En la entrevista arremetió una vez más contra los economistas ortodoxos, defendió la política de desendeudamiento, de reindustrialización y de inclusión social, enfatizó el fuerte crecimiento económico que el país experimentó desde 2003, recordó la recuperación de YPF y Aerolíneas Argentinas. Se apoyó sobre ciertos economistas como Miguel Ángel Broda, Orlando Ferreres y Carlos Melconian para señalar que la economía está bien, creciendo un 1 %, que la inflación se desaceleró de un 40 % a un 25 % -sin recetas ortodoxas-, que las reservas están estables, que no hay problemas con los vencimientos de deuda, lo que deja una buena herencia para el próximo Gobierno, garantizando continuidad del modelo luego de 2015.

Cuando se le cuestionó el bajo crecimiento, el ministro de Economía explicó el complejo contexto internacional que nos acompaña, con caída en los precios de los commodities, con las locomotoras de China y Estados Unidos bajo ciertas dificultades y con Brasil en recesión.

Es precisamente ese contexto el que lo obligó a decidir aplicar una política contracíclica desde principios de 2014 para estimular el consumo interno mediante planes y programas, apoyado en un supuesto consenso de los economistas en las recetas keynesianas que se presentan en todos los manuales de macroeconomía y política económica.

Dejando de lado los discutibles números del ministro de Economía -que él mismo se ocupó de criticar antes de asumir funciones oficiales-, presentaré a continuación mis problemas con su administración de la política económica, que se pueden resumir en ocho puntos fundamentales.

1. No hubo crecimiento, sino recuperación.

El ministro de Economía enfatiza que la economía argentina duplicó el PIB en dólares desde 2003 a la fecha. Este puede ser un dato cierto, pero sesgado. La Argentina no logró en este período expandir su capacidad productiva, sino tan solo recuperar la actividad económica de la devaluación de 2001. En términos económicos, la receta de “impulsar la demanda para crecer” puede tener resultado visibles mientras hay capacidad ociosa, pero una vez que la economía se acerca al pleno empleo, el crecimiento económico solo puede ser generado a través de un proceso de ahorro e inversión. Tomando en cuenta que el propio ministro solo administró la política económica de este último Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el rumbo debió cambiar desde el consumo a la inversión, y sin embargo, se sostuvo en una dirección -con un diagnóstico equivocado-, manteniendo el relato de 2001, cuando la realidad que le tocó enfrentar ya era diferente.

2. La recuperación está basada en un enorme gasto público que empuja la demanda y crea empleo público, el que no se puede sostener en el tiempo.

El tamaño del Estado, medido como gasto público sobre PIB, ha alcanzado una proporción que es récord en el continente, y que no puede financiarse ni siquiera con la mayor presión tributaria de nuestra historia, que a la vez es récord en el mundo. Devolver a la Argentina a un nivel de gasto sostenible y reducir la presión tributaria a niveles normales solo puede dejar un alto desempleo y una nueva recesión que pone en duda el éxito del modelo. La Argentina se encuentra en el dilema de sostener la burbuja del gasto público, pero sin crecimiento económico, o equilibrar las finanzas públicas pero a costa de un alto desempleo estructural cuya solución fue solo temporal. Si en lugar de crear estas proporciones de empleo público, la economía argentina hubiera alentado realmente la inversión privada, entonces el aprovechamiento de esta década dorada para la región habría sido de largo plazo y el problema de desempleo estructural habría empezado a recibir una solución más genuina.

3. Comete los mismos errores del menemismo, multiplicando el déficit.

El ministro de Economía no pierde oportunidad para identificar las comparaciones entre el kirchnerismo y el menemismo, pero esto constituye una falsa dicotomía. Ambos modelos surgen del mismo partido político, pero lo más importante es que ambos han cometido el mismo error fundamental, que -como bien explicó- nos obsesiona a los economistas ortodoxos. Nos referimos al déficit fiscal. El ministro de Economía reconoció en la entrevista un déficit fiscal financiero de 3,7 % del PIB para 2014, el que dijo ser más bajo que el de Estados Unidos (4,2 %), Brasil (5,2 %) y el promedio de la región (4,9 %). Sin embargo, y sin entrar a cuestionar “sus” números, no es menor que la Argentina mantenga este déficit después de la enorme carga tributaria que señalamos con anterioridad, además de que los analistas pronostican que el déficit para este 2015 estará entre un 6 % a un 8 % del PIB. Este nivel de déficit aun está algo lejos de aquel que condujo a la economía argentina al Rodrigazo (12,1 %) y el fin de la tablita de José Martínez de Hoz (11,3 %), pero se acerca a aquel que condujo a la hiperinflación de 1988-89 (8,5 %) y al fin de la convertibilidad (7 %).

4. La política del desendeudamiento es un mito, si consideramos la deuda interna con el Banco Central y Anses.

El ministro de Economía muestra como un logro del oficialismo el bajo nivel de deuda externa sobre el PIB. Es un dato que debemos reconocer. Sin embargo, este resultado no se generó por medio de una política conservadora, sino por haber financiado el mencionado déficit fiscal con otras alternativas, como ser la emisión monetaria del Banco Central y los recursos de Anses. Lo dicho ha generado un Banco Central en quiebra bajo cualquier estándar contable, además de la mayor inflación del continente -después de Venezuela-, y de hipotecar el futuro de la población activa, gastando incluso los 30.000 millones de dólares que estaban en manos de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) al momento de la nacionalización. Resulta curioso que parte de los logros del kirchnerismo son herencia directa del menemismo, pues se han gastado los recursos ahorrados en la década anterior y se ha apoyado el “crecimiento” de esta década en la infraestructura que expandió el Gobierno anterior.

5. La inflación no es necesaria.

El ministro de Economía lanzó una inflación estimada del 18 %, pero al margen de este número discutible, enfatizó que la oposición redujo sus estimaciones de 40 % a 25 %. Es cierto que la inflación se desacelera en este último año, sin embargo, surgen dos cuestiones para señalar. Por un lado, que la desaceleración de la inflación va acompañada de una desaceleración de la actividad económica, mostrando en este último Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner un preocupante estancamiento económico, con pérdida de empleo. Por otro lado, el ministro de Economía parece estar convencido de que la inflación -a estos niveles- es necesaria, lo que obliga a los argentinos a convivir con una moneda enferma, que afecta y reduce el potencial de crecimiento de los próximos años.

6. La devaluación es una consecuencia inevitable por la enorme expansión de la circulación y el bajo nivel de reservas.

Con estos niveles de inflación que el ministro de Economía reconoce, la dolarización espontánea es una consecuencia obvia. Pretender que la gente acepte la pesificación porque existe “estabilidad en la política económica”, que genera a su vez una “inflación estable” superior al 20 %, es confundir causalidad. Si realmente deseamos la pesificación, debemos empezar por la estabilidad monetaria, que el Ministro de Economía declaró que es un aspecto secundario como objetivo de política económica. Si a la vez tenemos en cuenta la relación pesos en circulación frente a dólares en reservas netas del Banco Central, la tendencia ofrece un tipo de cambio de largo plazo superior a $ 20, que es lo que -en definitiva- marca la expectativa del mercado. Quienes hoy especulamos con una devaluación, lo hacemos porque entendemos que es una consecuencia inevitable de la política monetaria del Banco Central, que solo se puede postergar a costa de seguir perdiendo reservas, aun con innumerables cepos que la economía ya no puede soportar.

7. El tipo de cambio que importa es el real, no el nominal.

En este aspecto, preocupa además la comparación que hace el ministro de Economía con Brasil. Mientras Argentina pasó el tipo de cambio oficial de 3 a 9 pesos por dólar, en Brasil pasaron de 4 reales por dólar -cuando asume Lula da Silva- a 3,30 reales por dólar hoy, comparación que ilustró para identificar su problemática apreciación cambiaria. Habría que señalarle al ministro de Economía, sin embargo, que la evolución del tipo de cambio nominal no representa nada, y menos aun en un país como Argentina, donde la inflación ha tenido valores elevados. Reconocer esta situación lo llevaría a comprender que la misma apreciación cambiaria que criticó en Brasil es la que sufre hoy la economía argentina, y no como consecuencia del desarrollo productivo, sino como consecuencia de la política económica elegida.

8. La “fatal arrogancia” de creer que se puede controlar todo el mercado.

El ministro de Economía señaló que es natural que los importadores soliciten un dólar más barato, mientras los exportadores pretenden un dólar más caro. Ofreció el ejemplo de un industrial que resultó librecambista para el insumo, pero proteccionista para el producto. A partir de allí justificó el proteccionismo, los cepos y una política económica selectiva, dirigida y coordinada por él y su equipo. Esto atrasa el debate de política económica, por lo menos, hasta 1810, cuando Manuel Belgrano enfrentó los intereses creados de todos aquellos que se veían favorecidos por la política económica de la colonia. También cae el ministro de Economía en la fatal arrogancia de creer que realmente puede controlar todas las operaciones del mercado. El ministro de Economía no parece saber distinguir entre empresarios y pseudoempresarios, o entre industriales y pseudoindustriales. El objetivo de la política económica debería estar basado en la igualdad ante la ley, lejos del clientelismo político y tendría que dar lugar -de una buena vez- a los empresarios en serio, sean chicos o grandes.

Cierro con las sabias palabras de Frédéric Bastiat (1850): “Yo, lo confieso, soy de los que piensan que la capacidad de elección y el impulso deben venir de abajo, no de arriba, y de los ciudadanos, no del legislador. La doctrina contraria me parece que conduce al aniquilamiento de la libertad y de la dignidad humanas.”

En la Argentina de hoy la crisis que viene será asociada a la burbuja del gasto público, que se fue gestando desde 2003 y especialmente a partir de los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, con sucesivos planes y programas.

Sin ánimo de ser exhaustivo, aunque presentados cronológicamente, recordamos ya en agosto de 2003 el Plan Manos a la Obra de Néstor Kirchner, seguido por la prolongación del Programa Remediar, la creación del Museo de la Memoria, el Plan Federal de Salud, el Plan Nacer Argentina, el Plan Espacial Nacional, el Programa de Becas del Bicentenario, el Programa de Apoyo de Infraestructura Universitaria, el Programa Argentina Trabaja, Fútbol para Todos, la asignación universal por hijo, el Fondo del Bicentenario para pagar la deuda externa, el Programa Conectar Igualdad, el Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario, Pakapaka, Tecnópolis, la recuperación de YPF, Procrear, el Programa Sumar (que fue una ampliación del Programa Nacer) o el Plan Raíces, entre otros.

Tres críticas presentamos los economistas a estos programas.

En primer lugar, que varios de estos programas y planes no se presentan como temporarios -mientras duró la crisis de 2002, con más de un 50 % de pobres y más de un 20 % de desempleados-, sino como continuos, garantizando a mucha gente una serie de ingresos que perdurarán en el tiempo. Esto evita que los beneficiarios tengan incentivos para buscar por sí mismos la generación de ingresos que les permitan abandonar esta dependencia del Estado. Más grave aún ha resultado el caso en que muchas personas rechazan posibilidades de trabajo para no perder un plan del Gobierno.

En segundo lugar, preocupa la sustentabilidad del gasto público total, el que no puede mantenerse aun con la mayor presión tributaria de la historia argentina, requiriéndose ahora de emisión monetaria para cubrir la brecha entre ingresos y gastos, y sometiendo a toda la población a niveles elevados de inflación. Axel Kicillof inició un proceso de ajuste por la vía de la inflación, pero el costo político de su sucesor será elevado, lo que puede implicar problemas de gobernabilidad para quien ocupe el sillón de Rivadavia en 2016.

En tercer lugar, desconocer que mucho de lo que estos programas hacen el mercado podría hacerlo por sí solo y de manera mucho más eficiente. Esto se vincula con el primero de los puntos planteados. Basta observar a nuestros países vecinos, con niveles de desempleo y pobreza radicalmente inferiores a los de Argentina, para comprender el daño que estos planes y programas le hacen a la población. Esto se vincula al debate que la Presidente ha querido abrir en distintos discursos -sobre qué Estado queremos-, pero al que nadie de la oposición atendió. Personalmente, pienso que el objetivo final debería ser que los argentinos tengan trabajo, ingresos propios, y a través de ese ingreso y el acceso a crédito puedan adquirir su casa, su auto o incluso pagar por los bienes y los servicios que deseen consumir, sean estos remedios, computadoras o incluso fútbol. En la medida en que esto se vaya logrando, el Estado debería ir reduciendo su tamaño, desmantelándose muchos de los programas y los planes o también los ministerios y las secretarías que este Gobierno ha creado. Que en esta “década ganada” el proceso haya sido contario a este ideal es una muestra de que hemos tomado el camino inverso al deseado. Que Daniel Scioli esté pensando hoy en crear nuevos ministerios y secretarías también es un camino opuesto al deseado.

Los economistas no exigimos un cambio hacia la anarquía y la desaparición inmediata de todos los planes sociales y programas, y menos aún en las condiciones de la Argentina en 2002 o 2003, sino un llamado de atención a los excesos de gasto que el kirchnerismo ha iniciado y el costo político y social que puede implicar revertir este proceso.

Tal como ocurrió en sucesivas crisis económicas, la Argentina no podrá retornar al crecimiento hasta que desinfle la burbuja del gasto público. Si la fase de desarrollo requiere inversión, como definió recientemente Miguel Bein -el asesor principal de Daniel Scioli-, y como sostiene también el equipo económico de Mauricio Macri, debemos tomar conciencia de que nadie querrá invertir en un país que mantiene un nivel de gasto público en torno al 50 % del PIB, con una inflación que supera -al menos- el 20 %, cuya presión tributaria es récord de todo el continente y que aún mantiene un déficit fiscal del 7 %-8 % del PIB.

Mis estudios de grado fueron en la Universidad de Buenos Aires entre 1997 y 2002. En ese entonces -y esto se mantiene al día de hoy- se ofrecía cursar algunas materias del Ciclo Básico Común (CBC) bajo la modalidad de UBA XXI, es decir, un programa de educación a distancia. En la propia página web se puede observar que “UBA XXI desarrolla materiales y recursos que enriquecen la organización del estudio de las asignaturas y promueven la autonomía de los alumnos, como así también una formación flexible, sin tener la obligación de asistir a clases. Ofrece en la actualidad un entorno virtual, UBAXXI Campus Virtual, que potencia la interacción entre docentes y alumnos y da cuenta, a su vez, de una práctica histórica, en la inclusión de soportes multimediales, hoy convergentes”.

Numerosas universidades han incorporado esta modalidad en sus carreras, complementando programas tradicionales con una plataforma virtual desde la cual se puede acceder al programa de la materia, al material bibliográfico, a sitios de interés, a una planificación de las clases, a ciertos trabajos prácticos, e incluso a un blog o chat para que docentes y alumnos interactúen. Algunas universidades complementan esto con el acceso a bibliotecas virtuales como J-store o EBSCO.

En aquellos años, pude cursar además algunas materias del ciclo profesional bajo la modalidad “a distancia”, como Análisis Económico II e Historia del Pensamiento Económico. El alumno compraba un libro “guía” que básicamente introducía los temas, y luego nos derivaba a ejercicios prácticos o lecturas del programa. En ambos casos, en UBA XXI y en educación a distancia, los exámenes eran presenciales en la Facultad, bajo los mismos lineamientos, condiciones y exigencia de la cursada tradicional.

La tecnología, sin embargo, siguió avanzando y con ello surgieron plataformas superadoras. Hoy se permite dictar clases presenciales, en tiempo real, a diferentes alumnos de todas partes del mundo. Ya no hablamos de clases asincrónicas o a distancia donde el alumno estudia solo, sino de clases sincrónicas donde el profesor y el alumno conversan en tiempo real.

Sería similar a una reunión en teleconferencia. La tecnología desarrollada por Webex o Adobe connect -seguramente existen otras- permiten al docente y a los alumnos verse las caras mutuamente por video en tiempo real, al mismo tiempo que interactúan verbalmente a través de un micrófono o por escrito a través de un chat. El profesor además utiliza un pizarrón sobre el cual puede escribir con el ratón, el teclado, o bien, con un lápiz electrónico. También se puede llevar al aula el paquete Office, utilizando presentaciones en PowerPoint elaboradas con carácter previo a la clase, o bien, una planilla de Excel que resulta útil especialmente en materias financieras.

La dinámica del docente con sus alumnos no sólo es similar a la tradicional, sino que es superadora por la tecnología que puede utilizarse. Esto se vuelve especialmente importante para programas ejecutivos y de posgrado, donde los empresarios que viajan pueden conectarse a clase desde cualquier lugar del mundo, o bien disfrutando de la alternativa de grabar las reuniones para verlas cuando cuenten con el tiempo necesario.

Por citar mi propio ejemplo, me encontraré este primer semestre de 2014 dictando clases de economía en un MBA de la Edinburgh Business School (EBS), universidad líder en Escocia que cuenta hoy con más de 11.000 estudiantes en todo el mundo, y que hace escala en América Latina a través de CMT Group. Lo mismo se puede decir de la Universidad Francisco Marroquín (UFM) de Guatemala, asociada con OMMA de España, ofreciendo un Master en Economía totalmente virtual. Finalmente, la Swiss Management Center University (SMC) de Suiza, ofrece un Master in Political Economy y un PhD in Economics, ahora en español, para estudiantes de toda América Latina.

Para ser más gráficos, quienes ejercemos la docencia en estos programas nos encontramos semanalmente con una o dos docenas de alumnos de Estados Unidos, España, México, Guatemala, Panamá, Colombia, Perú, Brasil, Chile, Argentina o Uruguay para discutir cierto material asignado en el programa. No sólo se enriquecen los alumnos de este proceso cosmopolita y multicultural, sino que los mismos profesores nos vemos obligados a internacionalizar estos programas de estudio.

Es importante notar que al completar estos programas, los alumnos reciben títulos oficiales y certificados. Esto representa un desafío para los Ministerios de Educación latinoamericanos que exigen a estas y otras casas de estudio cumplir con numerosos burocráticos requisitos si quisieran instalarse en el país. Pero nótese que bajo esta modalidad todos estos requisitos se pueden sortear a bajo costo. El título lo emite el Ministerio de Educación del país extranjero, al que luego se le agrega la apostilla de La Haya para que tenga validez nacional.

Esto que abre una oportunidad única para aquellas casas de estudio que han logrado construir reputación durante las últimas décadas o siglos. También abre una oportunidad única para aquellos alumnos que viven en lugares donde ciertos programas no se dictan y tienen la imposibilidad de viajar. Estudiar bajo los programas certificados de Estados Unidos y Europa es ahora una posibilidad accesible, lo que debe conducir a los Ministerios de Educación y a las universidades públicas y privadas tradicionales a adaptarse rápidamente a un mundo virtual que no se detiene.

El modelo capitalista sueco

Hacia finales del siglo XIX, Suecia inició un período exitoso de desarrollo económico construido sobre la base de la economía de mercado. Johan Norberg, en un artículo acerca de los “modelos suecos” (2006), explica que “los comerciantes suecos podían exportar hierro, acero y madera, y los empresarios crearon innovadoras empresas industriales que se volvieron líderes mundiales. Entre 1860 y 1910 los salarios reales de los trabajadores industriales crecieron en un 25% por década, y el gasto público en Suecia no rebasó el 10% del PIB”. En 1932, el Partido Socialdemócrata llega al poder. Y no fue algo coyuntural. Entre 1930 y 1988 este partido contó con un apoyo electoral del 40%, según documenta Mauricio Rojas en el libro Suecia después del modelo sueco, publicado por la Fundación CADAL (2005). Se trataba de un partido de clase media, el cual se esforzó por crear sistemas de seguridad social que permitieran extender beneficios en jubilaciones, desempleo, maternidad y salud a toda la población. La política aplicada fue de socialización gradual por el lado del consumo, esto es, el cobro de impuestos a los trabajadores para ofrecer estos servicios a toda la población, pero sin controlar ni intervenir en los medios de producción. Norberg explica, sin embargo, que hasta 1950 “el peso total de los impuestos no era mayor al 21 % del PIB, más bajo que en los Estados Unidos y Europea Occidental”. Hay que destacar que Suecia se mantuvo al margen de las dos guerras mundiales, lo que permitió a la economía alcanzar resultados asombrosos. Suecia era un país rico. En 1970 tenía el cuarto ingreso per cápita más alto del mundo, de acuerdo con estadísticas de la OCDE.

El modelo sueco del Estado de Bienestar

Pero entonces comenzó un cambio de paradigma y Suecia terminó por abandonar los principios que le habían permitido hasta entonces alcanzar niveles elevados de bienestar. Los socialdemócratas expandieron la asistencia social y el mercado laboral se volvió enormemente regulado. El gasto público entre 1960 y 1980 se elevó del 31 al 60 % del PIB, lo que requirió que entre 1960 y 1989 se duplicara la carga tributaria, del 28 al 56 % del PIB. Fue entonces que el modelo mostró dificultades. La economía de mercado fue transformada en una economía planificada, algo que se observó en el abandono de una economía industrial para ofrecer fundamentalmente servicios. A medida que más trabajadores abandonaban sus empleos y se sumaban a la asistencia social, los impuestos recaudados se reducían, y el gasto aumentaba, lo que llevó al país a evidenciar problemas fiscales serios. Lo dicho llevó a la economía a moderar su magnífico desarrollo previo. Norberg nos ilustra señalando que entre 1975 y 2000, mientras el ingreso per cápita creció un 72% en Estados Unidos y un 64% en Europa Occidental, el de Suecia sólo creció en un 43%. Para el año 2000, Suecia cayó al lugar 14 en el ranking de la OCDE sobre ingreso per cápita. En 1990, la grave crisis económica mostró una pérdida de 500.000 puestos de trabajo, superando la tasa de desempleo el 12%. El exitoso modelo sueco se convirtió en un fracaso. Y esto ocurrió porque el “modelo sueco de mercado” practicado hasta 1950, fue abandonado por el hoy conocido “modelo sueco” del Estado de Bienestar. El enorme costo de la burocracia se hizo presente.

Radiografía del problema sueco

Norberg explica que el problema central del nuevo modelo sueco es que “erosionó los principios básicos que volvieron viable el modelo en primer lugar.” “El servicio civil es un ejemplo portentoso de este fenómeno. La eficiencia del servicio civil significaba que el gobierno podría expandirse, pero esta expansión empezó a dañar su eficiencia. De acuerdo a un estudio de 23 países desarrollados del Banco Central Europeo, Suecia ahora obtiene el menor servicio por dólar gastado del gobierno”. En el campo de la salud por ejemplo, Norberg cita un estudio de la Asociación Sueca de Autoridades Locales y Regiones, quienes informan “que los doctores suecos atienden a cuatro pacientes al día en promedio, una reducción del promedio de nueve que tenían en 1975. Es menor que en cualquier otro país de la OCDE, y menos que la mitad del promedio. Una razón es que un doctor sueco consume entre el 50% y 80% de su tiempo en trámite administrativos”. Mauricio Rojas, por su parte, explica que la mayor asistencia social indujo a un aumento de la tasa de población pasiva sobre la tasa de población activa. Los incentivos al trabajo fueron modificados y con ello un país exitoso y rico, comenzó a mostrar resultados opuestos sobre el bienestar.

El retorno al capitalismo

La crisis económica de 1990 llevó al electorado a abandonar su apoyo por el partido socialdemócrata, y Carl Bildt inició un proceso de desmantelamiento del estado benefactor maximalista. Paliar el déficit fiscal implicó recortar gastos y beneficios provistos por el Estado. Poco a poco la población sueca perdió su confianza en el estado benefactor y se abrió paso a la privatización de los servicios públicos. Suecia es un ejemplo en la implementación del sistema de Vouchers para el sistema educativo, reforma desarrollada en 1992. La aparición de bolsones de exclusión llevó entonces al electorado a apoyar nuevamente al partido socialdemócrata, pero en lugar de revertir las medidas practicadas entre 1991-1994, las reformas fueron profundizadas. Esto permitió sanear las cuentas fiscales, bajar la deuda pública y reducir la carga tributaria. Siguiendo el modelo chileno, Suecia privatizó el sistema de pensiones, permitiendo que la población activa elija sus administradoras privadas. Las privatizaciones llegaron también a las telecomunicaciones, los transportes, la infraestructura, la energía y el correo. En el caso de la salud, si bien aparecieron proveedores privados, se mantuvo el servicio público dando lugar a vías paralelas de acceso. Esto originó cierta desigualdad entre quienes pueden pagar y quienes no pueden hacerlo, y más aún entre las diferentes regiones del país, pero el pueblo aceptó el costo de la pérdida de equidad, a cambio de un país en funcionamiento y desarrollo. El crecimiento económico desde entonces es aceptable, pero los desafíos para el futuro abren una incógnita sobre la economía sueca. ¿Podrá Suecia mantener el sistema capitalista que la llevó a ser el cuarto país con mayor PIB per cápita del mundo? ¿O retornará ese Estado de Bienestar que se transformó en parte de la cultura de quienes hoy componen la población activa? Lo cierto es que en estas últimas décadas, el proceso inmigratorio ha sido muy fuerte y la población activa ya no se presenta tan homogénea como lo era en los años 1950.

Reflexión final

A modo de cierre, basta decir que el modelo sueco del Estado de Bienestar no ha sido exitoso y no debiera ser simulado por los países latinoamericanos, ni por los europeos, ni tampoco por los Estados Unidos. Los costos de eficiencia y bienestar de practicar tal modelo están a la vista. Serán necesarios nuevos esfuerzos en los estudios históricos de tales experiencias para evitar que el mito de la economía sueca y el Estado de Bienestar hoy vigente, sea difundido entre los profesionales que hoy están formándose y que liderarán la política económica del mañana.

Al margen de la disputa política y social, lo cierto es que “estrictamente en lo económico” el diagnóstico de Friedman era muy claro y contundente, y advertía cuáles eran los dos problemas centrales de Chile en ese momento: la acelerada inflación y la ausencia de una saludable economía de mercado. Éstos son, casualmente, los problemas centrales de la Argentina de hoy y las recomendaciones económicas que por entonces ofreció Friedman son precisamente las mismas que hoy necesita nuestro país. A continuación tomamos aquella carta, y con pequeñas variaciones, imaginamos que fuera destinada a nuestra presidente.

Estimad[a] señor[a] presidente:

Durante la visita que le hiciéramos el viernes 21 de marzo, realizada con el objeto de discutir la situación económica de [Argentina], usted me pidió que le transmitiera mi opinión acerca de la situación y políticas económicas luego de completar mi estancia en su país. Esta carta responde a tal requerimiento.

Permítame primero decirle cuán agradecidos estamos mi esposa y yo de la cálida hospitalidad que nos brindaran tantos [argentinos] durante nuestra breve visita; nos hicieron sentir como si realmente estuviéramos en casa. Todos los [argentinos] que conocimos estaban muy conscientes de la seriedad de los problemas que su país enfrenta, dándose cuenta de que el futuro inmediato iba a ser muy difícil. Sin embargo, todos mostraban una firme determinación en aras de superar dichas dificultades y una especial dedicación en el trabajo por un futuro más próspero.

El problema económico fundamental de [Argentina] tiene claramente dos aristas: la inflación y la promoción de una saludable economía social de mercado. Ambos problemas están relacionados: cuánto más efectivamente se fortalezca el sistema de libre mercado, menores serán los costos transicionales de terminar con la inflación. Sin embargo, y pese a estar relacionados, se trata de dos problemas diferentes: el fortalecimiento del libre mercado no culminará con la inflación per se, como tampoco terminar con la inflación derivará automáticamente en un vigoroso e innovador sistema de libre mercado.

La causa de la inflación en [Argentina] es muy clara: el gasto público corresponde, aproximadamente, a un [45] % del ingreso nacional. Cerca de un cuarto de este gasto no deriva de impuestos explícitos y, por lo tanto, debe ser financiado emitiendo una mayor cantidad de dinero; en otras palabras, a través del impuesto oculto de la inflación. […]

Este impuesto-inflación genera un enorme daño al inducir a las personas a dedicar un gran esfuerzo por limitar su posesión de dinero
en efectivo. Esa es la razón por la cual la base es tan estrecha. En la mayoría de los países, desarrollados y subdesarrollados, la
cantidad de dinero es más cercana al 30% del ingreso nacional que al [10,7 %] de éste. […]

Existe sólo una manera de terminar con la inflación: reducir drásticamente la tasa de incremento en la cantidad de dinero. En la situación de [Argentina], el único modo para lograr la disminución de la tasa de incremento en la cantidad de dinero es reducir el déficit fiscal. Por principio, el déficit fiscal puede ser reducido disminuyendo el gasto público, aumentando los impuestos o endeudándose dentro o fuera del país. Exceptuando el endeudamiento externo, los otros tres métodos tendrían los mismos efectos transitorios en el empleo, aunque afectando a diferentes personas -disminuir el gasto público afectaría inicialmente a los empleados públicos, aumentar los impuestos afectaría inicialmente a las personas empleadas por quienes pagan impuestos, y endeudarse afectaría inicialmente a las personas empleadas por los titulares de los créditos o por la las personas que, de otro modo, hubieran conseguido esos fondos prestados.

En la práctica, disminuir el gasto público es, por lejos, la manera más conveniente para reducir el déficit fiscal ya que, simultáneamente, contribuye al fortalecimiento del sector privado y, por ende, a sentar las bases de un saludable crecimiento económico.

La disminución del déficit fiscal es requisito indispensable para terminar con la inflación. Un problema menos claro es cuán rápidamente debe terminarse con ella. Para un país como Estados Unidos, en el cual la inflación [de 1975 era] de alrededor del 10%, yo aconsejo una política gradual de eliminación en dos o tres años. Pero para [Argentina], en que la inflación se mueve entre el [2] % y [3] % mensual, creo que graduar su eliminación no es viable; conllevaría una tan gravosa operación por un periodo de tiempo tan largo, que temo la paciencia no acompañaría el esfuerzo.

No existe ninguna manera de eliminar la inflación que no involucre un periodo temporal de transición de severa dificultad, incluyendo desempleo. Sin embargo, y desafortunadamente, Argentina enfrenta una elección entre dos males, un breve periodo de alto desempleo o un largo periodo de alto desempleo, aunque sutilmente inferior al primero. En mi opinión, las experiencias de Alemania y Japón luego de la II Guerra Mundial, de Brasil más recientemente, del reajuste de postguerra en Estados Unidos, cuando el gasto público fue reducido drástica y rápidamente, argumentan en pro de un tratamiento de shock. Todas estas experiencias sugieren que este periodo de severas dificultades transicionales sea breve (medible en meses) para que así la subsecuente recuperación sea rápida.

Para mitigar los costos de la transición y facilitar la recuperación, creo que las medidas fiscales y monetarias debieran ser parte de un paquete que incluya medidas que eliminen los obstáculos a la empresa privada y que alivien la aguda angustia.

Para acotar, haré un bosquejo de los contenidos de un paquete de propuestas específicas. Mi conocimiento de [Argentina] es muy limitado como para permitirme ser tanto preciso como exhaustivo, de modo que estas medidas deben ser consideradas más bien como ilustrativas.

Si este enfoque de shock fuera adoptado, creo que debiera ser anunciado pública, muy detalladamente y, además, entrar en vigor en
una fecha muy cercana a dicho anuncio. Cuánto mejor informado se encuentre el público, más contribuirán sus reacciones al ajuste. A continuación propongo una muestra de las medidas que debieran ser tomadas:

[1].- Un compromiso del gobierno de reducir su gasto en 25% dentro de seis meses; reducción que debiera tomar la forma de una disminución transversal del presupuesto de cada repartición en 25%, con los relativos a personal a tomarse tan pronto como sea posible. Sin embargo, las reducciones de gasto debieran ser escalonadas en base a un periodo de seis meses para permitir el pago de generosas indemnizaciones. (Cualquier intento de ser selectivo o parcial tiene la probabilidad de fracasar debido a las posibles manipulaciones de cada repartición por lograr que la reducción presupuestaria afecte a otra de ellas. Es preferible hacer primero una reducción transversal, para luego reasignar el total ya reducido). […]

[2].- Un categórico compromiso del gobierno de que después de seis meses no financiará más gasto alguno a través de la emisión de dinero. (Así como la recuperación económica se vaya dando, la cantidad de dinero deseable en términos reales, esto es, la cantidad consistente con precios estables, aumentará. Sin embargo, este incremento debiera servir como base para la expansión de un mercado de capitales privado en vez de utilizarse para financiar gasto público).

[3].- Continuar con vuestra política actual de un tipo de cambio diseñado para aproximarse a un tipo de cambio de libre mercado.

[4].- La eliminación de la mayor cantidad posible de obstáculos que, hoy por hoy, entorpecen el desarrollo del libre mercado. Por ejemplo, suspender, en el caso de las personas que van a emplearse, la ley actual que impide el despido de los trabajadores. En la actualidad, esta ley causa desempleo. También, eliminar los obstáculos a la creación de nuevas instituciones financieras. Asimismo, eliminar la mayor cantidad posible de controles sobre los precios y salarios. El control de precios y salarios no sirve como medida para eliminar la inflación; por el contrario, es una de las peores partes de la enfermedad. (Eliminar obstáculos, pero no sustituir subsidios. La empresa privada tendrá la facultad de gozar de las recompensas del éxito sólo si también arriesga soportar los costos del fracaso. Todo hombre de negocios cree en la libre empresa para todos, pero busca también favores especiales para sí mismo. Ningún obstáculo, ningún subsidio; esa debiera ser la regla).

[5].- Tome las providencias necesarias para aliviar cualquier caso de real dificultad y severa angustia que se de entre las clases más pobres. Tome en cuenta que las medidas tomadas no producirán, por sí mismas, daño en estos grupos. El despido de empleados públicos no reducirá la producción, sino que simplemente eliminará gasto- sus despidos no significarán la producción de un pan o un par de zapatos menos. Pero indirectamente, algunas de las clases menos privilegiadas serán afectadas y, séanlo o no, el programa de medidas será señalado como el culpable de sus angustias. Por lo tanto, sería beneficioso tomar ciertas providencias de este tipo en dicho programa. En este aspecto, mi ignorancia de la situación y acuerdos actuales vigentes en [Argentina] me hacen imposible ser más específico.

Un programa de shock tal como este podría eliminar la inflación en cuestión de meses. También fundaría las bases necesarias para lograr la solución de su segundo problema- la promoción de una efectiva economía social de mercado.
Este no es un problema de reciente origen, sino que surge de tendencias al socialismo que comenzaron hace [80] años y que
alcanzaron su lógico, y terrible clímax, durante el régimen de [Perón]. […]

La eliminación de la inflación llevará a una rápida expansión del mercado de capitales, lo cual facilitará en gran medida la
privatización de empresas y actividades que aún se encuentran en manos del Estado.

El más importante paso en este sentido es la liberalización del comercio internacional para, de este modo, proveer de una efectiva competitividad a las empresas [argentinas] y promover la expansión tanto de las importaciones como de las exportaciones. Lo anterior no sólo mejorará el bienestar del [argentino] común al permitirle adquirir todos los bienes al menor costo, sino que también disminuirá la dependencia de [Argentina] en una sola exportación de importancia: [la soja].

Estoy conciente de que su Gobierno ya ha dado pasos importantes y planea otros futuros en orden a reducir las barreras al comercio
internacional y a liberalizarlo, y que, como resultado de ello, la ventaja competitiva real de [Argentina] se refleja mejor en éste hoy que en las décadas pasadas. Este es un gran logro. También veo que en esta área existe un fuerte argumento a favor de una gradualización para entregar a los productores [argentinos] una oportunidad para ajustarse a las nuevas condiciones. No obstante, gradualismo no debe significar quedarse estancado. En mi opinión personal, creo que un buen consejo para [Argentina] sería dirigirse a la liberalización del comercio a una velocidad y en una extensión mucho mayores de las que hasta ahora han sido propuestas. Un comercio totalmente libre es el objetivo final deseable, aunque no sea posible de alcanzar en el más cercano futuro.

Quisiera concluir esta carta diciendo que estoy seguro que [Argentina] tiene un gran potencial. Ha sido un pueblo capaz, letrado, creativo y lleno de energía [...]. Hace unos [ochenta] años atrás, [Argentina], como muchos otros países, incluyendo el mío, se encausó en la ruta equivocada- por buenas razones y sin maldad, ya que fueron errores de hombres buenos y no malos. El mayor error, en mi opinión, fue concebir al Estado como el solucionador de todos los problemas, de creer que es posible administrar bien el dinero ajeno.

Si [Argentina] toma hoy la senda correcta, creo que puede lograr otro milagro económico: despegar hacia un crecimiento económico sostenido que proveerá una ampliamente compartida prosperidad. Pero para aprovechar esta oportunidad, [Argentina] deberá primero superar un muy dificultoso periodo de transición.

Sinceramente, Milton Friedman