El punto de inflexión fue quizás esa carta de renuncia que Ricardo López Murphy tuvo en su bolsillo por unos pocos días entre el 5 y el 20 de marzo de 2001, antes de que retornara Domingo Cavallo al frente del Ministerio de Economía. Ricardo López Murphy fue quien tenía un diagnóstico apropiado y quien explicó con claridad a la sociedad y a la dirigencia las consecuencias de abandonar la convertibilidad. Fernando de la Rúa le dio la espalda y el peor escenario se hizo realidad. Domingo Cavallo partió de un diagnóstico equivocado: “El problema no es el déficit, es la competitividad”. Y con aquella frase y una mala idea de una canasta de monedas inició una gradual salida de la convertibilidad que ocasionó una fuga de capitales fenomenal. Ya sin reservas, y con Eduardo Duhalde en la Presidencia, que siempre se le fue esquiva en el proceso electoral, Argentina se entregó nuevamente a una enorme intervención estatal, con mucha propaganda política y con ello vinieron las dos décadas perdidas en materia de crecimiento económico.

En 2015 Argentina tenía un ingreso promedio por habitante en dólares similar al de 1996. ¿Pero cómo es esto posible tras una década ganada? Porque no hubo crecimiento, sólo recuperación. El siguiente gráfico muestra con claridad la evolución del PIB per cápita en dólares de 2015.

Se puede observar allí el pico de la década de 1990 en el año 1998, con 12 mil dólares por habitante, que comienza a caer en el tercer trimestre de 1998, hasta llegar a fines del 2001 a unos diez mil dólares por habitante. La devaluación y la salida de la convertibilidad ocasionaron una fuerte caída en el ingreso, a sólo cuatro mil dólares per cápita. Desde entonces, la economía argentina emprendió una recuperación que en 2008 alcanzó los 11.300 dólares. La crisis internacional de 2009 redujo el ingreso per cápita pero rápidamente la economía se recuperó y el crecimiento de los siguientes tres años rompió el pico de la década de 1998, al alcanzar los 14 mil dólares de ingreso per cápita. El efecto Kicillof, sin embargo, no se hizo esperar y la economía argentina llegó al 2015 con un ingreso per cápita de 12 mil dólares, el mismo nivel de 1998.

¿Por qué consideramos el PIB per cápita? Porque el PIB no toma en cuenta el crecimiento poblacional. ¿Por qué tomamos el dólar para medir el ingreso en Argentina? Porque el alto nivel de inflación y la intervención en Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) impiden evaluar correctamente la evolución del ingreso de los argentinos en moneda local. Gran parte del relato al que fuimos sometidos todo este tiempo se produjo por no poder diferenciar las variables nominales de las reales.

¿Por qué tomamos el PIB per cápita en dólares de 2015? Porque no es lo mismo el dólar de la década de 1990 que el dólar actual, tras la depreciación que esta divisa sufrió en estas dos últimas décadas.

El PIB per cápita en dólares de 2015 nos ofrece un acercamiento más apropiado a la realidad, que muestra que la economía argentina no creció en 20 años. Hubo, por supuesto, una recuperación de aquella devaluación, que en realidad se habría completado en 2009, si no fuera por la crisis internacional y por malas políticas económicas tomadas especialmente en el último Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, empezando por el cepo cambiario.

La foto aún no está completa. Faltan en este gráfico dos fenómenos fundamentales: 1) el sinceramiento del tipo de cambio en los primeros meses de 2016, que sin duda volvió a reducir el ingreso en dólares (¿volvimos a 1996 o a la década de 1970?) y 2) la confirmación de si realmente la economía argentina recuperará el esperanzador crecimiento económico en 2017, lo que parece difícil si tenemos en cuenta los desequilibrios macroeconómicos que todavía resta corregir, comenzando por un déficit fiscal que en 2015 cerró con 9% del PIB y que aún no está claro en qué medida fue corregido, además del elevado nivel de inflación, la presión tributaria récord y la sobredimensión del Estado.

El desafío de Mauricio Macri no sólo es resolver los desequilibrios macroeconómicos. El desafío es volver a crecer después de varias décadas perdidas.

Domingo Cavallo es siempre apuntado como el responsable de la deuda en Argentina. En cualquier discurso sobre deuda o holdouts su nombre resurge. Es por esto que la columna que Infobae publicó ayer con su versión de “la evolución de la deuda argentina” tiene un importante significado.

Como expliqué en otra columna, Cavallo tuvo participación activa en el crecimiento de nuestra deuda en tres momentos históricos. 1) bajo el gobierno militar; 2) bajo el primer gobierno menemista; 3) bajo el gobierno de De la Rúa.

Personalmente, cambiaría el título de la referida columna, porque no trató allí la evolución completa de la deuda, sino la evolución “reciente” de la deuda argentina. Esto lo eximió de responder también por su participación en el crecimiento de la deuda durante el gobierno militar.

Pero su análisis deja igualmente mucha tela que cortar. Señala, por ejemplo, que en su gestión en el primer gobierno menemista la deuda no creció, sino que incluso cayó ligeramente. Llega a esta conclusión luego de mostrar que la deuda pública ascendía a 92.400 millones de dólares en 1989, de los cuales estaban registrados 63.000 millones, y pendientes de registración otros 28.700 millones de dólares. Al final el año 1996, la deuda ascendió a 91.700 millones de dólares.

Debemos aclarar, sin embargo, varias cuestiones.  En primer lugar, que el efecto del mencionado Plan Brady, que implicó una importante quita de la deuda, se eliminó por completo en sólo 3 años de su gestión. En segundo lugar, que Cavallo no menciona el proceso de privatizaciones de aquellos años que llevó a los compradores de las empresas públicas argentinas como Entel o Segba a pagar con bonos del gobierno en default, lo que permitió un importante descenso de aquel capital adeudado.

Con una buena gestión en el primer gobierno menemista, aprovechando la quita de capital y el proceso de privatizaciones, la deuda pública pudo haber bajado realmente a un nivel despreciable, y acompañado del crecimiento económico de aquellos años, su relación con el PIB hubiera mostrado que el problema histórico de la deuda estaba realmente resuelto.

A su favor, su salida del Ministerio de Economía no mejoró las cosas. En el segundo gobierno de Menem, entre 1996 y 1999, la deuda saltó de 91.600 a 111.000 millones de dólares.

En el gobierno de De la Rúa, la deuda volvió a crecer, en este caso de 111.000 a 134.700 millones de dólares, y de nuevo, Cavallo tuvo su responsabilidad. Es cierto que muchos de los vencimientos de la deuda tomada bajo el menemismo se colocaron un día después de abandonar el cargo, con lo cual la Alianza recibió una onerosa herencia, pero la gestión de estos problemas pudo ser mejor. El gobierno de la Alianza nunca pudo gestionar adecuadamente la deuda, ni la economía del país, cediendo terreno a manos del FMI para evitar caer en default y sostener la convertibilidad.

López Murphy tuvo un diagnóstico acertado cuando ocupó el Ministerio de Economía, apuntando al déficit fiscal, pero fue justamente la reaparición de Cavallo lo que minó aquella propuesta apuntando que el problema “no es el défcit, sino la competitividad”. La gestión de Cavallo en el gobierno de De la Rúa fue acompañada de mucha desconfianza del mercado, lo que se reflejó en una fuga de capitales sin precedentes que hicieron imposible sostener la convertibilidad en los años siguientes, con todo lo que ello trae aparejado, desde lo económico y lo social.

Un aporte significativo de este artículo es su mención de la deuda en la “década ganada”. Se suma Cavallo a magnificar el mito del desendeudamiento cuando señala que en estos diez años la deuda sumó otros nuevos 100.000 millones de dólares para pasar en diciembre de 2013 a acumular 231.000 millones de dólares (neta de activos financieros). Señala además que el problema no es sólo cuantitativo, sino cualitativo, especialmente por sentencias incumplidas que implican onerosos intereses, que serán la herencia para el próximo gobierno. Sus cálculos lo conducen a afirmar que la deuda puede llegar a superar los 270.000 millones de dólares y tener un perfil de vencimientos y un costo de intereses bastante peor que el que tenía la deuda al final de 2001.

Concluyendo, Cavallo, como tantos políticos argentinos que se han sucedido en el poder, jamás comprendió la importancia del equilibrio fiscal. El gobierno militar financió su brecha con deuda y emisión (inflación). El gobierno de Alfonsín ya no tuvo acceso a deuda y financió el déficit con la hiperinflación. En el primer gobierno de Menem la brecha se financió con la venta de activos (privatizaciones), y tras el plan Brady con endeudamiento. De la Rúa mantuvo la convertibilidad, y entonces no pudo tampoco monetizar los déficit fiscales, pero también tomó deuda para apagar los incendios. Durante el gobierno de Néstor Kirchner, hubo cierto superávit fiscal, pero éste sólo se justifica por la estatización de las pensiones y el manotazo a los 30.000 millones de dólares que las AFJP tenían ahorrados. Para cuando llegó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ese dinero ya no alcanzaba, volviendo a monetizar los déficits como en los años 1980 y volviendo a sufrir la inflación creciente. Tras su reelección, la negación al ajuste muestra una peligrosa aceleración de la inflación. El pago al Club de París y a Repsol buscaba volver a abrir las puertas al endeudamiento, pero el intento fue fallido gracias al fallo de Griesa y la cláusula Rufo, la que se destrabaría en enero de 2015. En un año de elecciones, me aventuro a predecir una nueva explosión en el gasto, mayor inflación y un nuevo salto en nuestra deuda.

Eduardo Duhalde intentó rescatar por ejemplo a su ministro de Economía, Roberto Lavagna, al punto de candidatearlo como una persona de experiencia para resolver la situación actual. Martín Redrado o Martín Lousteau escriben decenas de columnas críticas en las que intentan separarse del actual gobierno, cuando hace unos pocos años acompañaron el proceso. Es cierto, se podrá decir que desde 2007 Cristina Fernández de Kirchner se ocupó personalmente de profundizar ese mismo populismo que “nació” post-convertibilidad, pero cada uno de estos tres economistas tuvo su responsabilidad en la actual situación que sufrimos.

Para empezar, diré que la salida de la convertibilidad fue la peor que se podía haber diseñado. Eduardo Duhalde acusa al gobierno actual de improvisación, cuando él mismo prometió devolver dólares a quienes depositaron dólares, y sólo unos días después pesificó todos los depósitos y fue el responsable de la mayor estafa al pueblo argentino de las últimas décadas. En segundo lugar, hay que ser claros en que esa devaluación, que implicó el abandono de la convertibilidad y que hoy es vista como el comienzo de la “década ganada”, en realidad nos dejó con otra “década perdida”. Es cierto que entre 1998 y 2001 la economía estaba estancada y con alto desempleo, pero la devaluación convirtió esa crisis en una profunda depresión que hizo caer el PIB más del 10 % en 2002, además de destruir el Estado de Derecho.

A partir de 2003, la economía se fue recuperando, pero fue recién en 2008 cuando el PIB real alcanzó el nivel de 1998. Mientras Brasil o Chile emprendieron un proceso de crecimiento desde el techo alcanzado hacia fines de la década de 1990, Argentina tuvo que retroceder primero, para observar cómo en la década más afortunada en un siglo –en lo que refiere al contexto internacional-, tan sólo recuperábamos lo perdido. En pocas palabras, entre 1998 y 2008 Argentina no creció, sino que recuperó el terreno perdido por la desafortunada devaluación.

Recordemos que en 1999 hubo otra opción, que fue la dolarización propuesta por Steve Hanke y Kurt Schuler, claramente ignorada. De haberla implementado en su momento, la Argentina sería la primera economía latinoamericana en presentar un PIB per cápita de niveles europeos.

Volviendo a nuestros tres personajes de hoy, Roberto Lavagna asumió como ministro de Economía del presidente interino Eduardo Duhalde en abril de 2002, ratificado en el puesto por el presidente electo Néstor Kirchner en 2003 y desplazado en 2005 producto de disputas internas. Se destaca en general que lideró la recuperación de la economía argentina, pero durante su gestión inicia también el modelo económico vigente, que llamaremos “populismo”, caracterizado por un incremento acelerado del gasto público (especialmente en el nivel Nación), que se financió especialmente con mayor presión tributaria. Recordemos que con Lavagna como ministro de economía, ésta fue ascendiendo desde un 24 % hasta el 30 % del PIB.

Ser reemplazado por Felisa Miceli claramente no mejoró las cosas, aunque se puede decir que a partir de allí y hasta su muerte, Néstor Kirchner se mantuvo como un virtual ministro de Economía, aun con la llegada de Cristina Kirchner al poder. El nombramiento del joven Martín Lousteau como ministro de Economía en diciembre de 2007 iba en línea con esto mismo. Su margen de decisión era muy acotado, aunque cometió el incomprensible error de intentar aumentar aún más la presión tributaria que entonces estaba en el orden del 36 % del PIB. Todos recordamos su propuesta de incrementar las retenciones a las exportaciones de soja por encima del ya excesivo 35 %, que sólo se detuvo por el voto “no positivo” del vicepresidente. Más peleas internas dentro del gobierno, lo terminaron alejando en abril de 2008, y a partir de entonces se convirtió en un crítico del modelo.

El caso de Martín Redrado es un poco más complejo, ya que fue presidente del Banco Central entre septiembre de 2004 y enero de 2010. Durante su gestión jamás reconoció la inflación real, la que duplicaba y hasta triplicaba la oficial declarada por la institución que él presidía. Desde 2007 y hasta su renuncia la inflación sólo estuvo por debajo del 20 % en 2009, el año de la recesión global, al que la Argentina no pudo escapar. Redrado jamás reclamó la independencia del Banco Central, ni se negó a financiar el exacerbado gasto público del Ejecutivo, sino hasta que el oficialismo decidió apartarlo del gobierno.

En esta selección arbitraria de personajes responsables de la debacle que se viene, toca el turno ahora de Axel Kicillof. Claro, muchos dirán que Redrado y Kicillof piensan diferente y es cierto. Pero recordemos que era Kicillof quien antes de integrar el gobierno criticaba a Redrado por sus políticas inflacionarias en el Banco Central. Una vez dentro del modelo, Kicillof olvidó sus críticas, y al momento no hizo nada por corregir las contradicciones obvias de este modelo populista e inflacionario que él llama de “inclusión social”. La sensación que queda entonces es que no importa qué economistas se suman al modelo. Sin importar lo que piensen o en qué autores creen, una vez dentro del modelo se transforman en parte de él, y apoyan incluso aquello que va en contra de sus principios. Volviendo a esta última década, y con una mirada parcial, se podrá decir que hasta 2007 la economía argentina mostraba un superávit fiscal primario, que la inflación estaba controlada y que no existían los problemas cambiarios actuales, pero mi impresión es que se estaban generando las semillas de aquellos problemas que hoy sufrimos.

Y es que en la primera etapa del populismo, uno siempre observa el éxito del modelo, y especialmente cuando la economía parte de una situación deteriorada de actividad económica y empleo. Entre 2003 y 2007 entonces, el modelo populista muestra recuperación de la actividad económica, del empleo y del salario real. La continuidad del kirchnerismo era entonces obvia. Somos muchos, sin embargo, los que ya en esa etapa exitosa pedíamos cautela, y es que el gasto público empezaba a desbordarse, y las tendencias mostraban que ni el precio creciente de la soja, ni sus crecientes retenciones, podían sostenerlas.

No pasó mucho tiempo, hasta que los economistas que revisamos los datos nos empezamos a dar cuenta que la presión tributaria no cedía en su aumento constante, y al mismo tiempo, empezaba a ser normal la monetización del ahora evidente déficit fiscal primario. La aparición de los desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios caracterizan precisamente a esta segunda etapa del populismo.

Preocupados por una inflación creciente, muchos economistas empezamos a alertar de los problemas en el modelo, pero fuimos ignorados. La tercera etapa del populismo es la actual, cuando estos desequilibrios básicos se extienden y empiezan a ser evidentes para toda la población a través de la mayor suba de precios, falta de ciertos productos, y anuncios desesperados del gobierno para ocultar lo que en realidad sucede.

Si el lector se pregunta por lo que vendrá, entonces debemos hablar de la cuarta etapa, la del “ajuste”, una etapa de la que nadie quiere hablar, pero que es difícil evitar. El “ajuste” viene acompañado de una inflación acelerada, recesión, problemas de empleo, caída en el salario real y aumento de pobreza e indigencia. Los economistas científicos pedimos a quienes niegan la necesidad del ajuste que nos muestren cómo se sostiene este nivel de gasto a lo largo del tiempo, pero no hay respuesta.

Ante esta realidad, la oposición debería presentar propuestas, pero éstas brillan por su ausencia. Muchos economistas identifican los desequilibrios, pero nada dicen de que es lo que se debe hacer. Nuestra propuesta, junto a Nicolás Cachanosky, es otra vez la dolarización, porque se corrigen los tres desequilibrios, se minimizan los efectos del ajuste y se genera una regla para evitar seguir cometiendo los mismos errores. Pero está claro que esta propuesta aislada es insuficiente. Ella debe entenderse sólo como una parte de una propuesta integral que poco a poco iremos presentando para delinear la Argentina del futuro.

“Nosotros comenzamos a estudiar estos problemas cuando todos nuestros viejos estaban abandonados. No quisimos hacer un sistema previsional estatal porque yo conocía y he visto ya en muchas partes que estos servicios no suelen ser ni eficientes ni seguros. Dejándolo al Estado libre de una obligación que siempre mal-cumple. Es la experiencia que tengo en todas las partes donde este sistema lo he conocido, que hay en varias partes. Bien señores, ¿qué paso después? En 1956, el Estado acuciado quizás por la necesidad, echó mano a los capitales acumulados por las cajas, es decir, se apropió de eso. Para mí eso es simplemente un robo, porque no era plata del Estado, sino de la gente que había formado esas sociedades y esas organizaciones. Claro que lo descapitalizaron. He visto un decreto secreto por el cual se sacaron 65.000 millones para auxiliar a otros que no tenían nada que ver con las Cajas de Jubilaciones y Pensiones que nosotros habíamos creado. Es decir señores, se las asaltó. Fue un asalto. Entonces naturalmente que después de ese asalto los pobres jubilados comenzaron a sufrir las consecuencias de una inflación que no pudo homologar ningún salario, ni ninguna jubilación. Y llegaron a cobrar en la proporción como poder adquisitivo de la desvalorización de esa moneda. Cuando nosotros dejamos el gobierno en 1955, el dólar estaba en el mercado libre a 14,50 y ahora estos pobres tenían que cobrar a razón de un dólar de 1400 pesos. Entonces era lógico, señores. Cualquiera hubiera sido el arreglo que se hiciera esto no tenía arreglo. Lo que pasa es que se habían desfalcado las cajas. ¡Las habían asaltado! Y las cajas como todas las organizaciones económicas y financieras tienen sus límites. El límite está indicado por su capital. Una vez que le han sacado el capital es inútil que se pretenda buscarle soluciones de otra manera.”

Lo que decía Perón es una muestra de lo que hoy es sabido por todos. El sistema de previsión social “de reparto” que experimentó la Argentina hasta 1994 es el principal responsable de la precariedad con la que han vivido los jubilados y pensionados. La característica central de este sistema es que la contribución de los trabajadores se destina a financiar las prestaciones de los jubilados. Este sistema, que ha quebrado sucesivamente a lo largo de nuestra historia y que podríamos denominarlo como “coactivo”, no ha sido en el pasado, y no es en el presente, ni previsor ni social. Los actuales jubilados reciben sumas de dinero que no guardan relación con las contribuciones que han ido realizando durante su vida activa.

El cambio introducido al sistema en 1994, si bien lo reformó en cierto modo, conservó la naturaleza “coactiva” del sistema, ya que se le negó al trabajador la posibilidad de decidir sobre su patrimonio. Es cierto que se crearon las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), que han tenido como objetivo la administración de las contribuciones de los trabajadores. Sin embargo, estas agencias no compitieron en el mercado libre con otras posibles inversiones previsionales dentro y fuera del país, sino que recibieron compulsivamente una porción fija de los salarios de todos los trabajadores, cobraron comisiones astronómicas en relación con los sistemas vigentes en otros países del mundo y lo más importante: no se les permitió gestionar el cien por cien de los fondos según sus propios criterios, sino de acuerdo a las directrices aprobadas por el Gobierno. En definitiva, fueron más bien gerentes del Estado, que empresas privadas.

Cristina Kirchner envió en su momento un proyecto al Congreso para intentar modificar este sistema. Pero en lugar de girar hacia la dirección correcta, es decir, hacia un sistema privado voluntario, decidió empeorar la situación eliminando las AFJP y volviendo a un sistema de reparto.

En lugar de eliminar la “coacción” que obliga a los trabajadores a elegir o bien por las AFJP locales (aprobadas por el Gobierno) o bien por el sistema de reparto, la propuesta pasó por suprimir las AFJP y, con ellas, el ínfimo espacio con el que contaba el mercado. El proyecto tuvo como objetivo apropiarse de los fondos acumulados en el sistema, esto es, casi treinta mil millones de dólares e impagar la deuda de los últimos catorce años. Al mismo tiempo, los más de nueve millones de trabajadores debieron contribuir de forma obligatoria al sistema de pensiones de reparto público, lo que equivale a una cifra superior a los trescientos millones de dólares mensuales. Recordemos que un año antes de presentar este proyecto de ley, se ofreció la posibilidad a los trabajadores de pasar de las AFJP al sistema público, y sólo entre un 20% y un 30% aceptó el cambio (es decir, entre el 70 y el 80% de los trabajadores permaneció en el sistema de las AFJP). Los argentinos no deseaban regresar a los sistemas de reparto justamente porque conocen sus consecuencias tan bien explicadas por el propio Perón. Ya en 2009, los legisladores de la oposición denunciaron lo que era lógico, que la ANSES estaba manejando los fondos con arbitrariedad, sin informes públicos y sin los controles que se prometieron a la hora de conseguir rápidamente los votos en el Congreso.

¿Cuánto del dinero transferido de las AFJP hoy mantiene ANSES? ¿Que proporción de esos activos son bonos del gobierno (de difícil cobro en el futuro)? Son preguntas simples, que hasta el momento nadie responde. Lo cierto es que ante la crisis fiscal en la que ya está el gobierno, y que lamentablemente se profundizará en los próximos años, los que sufrirán serán precisamente nuestros viejos. Hay quienes dicen que las jubilaciones y las pensiones son algo demasiado importante para dejarlo en manos del mercado. Yo pienso que las jubilaciones y las pensiones son algo demasiado importante para dejarlo en manos del Estado. En una sociedad libre, el Estado no debería imponer ningún sistema de jubilación. En su lugar, tendría que permitir que hubiera tantos como los que establezcan los interesados según sean sus preferencias y sus situaciones económicas.