Para mostrar esta rebaja en el valor del peso entre 2011 y 2015, cabe una mirada a la evolución de las distintas partidas del balance del Banco Central de la República Argentina (BCRA), institución que cuenta con el monopolio de emisión de estos billetes depreciados. El cuadro presentado a continuación es un extracto del resumen estadístico que elabora trimestralmente Nicolás Cachanosky para nuestro blog Punto de Vista Económico.

Nótese, por ejemplo, la evolución del pasivo, que pasó de 0,4 a 1,2 billones de pesos entre 2011 y junio de 2015. El pasivo se triplicó desde que Kicillof incide en la política monetaria del BCRA, lo que se logró con dos políticas concretas:

-          Emitiendo billetes que más que duplicaron la base monetaria (pasó de 223 a 483 mil millones de pesos).

-          Colocando títulos del BCRA en pesos (pasó de 84 a 355 mil millones de pesos).

Una mirada al activo nos puede explicar el destino de estos fondos. Mientras el activo pasó de 0,4 a 1,2 billones de pesos entre 2011 y junio de 2015, las reservas apenas pasaron de 200 a 308 mil millones de pesos. De nuevo, hay dos destinos concretos para la emisión monetaria del BCRA:

-          La compra de títulos públicos (pasó de 127 a 534 mil millones de pesos).

-          Adelantos del BCRA al tesoro del Gobierno nacional (pasó de 67 a 272 mil millones de pesos).

Para ser claros, el Gobierno quebró al BCRA. En 2011 las reservas representaban el 46 % del activo del BCRA; en 2015 esa misma relación cayó a menos del 25 %. La sumatoria de títulos públicos y adelantos del BCRA al Tesoro del Gobierno Nacional representaban en 2011 el 44 % del activo del BCRA, en 2015 estas mismas partidas representan el 63 % del activo.

La situación se agrava, lógicamente, si en lugar de tomar las reservas brutas, se tomaran las reservas netas, es decir, si se descontara aquella porción de esas reservas que no son propiedad del BCRA.

Resulta claro que un desafío difícil de lograr para el próximo Gobierno es el saneamiento del BCRA. Los asesores de ambos candidatos, Mauricio Macri y Daniel Scioli, apuestan a crear un marco de confianza que conduzca a una gran atracción de capitales en el país, pero esta confianza difícilmente ocurra mientras el BCRA presente este estado de situación. Por eso, volvemos al comienzo. “La devaluación del peso está hecha, solo resta sincerarla.”

Y entonces sí, los costos de esta devaluación serán más bajos si se ofrece un plan integral de reformas al Estado, que significan -necesariamente- un cambio de modelo.

En la entrevista arremetió una vez más contra los economistas ortodoxos, defendió la política de desendeudamiento, de reindustrialización y de inclusión social, enfatizó el fuerte crecimiento económico que el país experimentó desde 2003, recordó la recuperación de YPF y Aerolíneas Argentinas. Se apoyó sobre ciertos economistas como Miguel Ángel Broda, Orlando Ferreres y Carlos Melconian para señalar que la economía está bien, creciendo un 1 %, que la inflación se desaceleró de un 40 % a un 25 % -sin recetas ortodoxas-, que las reservas están estables, que no hay problemas con los vencimientos de deuda, lo que deja una buena herencia para el próximo Gobierno, garantizando continuidad del modelo luego de 2015.

Cuando se le cuestionó el bajo crecimiento, el ministro de Economía explicó el complejo contexto internacional que nos acompaña, con caída en los precios de los commodities, con las locomotoras de China y Estados Unidos bajo ciertas dificultades y con Brasil en recesión.

Es precisamente ese contexto el que lo obligó a decidir aplicar una política contracíclica desde principios de 2014 para estimular el consumo interno mediante planes y programas, apoyado en un supuesto consenso de los economistas en las recetas keynesianas que se presentan en todos los manuales de macroeconomía y política económica.

Dejando de lado los discutibles números del ministro de Economía -que él mismo se ocupó de criticar antes de asumir funciones oficiales-, presentaré a continuación mis problemas con su administración de la política económica, que se pueden resumir en ocho puntos fundamentales.

1. No hubo crecimiento, sino recuperación.

El ministro de Economía enfatiza que la economía argentina duplicó el PIB en dólares desde 2003 a la fecha. Este puede ser un dato cierto, pero sesgado. La Argentina no logró en este período expandir su capacidad productiva, sino tan solo recuperar la actividad económica de la devaluación de 2001. En términos económicos, la receta de “impulsar la demanda para crecer” puede tener resultado visibles mientras hay capacidad ociosa, pero una vez que la economía se acerca al pleno empleo, el crecimiento económico solo puede ser generado a través de un proceso de ahorro e inversión. Tomando en cuenta que el propio ministro solo administró la política económica de este último Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el rumbo debió cambiar desde el consumo a la inversión, y sin embargo, se sostuvo en una dirección -con un diagnóstico equivocado-, manteniendo el relato de 2001, cuando la realidad que le tocó enfrentar ya era diferente.

2. La recuperación está basada en un enorme gasto público que empuja la demanda y crea empleo público, el que no se puede sostener en el tiempo.

El tamaño del Estado, medido como gasto público sobre PIB, ha alcanzado una proporción que es récord en el continente, y que no puede financiarse ni siquiera con la mayor presión tributaria de nuestra historia, que a la vez es récord en el mundo. Devolver a la Argentina a un nivel de gasto sostenible y reducir la presión tributaria a niveles normales solo puede dejar un alto desempleo y una nueva recesión que pone en duda el éxito del modelo. La Argentina se encuentra en el dilema de sostener la burbuja del gasto público, pero sin crecimiento económico, o equilibrar las finanzas públicas pero a costa de un alto desempleo estructural cuya solución fue solo temporal. Si en lugar de crear estas proporciones de empleo público, la economía argentina hubiera alentado realmente la inversión privada, entonces el aprovechamiento de esta década dorada para la región habría sido de largo plazo y el problema de desempleo estructural habría empezado a recibir una solución más genuina.

3. Comete los mismos errores del menemismo, multiplicando el déficit.

El ministro de Economía no pierde oportunidad para identificar las comparaciones entre el kirchnerismo y el menemismo, pero esto constituye una falsa dicotomía. Ambos modelos surgen del mismo partido político, pero lo más importante es que ambos han cometido el mismo error fundamental, que -como bien explicó- nos obsesiona a los economistas ortodoxos. Nos referimos al déficit fiscal. El ministro de Economía reconoció en la entrevista un déficit fiscal financiero de 3,7 % del PIB para 2014, el que dijo ser más bajo que el de Estados Unidos (4,2 %), Brasil (5,2 %) y el promedio de la región (4,9 %). Sin embargo, y sin entrar a cuestionar “sus” números, no es menor que la Argentina mantenga este déficit después de la enorme carga tributaria que señalamos con anterioridad, además de que los analistas pronostican que el déficit para este 2015 estará entre un 6 % a un 8 % del PIB. Este nivel de déficit aun está algo lejos de aquel que condujo a la economía argentina al Rodrigazo (12,1 %) y el fin de la tablita de José Martínez de Hoz (11,3 %), pero se acerca a aquel que condujo a la hiperinflación de 1988-89 (8,5 %) y al fin de la convertibilidad (7 %).

4. La política del desendeudamiento es un mito, si consideramos la deuda interna con el Banco Central y Anses.

El ministro de Economía muestra como un logro del oficialismo el bajo nivel de deuda externa sobre el PIB. Es un dato que debemos reconocer. Sin embargo, este resultado no se generó por medio de una política conservadora, sino por haber financiado el mencionado déficit fiscal con otras alternativas, como ser la emisión monetaria del Banco Central y los recursos de Anses. Lo dicho ha generado un Banco Central en quiebra bajo cualquier estándar contable, además de la mayor inflación del continente -después de Venezuela-, y de hipotecar el futuro de la población activa, gastando incluso los 30.000 millones de dólares que estaban en manos de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) al momento de la nacionalización. Resulta curioso que parte de los logros del kirchnerismo son herencia directa del menemismo, pues se han gastado los recursos ahorrados en la década anterior y se ha apoyado el “crecimiento” de esta década en la infraestructura que expandió el Gobierno anterior.

5. La inflación no es necesaria.

El ministro de Economía lanzó una inflación estimada del 18 %, pero al margen de este número discutible, enfatizó que la oposición redujo sus estimaciones de 40 % a 25 %. Es cierto que la inflación se desacelera en este último año, sin embargo, surgen dos cuestiones para señalar. Por un lado, que la desaceleración de la inflación va acompañada de una desaceleración de la actividad económica, mostrando en este último Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner un preocupante estancamiento económico, con pérdida de empleo. Por otro lado, el ministro de Economía parece estar convencido de que la inflación -a estos niveles- es necesaria, lo que obliga a los argentinos a convivir con una moneda enferma, que afecta y reduce el potencial de crecimiento de los próximos años.

6. La devaluación es una consecuencia inevitable por la enorme expansión de la circulación y el bajo nivel de reservas.

Con estos niveles de inflación que el ministro de Economía reconoce, la dolarización espontánea es una consecuencia obvia. Pretender que la gente acepte la pesificación porque existe “estabilidad en la política económica”, que genera a su vez una “inflación estable” superior al 20 %, es confundir causalidad. Si realmente deseamos la pesificación, debemos empezar por la estabilidad monetaria, que el Ministro de Economía declaró que es un aspecto secundario como objetivo de política económica. Si a la vez tenemos en cuenta la relación pesos en circulación frente a dólares en reservas netas del Banco Central, la tendencia ofrece un tipo de cambio de largo plazo superior a $ 20, que es lo que -en definitiva- marca la expectativa del mercado. Quienes hoy especulamos con una devaluación, lo hacemos porque entendemos que es una consecuencia inevitable de la política monetaria del Banco Central, que solo se puede postergar a costa de seguir perdiendo reservas, aun con innumerables cepos que la economía ya no puede soportar.

7. El tipo de cambio que importa es el real, no el nominal.

En este aspecto, preocupa además la comparación que hace el ministro de Economía con Brasil. Mientras Argentina pasó el tipo de cambio oficial de 3 a 9 pesos por dólar, en Brasil pasaron de 4 reales por dólar -cuando asume Lula da Silva- a 3,30 reales por dólar hoy, comparación que ilustró para identificar su problemática apreciación cambiaria. Habría que señalarle al ministro de Economía, sin embargo, que la evolución del tipo de cambio nominal no representa nada, y menos aun en un país como Argentina, donde la inflación ha tenido valores elevados. Reconocer esta situación lo llevaría a comprender que la misma apreciación cambiaria que criticó en Brasil es la que sufre hoy la economía argentina, y no como consecuencia del desarrollo productivo, sino como consecuencia de la política económica elegida.

8. La “fatal arrogancia” de creer que se puede controlar todo el mercado.

El ministro de Economía señaló que es natural que los importadores soliciten un dólar más barato, mientras los exportadores pretenden un dólar más caro. Ofreció el ejemplo de un industrial que resultó librecambista para el insumo, pero proteccionista para el producto. A partir de allí justificó el proteccionismo, los cepos y una política económica selectiva, dirigida y coordinada por él y su equipo. Esto atrasa el debate de política económica, por lo menos, hasta 1810, cuando Manuel Belgrano enfrentó los intereses creados de todos aquellos que se veían favorecidos por la política económica de la colonia. También cae el ministro de Economía en la fatal arrogancia de creer que realmente puede controlar todas las operaciones del mercado. El ministro de Economía no parece saber distinguir entre empresarios y pseudoempresarios, o entre industriales y pseudoindustriales. El objetivo de la política económica debería estar basado en la igualdad ante la ley, lejos del clientelismo político y tendría que dar lugar -de una buena vez- a los empresarios en serio, sean chicos o grandes.

Cierro con las sabias palabras de Frédéric Bastiat (1850): “Yo, lo confieso, soy de los que piensan que la capacidad de elección y el impulso deben venir de abajo, no de arriba, y de los ciudadanos, no del legislador. La doctrina contraria me parece que conduce al aniquilamiento de la libertad y de la dignidad humanas.”

En la Argentina de hoy la crisis que viene será asociada a la burbuja del gasto público, que se fue gestando desde 2003 y especialmente a partir de los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, con sucesivos planes y programas.

Sin ánimo de ser exhaustivo, aunque presentados cronológicamente, recordamos ya en agosto de 2003 el Plan Manos a la Obra de Néstor Kirchner, seguido por la prolongación del Programa Remediar, la creación del Museo de la Memoria, el Plan Federal de Salud, el Plan Nacer Argentina, el Plan Espacial Nacional, el Programa de Becas del Bicentenario, el Programa de Apoyo de Infraestructura Universitaria, el Programa Argentina Trabaja, Fútbol para Todos, la asignación universal por hijo, el Fondo del Bicentenario para pagar la deuda externa, el Programa Conectar Igualdad, el Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario, Pakapaka, Tecnópolis, la recuperación de YPF, Procrear, el Programa Sumar (que fue una ampliación del Programa Nacer) o el Plan Raíces, entre otros.

Tres críticas presentamos los economistas a estos programas.

En primer lugar, que varios de estos programas y planes no se presentan como temporarios -mientras duró la crisis de 2002, con más de un 50 % de pobres y más de un 20 % de desempleados-, sino como continuos, garantizando a mucha gente una serie de ingresos que perdurarán en el tiempo. Esto evita que los beneficiarios tengan incentivos para buscar por sí mismos la generación de ingresos que les permitan abandonar esta dependencia del Estado. Más grave aún ha resultado el caso en que muchas personas rechazan posibilidades de trabajo para no perder un plan del Gobierno.

En segundo lugar, preocupa la sustentabilidad del gasto público total, el que no puede mantenerse aun con la mayor presión tributaria de la historia argentina, requiriéndose ahora de emisión monetaria para cubrir la brecha entre ingresos y gastos, y sometiendo a toda la población a niveles elevados de inflación. Axel Kicillof inició un proceso de ajuste por la vía de la inflación, pero el costo político de su sucesor será elevado, lo que puede implicar problemas de gobernabilidad para quien ocupe el sillón de Rivadavia en 2016.

En tercer lugar, desconocer que mucho de lo que estos programas hacen el mercado podría hacerlo por sí solo y de manera mucho más eficiente. Esto se vincula con el primero de los puntos planteados. Basta observar a nuestros países vecinos, con niveles de desempleo y pobreza radicalmente inferiores a los de Argentina, para comprender el daño que estos planes y programas le hacen a la población. Esto se vincula al debate que la Presidente ha querido abrir en distintos discursos -sobre qué Estado queremos-, pero al que nadie de la oposición atendió. Personalmente, pienso que el objetivo final debería ser que los argentinos tengan trabajo, ingresos propios, y a través de ese ingreso y el acceso a crédito puedan adquirir su casa, su auto o incluso pagar por los bienes y los servicios que deseen consumir, sean estos remedios, computadoras o incluso fútbol. En la medida en que esto se vaya logrando, el Estado debería ir reduciendo su tamaño, desmantelándose muchos de los programas y los planes o también los ministerios y las secretarías que este Gobierno ha creado. Que en esta “década ganada” el proceso haya sido contario a este ideal es una muestra de que hemos tomado el camino inverso al deseado. Que Daniel Scioli esté pensando hoy en crear nuevos ministerios y secretarías también es un camino opuesto al deseado.

Los economistas no exigimos un cambio hacia la anarquía y la desaparición inmediata de todos los planes sociales y programas, y menos aún en las condiciones de la Argentina en 2002 o 2003, sino un llamado de atención a los excesos de gasto que el kirchnerismo ha iniciado y el costo político y social que puede implicar revertir este proceso.

Tal como ocurrió en sucesivas crisis económicas, la Argentina no podrá retornar al crecimiento hasta que desinfle la burbuja del gasto público. Si la fase de desarrollo requiere inversión, como definió recientemente Miguel Bein -el asesor principal de Daniel Scioli-, y como sostiene también el equipo económico de Mauricio Macri, debemos tomar conciencia de que nadie querrá invertir en un país que mantiene un nivel de gasto público en torno al 50 % del PIB, con una inflación que supera -al menos- el 20 %, cuya presión tributaria es récord de todo el continente y que aún mantiene un déficit fiscal del 7 %-8 % del PIB.

En esta oportunidad me propongo explicar el error fundamental que los equipos económicos de ambos cometen al ignorar el necesario ajuste, propio de un error de diagnóstico que puede costar caro a un eventual próximo gobierno de cualquiera de los dos candidatos.

No está de más aclarar que los economistas trabajamos como los médicos: hacemos un diagnóstico de una situación dada a través de ciertos indicadores (actividad económica, empleo, presupuesto de ingresos y gastos, índice de precios, balanza de pagos, balance del Banco Central, índices de confianza, etc.) y planteamos una solución que puede contener efectos indeseados, lo que no significa que ignoremos esos efectos o los deseemos.

Los equipos económicos de Scioli y Macri no advierten correctamente la magnitud de los problemas que enfrentarán. Parten de un diagnóstico erróneo que no sería problemático si solo fuera parte de la campaña política en la que compiten, pero sí lo será si realmente creen que el escenario macroeconómico de 2016 solo requiere de ciertos retoques al modelo.

Macri, por ejemplo, reconoce cierto desequilibrio fiscal -mayor quizás del que reconoce Scioli-, pero su propuesta de corrección es insuficiente para sortear el problema central que la economía heredará tras 12 años de kirchnerismo. Es acertado, creo yo, apostar a la eliminación de los diversos cepos, pero es extremadamente optimista creer que la confianza en la inversión consecuente generará niveles de recaudación suficientes para eliminar la brecha que existe entre ingresos y gastos.

El problema es de causalidad. Si la inflación no vuelve a un dígito, la inversión privada no emergerá; si la inversión privada no emerge, la recaudación seguirá estancada y la brecha entre ingresos y gastos seguirá estando en el orden del 6 % al 8 % del PIB. Lo que debemos plantearnos es una política que permita equilibrar las cuentas públicas, que permitirán luego generar confianza y un retorno de la inversión.

Es allí donde aparece el arreglo con los holdouts. Se estima que un rápido acuerdo -que de hecho podría alcanzarse en menos de un mes de conversaciones- también ayudará a generar confianza y podremos volver a acceder a tomar deuda pública externa. Como el nivel de deuda heredado es bajo, incluso es probable que se pueda tomar deuda a tasas convenientes. Sin embargo, la pretensión de corregir, o más bien financiar la brecha fiscal por la vía del endeudamiento externo, ya ha dado pésimos resultados en la década de 1990 y volverá a dar el mismo resultado en la actualidad.

Argentina hoy financia la brecha con emisión de moneda (deuda con el Banco Central de la República Argentina) y también con deuda interna (deuda con Anses). Si se reemplazan estas fuentes de financiamiento con deuda externa, el problema cambiará -se reducirá la inflación y también se dará mayor independencia a la administración de fondos de la Anses-, pero en el fondo el problema persistirá.

La Argentina presenta hoy un nivel de gasto público consolidado (nación más provincias), en relación con el PIB, que es el más elevado del continente americano, y encabeza el podio de los tres países con mayor gasto en el mundo. En estos 12 años es cierto que se ha generado empleo para recuperar la economía de la crisis de 2001, sin embargo, el principal empleador fue el Estado y hoy contamos con una estructura de empleo público sobredimensionada que será socialmente costoso de revertir.

Scioli, por su parte, reduce los problemas económicos a mínimas correcciones. Su equipo plantea, por ejemplo, una regla fiscal según la cual el gasto público crecerá a una tasa menor que la recaudación. El problema es que con una economía estancada, los ingresos fiscales no crecerán en términos reales. La estrategia entonces queda reducida a continuar por el mismo camino que hoy plantea el ministro de Economía Axel Kicillof, en el que la recaudación fiscal crece al ritmo de la inflación, pero los gastos no, lo que en definitiva es un ajuste basado en la ilusión monetaria de los argentinos, que no perciben correctamente que sus ingresos reales caen día tras día. Este proceso puede continuar por varios años, incluso por todo un mandato, pero difícilmente la actividad económica se recupere con una inflación de dos dígitos que de a poco avanza sobre los salarios reales de los trabajadores. Por el contrario, la estrategia genera una dinámica compleja donde los sindicatos sistemáticamente pelearán por sostener los salarios reales, y los empresarios piensan más en las luchas internas que en los negocios.

Lo mismo ocurre con los subsidios a numerosos servicios públicos. Si los subsidios se mantienen, el problema persiste. Macri -entiendo, por una cuestión electoral- promete mantener planes sociales y subsidios, y enfatiza su propuesta de eliminación de trabas, cepos y controles, augurando que esto permitirá generar una recuperación de la confianza. Esto es acertado. Pero los números no cierran. Si se eliminan retenciones y Registro de Operaciones de Exportación (ROE), la recaudación fiscal se reducirá y la brecha será mayor. La mayor confianza y consecuente inversión puede ayudar a paliar la caída en la actividad económica, e incluso generar una mayor recaudación, pero constituye un error fundamental sostener que la brecha fiscal se eliminará por esa vía.

Ningún politólogo recomendará a los candidatos hablar de ajuste. Pero debemos ser claros. El ajuste empezó hace dos años, avanzó primero en el sector privado (por la vía de los despidos y las quiebras), y hoy avanza en el sector público (por la vía de la inflación). Lo que queda es explicitar el diagnóstico y el escenario que el votante tiene ante sus ojos, y ser muy claros en las políticas que pueden remediarlo. De otro modo, cualquiera sea el que gane las elecciones estará mintiéndole desde el primer día a quienes confiaron en ellos.

Ambos expusieron en La Pampa sus formas de hacer política: Ni Macri se hubiera sentido cómodo ante 3000 personas de La Cámpora en el Club Estudiantes (ubicado en el centro de Santa Rosa), ni la presidente Fernández de Kirchner hubiera aceptado una conferencia de prensa para responder preguntas de los medios no oficialistas.

Antes del discurso de la Presidente por cadena nacional, el actual gobernador de la provincia de La Pampa, Mario Jorge, expuso un emotivo -y quizás exagerado- agradecimiento a la Presidente por el apoyo financiero a varios proyectos en la provincia durante la última década. Apoyó su gestión en todo el país y enfatizó particularmente sus negociaciones por el río Atuel, los avances de industrialización de La Pampa, la diversificación en la producción y el valor agregado en varias industrias, como la porcina y la bovina.

No está de más decir que los pampeanos esperaban más bien un reclamo por el río Atuel y los fallos incumplidos de parte de la provincia de Mendoza. Tampoco está de sobra señalar la indignación de los pampeanos al notar que la industrialización y la diversificación en la producción son solo un párrafo más en el relato oficialista. En estos doce años ha habido muchos ganadores, pero ni la industria, ni la producción bovina y porcina representan precisamente a los sectores beneficiados por el modelo.

A continuación la Presidente ofreció un discurso para “sus soldados” -esas fueron sus palabras- en cadena nacional y en teleconferencia a otras provincias, lo que permitió que se desviara de la olvidada provincia de La Pampa y enfatizara un salpicado de inversiones en diversas zonas geográficas tomadas de manera arbitraria, pero ignorara los 22 meses consecutivos que lleva en caída la industria nacional, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En su discurso hizo hincapié en el federalismo de su gestión, olvidando que nunca los recursos estuvieron tan concentrados en el gobierno nacional como durante sus dos mandatos, lo que se utilizó para tener de rodillas a los gobernadores de todo el país, así como también a los miembros del Congreso, los intendentes y todo el resto de los actores políticos.

Solo al cerrar su discurso la Presidente pareció recordar el motivo de su visita a la provincia: apoyó a Mario Jorge en su decisión de candidatearse a intendente para fortalecer las chances de Bruna como gobernador, y dedicó un párrafo a la importancia de conseguir alternancia en el poder -quizás el único aspecto que comparto en su discurso-, pero pareció olvidar nuevamente su fallido interés en “eternizarse” en el poder nacional, al suceder a su marido, el fallecido Néstor Kirchner.

Mauricio Macri, por el contrario, tuvo un perfil bajo en su visita a La Pampa. Se reunió con vecinos que habían solicitado conversar con él y apenas ofreció una conferencia de prensa en el hotel La Campiña para un puñado de medios locales. Acompañado por Javier Mac Allister, lo primero que tuvo que responder fue al ataque de la Presidente a las formas de la campaña del PRO, quien había enfatizado en que “no se gobierna el país con chamuyo y globito”. Macri sonrió y respondió: “Tiene razón. Por eso vamos a gobernar después del 10 de diciembre.”

Macri señaló que el país necesita un proceso de normalización y se preguntó por qué se sigue mintiendo con la inflación, con los datos de pobreza y en general con las estadísticas del INDEC.

Respondió preguntas abiertas de los medios acerca del rol de la mujer, de las elecciones de Santa Fe, de las inversiones en infraestructura y demás. No hubo sorpresas respecto a lo que la opinión pública ya conoce de este candidato.

Quizás corresponde cerrar esta breve nota con una mención al otro candidato presidencial, Daniel Scioli. Llegó a La Pampa con la delegación que acompañó a la Presidente, pero resulta extraño que solo ofreció silencio.

Restricciones para todos

En ese entonces el dólar oficial cotizaba a $4.24, mientras que el paralelo apenas tomaba distancia hacia los $4.49, según informaban entonces los distintos medios de prensa. Unos pocos meses después, las empresas importadoras empezaron a requerir el visto bueno del Banco Central (BCRA) para hacer giros al exterior, lo que implicó demoras y complicaciones en la importación de productos básicos que se trasladaron muy pronto a las góndolas de los supermercados.

La Resolución General 3333 agravó aún más la situación, restringiendo la compra de divisas para viajar al exterior. La AFIP solicitaba que los interesados pidieran una autorización a la entidad, la que aprobaba o rechazaba las solicitudes al mismo tiempo que fijaba unilateral y arbitrariamente los montos.

El cepo impactó también en el mercado inmobiliario y en el atesoramiento. En el primer caso, debido a que las operaciones se hacían en divisas y los compradores tenían dificultades para obtenerlas. En el segundo caso, porque los ahorristas ya no podían obtener divisas al cambio oficial.

Por un tiempo, los turistas que salían del país disfrutaron de un subsidio, pagando sus gastos en el exterior con tarjeta de crédito y saldándolos en pesos al cambio oficial. Pero este acceso se cerró en agosto de 2013 con un recargo del 15 % primero, el que luego aumentó a un 35 %. Para fines de ese mes, el cambio oficial alcanzaba los $5,70, y el cambio informal o “blue”, los $9,40.

A partir del 20 de noviembre de ese mismo 2013, Axel Kicillof pasó a ser el Ministro de Economía, con un cambio oficial en $6,12, y un cambio paralelo en $9,04. No ha pasado un año aun de su gestión, y la devaluación en el cambio oficial llegó al 40 %, mientras que el paralelo acumuló una suba de más del 60 %, agrandando la brecha entre uno y otro. Recordemos que al abrir el mercado esta mañana el cambio oficial está en $8,55 y el blue en $14,55.

La economía argentina presenta desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios, lo que deja estanflación, con una inflación que diversos analistas privados estiman en torno al 40 % y una recesión que se agrava y multiplica a todos los sectores de la actividad económica.

El cepo es parte del modelo

No debemos esperar el fin del cepo cambiario al menos hasta inicios de 2016, cuando un nuevo gobierno entre en funciones y se proponga un cambio de modelo. El cepo cambiario es parte de este modelo, como lo fue el 1 a 1 en el modelo de la convertibilidad. La única forma de abandonar este cepo cambiario es que el modelo explote por los aires, o bien, que se decida una gradual transición hacia un nuevo modelo. Cuando uno de los pre-candidatos presidenciables dijo que el cepo puede levantarse en 90 días, se refería precisamente a esa transición, la que puede tomar variadas formas.

Cabe recordar mi propia propuesta de convertibilidad a $15 por dólar unos días después de la mencionada asunción de Kicillof, con el único objetivo de sincerar la situación cambiaria. Su aplicación en estos días, posiblemente nos conduzca a una devaluación mayor y más costosa, para fijar una nueva convertibilidad a más de $20 por dólar, valor que surge de dividir el circulante, por las reservas netas del BCRA. Lógicamente, esto debería ir acompañado de equilibrio fiscal -lo que requiere cierto ajuste- e independencia del BCRA para no seguir monetizando los déficits fiscales acumulados. La propuesta resolvería el atraso cambiario, a la vez que se terminaría la inflación.

Volviendo al modelo vigente, y por si quedan dudas, vale la pena señalar que, si se intentara abandonar el cepo cambiario en este momento, sin otros cambios de fondo, los ahorristas se lanzarían inmediatamente sobre los dólares al cambio oficial y la fuga de capitales dejaría al BCRA sin reservas para sostener nuestra ya débil moneda nacional. La inflación se aceleraría rápidamente con claros riesgos de hiperinflación.

Que el cepo explote junto con el modelo antes de las elecciones no parece un escenario probable. Por un lado, los derechos de exportación permiten aun que el gobierno cuente con reservas suficientes para sostener el tipo de cambio oficial, compensando la fuga de capitales. Pero además, sin la cláusula RUFO como obstáculo a partir de enero próximo, el acuerdo con los holdouts parece lógico, y con ello se abrirán fuentes de financiamiento que permitan sostener el golpeado modelo.

Se abriría con el acceso a la deuda pública, entonces, una nueva fase del populismo que no logrará resolver los problemas de fondo de la economía argentina, pero ayudarán a llegar al final de 2015 sin un abandono del modelo.

Un modelo que paradójicamente ya no incluye (sino que multiplica pobres y desempleados), que además requiere de endeudamiento para sostenerse, y que en definitiva parece ser “otro” modelo, diferente de aquel del relato oficial.

Eduardo Duhalde intentó rescatar por ejemplo a su ministro de Economía, Roberto Lavagna, al punto de candidatearlo como una persona de experiencia para resolver la situación actual. Martín Redrado o Martín Lousteau escriben decenas de columnas críticas en las que intentan separarse del actual gobierno, cuando hace unos pocos años acompañaron el proceso. Es cierto, se podrá decir que desde 2007 Cristina Fernández de Kirchner se ocupó personalmente de profundizar ese mismo populismo que “nació” post-convertibilidad, pero cada uno de estos tres economistas tuvo su responsabilidad en la actual situación que sufrimos.

Para empezar, diré que la salida de la convertibilidad fue la peor que se podía haber diseñado. Eduardo Duhalde acusa al gobierno actual de improvisación, cuando él mismo prometió devolver dólares a quienes depositaron dólares, y sólo unos días después pesificó todos los depósitos y fue el responsable de la mayor estafa al pueblo argentino de las últimas décadas. En segundo lugar, hay que ser claros en que esa devaluación, que implicó el abandono de la convertibilidad y que hoy es vista como el comienzo de la “década ganada”, en realidad nos dejó con otra “década perdida”. Es cierto que entre 1998 y 2001 la economía estaba estancada y con alto desempleo, pero la devaluación convirtió esa crisis en una profunda depresión que hizo caer el PIB más del 10 % en 2002, además de destruir el Estado de Derecho.

A partir de 2003, la economía se fue recuperando, pero fue recién en 2008 cuando el PIB real alcanzó el nivel de 1998. Mientras Brasil o Chile emprendieron un proceso de crecimiento desde el techo alcanzado hacia fines de la década de 1990, Argentina tuvo que retroceder primero, para observar cómo en la década más afortunada en un siglo –en lo que refiere al contexto internacional-, tan sólo recuperábamos lo perdido. En pocas palabras, entre 1998 y 2008 Argentina no creció, sino que recuperó el terreno perdido por la desafortunada devaluación.

Recordemos que en 1999 hubo otra opción, que fue la dolarización propuesta por Steve Hanke y Kurt Schuler, claramente ignorada. De haberla implementado en su momento, la Argentina sería la primera economía latinoamericana en presentar un PIB per cápita de niveles europeos.

Volviendo a nuestros tres personajes de hoy, Roberto Lavagna asumió como ministro de Economía del presidente interino Eduardo Duhalde en abril de 2002, ratificado en el puesto por el presidente electo Néstor Kirchner en 2003 y desplazado en 2005 producto de disputas internas. Se destaca en general que lideró la recuperación de la economía argentina, pero durante su gestión inicia también el modelo económico vigente, que llamaremos “populismo”, caracterizado por un incremento acelerado del gasto público (especialmente en el nivel Nación), que se financió especialmente con mayor presión tributaria. Recordemos que con Lavagna como ministro de economía, ésta fue ascendiendo desde un 24 % hasta el 30 % del PIB.

Ser reemplazado por Felisa Miceli claramente no mejoró las cosas, aunque se puede decir que a partir de allí y hasta su muerte, Néstor Kirchner se mantuvo como un virtual ministro de Economía, aun con la llegada de Cristina Kirchner al poder. El nombramiento del joven Martín Lousteau como ministro de Economía en diciembre de 2007 iba en línea con esto mismo. Su margen de decisión era muy acotado, aunque cometió el incomprensible error de intentar aumentar aún más la presión tributaria que entonces estaba en el orden del 36 % del PIB. Todos recordamos su propuesta de incrementar las retenciones a las exportaciones de soja por encima del ya excesivo 35 %, que sólo se detuvo por el voto “no positivo” del vicepresidente. Más peleas internas dentro del gobierno, lo terminaron alejando en abril de 2008, y a partir de entonces se convirtió en un crítico del modelo.

El caso de Martín Redrado es un poco más complejo, ya que fue presidente del Banco Central entre septiembre de 2004 y enero de 2010. Durante su gestión jamás reconoció la inflación real, la que duplicaba y hasta triplicaba la oficial declarada por la institución que él presidía. Desde 2007 y hasta su renuncia la inflación sólo estuvo por debajo del 20 % en 2009, el año de la recesión global, al que la Argentina no pudo escapar. Redrado jamás reclamó la independencia del Banco Central, ni se negó a financiar el exacerbado gasto público del Ejecutivo, sino hasta que el oficialismo decidió apartarlo del gobierno.

En esta selección arbitraria de personajes responsables de la debacle que se viene, toca el turno ahora de Axel Kicillof. Claro, muchos dirán que Redrado y Kicillof piensan diferente y es cierto. Pero recordemos que era Kicillof quien antes de integrar el gobierno criticaba a Redrado por sus políticas inflacionarias en el Banco Central. Una vez dentro del modelo, Kicillof olvidó sus críticas, y al momento no hizo nada por corregir las contradicciones obvias de este modelo populista e inflacionario que él llama de “inclusión social”. La sensación que queda entonces es que no importa qué economistas se suman al modelo. Sin importar lo que piensen o en qué autores creen, una vez dentro del modelo se transforman en parte de él, y apoyan incluso aquello que va en contra de sus principios. Volviendo a esta última década, y con una mirada parcial, se podrá decir que hasta 2007 la economía argentina mostraba un superávit fiscal primario, que la inflación estaba controlada y que no existían los problemas cambiarios actuales, pero mi impresión es que se estaban generando las semillas de aquellos problemas que hoy sufrimos.

Y es que en la primera etapa del populismo, uno siempre observa el éxito del modelo, y especialmente cuando la economía parte de una situación deteriorada de actividad económica y empleo. Entre 2003 y 2007 entonces, el modelo populista muestra recuperación de la actividad económica, del empleo y del salario real. La continuidad del kirchnerismo era entonces obvia. Somos muchos, sin embargo, los que ya en esa etapa exitosa pedíamos cautela, y es que el gasto público empezaba a desbordarse, y las tendencias mostraban que ni el precio creciente de la soja, ni sus crecientes retenciones, podían sostenerlas.

No pasó mucho tiempo, hasta que los economistas que revisamos los datos nos empezamos a dar cuenta que la presión tributaria no cedía en su aumento constante, y al mismo tiempo, empezaba a ser normal la monetización del ahora evidente déficit fiscal primario. La aparición de los desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios caracterizan precisamente a esta segunda etapa del populismo.

Preocupados por una inflación creciente, muchos economistas empezamos a alertar de los problemas en el modelo, pero fuimos ignorados. La tercera etapa del populismo es la actual, cuando estos desequilibrios básicos se extienden y empiezan a ser evidentes para toda la población a través de la mayor suba de precios, falta de ciertos productos, y anuncios desesperados del gobierno para ocultar lo que en realidad sucede.

Si el lector se pregunta por lo que vendrá, entonces debemos hablar de la cuarta etapa, la del “ajuste”, una etapa de la que nadie quiere hablar, pero que es difícil evitar. El “ajuste” viene acompañado de una inflación acelerada, recesión, problemas de empleo, caída en el salario real y aumento de pobreza e indigencia. Los economistas científicos pedimos a quienes niegan la necesidad del ajuste que nos muestren cómo se sostiene este nivel de gasto a lo largo del tiempo, pero no hay respuesta.

Ante esta realidad, la oposición debería presentar propuestas, pero éstas brillan por su ausencia. Muchos economistas identifican los desequilibrios, pero nada dicen de que es lo que se debe hacer. Nuestra propuesta, junto a Nicolás Cachanosky, es otra vez la dolarización, porque se corrigen los tres desequilibrios, se minimizan los efectos del ajuste y se genera una regla para evitar seguir cometiendo los mismos errores. Pero está claro que esta propuesta aislada es insuficiente. Ella debe entenderse sólo como una parte de una propuesta integral que poco a poco iremos presentando para delinear la Argentina del futuro.

Bajo el “constitucionalismo popular” se dice que “cada proyecto nacional requiere de un régimen constitucional que lo exprese, que consolide los derechos conquistados y a la vez proyecte el país en que quiere vivir.” El constitucionalismo popular que hoy se plantea desde agrupaciones y organizaciones políticas, sociales y sindicales, es un paso más para hacer la ley en beneficio propio. Se busca ajustar o amoldar la reforma constitucional a las prácticas del actual gobierno en el modelo económico vigente. De lo que se trata realmente es de legitimar aquello que hoy es inconstitucional: la expropiación de las pensiones, la nacionalización de YPF bajo un procedimiento inadecuado, la prohibición de comprar divisas en el mercado y de ahorrar o gastar los ingresos ganados en base al esfuerzo propio en lo que uno desee, una posible nueva reelección, entre tantas otras.

En definitiva, el constitucionalismo popular se opone al verdadero sentido del constitucionalismo, y a muchos de los avances de las ciencias políticas, o incluso a lo que hoy se conoce como el análisis económico de la política o “Public Choice”, aniquilando el sentido de que las naciones cuenten con una constitución.

Tomando una selección de textos fundamentales de las ciencias políticas, podemos recordar que Thomas Hobbes justificaba en 1651 la existencia del Estado explicando que en su ausencia prevalece el “estado de naturaleza” o de guerra de “todos contra todos”, ahuyentando los incentivos para la creación de una industria, “ya que su futuro es incierto”. En tal estado, la vida sería “solitaria, pobre, desagradable, brutal y breve”.

John Locke, en sus ensayos sobre el gobierno civil de 1690, compartía con Hobbes la necesidad de abandonar tal estado de naturaleza; sin embargo, entendió que éste justificaba las monarquías absolutas, carentes de cualquier límite al poder. Locke entendía que “los hombres se unen en comunidades políticas y se ponen bajo el gobierno de ellas para preservar su propiedad”, pero deben crear una ley conocida, fija, promulgada, recibida y autorizada por común consentimiento para resolver controversias. Locke, incluso, advertía la necesidad de que el gobierno se rija por normas del legislativo y no por decreto, dictados repentinos y resoluciones arbitrarias.

Montesquieu continuó la tradición de “controlar al Leviatán”, mediante la división de poderes. En sus escritos sobre el espíritu de las leyes de 1748 explicaba que “todo hombre investido de autoridad abusa de ella”, y agregaba que “cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo cuerpo, no hay libertad”. Montesquieu también comprendió la necesidad de la democracia e insistió en que “todos los ciudadanos de los distintos distritos deben tener derecho a la emisión de voto para elegir su diputado”.

Hamilton, Madison y Jay agregaron en “El Federalista” de 1787 y 1788 la necesidad de una constitución, respetando además cierto federalismo. La constitución federal no abolía a los gobiernos de los estados provinciales, sino que los convertía en parte constituyente de la soberanía nacional, manteniendo autonomía y permitiéndoles estar representados directamente en el Senado. “Los poderes delegados al gobierno federal por la constitución propuesta son pocos y definidos”, lo que implicó un chaleco de fuerza para el abuso del poder.

La división de poderes, la democracia, el federalismo, planteados en una constitución permitió que las industrias de muchas naciones florecieran, mientras el poder se encontró limitado. Juan Bautista Alberdi fue quien tomó precisamente esta tradición de controlar el abuso del poder absoluto y plasmó el resultado de dichos debates en sus Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina de 1852, lo que un año más tarde dio origen a la Constitución Nacional original de 1853. Sobre dichas bases se fomentó la inmigración y surgió el modelo agro-exportador que enriqueció al país por varias décadas.

El poder, sin embargo, buscó romper con las cadenas del liberalismo clásico, y muy pronto comenzaron las reformas constitucionales. Ya en 1850 Frédéric Bastiat escribió un corto ensayo titulado “La Ley”, donde explicaba que ésta no siempre es legítima. La ley muchas veces puede desviarse de su misión verdadera, es decir, en lugar de garantizar los derechos de propiedad, violarlos. En tal caso, cada clase querrá hacer la ley, sea para defenderse de la expoliación, sea para organizarla en provecho propio.

La Argentina no fue la excepción, y desde entonces cada gobierno elegido por el pueblo se sintió legitimado para hacer sus propias normas, o simplemente ignorar las existentes. A las reformas constitucionales de 1860 (que permitió la incorporación de Buenos Aires a la unidad nacional), le siguieron otras en 1866, 1898, 1949, 1957 y 1994. La democracia, la división de poderes, el federalismo, plasmados en la constitución, recibieron cierta atención y cumplimiento hasta la década de 1930, pero desde entonces han sido letra muerta.