1. Sobreempleo público

En la última década se multiplicó excesivamente el empleo público. A nivel nacional el personal aumentó un 61%, desde 241.400 en 2003 hasta 389.830 en 2015; a nivel provincial, el incremento fue del 72%, desde 1,7 a 3 millones de personas en el mismo período; a nivel municipal, la suba fue del 110%, pasando de 379 mil en 2003 a 796.300 en 2015. En total, en el período bajo estudio, el incremento fue del 77%, pasando de 2,3 a 4,2 millones de empleados públicos.

En América Latina, la relación empleo público-población económicamente activa apenas supera el 10 por ciento. En Argentina estamos cerca de alcanzar el 20 por ciento. Duplicar esta relación por supuesto tiene un costo fiscal importante. Debemos interpretarlo como una mochila excesivamente pesada sobre las empresas privadas y una traba fundamental para la creación de empleo.

Este es quizás el elemento central de la herencia, por las dificultades institucionales para revertir el proceso, por los derechos adquiridos y por sumergir al país en un problema que ya era estructural, pero que ahora se agrava fuertemente.

2. Excesivo gasto público

Como consecuencia de lo anterior, no sorprenderemos al lector al señalar que el gasto público primario a nivel nacional se incrementó de menos del 15% en 2003 al 36,7% en 2015. Si analizamos el gasto público consolidado en los tres niveles de Gobierno, entonces el salto se observa desde el 26,2% en 2003 hasta superar el 50% en 2015.

La suba del gasto público no incluye sólo el sobreempleo público. Incluye decenas de planes, algunos más importantes que otros, pero que, más allá de la reflexión que cada uno amerite, en su conjunto llevan al Estado a una situación fiscal imposible de financiar en el largo plazo.

3. Presión tributaria récord

La voracidad fiscal de estos últimos diez años incrementó la presión tributaria desde el 24,33% hasta el 45,5% del PIB. A nivel nacional, se observa un salto desde el 19,21% del PIB en 2003 hasta el 39% en 2015. A nivel provincial, el salto, en el mismo período, fue desde 3,82% hasta 5,60% del PIB. A nivel municipal, de 1,3% a 1,75% del PIB. En síntesis, un argentino medio trabaja prácticamente seis meses del año para solventar el gasto público en los tres niveles.

Resulta paradójico que se argumente que el Estado crea empleo porque el privado no lo hace, pero se le impide al sector privado hacerlo, con esta carga tributaria sin precedentes en nuestro continente, o en la historia económica argentina.

4. Enorme déficit fiscal

Ante este escenario de asfixiante presión tributaria, sorprende que todavía exista déficit fiscal. Pero así es. Si incluimos los intereses, el 2015 cerró con un 5,8% de déficit fiscal sobre el PIB. Si quitamos la deuda interna con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) o del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), entonces el déficit fiscal es del 7,66 por ciento. Son prácticamente trescientos mil millones de pesos. Este nivel de déficit supera aquel con el que explotó la convertibilidad, que dejó al país al borde de la cornisa. Si hoy este nivel de déficit es “manejable”, es porque se accedió a deuda interna y porque la ausencia de convertibilidad permite monetizar el déficit fiscal.

5. Anses descapitalizado

Anses es una institución que, por supuesto, tiene una finalidad muy distante de aquella de financiar los proyectos de gasto público como Procrear o Fútbol para Todos. Luego de estatizar las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), Anses recuperó entre 30 mil y 40 mil millones de dólares, cuyo destino debió estar en inversiones diversificadas que permitieran cubrir de la mejor manera posible las pensiones a pagarse en el futuro, a medida que los trabajadores de la población económicamente activa se pasen al retiro. Lejos de ello, utilizar Anses para financiar el gasto público generó un vaciamiento de la institución, lo que descapitalizó las cajas de retiro y provocó una deuda interna compleja que deberá ser tratada en el futuro. Este problema está lejos de abordarse en estos cuatro años, pero será una temática a tratar en un futuro que hoy parece muy lejano.

6. Alta inflación

La sumatoria de la enorme presión tributaria y la deuda con Anses o PAMI tampoco alcanzan para cubrir el gasto público. El Gobierno necesita además monetizar el resto del déficit fiscal, con su lógico efecto inflacionario. La expansión de la base monetaria durante cada mes de 2015 superó el 30% respecto de igual mes del año anterior, pero en diciembre el alza fue del 42,4 por ciento. La suba se puede interpretar de distintas maneras, a saber, dar un impulso a la actividad económica que no despegaba o financiar un mayor nivel de gasto público como consecuencia de los gastos de campaña por la elección que llevó a Mauricio Macri a la Presidencia.

La tasa de inflación que había disminuido gracias a la contracción monetaria provocada por Fábregas volvió a aumentar una vez que se revirtió tal política. La elevada tasa de inflación actual se puede comprender como consecuencia del reacomodamiento de precios tras las reformas que el nuevo Gobierno viene aplicando, pero también se alimentó de la expansión monetaria de 2015, cuyo efecto llega con rezago en este 2016.

7. Controles de precios, subsidios y tarifas atrasadas

El Gobierno anterior luchaba contra la inflación de la peor manera que podía hacerlo. Controlando precios, persiguiendo empresarios, multiplicando subsidios y con tarifas atrasadas en los servicios públicos o en el transporte. El costo político de levantar estos controles recayó sobre el nuevo Gobierno, con un reacomodamiento difícil, especialmente en un contexto recesivo, o al menos de estancamiento económico.

8. Cepo cambiario

Entre esos controles de precios, quizás el más dañino fue el cepo cambiario, que provocó una fuga de capitales que redujo las reservas del Banco Central desde poco más de 50 mil a menos de 30 mil millones de dólares, con las conocidas discusiones aún abiertas acerca de su composición, que ponen dudas sobre la solvencia del Banco Central.

Numerosos analistas aseguraban en 2015 que las reservas netas eran cercanas a cero, una vez que se devolvían los dólares a los depositantes, o incluso se quitaban préstamos chinos en yuanes y otras deudas o asistencias de último momento que permitieron sostener la debilitada moneda nacional.

El cepo cambiario además impedía relaciones comerciales normales con el mundo, tanto en la exportación como en la importación, lo que estancaba a las economías regionales y paralizaba al sector industrial.

9. Aislamiento y déficit en infraestructura

El cepo cambiario fue asociado a una política de aislamiento que también golpeó la cuenta capital. La falta de inversión extranjera directa hizo que se perdieran, según un estudio de Libertad y Progreso, unos 32 mil millones de dólares durante el Gobierno de Néstor Kirchner, 60 mil millones de dólares durante el primer Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y 63.500 millones de dólares durante el segundo. Esta pérdida de inversiones tiene como consecuencia lógica una infraestructura débil para acompañar el desarrollo de la economía argentina.

A su vez, las tarifas atrasadas en los servicios públicos impidieron a los concesionarios invertir lo suficiente para garantizar servicios de calidad, lo que comprometió la capacidad productiva de la Argentina, que, antes de volver a crecer, necesitará desarrollar inversiones en todos estos sectores para evitar cuellos de botella.

10. Estancamiento económico o recesión

Todo lo dicho no puede tener otra consecuencia que un profundo estancamiento económico que comenzó en 2011, pero que ya se extendió hasta 2015 y que repercute también en una parálisis del consumo y la inversión. En definitiva, lo dicho ha resultado clave en el triunfo de Macri en la última elección, si consideramos que la gente siempre vota con el bolsillo. Este estancamiento promete extenderse también en este 2016, o incluso profundizar la crisis, una vez que se reconoce la inflación reprimida y se sincera el tipo de cambio. De hecho, la devaluación de los primeros meses de 2016 redujo el ingreso per cápita en dólares desde 14.747 a 8.920 dólares. No sorprende entonces que la presión sindical vaya creciendo con el correr de los meses.

En la entrevista arremetió una vez más contra los economistas ortodoxos, defendió la política de desendeudamiento, de reindustrialización y de inclusión social, enfatizó el fuerte crecimiento económico que el país experimentó desde 2003, recordó la recuperación de YPF y Aerolíneas Argentinas. Se apoyó sobre ciertos economistas como Miguel Ángel Broda, Orlando Ferreres y Carlos Melconian para señalar que la economía está bien, creciendo un 1 %, que la inflación se desaceleró de un 40 % a un 25 % -sin recetas ortodoxas-, que las reservas están estables, que no hay problemas con los vencimientos de deuda, lo que deja una buena herencia para el próximo Gobierno, garantizando continuidad del modelo luego de 2015.

Cuando se le cuestionó el bajo crecimiento, el ministro de Economía explicó el complejo contexto internacional que nos acompaña, con caída en los precios de los commodities, con las locomotoras de China y Estados Unidos bajo ciertas dificultades y con Brasil en recesión.

Es precisamente ese contexto el que lo obligó a decidir aplicar una política contracíclica desde principios de 2014 para estimular el consumo interno mediante planes y programas, apoyado en un supuesto consenso de los economistas en las recetas keynesianas que se presentan en todos los manuales de macroeconomía y política económica.

Dejando de lado los discutibles números del ministro de Economía -que él mismo se ocupó de criticar antes de asumir funciones oficiales-, presentaré a continuación mis problemas con su administración de la política económica, que se pueden resumir en ocho puntos fundamentales.

1. No hubo crecimiento, sino recuperación.

El ministro de Economía enfatiza que la economía argentina duplicó el PIB en dólares desde 2003 a la fecha. Este puede ser un dato cierto, pero sesgado. La Argentina no logró en este período expandir su capacidad productiva, sino tan solo recuperar la actividad económica de la devaluación de 2001. En términos económicos, la receta de “impulsar la demanda para crecer” puede tener resultado visibles mientras hay capacidad ociosa, pero una vez que la economía se acerca al pleno empleo, el crecimiento económico solo puede ser generado a través de un proceso de ahorro e inversión. Tomando en cuenta que el propio ministro solo administró la política económica de este último Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el rumbo debió cambiar desde el consumo a la inversión, y sin embargo, se sostuvo en una dirección -con un diagnóstico equivocado-, manteniendo el relato de 2001, cuando la realidad que le tocó enfrentar ya era diferente.

2. La recuperación está basada en un enorme gasto público que empuja la demanda y crea empleo público, el que no se puede sostener en el tiempo.

El tamaño del Estado, medido como gasto público sobre PIB, ha alcanzado una proporción que es récord en el continente, y que no puede financiarse ni siquiera con la mayor presión tributaria de nuestra historia, que a la vez es récord en el mundo. Devolver a la Argentina a un nivel de gasto sostenible y reducir la presión tributaria a niveles normales solo puede dejar un alto desempleo y una nueva recesión que pone en duda el éxito del modelo. La Argentina se encuentra en el dilema de sostener la burbuja del gasto público, pero sin crecimiento económico, o equilibrar las finanzas públicas pero a costa de un alto desempleo estructural cuya solución fue solo temporal. Si en lugar de crear estas proporciones de empleo público, la economía argentina hubiera alentado realmente la inversión privada, entonces el aprovechamiento de esta década dorada para la región habría sido de largo plazo y el problema de desempleo estructural habría empezado a recibir una solución más genuina.

3. Comete los mismos errores del menemismo, multiplicando el déficit.

El ministro de Economía no pierde oportunidad para identificar las comparaciones entre el kirchnerismo y el menemismo, pero esto constituye una falsa dicotomía. Ambos modelos surgen del mismo partido político, pero lo más importante es que ambos han cometido el mismo error fundamental, que -como bien explicó- nos obsesiona a los economistas ortodoxos. Nos referimos al déficit fiscal. El ministro de Economía reconoció en la entrevista un déficit fiscal financiero de 3,7 % del PIB para 2014, el que dijo ser más bajo que el de Estados Unidos (4,2 %), Brasil (5,2 %) y el promedio de la región (4,9 %). Sin embargo, y sin entrar a cuestionar “sus” números, no es menor que la Argentina mantenga este déficit después de la enorme carga tributaria que señalamos con anterioridad, además de que los analistas pronostican que el déficit para este 2015 estará entre un 6 % a un 8 % del PIB. Este nivel de déficit aun está algo lejos de aquel que condujo a la economía argentina al Rodrigazo (12,1 %) y el fin de la tablita de José Martínez de Hoz (11,3 %), pero se acerca a aquel que condujo a la hiperinflación de 1988-89 (8,5 %) y al fin de la convertibilidad (7 %).

4. La política del desendeudamiento es un mito, si consideramos la deuda interna con el Banco Central y Anses.

El ministro de Economía muestra como un logro del oficialismo el bajo nivel de deuda externa sobre el PIB. Es un dato que debemos reconocer. Sin embargo, este resultado no se generó por medio de una política conservadora, sino por haber financiado el mencionado déficit fiscal con otras alternativas, como ser la emisión monetaria del Banco Central y los recursos de Anses. Lo dicho ha generado un Banco Central en quiebra bajo cualquier estándar contable, además de la mayor inflación del continente -después de Venezuela-, y de hipotecar el futuro de la población activa, gastando incluso los 30.000 millones de dólares que estaban en manos de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) al momento de la nacionalización. Resulta curioso que parte de los logros del kirchnerismo son herencia directa del menemismo, pues se han gastado los recursos ahorrados en la década anterior y se ha apoyado el “crecimiento” de esta década en la infraestructura que expandió el Gobierno anterior.

5. La inflación no es necesaria.

El ministro de Economía lanzó una inflación estimada del 18 %, pero al margen de este número discutible, enfatizó que la oposición redujo sus estimaciones de 40 % a 25 %. Es cierto que la inflación se desacelera en este último año, sin embargo, surgen dos cuestiones para señalar. Por un lado, que la desaceleración de la inflación va acompañada de una desaceleración de la actividad económica, mostrando en este último Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner un preocupante estancamiento económico, con pérdida de empleo. Por otro lado, el ministro de Economía parece estar convencido de que la inflación -a estos niveles- es necesaria, lo que obliga a los argentinos a convivir con una moneda enferma, que afecta y reduce el potencial de crecimiento de los próximos años.

6. La devaluación es una consecuencia inevitable por la enorme expansión de la circulación y el bajo nivel de reservas.

Con estos niveles de inflación que el ministro de Economía reconoce, la dolarización espontánea es una consecuencia obvia. Pretender que la gente acepte la pesificación porque existe “estabilidad en la política económica”, que genera a su vez una “inflación estable” superior al 20 %, es confundir causalidad. Si realmente deseamos la pesificación, debemos empezar por la estabilidad monetaria, que el Ministro de Economía declaró que es un aspecto secundario como objetivo de política económica. Si a la vez tenemos en cuenta la relación pesos en circulación frente a dólares en reservas netas del Banco Central, la tendencia ofrece un tipo de cambio de largo plazo superior a $ 20, que es lo que -en definitiva- marca la expectativa del mercado. Quienes hoy especulamos con una devaluación, lo hacemos porque entendemos que es una consecuencia inevitable de la política monetaria del Banco Central, que solo se puede postergar a costa de seguir perdiendo reservas, aun con innumerables cepos que la economía ya no puede soportar.

7. El tipo de cambio que importa es el real, no el nominal.

En este aspecto, preocupa además la comparación que hace el ministro de Economía con Brasil. Mientras Argentina pasó el tipo de cambio oficial de 3 a 9 pesos por dólar, en Brasil pasaron de 4 reales por dólar -cuando asume Lula da Silva- a 3,30 reales por dólar hoy, comparación que ilustró para identificar su problemática apreciación cambiaria. Habría que señalarle al ministro de Economía, sin embargo, que la evolución del tipo de cambio nominal no representa nada, y menos aun en un país como Argentina, donde la inflación ha tenido valores elevados. Reconocer esta situación lo llevaría a comprender que la misma apreciación cambiaria que criticó en Brasil es la que sufre hoy la economía argentina, y no como consecuencia del desarrollo productivo, sino como consecuencia de la política económica elegida.

8. La “fatal arrogancia” de creer que se puede controlar todo el mercado.

El ministro de Economía señaló que es natural que los importadores soliciten un dólar más barato, mientras los exportadores pretenden un dólar más caro. Ofreció el ejemplo de un industrial que resultó librecambista para el insumo, pero proteccionista para el producto. A partir de allí justificó el proteccionismo, los cepos y una política económica selectiva, dirigida y coordinada por él y su equipo. Esto atrasa el debate de política económica, por lo menos, hasta 1810, cuando Manuel Belgrano enfrentó los intereses creados de todos aquellos que se veían favorecidos por la política económica de la colonia. También cae el ministro de Economía en la fatal arrogancia de creer que realmente puede controlar todas las operaciones del mercado. El ministro de Economía no parece saber distinguir entre empresarios y pseudoempresarios, o entre industriales y pseudoindustriales. El objetivo de la política económica debería estar basado en la igualdad ante la ley, lejos del clientelismo político y tendría que dar lugar -de una buena vez- a los empresarios en serio, sean chicos o grandes.

Cierro con las sabias palabras de Frédéric Bastiat (1850): “Yo, lo confieso, soy de los que piensan que la capacidad de elección y el impulso deben venir de abajo, no de arriba, y de los ciudadanos, no del legislador. La doctrina contraria me parece que conduce al aniquilamiento de la libertad y de la dignidad humanas.”

En esta oportunidad me propongo explicar el error fundamental que los equipos económicos de ambos cometen al ignorar el necesario ajuste, propio de un error de diagnóstico que puede costar caro a un eventual próximo gobierno de cualquiera de los dos candidatos.

No está de más aclarar que los economistas trabajamos como los médicos: hacemos un diagnóstico de una situación dada a través de ciertos indicadores (actividad económica, empleo, presupuesto de ingresos y gastos, índice de precios, balanza de pagos, balance del Banco Central, índices de confianza, etc.) y planteamos una solución que puede contener efectos indeseados, lo que no significa que ignoremos esos efectos o los deseemos.

Los equipos económicos de Scioli y Macri no advierten correctamente la magnitud de los problemas que enfrentarán. Parten de un diagnóstico erróneo que no sería problemático si solo fuera parte de la campaña política en la que compiten, pero sí lo será si realmente creen que el escenario macroeconómico de 2016 solo requiere de ciertos retoques al modelo.

Macri, por ejemplo, reconoce cierto desequilibrio fiscal -mayor quizás del que reconoce Scioli-, pero su propuesta de corrección es insuficiente para sortear el problema central que la economía heredará tras 12 años de kirchnerismo. Es acertado, creo yo, apostar a la eliminación de los diversos cepos, pero es extremadamente optimista creer que la confianza en la inversión consecuente generará niveles de recaudación suficientes para eliminar la brecha que existe entre ingresos y gastos.

El problema es de causalidad. Si la inflación no vuelve a un dígito, la inversión privada no emergerá; si la inversión privada no emerge, la recaudación seguirá estancada y la brecha entre ingresos y gastos seguirá estando en el orden del 6 % al 8 % del PIB. Lo que debemos plantearnos es una política que permita equilibrar las cuentas públicas, que permitirán luego generar confianza y un retorno de la inversión.

Es allí donde aparece el arreglo con los holdouts. Se estima que un rápido acuerdo -que de hecho podría alcanzarse en menos de un mes de conversaciones- también ayudará a generar confianza y podremos volver a acceder a tomar deuda pública externa. Como el nivel de deuda heredado es bajo, incluso es probable que se pueda tomar deuda a tasas convenientes. Sin embargo, la pretensión de corregir, o más bien financiar la brecha fiscal por la vía del endeudamiento externo, ya ha dado pésimos resultados en la década de 1990 y volverá a dar el mismo resultado en la actualidad.

Argentina hoy financia la brecha con emisión de moneda (deuda con el Banco Central de la República Argentina) y también con deuda interna (deuda con Anses). Si se reemplazan estas fuentes de financiamiento con deuda externa, el problema cambiará -se reducirá la inflación y también se dará mayor independencia a la administración de fondos de la Anses-, pero en el fondo el problema persistirá.

La Argentina presenta hoy un nivel de gasto público consolidado (nación más provincias), en relación con el PIB, que es el más elevado del continente americano, y encabeza el podio de los tres países con mayor gasto en el mundo. En estos 12 años es cierto que se ha generado empleo para recuperar la economía de la crisis de 2001, sin embargo, el principal empleador fue el Estado y hoy contamos con una estructura de empleo público sobredimensionada que será socialmente costoso de revertir.

Scioli, por su parte, reduce los problemas económicos a mínimas correcciones. Su equipo plantea, por ejemplo, una regla fiscal según la cual el gasto público crecerá a una tasa menor que la recaudación. El problema es que con una economía estancada, los ingresos fiscales no crecerán en términos reales. La estrategia entonces queda reducida a continuar por el mismo camino que hoy plantea el ministro de Economía Axel Kicillof, en el que la recaudación fiscal crece al ritmo de la inflación, pero los gastos no, lo que en definitiva es un ajuste basado en la ilusión monetaria de los argentinos, que no perciben correctamente que sus ingresos reales caen día tras día. Este proceso puede continuar por varios años, incluso por todo un mandato, pero difícilmente la actividad económica se recupere con una inflación de dos dígitos que de a poco avanza sobre los salarios reales de los trabajadores. Por el contrario, la estrategia genera una dinámica compleja donde los sindicatos sistemáticamente pelearán por sostener los salarios reales, y los empresarios piensan más en las luchas internas que en los negocios.

Lo mismo ocurre con los subsidios a numerosos servicios públicos. Si los subsidios se mantienen, el problema persiste. Macri -entiendo, por una cuestión electoral- promete mantener planes sociales y subsidios, y enfatiza su propuesta de eliminación de trabas, cepos y controles, augurando que esto permitirá generar una recuperación de la confianza. Esto es acertado. Pero los números no cierran. Si se eliminan retenciones y Registro de Operaciones de Exportación (ROE), la recaudación fiscal se reducirá y la brecha será mayor. La mayor confianza y consecuente inversión puede ayudar a paliar la caída en la actividad económica, e incluso generar una mayor recaudación, pero constituye un error fundamental sostener que la brecha fiscal se eliminará por esa vía.

Ningún politólogo recomendará a los candidatos hablar de ajuste. Pero debemos ser claros. El ajuste empezó hace dos años, avanzó primero en el sector privado (por la vía de los despidos y las quiebras), y hoy avanza en el sector público (por la vía de la inflación). Lo que queda es explicitar el diagnóstico y el escenario que el votante tiene ante sus ojos, y ser muy claros en las políticas que pueden remediarlo. De otro modo, cualquiera sea el que gane las elecciones estará mintiéndole desde el primer día a quienes confiaron en ellos.

En primer lugar, tenemos el déficit fiscal, donde la presión tributaria más alta de la historia argentina no alcanza a cubrir el total del gasto público. El gobierno ha decidido ignorar esta situación sumando a los ingresos tributarios el dinero que toma de ANSES como si fueran impuestos. Esta política, sin embargo, le deja al Estado una deuda pública que deberá atenderse con impuestos de generaciones futuras.

En segundo lugar, aparece el desequilibrio monetario, que es una derivación del déficit fiscal anterior. Como la recaudación tributaria más la deuda de ANSES aun no alcanza a cubrir el déficit fiscal, se monetiza la diferencia, lo que quiere decir que se impone un impuesto inflacionario, regresivo y creciente a la población. Las estimaciones no oficiales ya estiman una inflación del 39 % para 2014, aspecto que se cubre con la manta del INDEC, que si bien ha sido corregido, aun está lejos de ofrecer estadísticas confiables.

En tercer lugar, tenemos el déficit cambiario, con una limitada oferta de dólares que no puede atender la creciente demanda de la divisa norteamericana. La respuesta del gobierno ha sido la aplicación de todo tipo de restricciones para la compra de divisas. Primero jurídicas, con penas a quienes compran y venden divisas por fuera del sistema “oficial”, y luego morales, como si estos compradores interesados en mantener el poder adquisitivo de sus ahorros fueran delincuentes, ajenos al “modelo de inclusión”. El desdoblamiento cambiario muestra entonces un dólar oficial en $ 8.20,y un cambio paralelo en torno a los $ 12, aunque una potencial disparada del paralelo está siempre latente. Esta disparada se justificaría en la relación circulante/reservas “netas” que mantiene el BCRA, que se mantiene por encima de los $ 20 por dólar.

Por supuesto que hay otros desequilibrios, como los crecientes niveles de pobreza, las mayores dificultades para encontrar empleo y la recesión. En el primer caso, se observa en la Argentina de estos últimos años crecientes niveles de pobreza asociados a la inflación, que encarece el costo de la canasta básica. El gobierno no sólo niega la realidad sub-estimando la inflación, sino que ahora ha decidido abandonar las mediciones oficiales. La Universidad Católica Argentina (UCA) ha generado mediciones privadas que ubican la pobreza en torno al 30 % de la población.

El desempleo real también es más elevado y creciente de lo que oficialmente se reconoce, pero esto se desmiente tomando a los desempleados que reciben planes sociales como “ocupados”, lo que vuelve ridículas las tasas de empleo y desempleo que se comunican a la sociedad.

Varios indicadores están mostrando una recesión en Argentina que es ajena para los países vecinos, dado el contexto internacional favorable no sólo en relación al precio de los commodities -como la soja- sino también a las política de enorme liquidez que inyectan los bancos centrales generadores de divisas. Un síntoma de este problema se observa en la baja facturación de la industria automotriz. ¿Cómo se resuelve el problema? Con un plan Pro-Cre-Auto, que establece que establece rebajas en los precios de los vehículos y créditos blandos para adquirirlos.

Desde luego que la industria automotriz es sólo una industria específica en problemas, y que la mayor venta de autos no resolverá la recesión. En lugar de revisar el modelo que nos conduce a una recesión general de la economía, se vuelve a romper el termómetro para negar la realidad. Mientras no se atiendan los problemas de fondo y se siga rompiendo el termómetro, los problemas no sólo no se resuelven, sino que se acumulan.

Recordemos que el “crecimiento económico” del período 2003-2008 no fue crecimiento sino recuperación de una economía que sufrió en 2002 las consecuencias de un modelo “deficitario” similar a éste. Da la impresión que la “década ganada” es en realidad otra “década perdida”.

Bastiat trató de manera magistral la falacia de la ventana rota. La historia cuenta que un niño arrojó una piedra a la vidriera de una panadería y escapó. Mientras el panadero lamentaba el hecho, los vecinos reflexionaban sobre el caso. “No es tan malo. Ahora el panadero deberá contratar a un vidriero para arreglarlo, quien a su vez tendrá mayores ingresos que podrá gastar en otras compras, abriendo con esto una cadena de pagos que genera un incremento de la actividad económica.”

El panadero escucha la reflexión y la cuestiona. “!Se volvieron locos! Aun si ignoran el perjuicio que produjo en mí, deben entender que esto no incrementa ninguna actividad económica. Este dinero que ahora debo utilizar para reponer la ventana, lo iba a utilizar para comprarme un traje. Ahora el sastre no recibirá ese dinero, ni podrá él gastar ese dinero en otra cadena de pagos. Deben comprender que no sólo esto no crea riqueza, sino que se desvía la riqueza en un sentido opuesto al que me gustaría. Pero además, deben comprender que la riqueza se reduce. Si esto no hubiera pasado, tendríamos esa ventana más el traje. Ahora sólo tendremos la ventana.”

“Es cierto”, dijeron sus vecinos.

La falacia de la ventana rota fue clave en la historia del pensamiento económico para que los economistas evaluemos el gasto público. Aunque su lección no fue aprendida por todos. Ahí tenemos a Paul Krugman, premio Nobel de Economía, insistiendo en que una tercera guerra mundial, o la invasión de extraterrestres, generaría un enorme gasto público en el campo militar que reactivaría la economía norteamericana y con ello la economía global.

El Plan Procrear puede discutirse desde el mismo argumento. Muchos “vecinos” se quedan viendo las “ventajas” del plan, representado en construcciones edilicias en todo el país. ¡Cuántas familias se beneficiaron con el plan! Pero ahí viene el otro lado del análisis. ¿Alguien se preguntó de dónde proviene ese dinero? Digamos que provienen del IVA. En ese caso, hubiéramos podido eliminar parte del impuesto, y los contribuyentes habrían podido incrementar su consumo. Si proviene del impuesto a las ganancias de las empresas, entonces estamos reduciendo la inversión y la creación de empleo. Si proviene de tomar deuda, peor aún, estamos endeudando a generaciones futuras, que no sólo no votaron por estos gobiernos que la toman, sino que además tendrán que pagar por ella en el futuro reduciendo su consumo.

Podemos asumir que proviene de la emisión monetaria, y aun así, la inflación es un impuesto no legislado que afecta especialmente a los menos pudientes, además de castigar el ahorro, que es la base del progreso. ¿Y si proviene del dinero de ANSES? La respuesta es la misma. La población activa que hoy aporta para su futuro, encontrará reducido el monto ahorrado, lo cual garantiza jubilaciones y pensiones precarias en su vejez. El hecho de que los beneficiados devuelvan en cuotas los créditos recibidos, y que lo hagan a una tasa de interés más baja que la de mercado, no cambia el análisis conceptual. La diferencia entre esas tasas de interés ventajosas, y la tasa de interés de mercado, es el dinero que se está extrayendo de estos contribuyentes perjudicados.

Bastiat lo decía claramente. Los buenos economistas no sólo ven lo que se ve (en este caso, las casas o ampliaciones de casas construidas), sino también lo que no se ve (en ese caso, lo que el contribuyente podría haber hecho con todo ese dinero). Recordemos que siempre hay alguien que “paga” de su propio bolsillo los excesos de este gobierno.

“Nosotros comenzamos a estudiar estos problemas cuando todos nuestros viejos estaban abandonados. No quisimos hacer un sistema previsional estatal porque yo conocía y he visto ya en muchas partes que estos servicios no suelen ser ni eficientes ni seguros. Dejándolo al Estado libre de una obligación que siempre mal-cumple. Es la experiencia que tengo en todas las partes donde este sistema lo he conocido, que hay en varias partes. Bien señores, ¿qué paso después? En 1956, el Estado acuciado quizás por la necesidad, echó mano a los capitales acumulados por las cajas, es decir, se apropió de eso. Para mí eso es simplemente un robo, porque no era plata del Estado, sino de la gente que había formado esas sociedades y esas organizaciones. Claro que lo descapitalizaron. He visto un decreto secreto por el cual se sacaron 65.000 millones para auxiliar a otros que no tenían nada que ver con las Cajas de Jubilaciones y Pensiones que nosotros habíamos creado. Es decir señores, se las asaltó. Fue un asalto. Entonces naturalmente que después de ese asalto los pobres jubilados comenzaron a sufrir las consecuencias de una inflación que no pudo homologar ningún salario, ni ninguna jubilación. Y llegaron a cobrar en la proporción como poder adquisitivo de la desvalorización de esa moneda. Cuando nosotros dejamos el gobierno en 1955, el dólar estaba en el mercado libre a 14,50 y ahora estos pobres tenían que cobrar a razón de un dólar de 1400 pesos. Entonces era lógico, señores. Cualquiera hubiera sido el arreglo que se hiciera esto no tenía arreglo. Lo que pasa es que se habían desfalcado las cajas. ¡Las habían asaltado! Y las cajas como todas las organizaciones económicas y financieras tienen sus límites. El límite está indicado por su capital. Una vez que le han sacado el capital es inútil que se pretenda buscarle soluciones de otra manera.”

Lo que decía Perón es una muestra de lo que hoy es sabido por todos. El sistema de previsión social “de reparto” que experimentó la Argentina hasta 1994 es el principal responsable de la precariedad con la que han vivido los jubilados y pensionados. La característica central de este sistema es que la contribución de los trabajadores se destina a financiar las prestaciones de los jubilados. Este sistema, que ha quebrado sucesivamente a lo largo de nuestra historia y que podríamos denominarlo como “coactivo”, no ha sido en el pasado, y no es en el presente, ni previsor ni social. Los actuales jubilados reciben sumas de dinero que no guardan relación con las contribuciones que han ido realizando durante su vida activa.

El cambio introducido al sistema en 1994, si bien lo reformó en cierto modo, conservó la naturaleza “coactiva” del sistema, ya que se le negó al trabajador la posibilidad de decidir sobre su patrimonio. Es cierto que se crearon las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), que han tenido como objetivo la administración de las contribuciones de los trabajadores. Sin embargo, estas agencias no compitieron en el mercado libre con otras posibles inversiones previsionales dentro y fuera del país, sino que recibieron compulsivamente una porción fija de los salarios de todos los trabajadores, cobraron comisiones astronómicas en relación con los sistemas vigentes en otros países del mundo y lo más importante: no se les permitió gestionar el cien por cien de los fondos según sus propios criterios, sino de acuerdo a las directrices aprobadas por el Gobierno. En definitiva, fueron más bien gerentes del Estado, que empresas privadas.

Cristina Kirchner envió en su momento un proyecto al Congreso para intentar modificar este sistema. Pero en lugar de girar hacia la dirección correcta, es decir, hacia un sistema privado voluntario, decidió empeorar la situación eliminando las AFJP y volviendo a un sistema de reparto.

En lugar de eliminar la “coacción” que obliga a los trabajadores a elegir o bien por las AFJP locales (aprobadas por el Gobierno) o bien por el sistema de reparto, la propuesta pasó por suprimir las AFJP y, con ellas, el ínfimo espacio con el que contaba el mercado. El proyecto tuvo como objetivo apropiarse de los fondos acumulados en el sistema, esto es, casi treinta mil millones de dólares e impagar la deuda de los últimos catorce años. Al mismo tiempo, los más de nueve millones de trabajadores debieron contribuir de forma obligatoria al sistema de pensiones de reparto público, lo que equivale a una cifra superior a los trescientos millones de dólares mensuales. Recordemos que un año antes de presentar este proyecto de ley, se ofreció la posibilidad a los trabajadores de pasar de las AFJP al sistema público, y sólo entre un 20% y un 30% aceptó el cambio (es decir, entre el 70 y el 80% de los trabajadores permaneció en el sistema de las AFJP). Los argentinos no deseaban regresar a los sistemas de reparto justamente porque conocen sus consecuencias tan bien explicadas por el propio Perón. Ya en 2009, los legisladores de la oposición denunciaron lo que era lógico, que la ANSES estaba manejando los fondos con arbitrariedad, sin informes públicos y sin los controles que se prometieron a la hora de conseguir rápidamente los votos en el Congreso.

¿Cuánto del dinero transferido de las AFJP hoy mantiene ANSES? ¿Que proporción de esos activos son bonos del gobierno (de difícil cobro en el futuro)? Son preguntas simples, que hasta el momento nadie responde. Lo cierto es que ante la crisis fiscal en la que ya está el gobierno, y que lamentablemente se profundizará en los próximos años, los que sufrirán serán precisamente nuestros viejos. Hay quienes dicen que las jubilaciones y las pensiones son algo demasiado importante para dejarlo en manos del mercado. Yo pienso que las jubilaciones y las pensiones son algo demasiado importante para dejarlo en manos del Estado. En una sociedad libre, el Estado no debería imponer ningún sistema de jubilación. En su lugar, tendría que permitir que hubiera tantos como los que establezcan los interesados según sean sus preferencias y sus situaciones económicas.