La frase del ministro deja mucha tela para cortar, como cada una de sus reflexiones. ¿Qué parte es cierta y qué parte no lo es?

Lo cierto es que liberales y socialistas llegan a pocos consensos en la política económica, pero en la medida en que haya buenas intenciones, coincidirán en terminar con la corrupción y también con el favor político que el Estado ofrece a algunos empresarios. En este sentido, el pensamiento del ministro de Economía no encaja en ninguna escuela económica de pensamiento. Su política económica consiste en reemplazar al mercado y ofrecer privilegios o sanciones arbitrarias a quienes él cree que lo merecen. La igualdad ante la ley lógicamente brilla por su ausencia.

Siempre insisto en dejar de llamar Unión “Industrial” Argentina a ese grupo de seudoempresarios y seudoindustriales que se reúnen tras la Presidente para las fotos de sus discursos. ¿Qué empresario puede estar a favor de este modelo? Solo aquellos que reciben la “protección” del Estado. Pero ha sido tan gigantesco el entramado de regulaciones, favores, autorizaciones para compra de divisas, permisos de importación o exportación, subsidios, aranceles y protecciones que se extendieron en los últimos doce años, que engloba a una importante proporción de la estructura productiva.

En este sentido, el mensaje que ofrece el ministro de Economía tiene algo de cierto. Una política liberal que integre a la Argentina al mundo, que reduzca el gasto público, que elimine cepos, que termine o al menos reduzca los subsidios, que encuentre una solución a la inflación, sin duda hará caer a muchos seudoempresarios que jamás compitieron bajo reglas de mercado y más bien aprovecharon mercados cautivos, sin la competencia internacional -y en muchos casos ni siquiera la competencia local-, lo que se ha desarrollado en estos doce años a través del entramado de políticas kirchneristas que el liberal suele criticar.

¿Puede entonces haber “continuidad” en el modelo económico para preservar “la industria que supimos conseguir”? Es lo que el ministro de Economía ha intentado en toda su gestión, multiplicando controles, subsidios e intervenciones, pero sin éxito. Basta recordar la lenta pero continua caída de la industria mes tras mes a lo largo de toda su gestión para demostrar que el plan es un fracaso.

El dilema al que nos expone el ministro de Economía es claro. La “industria” no puede sostenerse, porque el modelo requiere día a día más controles y regulaciones, los que inevitablemente tienen costos que sufre la misma estructura productiva sobre la cual descansa el peso del Estado. El modelo es entonces inconsistente e inviable. Lo curioso, sin embargo, es que el ministro de Economía desea hacerle creer a la opinión pública que la culpa de esa necesaria reestructuración es del mercado y no de su propio modelo.

Una política liberal conduciría necesariamente a un ajuste inmediato de la estructura productiva, obligando a algunas empresas a una reestructuración acorde a lo que requiere la economía para reinsertarse en el mundo. Y hay dos formas de tomar este camino. De manera planificada, con políticas concretas que busquen recuperar cierta normalidad en los equilibrios fiscal, monetario y cambiario, o caer en una nueva crisis cuando la olla hirviendo, que es hoy la economía argentina, estalle por los aires y conduzca a una -ya no gradual, ni necesariamente lenta- reestructuración económica, donde numerosas pymes irán quebrando y el desempleo se irá extendiendo a toda la estructura productiva.

No podemos seguir juzgando la política económica por sus buenas intenciones. Lo cierto es que el modelo está agotado y la alta inflación y la ya extensa recesión -precisamente de la industria- son muestras del caso. La “industria que supimos conseguir” es muy débil y mantenerla en pie tiene sus costos.

En lugar de seguir creando organismos como este Consejo de Defensa a las Pequeñas y Medianas Empresas, parece mucho más rentable recuperar la igualdad ante la ley y la economía de mercado. Ningún contexto es más justo para los verdaderos empresarios que la sana competencia. El debate que nos debemos plantear es qué empresario queremos en el centro de nuestra estructura productiva.

El Gobierno argentino somete innecesariamente a la sociedad a un nivel de inflación cuyas causas ya son conocidas por todos en la profesión. Marcó del Pont o Axel Kicillof podrán discutir que el desequilibrio monetario causa inflación, pero esto choca contra uno de los mayores consensos con los que hoy cuenta la profesión. De ahí que la inflación sea un problema erradicado en casi todo el mundo. Los controles de precios también han mostrado ser una política inútil contra este proceso inflacionario. La ciencia económica desaconseja paliar la inflación con esta herramienta.

La administración kirchnerista tampoco se preocupa por el “equilibrio fiscal”, aspecto fundamental en los tratados de finanzas públicas. Mientras exista desequilibrio en este frente, el gasto excesivo deberá ser financiado por dos vías: deuda, que le es negada al gobierno por el default que lo acompaña desde sus inicios, o emisión monetaria, que justamente es la causa de las constantes subas de precios, e indirectamente también de los cada vez más frecuentes conflictos sociales y huelgas. Es simple concluir que si el déficit fiscal se agrava, bajo estas condiciones se agravará la inflación.

En el plano cambiario, el gobierno promueve un proteccionismo extremo, lo que ha provocado un llamado de atención de la OMC. Se podrá decir que todos los países aplican algún tipo de intervencionismo en el comercio internacional, pero Argentina ha abusado de esta herramienta, y ha traspasado todos los límites. Por un lado, restringe la libertad individual de que la gente acceda a la compra de divisas; por otro, impide la exportación de ciertos productos como la carne o la importación de productos básicos e insumos. La operatoria de las empresas es cada vez más compleja.

El Gobierno insiste que este modelo es inclusivo, “para todos”, pero queda claro que el proteccionismo protege a algunos a expensas de otros. Desde Adam Smith en adelante, los economistas sabemos que el mercantilismo beneficia a algunos industriales amigos, a la vez que perjudica a los consumidores que deben pagar más por productos y servicios de peor calidad.

Reconocer que los problemas de inflación, déficit fiscal, estancamiento o recesión, desempleo en aumento, conflictos sociales continuos y huelgas son la consecuencia lógica de la política económica que la actual gestión en economía provoca, debería conducir a este Gobierno o al próximo a buscar un cambio de modelo.

Concretamente, se requiere: i) un presupuesto base cero para alcanzar la eficiencia del gasto público que pueda ser sostenible en el largo plazo; ii) en base a ese nivel “óptimo” de gasto, habrá que alcanzar un nivel de recaudación tributaria que lo pueda sostener, pero si nos basamos en un “gobierno limitado” habrá espacio para eliminar los derechos de exportación y reducir el IVA a la mitad, de acuerdo a las política tributaria que la mayoría de los países aplican. Nótese que la presión tributaria argentina es la más alta de la región y llega a más que duplicar la de algunos países; iii) habrá que avanzar en eliminar las restricciones cambiarias y permitir una dolarización espontánea, si esto es lo que la gente desea. Tratar como un criminal a quien huye del peso para evitar perder poder adquisitivo constituye un verdadero crimen; iv) también será necesario recuperar el libre comercio, habilitando por ejemplo a los productores ganaderos a exportar carne, o a los importadores a contar con los insumos que necesitan para ser eficientes en los procesos de producción. Sólo de esa forma puede iniciarse un camino que nos permita competir a nivel global; v) habrá que flexibilizar el mercado laboral para que vuelvan a surgir empresas que creen empleo y terminen de una vez con esta destrucción de capital y de trabajo; vi) será fundamental avanzar hacia un federalismo real y correspondencia fiscal para que los gobernadores vuelvan a ser actores centrales en la economía argentina y abandonen su rol pasivo, terminando con el poder central que tanto daño ha hecho a las economías regionales.

Demás está decir que esta simple enunciación de políticas no intenta ser exhaustiva. Sólo comentar en esta nota periodística que un modelo diferente es posible y ya necesario, y que contradecir la ciencia económica tiene sus costos políticos y sociales. Para cerrar, vale recordar que la inflación, el desempleo creciente, la recesión o estancamiento, la fuga de capitales, el default son todos problemas que la mayoría de los países de la región no tienen por la coyuntura favorable que todavía nos acompaña.

Para dar un contexto a su artículo, entonces Machlup se encontraba analizando las políticas que el gobierno estadounidense y la autoridad monetaria venían practicando para intentar paliar el episodio económico más doloroso de la historia de EEUU. Lo que a continuación sostenemos es que el análisis causal del autor mantiene plena vigencia en lo que refiere a la crisis de 2008 y el intento por encontrar un camino de recuperación.

La respuesta de Machlup entonces implicó tres cuestiones: 1) ¿Sabemos lo que es un auge?, y ¿podemos claramente identificar una situación dada como un auge? 2) Si sabemos lo que es un auge, y también cómo identificarlo, ¿sabemos cómo puede ser controlado? 3) Si sabemos lo que es un auge, cómo identificarlo, y también cómo podría ser controlado, ¿somos capaces de aplicar nuestro conocimiento y llevar a cabo las medidas que consideramos adecuadas?

Ante la primera pregunta, Machlup confiesa que ante su persistente reclamo en favor de “detener el auge”, una violenta protesta siempre emergía, señalando que no se trataba de un auge, sino de una leve recuperación. En tal sentido, Machlup advierte que entonces el auge era generalmente definido como “el período que conduce al colapso”. Lo dicho enfrentaba un serio problema de lógica. Machlup señaló entonces que si llamamos “auge” al período que conduce al colapso, entonces —por definición— éste no puede ser controlado. Y es que si fuera controlado, entonces se argumentaría que no se trataba de un auge.

Machlup prefiere entones abandonar una definición que permita reconocer la situación sólo ex post, y sugiere que definamos al auge “como un incremento espectacular en la actividad económica, ya sea en algunas, en varias o en todas las partes del sistema económico”. Tal aumento en la actividad económica, podría deberse a incrementos en los precios, a aumentos de volumen, o a una suba de ambos.

Machlup señala que la mayoría de las personas en 1937 aceptarían que un aumento en el volumen de la producción es visto como sano, mientras que un incremento en los precios, generaba preocupación. Nuestro autor, sin embargo, estaba en el pequeño grupo de los que extendían su escepticismo al auge en el volumen de negocios, fundamentando el mismo en la experiencia observada en la gran depresión de 1929, cuando el producto industrial o los contratos de construcción aumentaron fuertemente.

Tal distinción fue posiblemente lo que impidió a la mayoría de los economistas identificar el período de auge del último ciclo económico, el que podríamos enmarcar bajo el período 2002-2007. Para ser más precisos, tras la crisis de las punto com y una vigorosa recuperación de la actividad económica, acompañada de la estabilidad de precios, nadie advirtió que un proceso de mala inversión estaba tomando lugar.

Sin embargo hoy es reconocido que tal recuperación no era tal, sino más bien un período de auge cuyo origen encontramos en la política crediticia de la Reserva Federal y que el sistema bancario canalizó al sector inmobiliario, como consecuencia de las presiones que el poder ejecutivo y legislativo aplicaron sobre el sistema financiero.

Hacia fines de 2007, la crisis subprime se convirtió en un hecho que pocos pudieron anticipar. Entonces la receta keynesiana emergió con fuerza, fundada en las lecciones no aprendidas de la gran depresión de 1930. La política fiscal dio lugar a planes de estímulo que permitieron crear empleo. La política monetaria permitió duplicar dichos planes de estímulo para rescatar al sistema financiero. Y en poco tiempo la economía mostró algunos resultados exitosos. Y aquí está el debate en cuestión. ¿Se trata de una recuperación o de un auge?

Machlup nos enseña que no debemos mirar “sólo” los precios. Aún con estabilidad de precios, la economía puede estar creando una nueva burbuja o en los términos modernos de Roger Garrison “un auge insostenible”. Pienso que pocos economistas negarán que tales resultados en la actividad económica y empleo tienen directo resultado en las políticas monetarias y fiscales mencionadas. Pero ahí comienza otro debate que identificamos con la segunda pregunta de Machlup: ¿Podemos controlarlo?

Veamos el análisis de nuestro autor: “Comencemos con una situación de gran desempleo. ¿Por qué hay trabajadores que desean trabajar al salario vigente, que no son contratados por los productores? Obviamente, porque estos últimos no esperan poder vender el producto de los trabajadores adicionales al precio que les permitiría pagar el salario de los trabajadores contratados. Dos modos tenemos, principalmente, para modificar esta situación. Una es la reducción del costo laboral (o de los costos de producción en general) que permite que los anteriores ingresos insuficientes que se obtienen por la venta del producto se conviertan ahora en ingresos suficientes para pagar su costo. La otra es un incremento en la demanda del producto, ya que se espera un mayor ingreso, el que entonces puede ocuparse de los salarios de los trabajadores que son contratados. Un incremento en la demanda de un producto que paralelamente no reduce la demanda por otro producto sólo puede originarse de un incremento en el dinero o el crédito disponible. En otras palabras, una expansión crediticia incrementa la demanda de productos y de medios de producción. Más dinero está disponible para comprar más trabajo a una tasa salarial dada —mientras que en la primera forma a la que nos referimos, un fondo de dinero dado podía comprar más trabajo a una menor tasa salarial. Ambas maneras incluyen, como regla, una reducción de la tasa salarial real, la primera a través de una reducción de la tasa salarial nominal, la segunda a través de mayores precios, lo que permite a una tasa salarial dada comprar menos bienes”.

Resumiendo, Machlup menciona dos formas de resolver el desempleo. Aunque el primero es impopular, esto es, la reducción de los salarios, para nuestro autor es superior porque contiene menos gérmenes de desajustes posteriores. El segundo método, el de lograr mayor empleo por la vía de la expansión monetaria, es simple, efectivo en el corto plazo, pero distorsivo. Machlup explica que “hay inicialmente un acto de toma de préstamos —ya sea de parte de industriales privados que no pueden posponer por más tiempo ciertos desembolsos los cuales han sido demorados por varios años, o por el gobierno que no desea esperar hasta que la inversión privada se recupere y lleve a cabo obras públicas. Estas inversiones que constituyen demandas por bienes de producción, llevan nuevo poder adquisitivo a las manos de los consumidores, los cuales tienen ahora una demanda incrementada por bienes de consumo. El gasto de este dinero va a invitar a que se realicen más inversiones privadas. La inversión pública y la mayor inversión privada, ambas financiadas por nuevos créditos bancarios, forman una nueva demanda para los bienes de producción. Utilizado en la producción de bienes de producción, el nuevo dinero se convierte en ingreso de los factores de producción utilizados, i. e., trabajadores y propietarios de equipo. El ingreso incrementado va a constituir nuevamente demanda para más bienes de consumo. Y esto puede continuar como un proceso acumulativo”. El problema que la literatura ha identificado ante tal escenario, es cómo mantener los tipos de interés por debajo de su nivel natural a lo largo del tiempo.

“Los optimistas”, critica Machlup, “están inclinados a desechar ambos peligros. ¿Falta de capital liquido? ¿Tasas de Interés en aumento? Permitan que los bancos de la Reserva Federal manejen esta incómoda situación. Los bancos de la Reserva Federal pueden prevenir la rigidez monetaria suministrando a los bancos con reservas suficientes para una expansión adicional. ¿Inversiones decrecientes por parte de la industria privada? Dejen al gobierno que resuelva esto. Existen suficientes obras públicas buenas para ser emprendidas. La inversión pública puede llenar el espacio dejado por la inversión privada. Este optimismo es, desde mi punto de vita, inflacionismo. El programa significa nada más ni nada menos que esto: satisfacer todas las siempre crecientes demandas de capital por medio de la creación de nuevo dinero bancario; y hacer esto en forma abundante para evitar el aumento de las tasas de interés; o, si la demanda de inversiones privada cayera, financiar obras públicas por medio de nuevo dinero bancario: en otras palabras, seguir y seguir inflando la circulación monetaria. Estoy de acuerdo en que la crisis puede ser pospuesta a través de estos métodos, pero sostengo que no se puede escapar al colapso final. El mantener la tasa de inversión al nivel del auge significaría un continuo incremento en los medios en circulación. Las consecuencias de la inflación, sin embargo, eventualmente forzarían una caída en las inversiones la cual se impidió que sucediera en un momento anterior. La disminución de la tasa de inversión no parece ser evitable y el retroceso en la inversión, entonces, haría evidente que la expansión industrial durante el alza fue desproporcionada. La distribución de la demanda monetaria por el producto de diferentes industrias durante el periodo de expansión crediticia es diferente de la distribución de demanda luego de que la expansión crediticia se desacelere o frene. Es decir que una gran parte del sistema económico parece estar condenado a experimentar otra parálisis”.

Bajo este análisis, Machlup advierte que “sí”, sabemos como el auge puede ser controlado. Ahora podemos proceder con nuestro último interrogante, el cual se pregunta si somos capaces de llevar adelante las medidas que consideramos adecuadas. El control consiste en evitar una rápida expansión en el crédito y el circulante. ¿Cuán acelerada ha sido la expansión desde 2007? Los datos muestran que sólo entre septiembre de 2008 y enero de 2009 se ha duplicado la base monetaria. Pero además, la política de liquidez conocida como “alivio cuantitativo” siguió durante los años siguientes, con una tasa de interés en torno al 0 y el 0.25 % hasta el día de hoy. En estos últimos meses, sin embargo, comenzó a hablarse del “tapering“, esto es, que la Reserva Federal reduzca el programa de compra de activos ante mejoras en la actividad económica y el mercado laboral. En diciembre pasado, a poco de dejar el cargo, Ben Bernanke decidió dar lugar al “tapering”, sin desconocer que la situación sigue siendo delicada.

El optimismo de Bernanke lo conduce a esperar que el “tapering” siga avanzando gradualmente ante mejoras en el mercado laboral, sin embargo, otros analistas son mucho más pesimistas, apuntando al creciente desequilibrio fiscal. Estos analistas no dudan, que ante una pequeña alza en el desempleo, Janet Yellen -su reemplazante en el mando de la Reserva Federal- utilizará un arsenal de medidas para expandir aún más el crédito y sostener el auge.

Que el “tapering” continúe o no, y que en consecuencia la Reserva Federal pueda o no controlar este auge, es un desafío que como se muestra aquí se viene discutiendo desde hace décadas. No hay sólo un debate político y social detrás de estas políticas económicas, sino que también está en juego un debate académico fundamental: ¿Pueden los Bancos Centrales administrar correctamente el dinero? Personalmente pienso que hay mejores alternativas que el monopolio en la administración del dinero y del crédito.

Al margen de la disputa política y social, lo cierto es que “estrictamente en lo económico” el diagnóstico de Friedman era muy claro y contundente, y advertía cuáles eran los dos problemas centrales de Chile en ese momento: la acelerada inflación y la ausencia de una saludable economía de mercado. Éstos son, casualmente, los problemas centrales de la Argentina de hoy y las recomendaciones económicas que por entonces ofreció Friedman son precisamente las mismas que hoy necesita nuestro país. A continuación tomamos aquella carta, y con pequeñas variaciones, imaginamos que fuera destinada a nuestra presidente.

Estimad[a] señor[a] presidente:

Durante la visita que le hiciéramos el viernes 21 de marzo, realizada con el objeto de discutir la situación económica de [Argentina], usted me pidió que le transmitiera mi opinión acerca de la situación y políticas económicas luego de completar mi estancia en su país. Esta carta responde a tal requerimiento.

Permítame primero decirle cuán agradecidos estamos mi esposa y yo de la cálida hospitalidad que nos brindaran tantos [argentinos] durante nuestra breve visita; nos hicieron sentir como si realmente estuviéramos en casa. Todos los [argentinos] que conocimos estaban muy conscientes de la seriedad de los problemas que su país enfrenta, dándose cuenta de que el futuro inmediato iba a ser muy difícil. Sin embargo, todos mostraban una firme determinación en aras de superar dichas dificultades y una especial dedicación en el trabajo por un futuro más próspero.

El problema económico fundamental de [Argentina] tiene claramente dos aristas: la inflación y la promoción de una saludable economía social de mercado. Ambos problemas están relacionados: cuánto más efectivamente se fortalezca el sistema de libre mercado, menores serán los costos transicionales de terminar con la inflación. Sin embargo, y pese a estar relacionados, se trata de dos problemas diferentes: el fortalecimiento del libre mercado no culminará con la inflación per se, como tampoco terminar con la inflación derivará automáticamente en un vigoroso e innovador sistema de libre mercado.

La causa de la inflación en [Argentina] es muy clara: el gasto público corresponde, aproximadamente, a un [45] % del ingreso nacional. Cerca de un cuarto de este gasto no deriva de impuestos explícitos y, por lo tanto, debe ser financiado emitiendo una mayor cantidad de dinero; en otras palabras, a través del impuesto oculto de la inflación. […]

Este impuesto-inflación genera un enorme daño al inducir a las personas a dedicar un gran esfuerzo por limitar su posesión de dinero
en efectivo. Esa es la razón por la cual la base es tan estrecha. En la mayoría de los países, desarrollados y subdesarrollados, la
cantidad de dinero es más cercana al 30% del ingreso nacional que al [10,7 %] de éste. […]

Existe sólo una manera de terminar con la inflación: reducir drásticamente la tasa de incremento en la cantidad de dinero. En la situación de [Argentina], el único modo para lograr la disminución de la tasa de incremento en la cantidad de dinero es reducir el déficit fiscal. Por principio, el déficit fiscal puede ser reducido disminuyendo el gasto público, aumentando los impuestos o endeudándose dentro o fuera del país. Exceptuando el endeudamiento externo, los otros tres métodos tendrían los mismos efectos transitorios en el empleo, aunque afectando a diferentes personas -disminuir el gasto público afectaría inicialmente a los empleados públicos, aumentar los impuestos afectaría inicialmente a las personas empleadas por quienes pagan impuestos, y endeudarse afectaría inicialmente a las personas empleadas por los titulares de los créditos o por la las personas que, de otro modo, hubieran conseguido esos fondos prestados.

En la práctica, disminuir el gasto público es, por lejos, la manera más conveniente para reducir el déficit fiscal ya que, simultáneamente, contribuye al fortalecimiento del sector privado y, por ende, a sentar las bases de un saludable crecimiento económico.

La disminución del déficit fiscal es requisito indispensable para terminar con la inflación. Un problema menos claro es cuán rápidamente debe terminarse con ella. Para un país como Estados Unidos, en el cual la inflación [de 1975 era] de alrededor del 10%, yo aconsejo una política gradual de eliminación en dos o tres años. Pero para [Argentina], en que la inflación se mueve entre el [2] % y [3] % mensual, creo que graduar su eliminación no es viable; conllevaría una tan gravosa operación por un periodo de tiempo tan largo, que temo la paciencia no acompañaría el esfuerzo.

No existe ninguna manera de eliminar la inflación que no involucre un periodo temporal de transición de severa dificultad, incluyendo desempleo. Sin embargo, y desafortunadamente, Argentina enfrenta una elección entre dos males, un breve periodo de alto desempleo o un largo periodo de alto desempleo, aunque sutilmente inferior al primero. En mi opinión, las experiencias de Alemania y Japón luego de la II Guerra Mundial, de Brasil más recientemente, del reajuste de postguerra en Estados Unidos, cuando el gasto público fue reducido drástica y rápidamente, argumentan en pro de un tratamiento de shock. Todas estas experiencias sugieren que este periodo de severas dificultades transicionales sea breve (medible en meses) para que así la subsecuente recuperación sea rápida.

Para mitigar los costos de la transición y facilitar la recuperación, creo que las medidas fiscales y monetarias debieran ser parte de un paquete que incluya medidas que eliminen los obstáculos a la empresa privada y que alivien la aguda angustia.

Para acotar, haré un bosquejo de los contenidos de un paquete de propuestas específicas. Mi conocimiento de [Argentina] es muy limitado como para permitirme ser tanto preciso como exhaustivo, de modo que estas medidas deben ser consideradas más bien como ilustrativas.

Si este enfoque de shock fuera adoptado, creo que debiera ser anunciado pública, muy detalladamente y, además, entrar en vigor en
una fecha muy cercana a dicho anuncio. Cuánto mejor informado se encuentre el público, más contribuirán sus reacciones al ajuste. A continuación propongo una muestra de las medidas que debieran ser tomadas:

[1].- Un compromiso del gobierno de reducir su gasto en 25% dentro de seis meses; reducción que debiera tomar la forma de una disminución transversal del presupuesto de cada repartición en 25%, con los relativos a personal a tomarse tan pronto como sea posible. Sin embargo, las reducciones de gasto debieran ser escalonadas en base a un periodo de seis meses para permitir el pago de generosas indemnizaciones. (Cualquier intento de ser selectivo o parcial tiene la probabilidad de fracasar debido a las posibles manipulaciones de cada repartición por lograr que la reducción presupuestaria afecte a otra de ellas. Es preferible hacer primero una reducción transversal, para luego reasignar el total ya reducido). […]

[2].- Un categórico compromiso del gobierno de que después de seis meses no financiará más gasto alguno a través de la emisión de dinero. (Así como la recuperación económica se vaya dando, la cantidad de dinero deseable en términos reales, esto es, la cantidad consistente con precios estables, aumentará. Sin embargo, este incremento debiera servir como base para la expansión de un mercado de capitales privado en vez de utilizarse para financiar gasto público).

[3].- Continuar con vuestra política actual de un tipo de cambio diseñado para aproximarse a un tipo de cambio de libre mercado.

[4].- La eliminación de la mayor cantidad posible de obstáculos que, hoy por hoy, entorpecen el desarrollo del libre mercado. Por ejemplo, suspender, en el caso de las personas que van a emplearse, la ley actual que impide el despido de los trabajadores. En la actualidad, esta ley causa desempleo. También, eliminar los obstáculos a la creación de nuevas instituciones financieras. Asimismo, eliminar la mayor cantidad posible de controles sobre los precios y salarios. El control de precios y salarios no sirve como medida para eliminar la inflación; por el contrario, es una de las peores partes de la enfermedad. (Eliminar obstáculos, pero no sustituir subsidios. La empresa privada tendrá la facultad de gozar de las recompensas del éxito sólo si también arriesga soportar los costos del fracaso. Todo hombre de negocios cree en la libre empresa para todos, pero busca también favores especiales para sí mismo. Ningún obstáculo, ningún subsidio; esa debiera ser la regla).

[5].- Tome las providencias necesarias para aliviar cualquier caso de real dificultad y severa angustia que se de entre las clases más pobres. Tome en cuenta que las medidas tomadas no producirán, por sí mismas, daño en estos grupos. El despido de empleados públicos no reducirá la producción, sino que simplemente eliminará gasto- sus despidos no significarán la producción de un pan o un par de zapatos menos. Pero indirectamente, algunas de las clases menos privilegiadas serán afectadas y, séanlo o no, el programa de medidas será señalado como el culpable de sus angustias. Por lo tanto, sería beneficioso tomar ciertas providencias de este tipo en dicho programa. En este aspecto, mi ignorancia de la situación y acuerdos actuales vigentes en [Argentina] me hacen imposible ser más específico.

Un programa de shock tal como este podría eliminar la inflación en cuestión de meses. También fundaría las bases necesarias para lograr la solución de su segundo problema- la promoción de una efectiva economía social de mercado.
Este no es un problema de reciente origen, sino que surge de tendencias al socialismo que comenzaron hace [80] años y que
alcanzaron su lógico, y terrible clímax, durante el régimen de [Perón]. […]

La eliminación de la inflación llevará a una rápida expansión del mercado de capitales, lo cual facilitará en gran medida la
privatización de empresas y actividades que aún se encuentran en manos del Estado.

El más importante paso en este sentido es la liberalización del comercio internacional para, de este modo, proveer de una efectiva competitividad a las empresas [argentinas] y promover la expansión tanto de las importaciones como de las exportaciones. Lo anterior no sólo mejorará el bienestar del [argentino] común al permitirle adquirir todos los bienes al menor costo, sino que también disminuirá la dependencia de [Argentina] en una sola exportación de importancia: [la soja].

Estoy conciente de que su Gobierno ya ha dado pasos importantes y planea otros futuros en orden a reducir las barreras al comercio
internacional y a liberalizarlo, y que, como resultado de ello, la ventaja competitiva real de [Argentina] se refleja mejor en éste hoy que en las décadas pasadas. Este es un gran logro. También veo que en esta área existe un fuerte argumento a favor de una gradualización para entregar a los productores [argentinos] una oportunidad para ajustarse a las nuevas condiciones. No obstante, gradualismo no debe significar quedarse estancado. En mi opinión personal, creo que un buen consejo para [Argentina] sería dirigirse a la liberalización del comercio a una velocidad y en una extensión mucho mayores de las que hasta ahora han sido propuestas. Un comercio totalmente libre es el objetivo final deseable, aunque no sea posible de alcanzar en el más cercano futuro.

Quisiera concluir esta carta diciendo que estoy seguro que [Argentina] tiene un gran potencial. Ha sido un pueblo capaz, letrado, creativo y lleno de energía [...]. Hace unos [ochenta] años atrás, [Argentina], como muchos otros países, incluyendo el mío, se encausó en la ruta equivocada- por buenas razones y sin maldad, ya que fueron errores de hombres buenos y no malos. El mayor error, en mi opinión, fue concebir al Estado como el solucionador de todos los problemas, de creer que es posible administrar bien el dinero ajeno.

Si [Argentina] toma hoy la senda correcta, creo que puede lograr otro milagro económico: despegar hacia un crecimiento económico sostenido que proveerá una ampliamente compartida prosperidad. Pero para aprovechar esta oportunidad, [Argentina] deberá primero superar un muy dificultoso periodo de transición.

Sinceramente, Milton Friedman