como si esos recursos no se obtuvieran de otros destinos. Si el plan fracasó en impulsar la actividad económica, es porque aquello que generó por un lado se detrajo por el otro.

Finalmente, Sturzenegger llega al mercado monetario, de radical importancia para nosotros, no sólo por el alto nivel de inflación que nos acompaña, sino también porque Sturzenegger es el máximo responsable de paliar esta situación. El presidente de Banco Central explica la importancia del equilibrio monetario, y cómo una mayor oferta de dinero respecto de su demanda es la única causa de este flagelo. Con este conocimiento, y destacando el trabajo conjunto con el ministro de Hacienda, señala que en estos últimos meses se ha reducido a cero la monetización del déficit fiscal, que resulta posible por la reducción parcial de subsidios y también por el paro casi total de la obra pública. Hay un rezago, por supuesto, pero la rápida baja de la inflación en los próximos meses será una consecuencia lógica de lo que se viene haciendo.

¿Por qué entonces se ha acelerado el aumento de precios en estos últimos meses? Esto es un reacomodamiento de precios que surge como consecuencia de la herencia recibida. No sólo hubo que ajustar tarifas de servicios públicos (algunas aún están pendientes), sino también enfrentar la famosa venta de dólar futuro, que generó un gran daño al país.

Ya en una nota previa ofrecí un positivo análisis del primer mes de gestión. A cien días del inicio de este nuevo Gobierno mantengo mi pronóstico esperanzador. Sin desconocer los desafíos que quedan por delante (el déficit fiscal sigue siendo elevado, mientras que la obra pública no puede mantenerse parada por mucho más tiempo), el proceso de normalización continúa, más lento de lo que todos quisiéramos, pero en la buena dirección.

Antecedentes históricos

A principios del siglo XX, regía en la Argentina una clara estructura de imputabilidad fiscal. La nación financiaba sólo un 5% del gasto público provincial. Este hecho aseguraba un auténtico federalismo fiscal y garantizaba la vigencia del principio de correspondencia.

La correspondencia fiscal supone que existe un vínculo entre las decisiones de gasto extra del Gobierno provincial y el esfuerzo contributivo adicional de los votantes provinciales. Este principio es la clave para una buena gestión del gasto público, el que nos asegura que el gasto no excederá el nivel que los votantes están dispuestos a sufragar; garantiza que su composición se ajustará a las demandas de la población.

Pese a las advertencias y las críticas de prestigiosos constitucionalistas (Germán Bidart Campos, Rafael Bielsa, Horacio García Belsunce, Carlos María Giuliani Fonrouge, Dino Jarach y Segundo Linares Quintana), a partir de 1935 las provincias cedieron potestades tributarias sustantivas a la nación. Como consecuencia, la nación pasó a fijar bases de imposición y alícuotas, creó nuevos tributos y procedió a recaudar y coparticipar (transferir) recursos a las provincias.

En 1939, el nuevo federalismo fiscal aumentó a 29% la fracción de gasto provincial financiado con transferencias nacionales. Los impuestos creados en la década de 1950 profundizaron todavía más la disociación entre las responsabilidades de gasto y de financiamiento en las provincias, que llegaron en 1960 a un 47% del gasto provincial financiado con recursos nacionales. Luego de escalar a un 62% en 1977, la proporción alcanzó su máximo histórico en 1983, con el retorno a la democracia, al fijarse en 72 por ciento. Varios analistas señalan que nunca fue la Argentina tan poco federal como entonces.

En el período 2003-2008, más del 60% del gasto público de las provincias reconoció financiamiento nacional, circunstancia más propia de una organización unitaria que de una federal.

Ausencia de correspondencia fiscal: ganadores y perdedores

El cuadro n.º 1 muestra precisamente la ausencia de correspondencia fiscal que gobernó a las provincias argentinas durante el período 2003-2008, considerando que —en promedio— la recaudación de la nación participó en un 60,9% de los ingresos provinciales.

La situación, sin embargo, no fue igual para todas las provincias. Tomando en cuenta los porcentajes de participación de recursos nacionales en los ingresos provinciales, podríamos separar cuatro grupos.

En primer lugar, tenemos en este período a aquellas provincias cuyas transferencias tributarias nacionales componen menos de un 60% de sus ingresos tributarios. Tal es el caso de las provincias de Buenos Aires (45,5%) y Neuquén (56%).

El caso de la Ciudad de Buenos Aires (11,4%) no es comparable con el resto de las autonomías provinciales si consideramos que percibió servicios de transporte, seguridad o Justicia financiados por la nación que deberían ser sumados a los montos transferidos. El reciente traspaso de fondos para pasar la seguridad a manos de la ciudad contribuye a hacer comparables estos números.

En segundo lugar, contamos con aquellas provincias que reciben de la nación entre un 60 y un 70% de sus ingresos. Tal es el caso de Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Chubut y Santa Cruz.

Nota: (1) Representa el total de la recaudación que la nación transfiere a provincias
* El dato 2008 corresponde sólo al primer semestre.

En tercer lugar, encontramos un grupo de provincias que componen entre un 70% y un 85% de sus ingresos con recaudación nacional. Aquí encontramos a Tierra del Fuego, Río Negro, La Pampa, Entre Ríos, Tucumán, San Luis, Salta y Misiones.

En cuarto lugar, encontramos los casos extremos en los que ninguna provincia logra recaudar más de un 15% de sus ingresos tributarios. Tal es el caso de San Juan, Corrientes, Chaco, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y Formosa. En estos casos, el principio de correspondencia fiscal está quebrado. La mayor ausencia de correspondencia se verifica precisamente en Formosa, provincia que logra recaudar sólo un 5,5% de sus ingresos.

El cuadro no pudo actualizarse debido a que la mayoría de las provincias no presenta información actualizada sobre su recaudación, especialmente las provincias del último grupo, pero hay excepciones. El cuadro n.º 2 contribuye a actualizar algunos de estos números.

Al comparar la información de 2014 con 2008, puede notarse que la situación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sigue siendo similar, aunque cambiará el año próximo con el traspaso de fondos de nación a ciudad de Buenos Aires para hacerse cargo de la seguridad. Neuquén y Buenos Aires siguen siendo también las provincias menos dependientes de las transferencias nacionales. Tucumán, por su parte, mantiene una fuerte dependencia de los recursos transferidos de nación.

Consecuencias de la ausencia de correspondencia fiscal

Completo el diagnóstico, podemos observar a continuación algunas implicancias de esta situación:

1. Incentivo del incremento constante del gasto público provincial. La nación afronta el costo político de recaudar, la provincia recibe el beneficio político de gastar y el contribuyente mira con indiferencia el ir y venir de fondos. Este desequilibrio vertical conduce a los gobernadores de varias provincias a emprender obras públicas sin considerar la voluntad de los contribuyentes de financiar el proyecto. En todo caso, los recursos no los proveen los ciudadanos de cada provincia, sino el conjunto de la nación.

2. Ausencia de ciudadanía fiscal. Nada incentiva al contribuyente a controlar y reclamar una buena gestión del gasto público en su jurisdicción. En otras palabras, el sistema conspira contra el cumplimiento tributario voluntario de los contribuyentes, que deben pagar los impuestos a un nivel de Gobierno distinto a aquel que, en general, perciben que les presta o financia el servicio.

3. Incremento de la evasión impositiva. Las causas de la evasión impositiva en la Argentina son varias y complejas, pero el régimen de coparticipación no está exento de culpa. ¿Qué incentivo tiene, por ejemplo, el gobernador de San Juan a colaborar con los inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en la detección de evasores, cuando por cada cien pesos que se recauden gracias a la movilización de su policía y el cierre de negocios y locales, la provincia recibiría apenas $1,90? (El gobernador hace esta cuenta: $100 multiplicados por 0,57, que es la participación primaria de las provincias, multiplicados por 0,0338, según ley 23558, que es la participación secundaria de San Juan, es igual a $1,90). Y con respecto a la nación, aunque la distorsión de incentivos en este caso es menor, cabe preguntar: ¿no se esforzaría más la AFIP si de cada $100 recaudados, la nación pudiera gastar $100 en vez de los $43 que le asigna el régimen de coparticipación?

Ya es conocida públicamente la estrategia utilizada por los gobernadores de expulsar a los inspectores de la AFIP cuando estos comienzan a controlar los establecimientos de sus provincias.

4. Premio al lobby. Con regímenes de distribución de fondos como la coparticipación existe un poderoso incentivo para que los gobernadores inviertan mucho ingenio, esfuerzo y tiempo en Buenos Aires, en el intento de modificar las reglas de juego a su favor. Un ejemplo en tal sentido es la promoción industrial basada en exenciones de grandes tributos nacionales sujetos a coparticipación, como IVA e impuesto a las ganancias. De cada $100 que le cuestan las exenciones al país, una provincia como San Juan pierde $1,90 y gana la radicación industrial, y con ella, una variedad de beneficios sobre el empleo, la actividad económica y las rentas generales de la jurisdicción. El saldo es netamente favorable a la provincia y su consecuencia es obvia e inevitable.

5. Riesgo moral. El riesgo moral es un concepto que en economía se utiliza para describir una situación en la que un individuo, aislado de la consecuencia de sus acciones, podría cambiar su comportamiento del que habría tenido si hubiera estado expuesto completamente a las consecuencias de sus acciones. Esto describe precisamente lo que ocurre con algunas provincias.

Cuando el gasto público provincial se financia en tan alta proporción con recursos nacionales, la nación sufre una consecuencia sutil pero recurrente. A los ojos de las provincias, el Gobierno nacional se convierte en el responsable último de las caídas de las remesas de fondos, cualquiera fuera su causa.

La paradoja es que históricamente la nación ha asumido tal responsabilidad y convalidado los déficit de las provincias a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, o bien a través de la atención directa de los servicios de deuda de los organismos multilaterales de crédito. Esta actitud sesga las finanzas provinciales hacia la bancarrota.

6. Ausencia de transparencia. En la actualidad rige un complejo sistema de remesas basado en: a) la coparticipación federal de impuestos, que distribuye la recaudación de los tres principales impuestos nacionales (valor agregado, ganancias e internos) de acuerdo con ponderados mágicos, después de descontarle una pre-coparticipación para las grandes urbes y otra para el sistema previsional; b) varias coparticipaciones menores y paralelas, que distribuyen otras recaudaciones según criterios ad hoc, y c) aportes del Tesoro Nacional distribuidos en forma discrecional.

No existe un criterio único de reparto, ni existe un organismo único que administre el reparto. Nos movemos dentro de un laberinto fiscal que hace imposible que el votante-contribuyente pueda identificar qué nivel de gobierno o cuál organismo estatal es el que gasta o grava y con qué fin. Está rota, en consecuencia, una relación costo-beneficio que es indispensable para asegurar la eficiente acción del Estado.

Conclusiones

La Argentina presenta una centralización de sus ingresos en la nación, pero una descentralización en los gastos. Avanzar hacia un federalismo real implicaría avanzar únicamente en la descentralización de la recaudación tributaria.

Lo que proponemos es que cada provincia se responsabilice por generar los recursos que luego gastará, para así alcanzar responsabilidad fiscal y limitar el crecimiento del gasto. Ir en este sentido supone modificar completamente los incentivos en la administración pública provincial y aun en el contribuyente, además de limitar el poder que hoy posee el ejecutivo a través de su gasto discrecional.

Comenzando por el frente fiscal, el Gobierno eliminó retenciones a la industria y a los productos agropecuarios, excepto para la soja, que se redujo de 35 a 30 por ciento. La apuesta consistió en recuperar las economías regionales mejorando los incentivos, tanto por reducción de la presión tributaria que recaía sobre el sector como por supresión del cepo cambiario, que lo contenía acorralado en los márgenes de ganancia. La medida contribuiría, en paralelo, a incentivar en la inmediatez a los productores agropecuarios para que liquiden las cosechas y ayuden con ello a engrosar las debilitadas reservas del Banco Central.

El impacto fue positivo, si uno toma en cuenta que se revirtió el continuo descenso diario de las reservas hacia valores positivos que transmiten tranquilidad, aunque las liquidaciones no cubrieron las expectativas de la autoridad monetaria y del Gobierno. ¿Por qué no se cumplieron estas expectativas? Porque hay fuertes expectativas de que el sinceramiento del tipo de cambio oficial sólo fue parcial y que habría una nueva devaluación hacia marzo del corriente, una vez que venzan los contratos de futuros.

Algunos analistas señalan, sin embargo, que ese valor que hoy ronda los 14 pesos no lo fija la autoridad monetaria sino el mercado, pero esto no parece ser del todo cierto cuando observamos las altas tasas que los bancos pagan por los depósitos a plazo fijo (una alternativa a la demanda de dólares), o la absorción de pesos que el Banco Central viene generando en las últimas dos semanas con la emisión de letras.

En el frente fiscal también hay que destacar el cumplimiento de otra promesa de campaña en la que se confirmó la quita del impuesto a las ganancias para el aguinaldo de los que cobran hasta 30 mil pesos. La medida parece justa y popular, pero no conveniente ni oportuna dado el fuerte déficit fiscal. Quizás debió el Gobierno compensar la consecuente caída de ingresos tributarios con una baja inmediata en los subsidios, que si bien fueron anunciados, aún se desconoce su instrumentación.

En el frente monetario, lo dicho, la autoridad en la materia utiliza dos instrumentos para contener la inflación: por un lado, eleva los tipos de interés; por otro lado, absorbe todos los pesos que puede a través de la emisión de letras. Pero los analistas estiman una inflación para 2016 del orden del 35%, mientras la misma autoridad monetaria la estimó apenas arriba del 20 por ciento.

¿Por qué no ataca el Gobierno la inflación de manera más radical? Mi interpretación es que el Gobierno sabe que no hay otra forma que reducir el gasto público que no sea por la vía de la inflación. Si no se puede reducir el salario nominal, ni se pueden generar despidos en un sector público sobredimensionado, sólo queda avanzar en una baja real de los salarios por la vía del impuesto inflacionario. Si los analistas privados tienen razón y la inflación de 2016 se acerca a sus pronósticos, mientras el Gobierno logra acordar con los sindicatos aumentos salariales del orden del 20 o 25%, la baja real de los salarios permitirá avanzar en el requerido ajuste fiscal que todos los analistas reclaman. Por supuesto que la política no está exenta de críticas y se sabe que el mayor desafío pasará por afrontar las negociaciones salariales con los sindicatos, que nunca fue una tarea sencilla. Resumiendo, la baja de la tasa de inflación no parece ser prioridad en 2016, lo que es parte del programa gradualista que el Gobierno viene aplicando.

En el frente cambiario, además de lo dicho, la nueva administración apuesta a generar un fuerte ingreso de divisas que sólo puede ser la consecuencia de un cambio rotundo en la política exterior. Al respecto, Mauricio Macri lleva adelante una amplia agenda política internacional que comenzó con el cuestionamiento directo al eje bolivariano, empezando por Venezuela y siguió con la anulación del polémico memorándum con Irán. Además, extendió lazos dentro del Mercosur con Brasil y Uruguay, además de Chile, y relanzó vínculos con la Unión Europea y Estados Unidos. Aceptó el fallo de la Organización Mundial del Comercio sobre las importaciones y ofreció señales claras en su voluntad de atraer capitales.

Todo el arco liberal sigue reclamando como deuda pendiente atacar el desorbitante gasto público y su consecuente déficit fiscal. La noticia de los últimos días, sin embargo, ha sido el gesto de parte de la Vicepresidente de despedir a 2035 empleados del Senado por decreto, advirtiendo que los ministros van a tomar medidas del mismo estilo para erradicar del Estado estructuras políticas compuestas por “militancia del kirchnerismo”.

La medida, a la que se sumaron otros despidos en otros organismos, como el Banco Central y el Centro Cultural Néstor Kirchner, es una gota en el océano teniendo en cuenta los más de dos millones de nuevos asalariados nombrados durante el kirchnerismo en el Gobierno nacional, en provincias y en municipios, pero deja entrever que también habrá ajustes en el gasto público una vez se complete la auditoría general de los organismos públicos.

Argentina inició, con estas y otras medidas, un proceso de cambio de modelo económico que todavía necesita definir en sus aspectos fundamentales. Uno de ellos trata acerca de la integración comercial global, a través del mantenimiento de las relaciones con el Mercosur y con China, pero también de la integración con Estados Unidos y Europa, aspecto que se comenzará a profundizar en la cumbre del Mercosur en Paraguay. No estoy en la mesa chica del PRO, pero creo que la ambición de pertenecer al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés) o generar acuerdos bilaterales con Europa y el Primer Mundo es una de las intenciones del nuevo Gobierno.

Al respecto, uno de los temas que deben discutirse es de qué modo desmantelar todo el arsenal de medidas proteccionistas que el kirchnerismo formó durante estos últimos doce años para proteger a la débil industria local de la “amenaza extranjera”. Recordemos que uno de los requisitos para ingresar en estos bloques es no contar precisamente con este tipo de obstáculos a la inversión extranjera, ni tampoco a los productos extranjeros.

Tanto en campaña como también durante estas dos primeras semanas de gobierno, el tema giró en torno a liberar el tipo de cambio y que sea determinado por la oferta y la demanda, pero nada se ha dicho sobre eliminar aranceles o, al menos, unificarlos en un valor para todas las ramas industriales, para no generar arbitrariedades entre sectores. Esto es precisamente el camino que tomó Chile tras las recomendaciones de Milton Friedman, al unificar todos los aranceles en el 10% y luego ir descendiendo año a año un uno por ciento. Con ello, en diez años se llega a una economía libre de aranceles.

Argentina necesita abrir el debate acerca de esta transición que le permita ordenar también las relaciones con el mundo y el modo en que se librará de numerosas intromisiones del Estado en el ámbito comercial.

El desafío no es menor, ya que hoy toda la estructura productiva —apoyada sobre este arsenal de medidas proteccionistas— genera manufacturas que abastecen el mercado interno, al tiempo que crea millones de puestos de trabajo que no podrían ser reemplazados en el corto plazo por el esperado desarrollo de la agroindustria.

Más de un lector ahora mismo estará recordando la década de 1990, la que —se dice— avanzó en levantar intromisiones del Gobierno para importar productos extranjeros, lo que generó un aluvión de importaciones que barrieron con la débil industria local y obtuvieron un alto desempleo. En línea con aquella argumentación, la débil industria argentina heredada del poskirchnerismo no podría competir en condiciones de libre mercado con las baratas manufacturas importadas de China o Brasil, lo que en definitiva produciría un fuerte desempleo que pondría en riesgo, incluso, el avance de la transición.

Este tema fue estudiado en profundidad por Eduardo Conesa, doctor en Economía en la University of Pennsylvania, en su libro titulado Desempleo, precios relativos y crecimiento económico (Ediciones Depalma). En sus clases de Macroeconomía II en la Universidad de Buenos Aires, a las que tuve la oportunidad de asistir en 1999, Conesa planteaba que uno de los errores fatales de los años noventa fue fijar una convertibilidad 1 a 1 con un tipo de cambio real bajo, sobrevaluado, el que sólo podía terminar con el hiperdesempleo que todos conocimos. A partir de allí, y sobre la base de estudios empíricos en la misma Argentina, Chile, Corea, Japón o Alemania, concluía Conesa que el desarrollo económico debía iniciar con un tipo de cambio real alto, acompañado, por supuesto, con equilibrio fiscal y estabilidad monetaria.

Esta medida, de fijar un tipo de cambio real alto, puede resultar atractiva para el Gobierno como punto de partida del nuevo modelo y como transición para eliminar las otras intromisiones en el ámbito del comercio internacional, pero teniendo en claro que, una vez que el desarrollo económico avance y que esto repercuta en mejoras salariales reales, el Gobierno evitará volver a devaluar el tipo de cambio para conseguir una nueva mejora en la competitividad. Así permitirá que el tipo de cambio real alcance su valor de equilibrio.

Ejemplo de este tipo de transición lo observamos bajo el Gobierno de Arturo Frondizi, cuando Álvaro Alsogaray era ministro de Economía y de Trabajo. Alsogaray vio que el tipo de cambio que había llegado a 100 pesos moneda nacional en mayo, retrocedió hacia 83 en agosto, gracias a mayor confianza y a la entrada de capitales, lo que condujo al Banco Central a establecer una paridad fija antes de que siga apreciándose hacia su valor de equilibrio.

Recordemos que la propuesta presenta ventajas y desventajas. Entre las primeras, se puede señalar que un tipo de cambio real alto deprime el nivel de salarios, lo que permite que la industria de manufacturas cuente con mano de obra más barata para enfrentar la competencia extranjera. Entre las segundas, se puede indicar el mismo factor, ya que un bajo nivel de salarios perjudica a los consumidores, que verán reducida su capacidad de ahorro y de consumo. Otra desventaja, no menor, es que el tipo de cambio real alto encarece la importación de insumos, lo que en definitiva afectará también transitoriamente a parte de la industria local y a parte de los propios exportadores.

Debemos reconocer, sin embargo, que, en los términos planteados por Conesa, un tipo de cambio real alto y permanente, como cualquier control de cambios que se quiera fijar, impide un desarrollo sano de la economía y de la población, ya que, a medida que el crecimiento económico va generando mejoras salariales, el Gobierno o la autoridad monetaria reducirán esa mejora con políticas sucesivas de devaluación. Esto no es otra cosa que el fracaso continuo al que se nos ha expuesto en nuestra historia macroeconómica argentina.

Argentina puede fijar inicialmente el tipo de cambio real alto para compensar transitoriamente el desmantelamiento de las políticas proteccionistas, pero una vez que la economía empiece a crecer y los salarios se vayan recuperando de la devaluación, es importante que la estructura productiva se vaya configurando sin contar con nuevas devaluaciones al tipo de cambio. A medida que la economía argentina se desarrolle y el tipo de cambio real se vaya apreciando, las empresas deben emprender un proceso de mejoras en la competitividad incorporando las nuevas tecnologías, a la vez que el Gobierno debe avanzar en una fuerte reducción tributaria que permita bajar costos y quitar obstáculos al desarrollo empresarial.

El “estrangulamiento” —entendido como la falta de divisas para sostener el crecimiento económico de la industria por su necesidad de insumos importados— aparecía como un problema estructural generado por tres décadas de proteccionismo y la aplicación de un modelo de industrialización por sustitución de importaciones que sólo había logrado estancar a la economía argentina desde la gran depresión de 1930. La producción agropecuaria no era ajena a esas dificultades y declinaba tanto por los bajos precios internacionales como también por el exceso de regulaciones y controles, incluyendo retenciones a las exportaciones.

El desarrollismo de Frondizi y Frigerio

Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio decidieron enfrentar este contexto apoyándose sobre un modelo desarrollista que no se basaba en el viejo proteccionismo, sino en un modelo de apertura económica capaz de atraer inversión extranjera directa. Frondizi repetía: “Los Estados Unidos resolvieron el mismo problema con el concurso del capital extranjero, cumpliendo la afirmación de Hamilton en el sentido de que todo dinero extranjero que se invierte en una nación deja de ser un rival para constituirse en un aliado”.

Este modelo partía de la famosa tesis de Raúl Prebisch, fundada en un pesimismo respecto a las exportaciones de productos primarios vinculado con los bajos precios de los productos agropecuarios y mineros. La clave del desarrollismo era la expansión “vertical”, es decir, el acople de las actividades de producción de insumos y bienes de capital a las ramas ya más expandidas. Este empuje, a su vez, hacia una “economía industrial integrada” reconocía una serie de prioridades. En primer lugar, debía multiplicarse la producción de petróleo y gas, lo que permitiría, en un plazo bastante corto, ahorrar divisas para dedicarlas a la inversión en otros rubros. Frigerio sintetizó esa aspiración en la fórmula “Petróleo + carne = acero + industria”. La capacidad de conseguir capital necesario para instalar las ramas químicas y de acero estaba dada por las posibilidades de exportación de carne y la sustitución de importaciones petroleras. Además de estos rubros, otras prioridades de aquel Gobierno estuvieron localizadas en la industria química y petroquímica, siderurgia, depósitos de carbón y hierro, provisión de energía eléctrica, cemento, papel, maquinaria y equipos industriales.

El arribo de inversiones desde el exterior dependía de las condiciones internas que lograra generar el Gobierno, y Frigerio acertó entonces en eliminar parte de la legislación represiva por el proteccionismo preexistente. Se terminaron las restricciones sobre el mercado cambiario y hubo un único tipo de cambio, fluctuando su cotización según la oferta y la demanda. En cuanto a las importaciones, se abolieron parte de los controles cuantitativos y los sistemas de permisos, pero se establecieron recargos a las compras externas de hasta 300% para bienes de lujo, pero 0% para insumos considerados esenciales.

Para reducir el déficit fiscal también se proyectó una reducción del empleo estatal que comenzaría por el congelamiento de nuevas vacantes. Se anunciaron nuevos impuestos y mayor control tributario. En los primeros días de enero, además, hubo una suba de las tarifas públicas.

Pero esos aciertos fueron relativizados por otros desaciertos. El crecimiento de los salarios y de la inversión pública provocó un déficit que rozó el 9% del PBI y fue financiado en su mayoría a través de emisión monetaria. La consecuencia lógica fue un alto nivel de inflación. Además, en 1958, el Gobierno anunció que se habían firmado contratos de explotación con empresas petroleras extranjeras. Las negociaciones, que habían sido llevadas adelante personalmente por el entonces polémico Frigerio, no se convocaron mediante licitación pública y no se preveía la aprobación parlamentaria de los contratos.

Al margen de las formas y sus polémicas, el resultado fue impactante. Cuando asumió Frondizi, la importación de petróleo representaba un cuarto de las importaciones. Treinta meses después, había autoabastecimiento, la producción había pasado de 5,6 a 16 millones de metros cúbicos anuales. El éxito de este proceso despertó el interés extranjero por otras inversiones, pero aún no se había resuelto el “estrangulamiento”. Las restricciones a la importación impedían el crecimiento y, en 1959, el PIB cayó un 6,5% respecto al año anterior. Mientras descendía la recaudación fiscal y se agrandaba el déficit y su monetización, la inflación se aceleraba, lo que presionó a Frigerio a dar un paso al costado.

El aporte “liberal” de Álvaro Alsogaray

Álvaro Alsogaray fue designado al frente de los ministerios de Economía y Trabajo y rápidamente hizo famosa su frase: “Hay que pasar el invierno. […] Denme ustedes un tiempo para permitir la reabsorción de este fenómeno”. Lo cierto es que sin su aporte “liberal” el desarrollismo no habría pasado el invierno.

La prioridad de la política económica de Alsogaray fue detener el proceso inflacionario y lo logró poniendo especial atención en el déficit fiscal que se venía monetizando. Primero redujo el déficit con medidas antipopulares, suspendió obras públicas y terminó con el Estado empresario, porque afirmaba que las inversiones debían ser desarrolladas con medios privados. Segundo, cambió la fuente de financiamiento del déficit fiscal por deuda interna y externa a la que accedieron las empresas públicas y la administración central. Tercero, a medida que la economía se fue recuperando, se incrementó la recaudación tributaria, lo que contribuyó también a reducir el déficit fiscal.

Las turbulencias macroeconómicas de mediados de 1959 fueron cediendo. El dólar, que había tenido un pico de 100 pesos moneda nacional en mayo, retrocedió hacia 83 en agosto, gracias a mayor confianza y a crecientes influjos de capital. Temiendo una mayor apreciación, el Banco Central estableció una paridad fija de facto en ese nuevo nivel. La inflación descendió al compás del tipo de cambio: los precios de las importaciones y los productos agrícolas se estabilizaron apenas el dólar alcanzó ese nuevo equilibrio, y los productos industriales se desarrollaron a apenas 1% mensual en el último cuarto de 1959.

En 1960 y 1961 la economía creció a un promedio de más del 8% anual. El factor dinamizador fue la inversión que aumentó en 1961 a un nivel 66% mayor que el de 1959, y 47% mayor que el de 1958, un año menos anormal. El capital internacional respondió a las masivas oportunidades que proveía una economía ahora más ordenada. El Financial Times declaró al peso argentino “moneda estrella” del año en 1960. El crecimiento se manifestó, poco después, en una mejora en el salario real, que aumentó 12% hacia fines de ese año.

Cuentan diversos historiadores, sin embargo, que Frigerio nunca dejó realmente de ofrecer su consejo a Frondizi. De hecho, hubo recurrentes tensiones entre Alsogaray y Frigerio, por ejemplo, por la construcción de una central eléctrica en Dock Sud y el costoso proyecto de El Chocón. Estos proyectos se llevaron adelante a pesar de la oposición de Alsogaray, quien era mucho más conservador con los recursos tributarios y no estaba dispuesto a financiarlos.

En abril de 1961 Alsogaray fue reemplazado por Roberto Alemann como ministro de Economía, pero la salida no fue traumática. Alemann continuó el programa conservador de Alsogaray, insistió en la austeridad para asegurar la estabilidad monetaria, pero pronto la “batalla del transporte” abrió conflictos y huelgas que terminaron con 54 mil despidos. La financiación de mejoras salariales e indemnizaciones altísimas provino del Banco Central, lo que produjo la renuncia de Alemann en enero de 1962.

La caída de reservas de allí en adelante fue continua; mientras Frondizi volvió a insistir en un fuerte recorte de empleo público, su derrota electoral sólo condujo a la vieja solución argentina con una nueva devaluación.

El desarrollismo en el siglo XXI

Mauricio Macri hace bien en reivindicar a Frondizi, pero concentrar su atención sólo en los aportes de Frigerio puede dejar al margen el desequilibrio fiscal, con su evidente importancia. Argentina necesita apertura económica, pero también equilibrio fiscal y monetario.

La frase del ministro deja mucha tela para cortar, como cada una de sus reflexiones. ¿Qué parte es cierta y qué parte no lo es?

Lo cierto es que liberales y socialistas llegan a pocos consensos en la política económica, pero en la medida en que haya buenas intenciones, coincidirán en terminar con la corrupción y también con el favor político que el Estado ofrece a algunos empresarios. En este sentido, el pensamiento del ministro de Economía no encaja en ninguna escuela económica de pensamiento. Su política económica consiste en reemplazar al mercado y ofrecer privilegios o sanciones arbitrarias a quienes él cree que lo merecen. La igualdad ante la ley lógicamente brilla por su ausencia.

Siempre insisto en dejar de llamar Unión “Industrial” Argentina a ese grupo de seudoempresarios y seudoindustriales que se reúnen tras la Presidente para las fotos de sus discursos. ¿Qué empresario puede estar a favor de este modelo? Solo aquellos que reciben la “protección” del Estado. Pero ha sido tan gigantesco el entramado de regulaciones, favores, autorizaciones para compra de divisas, permisos de importación o exportación, subsidios, aranceles y protecciones que se extendieron en los últimos doce años, que engloba a una importante proporción de la estructura productiva.

En este sentido, el mensaje que ofrece el ministro de Economía tiene algo de cierto. Una política liberal que integre a la Argentina al mundo, que reduzca el gasto público, que elimine cepos, que termine o al menos reduzca los subsidios, que encuentre una solución a la inflación, sin duda hará caer a muchos seudoempresarios que jamás compitieron bajo reglas de mercado y más bien aprovecharon mercados cautivos, sin la competencia internacional -y en muchos casos ni siquiera la competencia local-, lo que se ha desarrollado en estos doce años a través del entramado de políticas kirchneristas que el liberal suele criticar.

¿Puede entonces haber “continuidad” en el modelo económico para preservar “la industria que supimos conseguir”? Es lo que el ministro de Economía ha intentado en toda su gestión, multiplicando controles, subsidios e intervenciones, pero sin éxito. Basta recordar la lenta pero continua caída de la industria mes tras mes a lo largo de toda su gestión para demostrar que el plan es un fracaso.

El dilema al que nos expone el ministro de Economía es claro. La “industria” no puede sostenerse, porque el modelo requiere día a día más controles y regulaciones, los que inevitablemente tienen costos que sufre la misma estructura productiva sobre la cual descansa el peso del Estado. El modelo es entonces inconsistente e inviable. Lo curioso, sin embargo, es que el ministro de Economía desea hacerle creer a la opinión pública que la culpa de esa necesaria reestructuración es del mercado y no de su propio modelo.

Una política liberal conduciría necesariamente a un ajuste inmediato de la estructura productiva, obligando a algunas empresas a una reestructuración acorde a lo que requiere la economía para reinsertarse en el mundo. Y hay dos formas de tomar este camino. De manera planificada, con políticas concretas que busquen recuperar cierta normalidad en los equilibrios fiscal, monetario y cambiario, o caer en una nueva crisis cuando la olla hirviendo, que es hoy la economía argentina, estalle por los aires y conduzca a una -ya no gradual, ni necesariamente lenta- reestructuración económica, donde numerosas pymes irán quebrando y el desempleo se irá extendiendo a toda la estructura productiva.

No podemos seguir juzgando la política económica por sus buenas intenciones. Lo cierto es que el modelo está agotado y la alta inflación y la ya extensa recesión -precisamente de la industria- son muestras del caso. La “industria que supimos conseguir” es muy débil y mantenerla en pie tiene sus costos.

En lugar de seguir creando organismos como este Consejo de Defensa a las Pequeñas y Medianas Empresas, parece mucho más rentable recuperar la igualdad ante la ley y la economía de mercado. Ningún contexto es más justo para los verdaderos empresarios que la sana competencia. El debate que nos debemos plantear es qué empresario queremos en el centro de nuestra estructura productiva.

Para mostrar esta rebaja en el valor del peso entre 2011 y 2015, cabe una mirada a la evolución de las distintas partidas del balance del Banco Central de la República Argentina (BCRA), institución que cuenta con el monopolio de emisión de estos billetes depreciados. El cuadro presentado a continuación es un extracto del resumen estadístico que elabora trimestralmente Nicolás Cachanosky para nuestro blog Punto de Vista Económico.

Nótese, por ejemplo, la evolución del pasivo, que pasó de 0,4 a 1,2 billones de pesos entre 2011 y junio de 2015. El pasivo se triplicó desde que Kicillof incide en la política monetaria del BCRA, lo que se logró con dos políticas concretas:

-          Emitiendo billetes que más que duplicaron la base monetaria (pasó de 223 a 483 mil millones de pesos).

-          Colocando títulos del BCRA en pesos (pasó de 84 a 355 mil millones de pesos).

Una mirada al activo nos puede explicar el destino de estos fondos. Mientras el activo pasó de 0,4 a 1,2 billones de pesos entre 2011 y junio de 2015, las reservas apenas pasaron de 200 a 308 mil millones de pesos. De nuevo, hay dos destinos concretos para la emisión monetaria del BCRA:

-          La compra de títulos públicos (pasó de 127 a 534 mil millones de pesos).

-          Adelantos del BCRA al tesoro del Gobierno nacional (pasó de 67 a 272 mil millones de pesos).

Para ser claros, el Gobierno quebró al BCRA. En 2011 las reservas representaban el 46 % del activo del BCRA; en 2015 esa misma relación cayó a menos del 25 %. La sumatoria de títulos públicos y adelantos del BCRA al Tesoro del Gobierno Nacional representaban en 2011 el 44 % del activo del BCRA, en 2015 estas mismas partidas representan el 63 % del activo.

La situación se agrava, lógicamente, si en lugar de tomar las reservas brutas, se tomaran las reservas netas, es decir, si se descontara aquella porción de esas reservas que no son propiedad del BCRA.

Resulta claro que un desafío difícil de lograr para el próximo Gobierno es el saneamiento del BCRA. Los asesores de ambos candidatos, Mauricio Macri y Daniel Scioli, apuestan a crear un marco de confianza que conduzca a una gran atracción de capitales en el país, pero esta confianza difícilmente ocurra mientras el BCRA presente este estado de situación. Por eso, volvemos al comienzo. “La devaluación del peso está hecha, solo resta sincerarla.”

Y entonces sí, los costos de esta devaluación serán más bajos si se ofrece un plan integral de reformas al Estado, que significan -necesariamente- un cambio de modelo.

En la entrevista arremetió una vez más contra los economistas ortodoxos, defendió la política de desendeudamiento, de reindustrialización y de inclusión social, enfatizó el fuerte crecimiento económico que el país experimentó desde 2003, recordó la recuperación de YPF y Aerolíneas Argentinas. Se apoyó sobre ciertos economistas como Miguel Ángel Broda, Orlando Ferreres y Carlos Melconian para señalar que la economía está bien, creciendo un 1 %, que la inflación se desaceleró de un 40 % a un 25 % -sin recetas ortodoxas-, que las reservas están estables, que no hay problemas con los vencimientos de deuda, lo que deja una buena herencia para el próximo Gobierno, garantizando continuidad del modelo luego de 2015.

Cuando se le cuestionó el bajo crecimiento, el ministro de Economía explicó el complejo contexto internacional que nos acompaña, con caída en los precios de los commodities, con las locomotoras de China y Estados Unidos bajo ciertas dificultades y con Brasil en recesión.

Es precisamente ese contexto el que lo obligó a decidir aplicar una política contracíclica desde principios de 2014 para estimular el consumo interno mediante planes y programas, apoyado en un supuesto consenso de los economistas en las recetas keynesianas que se presentan en todos los manuales de macroeconomía y política económica.

Dejando de lado los discutibles números del ministro de Economía -que él mismo se ocupó de criticar antes de asumir funciones oficiales-, presentaré a continuación mis problemas con su administración de la política económica, que se pueden resumir en ocho puntos fundamentales.

1. No hubo crecimiento, sino recuperación.

El ministro de Economía enfatiza que la economía argentina duplicó el PIB en dólares desde 2003 a la fecha. Este puede ser un dato cierto, pero sesgado. La Argentina no logró en este período expandir su capacidad productiva, sino tan solo recuperar la actividad económica de la devaluación de 2001. En términos económicos, la receta de “impulsar la demanda para crecer” puede tener resultado visibles mientras hay capacidad ociosa, pero una vez que la economía se acerca al pleno empleo, el crecimiento económico solo puede ser generado a través de un proceso de ahorro e inversión. Tomando en cuenta que el propio ministro solo administró la política económica de este último Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el rumbo debió cambiar desde el consumo a la inversión, y sin embargo, se sostuvo en una dirección -con un diagnóstico equivocado-, manteniendo el relato de 2001, cuando la realidad que le tocó enfrentar ya era diferente.

2. La recuperación está basada en un enorme gasto público que empuja la demanda y crea empleo público, el que no se puede sostener en el tiempo.

El tamaño del Estado, medido como gasto público sobre PIB, ha alcanzado una proporción que es récord en el continente, y que no puede financiarse ni siquiera con la mayor presión tributaria de nuestra historia, que a la vez es récord en el mundo. Devolver a la Argentina a un nivel de gasto sostenible y reducir la presión tributaria a niveles normales solo puede dejar un alto desempleo y una nueva recesión que pone en duda el éxito del modelo. La Argentina se encuentra en el dilema de sostener la burbuja del gasto público, pero sin crecimiento económico, o equilibrar las finanzas públicas pero a costa de un alto desempleo estructural cuya solución fue solo temporal. Si en lugar de crear estas proporciones de empleo público, la economía argentina hubiera alentado realmente la inversión privada, entonces el aprovechamiento de esta década dorada para la región habría sido de largo plazo y el problema de desempleo estructural habría empezado a recibir una solución más genuina.

3. Comete los mismos errores del menemismo, multiplicando el déficit.

El ministro de Economía no pierde oportunidad para identificar las comparaciones entre el kirchnerismo y el menemismo, pero esto constituye una falsa dicotomía. Ambos modelos surgen del mismo partido político, pero lo más importante es que ambos han cometido el mismo error fundamental, que -como bien explicó- nos obsesiona a los economistas ortodoxos. Nos referimos al déficit fiscal. El ministro de Economía reconoció en la entrevista un déficit fiscal financiero de 3,7 % del PIB para 2014, el que dijo ser más bajo que el de Estados Unidos (4,2 %), Brasil (5,2 %) y el promedio de la región (4,9 %). Sin embargo, y sin entrar a cuestionar “sus” números, no es menor que la Argentina mantenga este déficit después de la enorme carga tributaria que señalamos con anterioridad, además de que los analistas pronostican que el déficit para este 2015 estará entre un 6 % a un 8 % del PIB. Este nivel de déficit aun está algo lejos de aquel que condujo a la economía argentina al Rodrigazo (12,1 %) y el fin de la tablita de José Martínez de Hoz (11,3 %), pero se acerca a aquel que condujo a la hiperinflación de 1988-89 (8,5 %) y al fin de la convertibilidad (7 %).

4. La política del desendeudamiento es un mito, si consideramos la deuda interna con el Banco Central y Anses.

El ministro de Economía muestra como un logro del oficialismo el bajo nivel de deuda externa sobre el PIB. Es un dato que debemos reconocer. Sin embargo, este resultado no se generó por medio de una política conservadora, sino por haber financiado el mencionado déficit fiscal con otras alternativas, como ser la emisión monetaria del Banco Central y los recursos de Anses. Lo dicho ha generado un Banco Central en quiebra bajo cualquier estándar contable, además de la mayor inflación del continente -después de Venezuela-, y de hipotecar el futuro de la población activa, gastando incluso los 30.000 millones de dólares que estaban en manos de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) al momento de la nacionalización. Resulta curioso que parte de los logros del kirchnerismo son herencia directa del menemismo, pues se han gastado los recursos ahorrados en la década anterior y se ha apoyado el “crecimiento” de esta década en la infraestructura que expandió el Gobierno anterior.

5. La inflación no es necesaria.

El ministro de Economía lanzó una inflación estimada del 18 %, pero al margen de este número discutible, enfatizó que la oposición redujo sus estimaciones de 40 % a 25 %. Es cierto que la inflación se desacelera en este último año, sin embargo, surgen dos cuestiones para señalar. Por un lado, que la desaceleración de la inflación va acompañada de una desaceleración de la actividad económica, mostrando en este último Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner un preocupante estancamiento económico, con pérdida de empleo. Por otro lado, el ministro de Economía parece estar convencido de que la inflación -a estos niveles- es necesaria, lo que obliga a los argentinos a convivir con una moneda enferma, que afecta y reduce el potencial de crecimiento de los próximos años.

6. La devaluación es una consecuencia inevitable por la enorme expansión de la circulación y el bajo nivel de reservas.

Con estos niveles de inflación que el ministro de Economía reconoce, la dolarización espontánea es una consecuencia obvia. Pretender que la gente acepte la pesificación porque existe “estabilidad en la política económica”, que genera a su vez una “inflación estable” superior al 20 %, es confundir causalidad. Si realmente deseamos la pesificación, debemos empezar por la estabilidad monetaria, que el Ministro de Economía declaró que es un aspecto secundario como objetivo de política económica. Si a la vez tenemos en cuenta la relación pesos en circulación frente a dólares en reservas netas del Banco Central, la tendencia ofrece un tipo de cambio de largo plazo superior a $ 20, que es lo que -en definitiva- marca la expectativa del mercado. Quienes hoy especulamos con una devaluación, lo hacemos porque entendemos que es una consecuencia inevitable de la política monetaria del Banco Central, que solo se puede postergar a costa de seguir perdiendo reservas, aun con innumerables cepos que la economía ya no puede soportar.

7. El tipo de cambio que importa es el real, no el nominal.

En este aspecto, preocupa además la comparación que hace el ministro de Economía con Brasil. Mientras Argentina pasó el tipo de cambio oficial de 3 a 9 pesos por dólar, en Brasil pasaron de 4 reales por dólar -cuando asume Lula da Silva- a 3,30 reales por dólar hoy, comparación que ilustró para identificar su problemática apreciación cambiaria. Habría que señalarle al ministro de Economía, sin embargo, que la evolución del tipo de cambio nominal no representa nada, y menos aun en un país como Argentina, donde la inflación ha tenido valores elevados. Reconocer esta situación lo llevaría a comprender que la misma apreciación cambiaria que criticó en Brasil es la que sufre hoy la economía argentina, y no como consecuencia del desarrollo productivo, sino como consecuencia de la política económica elegida.

8. La “fatal arrogancia” de creer que se puede controlar todo el mercado.

El ministro de Economía señaló que es natural que los importadores soliciten un dólar más barato, mientras los exportadores pretenden un dólar más caro. Ofreció el ejemplo de un industrial que resultó librecambista para el insumo, pero proteccionista para el producto. A partir de allí justificó el proteccionismo, los cepos y una política económica selectiva, dirigida y coordinada por él y su equipo. Esto atrasa el debate de política económica, por lo menos, hasta 1810, cuando Manuel Belgrano enfrentó los intereses creados de todos aquellos que se veían favorecidos por la política económica de la colonia. También cae el ministro de Economía en la fatal arrogancia de creer que realmente puede controlar todas las operaciones del mercado. El ministro de Economía no parece saber distinguir entre empresarios y pseudoempresarios, o entre industriales y pseudoindustriales. El objetivo de la política económica debería estar basado en la igualdad ante la ley, lejos del clientelismo político y tendría que dar lugar -de una buena vez- a los empresarios en serio, sean chicos o grandes.

Cierro con las sabias palabras de Frédéric Bastiat (1850): “Yo, lo confieso, soy de los que piensan que la capacidad de elección y el impulso deben venir de abajo, no de arriba, y de los ciudadanos, no del legislador. La doctrina contraria me parece que conduce al aniquilamiento de la libertad y de la dignidad humanas.”