Daniel Scioli ha intentado en los últimos años alinearse en su discurso con el modelo kirchnerista, aunque al evaluar su gobierno en la provincia de Buenos Aires, o los comentarios y las entrevistas que han ofrecido sus asesores, se puede advertir cierta confrontación con el kirchnerismo puro, que es en definitiva lo que provoca cierta desconfianza aun entre sus propios seguidores.

Sostenemos aquí que la política económica de Scioli estaría en una posición intermedia entre la que representa Axel Kicillof, como continuidad de la política económica actual, frente a los comentarios de sus asesores, y en particular del consultor Miguel Bein y el expresidente del Banco Central Mario Blejer, que es, en definitiva, corregir los desequilibrios y tomar un nuevo rumbo.

El actual ministro de Economía comentó ante los medios, hace unas pocas semanas, que de ganar Scioli seguirán haciendo “más o menos lo mismo”. Básicamente se trata de seguir ocultando los desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios por todos conocidos -y también por el ministro-, pero al mismo tiempo intentar corregirlos sin un ajuste abrupto. En otros términos, permitir un ajuste lento de los excesos fiscales por la vía de la inflación, pero intentando mantener los “logros del modelo”, que se resumen en la continuidad de los planes sociales implementados.

Con Kicillof manejando la economía, en 2016 habría una continuidad en la inflación por varios años más, seguiría la intervención sobre el Indec, Argentina seguiría enfrentada a los holdouts, se mantendría cierta alineación con los gobiernos venezolano, boliviano y ecuatoriano, y la política exterior apuntaría más hacia los BRICS, y China en particular, que hacia Estados Unidos y Europa. Me surge una duda puntual respecto de su voluntad de devaluar poselecciones para resolver parcialmente el atraso cambiario y con ello permitir una leve recuperación de la industria, que ya muestra dos años de caída continua.

El equipo económico de Scioli ha enfatizado en que “no existe una crisis a punto de estallar como algunos quieren convencernos, sino desequilibrios a corregir”, que luego definen precisamente como los desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios. Nuestra lectura de esta propuesta económica sería similar a la que hemos definido para el PRO, aunque presentada de manera más conservadora, o menos crítica del modelo kirchnerista.

Se trata de mantener los logros del modelo y los diversos planes, pero reduciendo o eliminando sus excesos, hoy representados en un déficit fiscal del 6 & al 8 % del PIB, según han descrito varios analistas.

En este caso se ve a una Argentina que rápidamente resolvería la disputa con los holdouts y accedería a los mercados internacionales para tomar deuda, como vía para reducir la monetización de los déficits públicos y el consecuente proceso inflacionario.

En relaciones exteriores, Argentina abandonaría su vinculación con Venezuela, Bolivia y Ecuador, y apuntaría más bien a una integración tanto con los BRICS como con Estados Unidos, Europa y el mundo desarrollado. Los asesores de Scioli han sido muy claros en la necesidad de recuperar confianza como medio para elevar los niveles de inversión privada -necesaria para recuperar el crecimiento- y pública -para mantener la infraestructura.

En este caso, la inflación se iría reduciendo gradualmente. Las razones para ello se dividen en tres propuestas: 1. Al resolver las disputas con los holdouts se accedería a crédito externo; 2. Se aplicaría una regla fiscal según la cual el gasto público aumentaría a una tasa menor que el aumento en la recaudación; 3. Se subirían las tasas de interés.

Dicho en otros términos, habría endeudamiento externo nuevamente -lo que recibirá resistencia del kirchnerismo puro- y al mismo tiempo una caída continua de los salarios reales, especialmente de los trabajadores del sector público -esto ya está ocurriendo también con Kicillof-, lo que garantiza un mayor enfrentamiento con los sindicatos, que lucharán por mantener el nivel real de los ingresos. La suba en las tasas de interés augura dificultades en la actividad económica para los dos primeros años.

El levantamiento del cepo cambiario encabezaría también la agenda, incluyendo una fuerte devaluación para devolver el mercado cambiario a su nivel de equilibrio real. Alcanzado este, se intentará aplicar una regla cambiaria para evitar la sobrevaluación cambiaria -que destruye las actividades de exportación- y también la devaluación -que destruye los salarios.

Cuando se consultó a Axel Kicillof por una posible candidatura a vicepresidente, este respondió que prefería continuar en su posición actual, manejando los hilos de la economía. Ha surgido, sin embargo, la hipótesis de que Scioli habría aceptado a Carlos Zannini como su vicepresidente solo en la medida en que Kicillof se mantenga al margen de su gestión. Scioli tiene su propio equipo económico y si bien se le han definido los nombres de legisladores que lo acompañarán en la lista del Frente para la Victoria, será él mismo quien defina su gabinete.

Mi postura es que Kicillof estará ocupando su banca en el Congreso, pero tendrá reducida incidencia en las decisiones de política económica del posible gobierno de Scioli. Por el lado de Zannini, me parece que nunca un vicepresidente jugó un rol relevante en la política económica argentina.

La importante presencia del kirchnerismo puro en el Congreso garantiza, al mismo tiempo, que los proyectos a presentarse estén, al menos en los dos primeros años, alineados con el mantenimiento de los logros alcanzados, en particular la vigencia de los planes sociales implementados en los últimos 12 años, aunque es inevitable la caída real de esos ingresos como medio para ir ajustando el desequilibrio fiscal a través de la inflación.

Mi hipótesis es que -de ganar Scioli- Bein y Blejer reemplazarán a Kicillof en la conducción económica de la Argentina. Si éste es el caso, las similitudes con la propuesta del Pro es visible. Pero hay diferencias. Macri ofrece, por ejemplo, mayor certeza en el electorado por sus políticas a favor del campo -en sus firmes propuestas por eliminar las retenciones y los ROE- y también mayor certeza en la “eliminación de cepos” y su integración al mundo, con la consecuente generación de confianza para atraer inversión privada. Scioli, mientras tanto, le garantiza al sector público y los beneficiarios de los planes sociales una mayor certeza en su intención de lograr una continuidad de los beneficios del modelo actual. Si bien ambos candidatos han buscado imitarse en los últimos meses -Macri prometiendo mantener los planes sociales, y Scioli buscando generar confianza e inversión- lo cierto es que las propuestas pueden ser incompatibles. Sólo en la medida en que se avance en los ajustes de los tres grandes desequilibrios, la Argentina podrá recuperar la senda del crecimiento. Pero no hay que temer al ajuste, ya que no necesita ser tan prolongado como la crisis de 1998-2002, ni tampoco tan abrupto como la debacle de 2001. La corrección ya ha sido advertida por ambos candidatos como necesaria, pero puede ser muy rápida y poco dolorosa si hay convencimiento en combinar disciplina fiscal, equilibrio monetario y apertura económica.

“Nosotros comenzamos a estudiar estos problemas cuando todos nuestros viejos estaban abandonados. No quisimos hacer un sistema previsional estatal porque yo conocía y he visto ya en muchas partes que estos servicios no suelen ser ni eficientes ni seguros. Dejándolo al Estado libre de una obligación que siempre mal-cumple. Es la experiencia que tengo en todas las partes donde este sistema lo he conocido, que hay en varias partes. Bien señores, ¿qué paso después? En 1956, el Estado acuciado quizás por la necesidad, echó mano a los capitales acumulados por las cajas, es decir, se apropió de eso. Para mí eso es simplemente un robo, porque no era plata del Estado, sino de la gente que había formado esas sociedades y esas organizaciones. Claro que lo descapitalizaron. He visto un decreto secreto por el cual se sacaron 65.000 millones para auxiliar a otros que no tenían nada que ver con las Cajas de Jubilaciones y Pensiones que nosotros habíamos creado. Es decir señores, se las asaltó. Fue un asalto. Entonces naturalmente que después de ese asalto los pobres jubilados comenzaron a sufrir las consecuencias de una inflación que no pudo homologar ningún salario, ni ninguna jubilación. Y llegaron a cobrar en la proporción como poder adquisitivo de la desvalorización de esa moneda. Cuando nosotros dejamos el gobierno en 1955, el dólar estaba en el mercado libre a 14,50 y ahora estos pobres tenían que cobrar a razón de un dólar de 1400 pesos. Entonces era lógico, señores. Cualquiera hubiera sido el arreglo que se hiciera esto no tenía arreglo. Lo que pasa es que se habían desfalcado las cajas. ¡Las habían asaltado! Y las cajas como todas las organizaciones económicas y financieras tienen sus límites. El límite está indicado por su capital. Una vez que le han sacado el capital es inútil que se pretenda buscarle soluciones de otra manera.”

Lo que decía Perón es una muestra de lo que hoy es sabido por todos. El sistema de previsión social “de reparto” que experimentó la Argentina hasta 1994 es el principal responsable de la precariedad con la que han vivido los jubilados y pensionados. La característica central de este sistema es que la contribución de los trabajadores se destina a financiar las prestaciones de los jubilados. Este sistema, que ha quebrado sucesivamente a lo largo de nuestra historia y que podríamos denominarlo como “coactivo”, no ha sido en el pasado, y no es en el presente, ni previsor ni social. Los actuales jubilados reciben sumas de dinero que no guardan relación con las contribuciones que han ido realizando durante su vida activa.

El cambio introducido al sistema en 1994, si bien lo reformó en cierto modo, conservó la naturaleza “coactiva” del sistema, ya que se le negó al trabajador la posibilidad de decidir sobre su patrimonio. Es cierto que se crearon las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), que han tenido como objetivo la administración de las contribuciones de los trabajadores. Sin embargo, estas agencias no compitieron en el mercado libre con otras posibles inversiones previsionales dentro y fuera del país, sino que recibieron compulsivamente una porción fija de los salarios de todos los trabajadores, cobraron comisiones astronómicas en relación con los sistemas vigentes en otros países del mundo y lo más importante: no se les permitió gestionar el cien por cien de los fondos según sus propios criterios, sino de acuerdo a las directrices aprobadas por el Gobierno. En definitiva, fueron más bien gerentes del Estado, que empresas privadas.

Cristina Kirchner envió en su momento un proyecto al Congreso para intentar modificar este sistema. Pero en lugar de girar hacia la dirección correcta, es decir, hacia un sistema privado voluntario, decidió empeorar la situación eliminando las AFJP y volviendo a un sistema de reparto.

En lugar de eliminar la “coacción” que obliga a los trabajadores a elegir o bien por las AFJP locales (aprobadas por el Gobierno) o bien por el sistema de reparto, la propuesta pasó por suprimir las AFJP y, con ellas, el ínfimo espacio con el que contaba el mercado. El proyecto tuvo como objetivo apropiarse de los fondos acumulados en el sistema, esto es, casi treinta mil millones de dólares e impagar la deuda de los últimos catorce años. Al mismo tiempo, los más de nueve millones de trabajadores debieron contribuir de forma obligatoria al sistema de pensiones de reparto público, lo que equivale a una cifra superior a los trescientos millones de dólares mensuales. Recordemos que un año antes de presentar este proyecto de ley, se ofreció la posibilidad a los trabajadores de pasar de las AFJP al sistema público, y sólo entre un 20% y un 30% aceptó el cambio (es decir, entre el 70 y el 80% de los trabajadores permaneció en el sistema de las AFJP). Los argentinos no deseaban regresar a los sistemas de reparto justamente porque conocen sus consecuencias tan bien explicadas por el propio Perón. Ya en 2009, los legisladores de la oposición denunciaron lo que era lógico, que la ANSES estaba manejando los fondos con arbitrariedad, sin informes públicos y sin los controles que se prometieron a la hora de conseguir rápidamente los votos en el Congreso.

¿Cuánto del dinero transferido de las AFJP hoy mantiene ANSES? ¿Que proporción de esos activos son bonos del gobierno (de difícil cobro en el futuro)? Son preguntas simples, que hasta el momento nadie responde. Lo cierto es que ante la crisis fiscal en la que ya está el gobierno, y que lamentablemente se profundizará en los próximos años, los que sufrirán serán precisamente nuestros viejos. Hay quienes dicen que las jubilaciones y las pensiones son algo demasiado importante para dejarlo en manos del mercado. Yo pienso que las jubilaciones y las pensiones son algo demasiado importante para dejarlo en manos del Estado. En una sociedad libre, el Estado no debería imponer ningún sistema de jubilación. En su lugar, tendría que permitir que hubiera tantos como los que establezcan los interesados según sean sus preferencias y sus situaciones económicas.