La frase del ministro deja mucha tela para cortar, como cada una de sus reflexiones. ¿Qué parte es cierta y qué parte no lo es?

Lo cierto es que liberales y socialistas llegan a pocos consensos en la política económica, pero en la medida en que haya buenas intenciones, coincidirán en terminar con la corrupción y también con el favor político que el Estado ofrece a algunos empresarios. En este sentido, el pensamiento del ministro de Economía no encaja en ninguna escuela económica de pensamiento. Su política económica consiste en reemplazar al mercado y ofrecer privilegios o sanciones arbitrarias a quienes él cree que lo merecen. La igualdad ante la ley lógicamente brilla por su ausencia.

Siempre insisto en dejar de llamar Unión “Industrial” Argentina a ese grupo de seudoempresarios y seudoindustriales que se reúnen tras la Presidente para las fotos de sus discursos. ¿Qué empresario puede estar a favor de este modelo? Solo aquellos que reciben la “protección” del Estado. Pero ha sido tan gigantesco el entramado de regulaciones, favores, autorizaciones para compra de divisas, permisos de importación o exportación, subsidios, aranceles y protecciones que se extendieron en los últimos doce años, que engloba a una importante proporción de la estructura productiva.

En este sentido, el mensaje que ofrece el ministro de Economía tiene algo de cierto. Una política liberal que integre a la Argentina al mundo, que reduzca el gasto público, que elimine cepos, que termine o al menos reduzca los subsidios, que encuentre una solución a la inflación, sin duda hará caer a muchos seudoempresarios que jamás compitieron bajo reglas de mercado y más bien aprovecharon mercados cautivos, sin la competencia internacional -y en muchos casos ni siquiera la competencia local-, lo que se ha desarrollado en estos doce años a través del entramado de políticas kirchneristas que el liberal suele criticar.

¿Puede entonces haber “continuidad” en el modelo económico para preservar “la industria que supimos conseguir”? Es lo que el ministro de Economía ha intentado en toda su gestión, multiplicando controles, subsidios e intervenciones, pero sin éxito. Basta recordar la lenta pero continua caída de la industria mes tras mes a lo largo de toda su gestión para demostrar que el plan es un fracaso.

El dilema al que nos expone el ministro de Economía es claro. La “industria” no puede sostenerse, porque el modelo requiere día a día más controles y regulaciones, los que inevitablemente tienen costos que sufre la misma estructura productiva sobre la cual descansa el peso del Estado. El modelo es entonces inconsistente e inviable. Lo curioso, sin embargo, es que el ministro de Economía desea hacerle creer a la opinión pública que la culpa de esa necesaria reestructuración es del mercado y no de su propio modelo.

Una política liberal conduciría necesariamente a un ajuste inmediato de la estructura productiva, obligando a algunas empresas a una reestructuración acorde a lo que requiere la economía para reinsertarse en el mundo. Y hay dos formas de tomar este camino. De manera planificada, con políticas concretas que busquen recuperar cierta normalidad en los equilibrios fiscal, monetario y cambiario, o caer en una nueva crisis cuando la olla hirviendo, que es hoy la economía argentina, estalle por los aires y conduzca a una -ya no gradual, ni necesariamente lenta- reestructuración económica, donde numerosas pymes irán quebrando y el desempleo se irá extendiendo a toda la estructura productiva.

No podemos seguir juzgando la política económica por sus buenas intenciones. Lo cierto es que el modelo está agotado y la alta inflación y la ya extensa recesión -precisamente de la industria- son muestras del caso. La “industria que supimos conseguir” es muy débil y mantenerla en pie tiene sus costos.

En lugar de seguir creando organismos como este Consejo de Defensa a las Pequeñas y Medianas Empresas, parece mucho más rentable recuperar la igualdad ante la ley y la economía de mercado. Ningún contexto es más justo para los verdaderos empresarios que la sana competencia. El debate que nos debemos plantear es qué empresario queremos en el centro de nuestra estructura productiva.

Lejos de aquella famosa frase de la presidente (“chiquitito pero cumplidor”), los resultados no han sido buenos, con una empresa aeronáutica que sólo se sostiene por los subsidios crecientes que recibe del gobierno, con un sistema de pensiones que lejos está de cumplir su función de cara al futuro, con ferrocarriles que cada año ofrecen peor servicio y mayor número de accidentes y con un país que abandonó el auto-abastecimiento de petróleo y ahora necesita algunos miles de millones de esos escasos dólares por año para que la economía no se quede sin energía.

Del modelo heredado de gobiernos anteriores al imaginario-ideal de Kicillof, se deben corregir varias anomalías, y es allí donde el ministro está operando, definiendo cuáles son las “cuestiones de Estado” e interviniendo en consecuencia lo necesario para asegurarle a los argentinos estabilidad de empleo y fomentando el desarrollo.

Estamos entrando posiblemente en la última etapa de doce años de kirchnerismo y el modelo que la Argentina proyecta es el del actual ministro de Economía, cuya formación económica lo ha conducido siempre a desconfiar del mercado mucho más que en sus colegas del gobierno. Todo está justificado en el “modelo de Kicillof”, si él cree -dentro de su arbitrariedad- que es una “cuestión de Estado”.

Se respaldará siempre en la democracia, en el voto del pueblo que eligió a Cristina Fernández de Kirchner en el poder y a él como su consejero económico. Nos debemos entonces los argentinos un debate acerca del modelo que queremos y la definición de las “cuestiones de Estado”.

El problema, desde mi humilde punto de vista, es que la “cuestión de Estado” central ya no es la seguridad, la justicia independiente, la protección del Estado de Derecho, la estabilidad monetaria, la desocupación o la pobreza, sino llegar a 2015 sin sufrir las consecuencias de estas políticas que se vienen aplicando. Tenga o no éxito Kicillof en este objetivo cortoplacista, la destrucción de nuestras “instituciones” ya es un daño irreparable.

Bastiat trató de manera magistral la falacia de la ventana rota. La historia cuenta que un niño arrojó una piedra a la vidriera de una panadería y escapó. Mientras el panadero lamentaba el hecho, los vecinos reflexionaban sobre el caso. “No es tan malo. Ahora el panadero deberá contratar a un vidriero para arreglarlo, quien a su vez tendrá mayores ingresos que podrá gastar en otras compras, abriendo con esto una cadena de pagos que genera un incremento de la actividad económica.”

El panadero escucha la reflexión y la cuestiona. “!Se volvieron locos! Aun si ignoran el perjuicio que produjo en mí, deben entender que esto no incrementa ninguna actividad económica. Este dinero que ahora debo utilizar para reponer la ventana, lo iba a utilizar para comprarme un traje. Ahora el sastre no recibirá ese dinero, ni podrá él gastar ese dinero en otra cadena de pagos. Deben comprender que no sólo esto no crea riqueza, sino que se desvía la riqueza en un sentido opuesto al que me gustaría. Pero además, deben comprender que la riqueza se reduce. Si esto no hubiera pasado, tendríamos esa ventana más el traje. Ahora sólo tendremos la ventana.”

“Es cierto”, dijeron sus vecinos.

La falacia de la ventana rota fue clave en la historia del pensamiento económico para que los economistas evaluemos el gasto público. Aunque su lección no fue aprendida por todos. Ahí tenemos a Paul Krugman, premio Nobel de Economía, insistiendo en que una tercera guerra mundial, o la invasión de extraterrestres, generaría un enorme gasto público en el campo militar que reactivaría la economía norteamericana y con ello la economía global.

El Plan Procrear puede discutirse desde el mismo argumento. Muchos “vecinos” se quedan viendo las “ventajas” del plan, representado en construcciones edilicias en todo el país. ¡Cuántas familias se beneficiaron con el plan! Pero ahí viene el otro lado del análisis. ¿Alguien se preguntó de dónde proviene ese dinero? Digamos que provienen del IVA. En ese caso, hubiéramos podido eliminar parte del impuesto, y los contribuyentes habrían podido incrementar su consumo. Si proviene del impuesto a las ganancias de las empresas, entonces estamos reduciendo la inversión y la creación de empleo. Si proviene de tomar deuda, peor aún, estamos endeudando a generaciones futuras, que no sólo no votaron por estos gobiernos que la toman, sino que además tendrán que pagar por ella en el futuro reduciendo su consumo.

Podemos asumir que proviene de la emisión monetaria, y aun así, la inflación es un impuesto no legislado que afecta especialmente a los menos pudientes, además de castigar el ahorro, que es la base del progreso. ¿Y si proviene del dinero de ANSES? La respuesta es la misma. La población activa que hoy aporta para su futuro, encontrará reducido el monto ahorrado, lo cual garantiza jubilaciones y pensiones precarias en su vejez. El hecho de que los beneficiados devuelvan en cuotas los créditos recibidos, y que lo hagan a una tasa de interés más baja que la de mercado, no cambia el análisis conceptual. La diferencia entre esas tasas de interés ventajosas, y la tasa de interés de mercado, es el dinero que se está extrayendo de estos contribuyentes perjudicados.

Bastiat lo decía claramente. Los buenos economistas no sólo ven lo que se ve (en este caso, las casas o ampliaciones de casas construidas), sino también lo que no se ve (en ese caso, lo que el contribuyente podría haber hecho con todo ese dinero). Recordemos que siempre hay alguien que “paga” de su propio bolsillo los excesos de este gobierno.