Lecciones argentinas para la Unión Europea

Existen semejanzas entre la salida de Argentina de la Convertibilidad respecto de la posible salida de algunos países de la Unión Europea del Euro, así como también entre el rol que supo jugar Domingo Cavallo y el lugar que ocupa hoy mismo Angela Merkel al frente de la Unión Europea.

Argentina consiguió con la Convertibilidad la estabilidad monetaria que se la había negado durante muchas décadas, pero hacia el final del milenio las dificultades emergieron con fuerza, tanto por causas exógenas al modelo, como la crisis asiática de 1997, el default ruso de 1998 y la devaluación brasileña de 1999, como también por causas endógenas, como el continuo desequilibrio fiscal y la acumulación de deudas para financiarlo.

El gobierno de Fernando De La Rúa asumió en 1999 con el objetivo de sostener el “uno a uno”, pero no supo o no quiso avanzar en los necesarios ajustes fiscales que le habrían permitido mantenerlo. Domingo Cavallo, su ministro de Economía en la etapa más compleja de su corta administración, jamás creyó en las bondades de la Convertibilidad que él mismo había ayudado a crear, y en lugar de apuntar a equilibrar las cuentas públicas, apuntó a un gradual abandono del modelo, lo que profundizó la crisis con una fuga de capitales creciente que dejó a la Convertibilidad sin las reservas necesarias para sostenerla. Con un desempleo real (incluyendo sub-empleo) que rondaba el 30 % de la población económicamente activa, y luego de tres años de estancamiento (había comenzado en el tercer trimestre de 1998), Argentina eligió el peor camino, una fuerte devaluación de la moneda que obligó a romper contratos en masa, a pesificar depósitos y a agravar todos los indicadores de la economía real.

Los países miembros de la Unión Europea también supieron beneficiarse de la unión comercial y el Euro para solucionar dificultades macroeconómicas previas, como los sucesivos períodos inflacionarios en distintos países, pero hoy el bloque presenta similares dificultades a las entonces argentinas en el plano de la generación de empleo y también en las carencias para encontrar una fase de crecimiento económico sostenido, lo que ya lleva varios años. Es cierto que el Estado de Bienestar permite paliar la situación quizás por algún tiempo más que el modelo argentino, pero si los problemas en la generación de empleo persisten, las dificultades por  mantenerse dentro de la Unión Europea serán crecientes.

Grecia acaba de elegir a su nuevo Presidente,  quien promueve mantenerse dentro de la Unión Europea a cambio de una fuerte quita de capital en su deuda pública. La Unión Europea rechazó la medida, y los mercados tiemblan por las consecuencias que puede sufrir la región ante una salida de Grecia del bloque comunitario.

Lo cierto es que la Unión Europea también ha evadido los necesarios ajustes fiscales que le permiten a la región mantenerse dentro de la Unión Europea y del Euro. Ni Grecia, ni España, ni el resto de los PIIGS avanzaron lo suficiente en el ajuste fiscal. Al igual que el FMI con la Argentina, Angela Merkel exige ajustes a estos países a cambio de seguir ofreciendo deuda para evitar el peor desenlace. El acceso a la nueva deuda que toman los PIIGS es precisamente la causa que evita alcanzar el equilibrio presupuestario. Los problemas persisten y la economía acumula cada vez más desequilibrios.

Bajo este contexto, los sucesivos desequilibrios necesariamente desenvocarán en la salida de Grecia y los PIIGS de la Unión Europea, quizás hacia una integración comercial más restringida, aunque nadie puede negar el efecto contagio que estos mercados “débiles” pueden ocasionar sobre los mercados más “fuertes”. Después de todo, la deuda impaga que surgiría de la salida de los PIIGS de la Unión Europea, es deuda que debilitaría a las economías más fuertes del bloque, incluyendo a Alemania.

Angela Merkel es a la Unión Europea lo que Domingo Cavallo y el FMI fueron a la Argentina. Si no fortalece su posición de ajuste fiscal y rechaza seguir financiando los desequilibrios fiscales de los países más débiles del bloque, sólo generará un daño mayor sobre la región, pudiendo quizás postegar el peor desenlace, pero alcanzando inevitablemente el fin de la Unión. La medida desesperada de la Unión Europea de avanzar en los Quantitative Easing impulsados por el Banco Central Europeo son un paso más en el mismo sentido. Nunca se promueve corregir los desequilibrios, sino tan solo postergar el desenlace creando otros nuevos.

El relato de la deuda argentina

El relato es un instrumento de la política. Lo ha sido siempre. No es un monopolio del kirchnerismo, sino que se extiende a cada gobierno y a cada político, intentando siempre desligarse de responsabilidades sobre los problemas que nos aquejan

Domingo Cavallo es siempre apuntado como el responsable de la deuda en Argentina. En cualquier discurso sobre deuda o holdouts su nombre resurge. Es por esto que la columna que Infobae publicó ayer con su versión de “la evolución de la deuda argentina” tiene un importante significado.

Como expliqué en otra columna, Cavallo tuvo participación activa en el crecimiento de nuestra deuda en tres momentos históricos. 1) bajo el gobierno militar; 2) bajo el primer gobierno menemista; 3) bajo el gobierno de De la Rúa.

Personalmente, cambiaría el título de la referida columna, porque no trató allí la evolución completa de la deuda, sino la evolución “reciente” de la deuda argentina. Esto lo eximió de responder también por su participación en el crecimiento de la deuda durante el gobierno militar.

Pero su análisis deja igualmente mucha tela que cortar. Señala, por ejemplo, que en su gestión en el primer gobierno menemista la deuda no creció, sino que incluso cayó ligeramente. Llega a esta conclusión luego de mostrar que la deuda pública ascendía a 92.400 millones de dólares en 1989, de los cuales estaban registrados 63.000 millones, y pendientes de registración otros 28.700 millones de dólares. Al final el año 1996, la deuda ascendió a 91.700 millones de dólares.

Debemos aclarar, sin embargo, varias cuestiones.  En primer lugar, que el efecto del mencionado Plan Brady, que implicó una importante quita de la deuda, se eliminó por completo en sólo 3 años de su gestión. En segundo lugar, que Cavallo no menciona el proceso de privatizaciones de aquellos años que llevó a los compradores de las empresas públicas argentinas como Entel o Segba a pagar con bonos del gobierno en default, lo que permitió un importante descenso de aquel capital adeudado.

Con una buena gestión en el primer gobierno menemista, aprovechando la quita de capital y el proceso de privatizaciones, la deuda pública pudo haber bajado realmente a un nivel despreciable, y acompañado del crecimiento económico de aquellos años, su relación con el PIB hubiera mostrado que el problema histórico de la deuda estaba realmente resuelto.

A su favor, su salida del Ministerio de Economía no mejoró las cosas. En el segundo gobierno de Menem, entre 1996 y 1999, la deuda saltó de 91.600 a 111.000 millones de dólares.

En el gobierno de De la Rúa, la deuda volvió a crecer, en este caso de 111.000 a 134.700 millones de dólares, y de nuevo, Cavallo tuvo su responsabilidad. Es cierto que muchos de los vencimientos de la deuda tomada bajo el menemismo se colocaron un día después de abandonar el cargo, con lo cual la Alianza recibió una onerosa herencia, pero la gestión de estos problemas pudo ser mejor. El gobierno de la Alianza nunca pudo gestionar adecuadamente la deuda, ni la economía del país, cediendo terreno a manos del FMI para evitar caer en default y sostener la convertibilidad.

López Murphy tuvo un diagnóstico acertado cuando ocupó el Ministerio de Economía, apuntando al déficit fiscal, pero fue justamente la reaparición de Cavallo lo que minó aquella propuesta apuntando que el problema “no es el défcit, sino la competitividad”. La gestión de Cavallo en el gobierno de De la Rúa fue acompañada de mucha desconfianza del mercado, lo que se reflejó en una fuga de capitales sin precedentes que hicieron imposible sostener la convertibilidad en los años siguientes, con todo lo que ello trae aparejado, desde lo económico y lo social.

Un aporte significativo de este artículo es su mención de la deuda en la “década ganada”. Se suma Cavallo a magnificar el mito del desendeudamiento cuando señala que en estos diez años la deuda sumó otros nuevos 100.000 millones de dólares para pasar en diciembre de 2013 a acumular 231.000 millones de dólares (neta de activos financieros). Señala además que el problema no es sólo cuantitativo, sino cualitativo, especialmente por sentencias incumplidas que implican onerosos intereses, que serán la herencia para el próximo gobierno. Sus cálculos lo conducen a afirmar que la deuda puede llegar a superar los 270.000 millones de dólares y tener un perfil de vencimientos y un costo de intereses bastante peor que el que tenía la deuda al final de 2001.

Concluyendo, Cavallo, como tantos políticos argentinos que se han sucedido en el poder, jamás comprendió la importancia del equilibrio fiscal. El gobierno militar financió su brecha con deuda y emisión (inflación). El gobierno de Alfonsín ya no tuvo acceso a deuda y financió el déficit con la hiperinflación. En el primer gobierno de Menem la brecha se financió con la venta de activos (privatizaciones), y tras el plan Brady con endeudamiento. De la Rúa mantuvo la convertibilidad, y entonces no pudo tampoco monetizar los déficit fiscales, pero también tomó deuda para apagar los incendios. Durante el gobierno de Néstor Kirchner, hubo cierto superávit fiscal, pero éste sólo se justifica por la estatización de las pensiones y el manotazo a los 30.000 millones de dólares que las AFJP tenían ahorrados. Para cuando llegó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ese dinero ya no alcanzaba, volviendo a monetizar los déficits como en los años 1980 y volviendo a sufrir la inflación creciente. Tras su reelección, la negación al ajuste muestra una peligrosa aceleración de la inflación. El pago al Club de París y a Repsol buscaba volver a abrir las puertas al endeudamiento, pero el intento fue fallido gracias al fallo de Griesa y la cláusula Rufo, la que se destrabaría en enero de 2015. En un año de elecciones, me aventuro a predecir una nueva explosión en el gasto, mayor inflación y un nuevo salto en nuestra deuda.

Lecciones de historia de la deuda externa argentina

La historia de la deuda externa argentina nace en 1824 con el empréstito de la firma Baring Brothers. Podríamos ofrecer un prolongado detalle de su evolución, pero lo cierto es que en 1976, el monto total de la deuda externa sumaba apenas 4000 millones de dólares. Sobrevaluación cambiaria y “Tablita” mediante, Martínez de Hoz termina su gestión el 31 de marzo de 1981 dejando una deuda pública externa de 17.170 millones de dólares.

El primer “salto” de la deuda llega poco después de esto, cuando en junio de 1982 Domingo Cavallo asume la Presidencia del Banco Central, desencadenando una hiperinflación primero, para luego –dada la carencia de divisas-, nacionalizar la deuda privada. Como resultado, el gobierno del proceso entregó el país al gobierno de Alfonsín con una deuda pública externa de 45.000 millones de dólares en 1983.

Las dificultades fiscales no terminaron con el gobierno de Alfonsín, y su monetización lo condujo a un nuevo proceso hiperinflacionario. En 1989 la deuda ascendió a 66.300 millones de dólares, de los cuales sólo 3000 eran deuda interna.

El segundo “salto” de la deuda aparece en los años 1990. En 1999, cuando culmina el gobierno menemista, la deuda pública externa se había duplicado, alcanzando los 121.400 millones de dólares. Cavallo tuvo un paso significativo en la primera mitad de esta década gestionando la quita de capital del Plan Brady, pero también fue responsable de no utilizar el capital de las privatizaciones para cancelar capital -más de 30.000 millones de dólares- ni preocuparse jamás por el equilibrio fiscal. Tras su salida, la responsabilidad fiscal y el posterior “déficit cero” fueron sólo palabras.

El gobierno de De la Rúa sólo se preocupó por “apagar incendios” y se sucedieron canjes, como los famosos “blindaje” y “megacanje”. Para cuando se declaró la suspensión de pagos en 2001, la deuda era de 144.000 millones de dólares.

Tras una transición de dos años, en 2003 asumió Néstor Kirchner. El kirchnerismo ofreció a los acreedores dos reestructuraciones en 2005 y 2010, reemplazando la deuda con nuevos bonos, a partir de los cuales los acreedores volvieron a cobrar intereses. Esta reestructuración también implicó una quita de capital y fue asociada a las cláusulas RUFO, que básicamente definían que si el gobierno ofrecía a los bonistas que no aceptaron las mencionadas dos reestructuraciones una oferta superior, entonces estos bonistas tenían derecho a reclamar el mismo acuerdo. Estas cláusulas vencen en diciembre de 2014.

El monto de la deuda externa desde entonces fue difícil de estimar, y los números que surgieron fueron siempre parciales, ya que nunca se completó la reestructuración, ni se pudo salir completamente del default anterior.

Sólo la urgencia del gobierno por tomar deuda nuevamente aceleró las negociaciones para pagarle al Club de París y arreglar la expropiación de Repsol-YPF. En este contexto, el juez Griesa determinó que Argentina debía cancelar el capital adeudado con los acreedores pendientes, quienes en realidad ya habían vendido sus bonos a otros acreedores dispuestos a adelantar el capital y esperar por la determinación judicial.

Al momento de escribir estas líneas, el gobierno argentino está aprovechando los últimos 30 días de negociación, antes de cancelar ese capital adeudado. Preocupa al gobierno que las mejores condiciones determinadas por el juez Griesa, activen las cláusulas RUFO y entonces surjan juicios por entre 120.000 y 500.000 millones de dólares.

Esta preocupación, sin embargo, resulta injustificada, ya que la cancelación en efectivo del fallo judicial no es una “mejor oferta del gobierno”, sino la determinación del juez. Por el contrario, las negociaciones iniciadas para cancelar parte del capital en efectivo, y parte en bonos, sí podrían activar las cláusulas RUFO, y con ello implicar un nuevo salto de la deuda pública externa.

Dejando de lado las sucesivas e innecesarias descalificaciones del gobierno argentino hacia el juez Griesa y los holdouts, parece apropiado cancelar este capital en efectivo y definitivamente abandonar la situación de default mantenida desde diciembre de 2001.

El peligro asociado a este acuerdo, sin embargo, es que la voracidad fiscal que ha caracterizado al gobierno, lo conduzca ahora a continuar evitando el ajuste tomando deuda externa, y que entonces se abra la única puerta de financiamiento que permanecía cerrada.

Dado el consenso que los partidos políticos han mostrado en los últimos meses por el desprecio a la deuda externa, me parece que es el momento adecuado para una discusión en el Congreso y el voto de una ley que coloque límites al endeudamiento, por ejemplo, fijando el requerimiento de mantener el porcentaje actual de deuda pública sobre PBI. No hacerlo en el momento apropiado puede convertir a Kicillof en el nuevo Cavallo de la deuda externa argentina, conduciéndonos a un nuevo “salto” antes de las elecciones de 2015, un problema que se trasladará a las generaciones futuras que ni siquiera participaron de la elección del actual gobierno.

Dolarización/convertibilidad inmediata a 15 pesos por dólar

Cuando Brasil devaluó en 1999, recuerdo que los periodistas entrevistaron a Carlos Saúl Menem -el entonces presidente de la Argentina-, y le consultaron por el abandono de la convertibilidad y la magnitud de la devaluación que llevaría adelante el gobierno argentino. Menem respondió que no habría devaluación. Que el paso que venía era la dolarización. Siempre tuve la sensación de que ésa era la salida que el país necesitaba para evitar volver a las políticas inflacionistas de los años 1980. Pero Menem no avanzó en esta política, y por el contrario, continuó incrementando el gasto público (aumentó 100% en dólares en una década), con su consecuente déficit fiscal. La acumulación de deudas le permitió mantener su estructura de poder y colocó los vencimientos pocos días después de su salida del cargo, dejando el campo minado a su sucesor.

Fernando De la Rúa prometió mantener la convertibilidad, pero no supo, no pudo o no quiso hacer el necesario ajuste para equilibrar las cuentas. La pérdida de reservas fue aumentando día a día. Ricardo López Murphy llegó al Ministerio de Economía en marzo de 2001 con la renuncia en el bolsillo, si no lo dejaban avanzar en el ajuste que el país necesitaba, y pocos días después abandonó el cargo, ante las manifestaciones sociales contrarias a esas intenciones. De la Rúa no soportó la presión que el plan de ajuste necesitaba. El retorno de Domingo Cavallo sólo empeoró las cosas. Explicó que el problema no era el déficit, sino la competitividad, y dio señales claras de un gradual abandono de la convertibilidad, lo que aceleró la fuga de capitales y dejó al Banco Central de la República Argentina sin reservas, obligando a los gobiernos siguientes a abandonar la convertibilidad y pesificar. La dolarización pudo ser la alternativa, pero debió aplicársela antes de quedarse sin reservas.

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