En este artículo sólo podré concentrarme en este último punto, el que ha sido tratado ampliamente en un libro del catedrático español Jesús Huerta de Soto titulado “Socialismo, cálculo económico y función empresarial”. El libro cuenta con más de 400 páginas, pero el lector puede acceder a una reseña que personalmente escribí sobre este debate, y que fuera publicado en la revista Cuadernos de Economía (Vol. 30, Nº 54), de la Universidad Nacional de Colombia. El argumento básico explica que en un mundo de incertidumbre y conocimiento disperso, la propiedad privada es necesaria para dar lugar a los precios, pues sólo ellos pueden permitir a los empresarios advertir de ganancias y pérdidas en sus proyectos de inversión, y con ello asignar con relativa eficiencia los recursos escasos. Más en limpio, si no tenemos propiedad privada de los medios de producción, no tenemos mercados para esos medios de producción. Sin mercados para esos bienes de producción, no habrá precios. Sin precios, los empresarios no pueden advertir si sus proyectos de inversión son rentables.

Si algo funciona -aún en el capitalismo intervenido- es precisamente ese proceso de prueba y error, en donde los empresarios van probando distintas inversiones, y sólo cuando son rentables, los proyectos se mantienen. Ganancias y pérdidas contables representan una información en el mercado acerca de si estamos asignando bien o mal los recursos. Y vale recordar que esos resultados son consistentes con la soberanía del consumidor, donde gana el que sabe satisfacer las necesidades del consumidor, y pierde el que no logra la demanda de sus consumidores. El socialismo propone terminar con la propiedad privada, terminar con estas señales de mercado, terminar con la función empresarial y reemplazar todo ello por la propiedad pública de los medios de producción. Aquí se abren un abanico de opciones, pero nunca ha quedado claro qué es lo que en definitiva proponen los socialistas. Y el problema es que el propio Marx careció de una propuesta concreta de cómo funcionaría el socialismo.

De un lado, se propone que el gobierno administre públicamente esos medios de producción, como de hecho ocurrió en Alemania Oriental, en Rusia o actualmente es en Cuba. Aquí los problemas son al menos dos. Primero, como señaló el Premio Nobel en Economía James M. Buchanan –recientemente fallecido- el gobierno puede no tener los mejores incentivos para administrar “solidariamente” estos recursos. Si asumimos que los individuos siempre persiguen su propio beneficio, ¿por qué vamos a suponer que las personas que lleguen al poder van a tender a interesarse por el “bien común”? Buchanan insistía en que lo más probable es que estas personas tiendan siempre a alejarse de ese “bien común” y persigan más bien su propio beneficio y de aquellos a quienes representan, o que han financiado sus campañas electorales. Cuando uno mira la Argentina, ¡cuánta razón tenía!

El segundo problema fue mencionado por otro premio Nobel en Economía, en este caso, Friedrich Hayek. Si aceptamos que el problema económico consiste en advertir cuáles son los bienes y servicios que deben producirse, en qué cantidad y calidad y de qué manera distribuirlos, debemos comprender que ese “conocimiento” no es dado a nadie en particular. Los bienes y servicios que necesitamos producir son los que la gente quiere. Y ese conocimiento está disperso en la sociedad, en las preferencias individuales de cada sujeto, en la forma de bits de información que cada uno tiene en su propia mente. ¡Es información no revelada! Salvo que permitamos que la gente demande y comunique esa información a los empresarios a través de los precios, precisamente.

Los socialistas del siglo XXI han dado un paso atrás. Ahora se hacen llamar “socialistas de mercado”, y afortunadamente han dejado de sugerir la propiedad pública de los medios de producción. En realidad se han dado cuenta de que nada es mejor que permitir que la producción de bienes y servicios la lleve adelante el mercado, lo que se traduce en alimentos, ropa y todo tipo de bienes y servicios en calidad y bajos precios, lo que es resultado precisamente del proceso competitivo.

La discusión ahora se resume al rol del Estado. El “socialista de mercado” o aquellos que buscan un mayor “Estado de bienestar” piden un Estado que, paradójicamente, “intervenga”, que ofrezca “bienes públicos”, que evite o minimice “externalidades negativas” y subsidie las “externalidades positivas”. Que aplique “políticas antimonopólicas” y “redistribuya los ingresos” de manera conveniente. Lo que no han advertido aún es que ese Estado al repartir la torta se queda con una porción enorme de la renta para beneficio propio, lo que impide la reinversión de quienes la generan -creando potenciales puestos de trabajo- y dejando a las clases más desfavorecidas sin salida.

Dirán algunos pocos socialistas que este “socialismo de mercado” no es socialismo. Yo estoy de acuerdo. Dirán otros socialistas que la propuesta ideal tampoco es la propiedad pública de los medios de producción, sino la propiedad “comunal” de los medios de producción. En este caso se trataría de pequeñas comunidades de personas que manejarían las “empresas”, y  nótese que estas comillas no son arbitrarias. En tal caso las preguntas sin respuesta son cuantiosas. ¿Cómo se distribuyen los ingresos de esta empresa? Se dirá, quizás, que se lo hará igualitariamente, según las horas trabajadas. ¿Ganará lo mismo un ingeniero que un obrero? ¿Qué incentivo tendrá el ingeniero para capacitarse si finamente sus ingresos serán iguales? ¿Qué incentivo tendrá un obrero para trabajar eficientemente si los otros obreros no lo hacen? “Conocimiento” e “incentivos” son los dos grandes problemas del socialismo. Dejemos el socialismo para otro mundo. ¡Y por favor, dejemos de destinar tinta a un debate acabado!

Con la emisión de moneda ocurre algo similar. Si bien en el último siglo, la mayoría de los países han optado por el primer sistema descripto, esto es, un monopolio público de la emisión de moneda, siempre tenemos la opción de retornar a otros sistemas alternativos. En la actualidad, la mayoría de los gobiernos -o, para ser más precisos, las autoridades monetarias- deciden bajo un sistema de banca central qué cantidad de moneda deben imprimir para satisfacer las necesidades del mercado. Este “monopolio de emisión” tiene su origen particular en cada territorio, pero ha habido un factor común: déficit fiscal del gobierno y expropiación de la moneda. Si imponemos el curso forzoso y declaramos x moneda de curso legal, entonces el gobierno tiene la posibilidad de imprimir lo necesario para financiar el gasto público y con ello imponer el “impuesto inflacionario” sobre los tenedores de dinero. Para estudiar estos cuatro sistemas posibles de emisión de dinero podemos apoyarnos en la historia monetaria y bancaria de algunos países. Dado que abunda literatura sobre el caso estadounidense, aquí intentaremos concentrar la atención hacia otros horizontes.

El monopolio privado en Inglaterra

En Inglaterra los historiadores destacan una etapa preliminar cuando los comerciantes depositaban sus saldos de monedas y barras de oro o plata a los orfebres. En esos años, los banqueros disfrutaban de cierta libertad para constituirse, aunque esto se debía a que el negocio bancario no era lo suficientemente importante como para atraer la atención de la autoridad legislativa. En un segundo período, el monopolio fue lo dominante. Esta segunda fase nace con la creación del Banco de Inglaterra de 1694 y tiene su
origen en un hecho político. Carlos II había tenido que depender en gran medida, para sus necesidades financieras, de los créditos de los bancos londinenses. El endeudamiento fue tal que en 1672 suspende los pagos de Hacienda. Para sustituir la fuente de financiamiento, Guillermo III y su gobierno aceptaron el plan de un financiero llamado Patterson para fundar una institución que se daría a conocer como Governor and Company of the Bank of England. Se trató básicamente de un acuerdo entre un gobierno necesitado y una corporación que se acomodaba a ello, a cambio de ciertos privilegios. Pasaron sólo algunos años hasta que el banco obtuvo el monopolio privado de emisión. Así, entre 1694 y principios del siglo XIX el Tesoro británico se benefició de las renovaciones de privilegios al Banco de Inglaterra, quien ofreció créditos a bajo interés para financiar sus déficits fiscales. Los historiadores cuentan que ya en 1780 desaparecieron en Londres todas las emisiones privadas de dinero.

Durante este tiempo los bancos más pequeños de provincias se acostumbraron a llevar sus saldos líquidos al Banco de Inglaterra, y también a solicitar ayuda ante dificultades financieras, con lo cual éste empezaba a adquirir ya características de banco central. Hay que destacar, sin embargo, que recién en 1812 el gobierno declaró de curso legal a la libra para todo tipo de pagos. El banco recién fue nacionalizado después de la Segunda Guerra Mundial, en 1946.

El monopolio público en Francia

Las primeras experiencias en la emisión de moneda en Francia fueron desafortunadas. Los historiadores destacan los privilegios concedidos a John Law en 1716 para su Banque Générale, el que acabó en un desastroso exceso de emisión de papel, y el cierre del banco sólo cinco años después. Aunque se abrieron empresas dedicadas a actividades bancarias -como transacciones de cambio y de descuento-, hubo que esperar hasta 1776 para la fundación de un nuevo banco emisor, la Caisse d´Escompte, sociedad de responsabilidad limitada fundada por Turgot, ministro francés de Finanzas. Desde el comienzo el banco estuvo asociado al gobierno y ya en 1783 un adelanto al Tesoro de 6.000.000 de francos provocó un auténtico asedio que terminó con la suspensión de pagos.

En 1792 un decreto prohibió la instauración de bancos emisores, pero su derogación en 1796-97 animó a algunos bancos de descuento de París a iniciar la emisión de billetes. La libertad que prevalecía en la banca francesa parecía haber demostrado ser muy satisfactoria, y no ocurrían desastres, pero la situación no podía durar al considerar la marcha de los acontecimientos políticos. La manía centralizadora de Napoleón y las dificultades que encontraba al intentar descontar el papel del gobierno, debido a la falta de confianza que éste generaba, le llevó a tratar de aprovechar las ventajas que en potencia podrían derivarse de un banco creado bajo los auspicios del gobierno. Así, en 1800 persuadió a los accionistas de la Caisse des Comptes Courants, uno de los bancos más exitosos, para disolver la compañía y convertirla poco a poco en un nuevo banco, el Banco de Francia. El capital original era de 36.000.000 de francos, parte obtenida de la Caisse, parte de una suscripción pública y parte proveniente de la deuda nacional.

No hubo que esperar mucho para observar un duro golpe a la libertad bancaria. La famosa Loi du 24 Germinal an XI concedió al Banco de Francia el privilegio exclusivo de emitir billetes en París y prohibió la constitución, en las provincias, de nuevos bancos emisores si no era con el consentimiento del Gobierno, que se reservaba el derecho no sólo de conceder el privilegio de emisión sino también de fijar la cantidad máxima de dichas emisiones. Las constantes presiones de Napoleón para obtener fondos de este banco, no pudieron tener otro resultado que la suspensión de pagos, lo que llevó a Napoleón a culpar al banco y reformar los estatutos para tenerlo más sujeto a las necesidades financieras del gobierno. Los historiadores muestran que la ausencia de libertad bancaria llevó a Francia a un atraso profundo en materia bancaria con respecto a las prácticas desarrolladas en Inglaterra, principalmente en las provincias, donde no había bancos. Los intentos por abrir sucursales tampoco dieron resultados puesto que no llegó a haber compensación bancaria.

El Banco de Francia siguió teniendo privilegios, puesto que el franco había sido decretado de curso forzoso en todo el país, mientras que los billetes de los bancos de provincia sólo lo eran en sus respectivas localidades. Un decreto de 1848 dio el último toque, cuando fusionaron los bancos de provincia con el Banco de Francia, y se convirtieron en sus sucursales. A partir de entonces Francia presentó un monopolio público de emisión y el progreso de la revolución industrial que acompañó esos tiempos, puso de manifiesto la insuficiencia de los servicios crediticios sobre todo en las provincias, pero también en París.

La banca competitiva en Escocia

El Banco de Escocia fue fundado por un grupo de comerciantes en 1695, sólo un año después del Banco de Inglaterra, recibiendo por medio de una concesión del Parlamento el monopolio durante 21 años. Casi de inmediato el Banco puso en práctica una política de apertura de sucursales y comenzó a emitir billetes incluso por valor de 1 libra. Los historiadores explican que en Escocia no había ningún tipo de restricción para entrar en el negocio de la banca mientras los accionistas estuvieran dispuestos a aceptar responsabilidad ilimitada por las deudas contraídas por la empresa, de modo que no tardaron en aparecer por todo el país bancos sin ley especial.

No había restricciones en cuanto al número de socios y, tras un corto período de abusos en una etapa que podíamos llamar experimental, la banca se concentró en manos de unas cuantas sociedades anónimas de tamaño considerable y financieramente fuertes.

La quiebra del Ayr Bank en 1772, tras un exceso de emisión de billetes, hizo mucho daño al crédito de los bancos más pequeños. Pero rápidamente surgió la práctica de compensar los billetes de banco entre ellos con regularidad. Hacían compensaciones dos veces a la semana y liquidaban los saldos inmediatamente. Los bancos adoptaron una organización mediante sucursales casi desde el principio y, en comparación con otros países, el desarrollo de la banca de depósitos y de las técnicas de préstamo fue mucho más rápido.

En 1826 había, además de los tres bancos con ley especial (con 24 sucursales), 22 sociedades bancarias por acciones (con 97 sucursales) y 11 bancos privados, mientras que en Inglaterra se estaba todavía aprobando la legislación que permitía establecer sociedades bancarias por acciones y el Banco de Inglaterra no había abierto siquiera una sucursal.

La importación de una moneda extranjera en Panamá

A pesar del exitoso caso escocés, el mundo hoy no presenta emisores privados de dinero. El siglo XX ha sido testigo del avance del monopolio público de emisión. En 1900, solo había alrededor de 18 bancos centrales en el mundo. Para 1940 la suma ya alcanza a 40 países. Hoy ya suman 164. Algunas sociedades, sin embargo, insisten en utilizar una moneda extranjera, y no caer así en el vicio de las políticas inflacionarias para financiar el déficit fiscal. Panamá es uno de estos ejemplos. El sistema monetario y bancario de Panamá tiene las siguientes características: (1) se usa el dólar como circulante, el balboa —la moneda nacional— es una unidad de cuenta y sólo existe en monedas fraccionarias; (2) los mercados de capital son libres, no hay intervención del gobierno, o restricciones a las transacciones bancarias, o a los flujos financieros, ni a las tasas de interés; (3) hay una gran cantidad de bancos internacionales; (4) no hay banco central. No tener banco central le ha permitido a la República de Panamá disfrutar de una macroeconomía estable y sólida. Su inflación promedio en los últimos 20 años ha sido del 1%, manteniéndose consistentemente 1 o 2 puntos porcentuales por debajo de la inflación en EEUU.

Pero Panamá no es oficialmente una economía dolarizada. Desde 1904 su Constitución estipula que “No habrá en la República papel moneda de curso forzoso”. En otras palabras, en Panamá cualquier moneda que se utilice, el dólar por ejemplo, es totalmente determinada por el mercado. Al no haber banco central, no hay “prestamista de última instancia” y no hay seguro de depósitos; por consiguiente, los bancos están obligados a actuar responsablemente para mantenerse a flote. La ausencia de una banca central hace que no se manipulen ni se influya sobre las tasas de interés.

Panamá no impone controles de capital y la entrada o salida de capitales no ocasionan los mitológicos desequilibrios que muchos teóricos pregonan. Esto se debe a que Panamá desde 1971 decretó la apertura del sector bancario, llegando a tener más de 100 bancos internacionales, lo cual permite la integración financiera internacional y el manejo privado de la masa monetaria. La macroeconomía panameña es la única en Latinoamérica que no ha sufrido colapsos financieros y que no ha recibido el contagio de los excesos financieros de sus vecinos.

Conclusiones

Los bancos centrales han surgido para ofrecer estabilidad monetaria y pleno empleo. El siglo XX sin embargo ha sido testigo de los mayores niveles de inflación en la historia de la humanidad, mientras el desempleo ha ofrecido un comportamiento cíclico como consecuencia de la política monetaria practicada precisamente por las autoridades monetarias. El fracaso de los bancos centrales vuelve a ser evidente ante la crisis global. La historia bancaria nos muestra que hay alternativas. Espero que este artículo sirva para abrir el debate.

Pero en los siguientes 75 años el desarrollo de Argentina se torna mucho más lento y débil que el de los otros tres países. La inestabilidad política y las políticas económicas tomadas por diversos gobiernos —como el modelo de sustitución de importaciones— fueron exitosas en mantener al país subdesarrollado, lejos de los estándares de otros países con características similares. La lección clave que el lector encontrará en este artículo es que evitar el desarrollo e incrementar la pobreza implica colocar todo tipo de trabas sobre las fuerzas creativas de los empresarios, evitando el ahorro y con ello la inversión local y extranjera.

El siglo XXI, sin embargo, presenta desafíos adicionales para los hacedores de políticas públicas, en comparación con las seis décadas anteriores. El contexto internacional es nuevamente favorable —como lo fue antes de la Primera Guerra Mundial—. China se ha convertido en la nueva fábrica del mundo y Argentina como otros países latinoamericanos cuentan con condiciones naturales excelentes para proveer de materias primas a este país y al mundo. Los precios de los commodities en niveles récord hacen mucho más difícil la tarea de mantener subdesarrollada a la economía argentina, después de todo, las palabras del ex presidente Eduardo Duhalde resuenan en las cabezas de muchos: “La Argentina está condenada al éxito”. Veamos entonces qué ha hecho el gobierno para impedir el desarrollo de la economía argentina desde la crisis desde 2001, para así evaluar en las conclusiones sus consecuencias.

Lección I

Está claro que el desarrollo económico de un país en el largo plazo depende del nivel de inversión. Los precios récord de los commodities generan un extraordinario estímulo para extender la siembra hacia tierras vírgenes, importar tecnologías de tal modo de aumentar la productividad y aprovechar la ocasión única de ofrecer materias primas a China, y por que no, a la India y Brasil. Para detener la mayor amenaza al desarrollo, las autoridades han sumado a la ya excesiva estructura tributaria, retenciones a las exportaciones del orden del 35 %, las que automáticamente se deducen de las divisas que entran al país.

Lección II

Por supuesto que la mayor demanda global por nuestros productos implica una oportunidad única para desarrollar aún más la industria de la carne, la leche, los vinos, etcétera, esto es, aquellos productos que representan la ventaja comparativa del país, lo cual eleva en el corto plazo sus precios, al menos hasta que este efecto sea acompañado con aumentos de producción. El gobierno ha tomado entonces la decisión de fijar control de precios máximos sobre dichos bienes, además de prohibir en muchos casos la exportación, con la idea de reducir los márgenes de ganancia y evitar cualquier tipo de nueva inversión en esos mercados. No sólo eso, se ha presionado y amenazado a los empresarios que intenten aumentar sus precios en búsqueda de mayor beneficio, lo cual claramente ejerce presión para evitar el desarrollo de nuevas inversiones.

Lección III

A las mencionadas presiones locales, había que agregarles un nuevo condimento. Tal fue así que el gobierno prohibió a las empresas la importación de algunos insumos básicos clave para el desarrollo de sus emprendimientos, además de fijar aranceles en otros que aumenten su costo de importación. Con esto garantizamos que las empresas enfrenten cuellos de botella que les impidan el desarrollo.

Lección IV

Otro de los problemas centrales e históricos de la Argentina han sido los magros salarios que perciben los jubilados y pensionados. El problema podría solucionarse en el largo plazo con un sistema de administración privada de pensiones como el que ha practicado Chile, sin embargo, a un sistema defectuoso implementado en la década de 1990, el gobierno ha eliminado toda amenaza de solución, estatizando las pensiones. Los 100.000 millones de pesos (ó 30.000 millones de dólares) fueron consumidos en pocos años para evitar todo posible retorno a un proyecto que durante toda una década había financiado inversiones de capital que podían generar cierto desarrollo del país.

Lección V

Por supuesto que ese gasto público excesivo (que aumentó del 30 al 45 % del PIB), basado fundamentalmente en el dinero obtenido de las pensiones, además de la mayor presión tributaria, genera un estímulo de demanda que produce en el corto plazo un mayor crecimiento y hasta mejores salarios para los trabajadores. El gobierno debió entonces atentar contra esa mejora, imprimiendo moneda y generando inflación. De este modo, al aumento nominal de los salarios, y al mayor beneficio empresarial que obtenían algunas firmas, se las acompañó con una tasa de inflación del mismo nivel, para así limitar el aumento del poder adquisitivo que percibían los salarios.

Lección VI

Sabemos también que la estabilidad monetaria de un país se podría garantizar con una buena cantidad de reservas en dólares en el Banco Central, suficientes como para actuar cuando sea necesario y sostener así un tipo de cambio relativamente fijo, entre bandas. Qué mejor entonces que exigir al banco central que utilice esas divisas para cancelar compromisos con el FMI. De este modo se reducen dichas reservas, al tiempo que nos quitamos al mayor auditor del mundo de encima, y así espantamos aún más toda posible inversión. Al mismo tiempo, se necesitaron multiplicar los controles sobre la compra y venta de divisas, lo cual crea aún más incertidumbre en el mercado, que responde con mayor fuga de capitales.

Lección VII

El contexto internacional favorable ha generado un tremendo desarrollo de inversiones de capital en Latinoamérica. La Inversión Extranjera Directa se ha concentrado en estos años en los países que justamente proveen a China de los insumos necesarios para producir los bienes que consume el mundo entero. El gobierno entonces adoptó como política el nacionalismo, alineado con Cuba, Venezuela, Ecuador y Bolivia, de tal modo de incrementar el riesgo país y evitar cualquier tipo de inversión. La política nacionalista tiene dos objetivos: mientras por un lado lleva a que el país reciba muy poco capital, estimulamos también la fuga de capitales, lo cual hace inviable cualquier desarrollo de largo plazo.

Lección VIII

Un país de extenso territorio necesita de las mejores aerolíneas que puedan tornar accesible el traslado de empresarios por todo el país. Las provincias en definitiva sólo podrán reducir la dependencia de gasto público nacional si logran recibir a una serie de empresas con inversiones sustentables de largo plazo, las cuales —a su vez— podrían elevar la recaudación tributaria. Para evitar este riesgo que hubiera ayudado al desarrollo, el gobierno decidió estatizar Aerolíneas Argentina y sostener una política de “cielos cerrados”, donde ninguna otra aerolínea pueda dar servicio. Para disimular, se permitió a la compañía LAN operar en forma limitada, pero sus vuelos no alcanzan aún más del 10 % de los vuelos locales de Argentina.

Lección IX

Otro aspecto fundamental para mantener a la Argentina en el subdesarrollo consiste en evitar que el riesgo país descienda. Para ello basta con mantener el default de la deuda, aún bajo el contexto favorable de esta década. No sólo ello, mejor aún es estafar a aquellos acreedores que esperan cobrar intereses de la deuda en torno a la tasa de inflación, para lo cual el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) se ha preocupado por simular una tasa de inflación que es alrededor de un tercio de la real. Desde luego que esto puede no ser suficiente, por lo que se requiere también de sucesivas expropiaciones (como la de Repsol-YPF).

Lección X

Finalmente, el gobierno sabe que estas medidas podrían revertirse. Es por ello que necesita garantizar la continuidad del modelo de subdesarrollo para lo cual ha creado más empleo público que ningún otro, y lo ha acompañado con variados planes sociales, lo cual crea una dependencia en un alto porcentaje de la población para crear una estructura de poder que siga votando por el oficialismo. ¡Qué paradójico resulta el mensaje de “desarrollo” del gobierno, cuando uno observa que los planes sociales para los más necesitados se multiplican!

Reflexión final

La economía argentina ha mostrado en la última década una rápida recuperación de lo que fuera la depresión de 2001-2002, dejando entrever que el esfuerzo del gobierno por profundizar el subdesarrollo, al menos hasta ahora, ha fracasado. La conclusión a la que llegamos es que mantener a un país como Argentina en el subdesarrollo, puede ser aún más difícil que acompañarla en su desarrollo, más aún cuando los vientos empujan a la economía hacia adelante.

Tras las elecciones y viendo los continuos fracasos que estas medidas tuvieron, el gobierno ya prepara un nuevo arsenal de medidas que profundicen el subdesarrollo del país. La primera medida ha apuntado a mayores controles para la compra y venta de dólares de tal modo de alentar una mayor fuga de capitales. Otra medida busca doblar la apuesta en la expansión del gasto público. Una posible Ley de Tierras, aunque inconstitucional, apuntaría además a evitar que cualquier extranjero compre tierras en el país y así explote su producción. Incluso se ha comprendido que fue un error no pagar al Club de París, siendo mejor cancelar el compromiso para así abrir la puerta del endeudamiento, un aspecto que ha quedado pendiente en los dos gobiernos anteriores. El objetivo final es retornar a los niveles de PIB per cápita de 2002, y en las elecciones se ha prometido que no habrá descanso hasta conseguirlo.