1. Sobreempleo público

En la última década se multiplicó excesivamente el empleo público. A nivel nacional el personal aumentó un 61%, desde 241.400 en 2003 hasta 389.830 en 2015; a nivel provincial, el incremento fue del 72%, desde 1,7 a 3 millones de personas en el mismo período; a nivel municipal, la suba fue del 110%, pasando de 379 mil en 2003 a 796.300 en 2015. En total, en el período bajo estudio, el incremento fue del 77%, pasando de 2,3 a 4,2 millones de empleados públicos.

En América Latina, la relación empleo público-población económicamente activa apenas supera el 10 por ciento. En Argentina estamos cerca de alcanzar el 20 por ciento. Duplicar esta relación por supuesto tiene un costo fiscal importante. Debemos interpretarlo como una mochila excesivamente pesada sobre las empresas privadas y una traba fundamental para la creación de empleo.

Este es quizás el elemento central de la herencia, por las dificultades institucionales para revertir el proceso, por los derechos adquiridos y por sumergir al país en un problema que ya era estructural, pero que ahora se agrava fuertemente.

2. Excesivo gasto público

Como consecuencia de lo anterior, no sorprenderemos al lector al señalar que el gasto público primario a nivel nacional se incrementó de menos del 15% en 2003 al 36,7% en 2015. Si analizamos el gasto público consolidado en los tres niveles de Gobierno, entonces el salto se observa desde el 26,2% en 2003 hasta superar el 50% en 2015.

La suba del gasto público no incluye sólo el sobreempleo público. Incluye decenas de planes, algunos más importantes que otros, pero que, más allá de la reflexión que cada uno amerite, en su conjunto llevan al Estado a una situación fiscal imposible de financiar en el largo plazo.

3. Presión tributaria récord

La voracidad fiscal de estos últimos diez años incrementó la presión tributaria desde el 24,33% hasta el 45,5% del PIB. A nivel nacional, se observa un salto desde el 19,21% del PIB en 2003 hasta el 39% en 2015. A nivel provincial, el salto, en el mismo período, fue desde 3,82% hasta 5,60% del PIB. A nivel municipal, de 1,3% a 1,75% del PIB. En síntesis, un argentino medio trabaja prácticamente seis meses del año para solventar el gasto público en los tres niveles.

Resulta paradójico que se argumente que el Estado crea empleo porque el privado no lo hace, pero se le impide al sector privado hacerlo, con esta carga tributaria sin precedentes en nuestro continente, o en la historia económica argentina.

4. Enorme déficit fiscal

Ante este escenario de asfixiante presión tributaria, sorprende que todavía exista déficit fiscal. Pero así es. Si incluimos los intereses, el 2015 cerró con un 5,8% de déficit fiscal sobre el PIB. Si quitamos la deuda interna con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) o del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), entonces el déficit fiscal es del 7,66 por ciento. Son prácticamente trescientos mil millones de pesos. Este nivel de déficit supera aquel con el que explotó la convertibilidad, que dejó al país al borde de la cornisa. Si hoy este nivel de déficit es “manejable”, es porque se accedió a deuda interna y porque la ausencia de convertibilidad permite monetizar el déficit fiscal.

5. Anses descapitalizado

Anses es una institución que, por supuesto, tiene una finalidad muy distante de aquella de financiar los proyectos de gasto público como Procrear o Fútbol para Todos. Luego de estatizar las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), Anses recuperó entre 30 mil y 40 mil millones de dólares, cuyo destino debió estar en inversiones diversificadas que permitieran cubrir de la mejor manera posible las pensiones a pagarse en el futuro, a medida que los trabajadores de la población económicamente activa se pasen al retiro. Lejos de ello, utilizar Anses para financiar el gasto público generó un vaciamiento de la institución, lo que descapitalizó las cajas de retiro y provocó una deuda interna compleja que deberá ser tratada en el futuro. Este problema está lejos de abordarse en estos cuatro años, pero será una temática a tratar en un futuro que hoy parece muy lejano.

6. Alta inflación

La sumatoria de la enorme presión tributaria y la deuda con Anses o PAMI tampoco alcanzan para cubrir el gasto público. El Gobierno necesita además monetizar el resto del déficit fiscal, con su lógico efecto inflacionario. La expansión de la base monetaria durante cada mes de 2015 superó el 30% respecto de igual mes del año anterior, pero en diciembre el alza fue del 42,4 por ciento. La suba se puede interpretar de distintas maneras, a saber, dar un impulso a la actividad económica que no despegaba o financiar un mayor nivel de gasto público como consecuencia de los gastos de campaña por la elección que llevó a Mauricio Macri a la Presidencia.

La tasa de inflación que había disminuido gracias a la contracción monetaria provocada por Fábregas volvió a aumentar una vez que se revirtió tal política. La elevada tasa de inflación actual se puede comprender como consecuencia del reacomodamiento de precios tras las reformas que el nuevo Gobierno viene aplicando, pero también se alimentó de la expansión monetaria de 2015, cuyo efecto llega con rezago en este 2016.

7. Controles de precios, subsidios y tarifas atrasadas

El Gobierno anterior luchaba contra la inflación de la peor manera que podía hacerlo. Controlando precios, persiguiendo empresarios, multiplicando subsidios y con tarifas atrasadas en los servicios públicos o en el transporte. El costo político de levantar estos controles recayó sobre el nuevo Gobierno, con un reacomodamiento difícil, especialmente en un contexto recesivo, o al menos de estancamiento económico.

8. Cepo cambiario

Entre esos controles de precios, quizás el más dañino fue el cepo cambiario, que provocó una fuga de capitales que redujo las reservas del Banco Central desde poco más de 50 mil a menos de 30 mil millones de dólares, con las conocidas discusiones aún abiertas acerca de su composición, que ponen dudas sobre la solvencia del Banco Central.

Numerosos analistas aseguraban en 2015 que las reservas netas eran cercanas a cero, una vez que se devolvían los dólares a los depositantes, o incluso se quitaban préstamos chinos en yuanes y otras deudas o asistencias de último momento que permitieron sostener la debilitada moneda nacional.

El cepo cambiario además impedía relaciones comerciales normales con el mundo, tanto en la exportación como en la importación, lo que estancaba a las economías regionales y paralizaba al sector industrial.

9. Aislamiento y déficit en infraestructura

El cepo cambiario fue asociado a una política de aislamiento que también golpeó la cuenta capital. La falta de inversión extranjera directa hizo que se perdieran, según un estudio de Libertad y Progreso, unos 32 mil millones de dólares durante el Gobierno de Néstor Kirchner, 60 mil millones de dólares durante el primer Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y 63.500 millones de dólares durante el segundo. Esta pérdida de inversiones tiene como consecuencia lógica una infraestructura débil para acompañar el desarrollo de la economía argentina.

A su vez, las tarifas atrasadas en los servicios públicos impidieron a los concesionarios invertir lo suficiente para garantizar servicios de calidad, lo que comprometió la capacidad productiva de la Argentina, que, antes de volver a crecer, necesitará desarrollar inversiones en todos estos sectores para evitar cuellos de botella.

10. Estancamiento económico o recesión

Todo lo dicho no puede tener otra consecuencia que un profundo estancamiento económico que comenzó en 2011, pero que ya se extendió hasta 2015 y que repercute también en una parálisis del consumo y la inversión. En definitiva, lo dicho ha resultado clave en el triunfo de Macri en la última elección, si consideramos que la gente siempre vota con el bolsillo. Este estancamiento promete extenderse también en este 2016, o incluso profundizar la crisis, una vez que se reconoce la inflación reprimida y se sincera el tipo de cambio. De hecho, la devaluación de los primeros meses de 2016 redujo el ingreso per cápita en dólares desde 14.747 a 8.920 dólares. No sorprende entonces que la presión sindical vaya creciendo con el correr de los meses.

El “estrangulamiento” —entendido como la falta de divisas para sostener el crecimiento económico de la industria por su necesidad de insumos importados— aparecía como un problema estructural generado por tres décadas de proteccionismo y la aplicación de un modelo de industrialización por sustitución de importaciones que sólo había logrado estancar a la economía argentina desde la gran depresión de 1930. La producción agropecuaria no era ajena a esas dificultades y declinaba tanto por los bajos precios internacionales como también por el exceso de regulaciones y controles, incluyendo retenciones a las exportaciones.

El desarrollismo de Frondizi y Frigerio

Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio decidieron enfrentar este contexto apoyándose sobre un modelo desarrollista que no se basaba en el viejo proteccionismo, sino en un modelo de apertura económica capaz de atraer inversión extranjera directa. Frondizi repetía: “Los Estados Unidos resolvieron el mismo problema con el concurso del capital extranjero, cumpliendo la afirmación de Hamilton en el sentido de que todo dinero extranjero que se invierte en una nación deja de ser un rival para constituirse en un aliado”.

Este modelo partía de la famosa tesis de Raúl Prebisch, fundada en un pesimismo respecto a las exportaciones de productos primarios vinculado con los bajos precios de los productos agropecuarios y mineros. La clave del desarrollismo era la expansión “vertical”, es decir, el acople de las actividades de producción de insumos y bienes de capital a las ramas ya más expandidas. Este empuje, a su vez, hacia una “economía industrial integrada” reconocía una serie de prioridades. En primer lugar, debía multiplicarse la producción de petróleo y gas, lo que permitiría, en un plazo bastante corto, ahorrar divisas para dedicarlas a la inversión en otros rubros. Frigerio sintetizó esa aspiración en la fórmula “Petróleo + carne = acero + industria”. La capacidad de conseguir capital necesario para instalar las ramas químicas y de acero estaba dada por las posibilidades de exportación de carne y la sustitución de importaciones petroleras. Además de estos rubros, otras prioridades de aquel Gobierno estuvieron localizadas en la industria química y petroquímica, siderurgia, depósitos de carbón y hierro, provisión de energía eléctrica, cemento, papel, maquinaria y equipos industriales.

El arribo de inversiones desde el exterior dependía de las condiciones internas que lograra generar el Gobierno, y Frigerio acertó entonces en eliminar parte de la legislación represiva por el proteccionismo preexistente. Se terminaron las restricciones sobre el mercado cambiario y hubo un único tipo de cambio, fluctuando su cotización según la oferta y la demanda. En cuanto a las importaciones, se abolieron parte de los controles cuantitativos y los sistemas de permisos, pero se establecieron recargos a las compras externas de hasta 300% para bienes de lujo, pero 0% para insumos considerados esenciales.

Para reducir el déficit fiscal también se proyectó una reducción del empleo estatal que comenzaría por el congelamiento de nuevas vacantes. Se anunciaron nuevos impuestos y mayor control tributario. En los primeros días de enero, además, hubo una suba de las tarifas públicas.

Pero esos aciertos fueron relativizados por otros desaciertos. El crecimiento de los salarios y de la inversión pública provocó un déficit que rozó el 9% del PBI y fue financiado en su mayoría a través de emisión monetaria. La consecuencia lógica fue un alto nivel de inflación. Además, en 1958, el Gobierno anunció que se habían firmado contratos de explotación con empresas petroleras extranjeras. Las negociaciones, que habían sido llevadas adelante personalmente por el entonces polémico Frigerio, no se convocaron mediante licitación pública y no se preveía la aprobación parlamentaria de los contratos.

Al margen de las formas y sus polémicas, el resultado fue impactante. Cuando asumió Frondizi, la importación de petróleo representaba un cuarto de las importaciones. Treinta meses después, había autoabastecimiento, la producción había pasado de 5,6 a 16 millones de metros cúbicos anuales. El éxito de este proceso despertó el interés extranjero por otras inversiones, pero aún no se había resuelto el “estrangulamiento”. Las restricciones a la importación impedían el crecimiento y, en 1959, el PIB cayó un 6,5% respecto al año anterior. Mientras descendía la recaudación fiscal y se agrandaba el déficit y su monetización, la inflación se aceleraba, lo que presionó a Frigerio a dar un paso al costado.

El aporte “liberal” de Álvaro Alsogaray

Álvaro Alsogaray fue designado al frente de los ministerios de Economía y Trabajo y rápidamente hizo famosa su frase: “Hay que pasar el invierno. […] Denme ustedes un tiempo para permitir la reabsorción de este fenómeno”. Lo cierto es que sin su aporte “liberal” el desarrollismo no habría pasado el invierno.

La prioridad de la política económica de Alsogaray fue detener el proceso inflacionario y lo logró poniendo especial atención en el déficit fiscal que se venía monetizando. Primero redujo el déficit con medidas antipopulares, suspendió obras públicas y terminó con el Estado empresario, porque afirmaba que las inversiones debían ser desarrolladas con medios privados. Segundo, cambió la fuente de financiamiento del déficit fiscal por deuda interna y externa a la que accedieron las empresas públicas y la administración central. Tercero, a medida que la economía se fue recuperando, se incrementó la recaudación tributaria, lo que contribuyó también a reducir el déficit fiscal.

Las turbulencias macroeconómicas de mediados de 1959 fueron cediendo. El dólar, que había tenido un pico de 100 pesos moneda nacional en mayo, retrocedió hacia 83 en agosto, gracias a mayor confianza y a crecientes influjos de capital. Temiendo una mayor apreciación, el Banco Central estableció una paridad fija de facto en ese nuevo nivel. La inflación descendió al compás del tipo de cambio: los precios de las importaciones y los productos agrícolas se estabilizaron apenas el dólar alcanzó ese nuevo equilibrio, y los productos industriales se desarrollaron a apenas 1% mensual en el último cuarto de 1959.

En 1960 y 1961 la economía creció a un promedio de más del 8% anual. El factor dinamizador fue la inversión que aumentó en 1961 a un nivel 66% mayor que el de 1959, y 47% mayor que el de 1958, un año menos anormal. El capital internacional respondió a las masivas oportunidades que proveía una economía ahora más ordenada. El Financial Times declaró al peso argentino “moneda estrella” del año en 1960. El crecimiento se manifestó, poco después, en una mejora en el salario real, que aumentó 12% hacia fines de ese año.

Cuentan diversos historiadores, sin embargo, que Frigerio nunca dejó realmente de ofrecer su consejo a Frondizi. De hecho, hubo recurrentes tensiones entre Alsogaray y Frigerio, por ejemplo, por la construcción de una central eléctrica en Dock Sud y el costoso proyecto de El Chocón. Estos proyectos se llevaron adelante a pesar de la oposición de Alsogaray, quien era mucho más conservador con los recursos tributarios y no estaba dispuesto a financiarlos.

En abril de 1961 Alsogaray fue reemplazado por Roberto Alemann como ministro de Economía, pero la salida no fue traumática. Alemann continuó el programa conservador de Alsogaray, insistió en la austeridad para asegurar la estabilidad monetaria, pero pronto la “batalla del transporte” abrió conflictos y huelgas que terminaron con 54 mil despidos. La financiación de mejoras salariales e indemnizaciones altísimas provino del Banco Central, lo que produjo la renuncia de Alemann en enero de 1962.

La caída de reservas de allí en adelante fue continua; mientras Frondizi volvió a insistir en un fuerte recorte de empleo público, su derrota electoral sólo condujo a la vieja solución argentina con una nueva devaluación.

El desarrollismo en el siglo XXI

Mauricio Macri hace bien en reivindicar a Frondizi, pero concentrar su atención sólo en los aportes de Frigerio puede dejar al margen el desequilibrio fiscal, con su evidente importancia. Argentina necesita apertura económica, pero también equilibrio fiscal y monetario.

La frase del ministro deja mucha tela para cortar, como cada una de sus reflexiones. ¿Qué parte es cierta y qué parte no lo es?

Lo cierto es que liberales y socialistas llegan a pocos consensos en la política económica, pero en la medida en que haya buenas intenciones, coincidirán en terminar con la corrupción y también con el favor político que el Estado ofrece a algunos empresarios. En este sentido, el pensamiento del ministro de Economía no encaja en ninguna escuela económica de pensamiento. Su política económica consiste en reemplazar al mercado y ofrecer privilegios o sanciones arbitrarias a quienes él cree que lo merecen. La igualdad ante la ley lógicamente brilla por su ausencia.

Siempre insisto en dejar de llamar Unión “Industrial” Argentina a ese grupo de seudoempresarios y seudoindustriales que se reúnen tras la Presidente para las fotos de sus discursos. ¿Qué empresario puede estar a favor de este modelo? Solo aquellos que reciben la “protección” del Estado. Pero ha sido tan gigantesco el entramado de regulaciones, favores, autorizaciones para compra de divisas, permisos de importación o exportación, subsidios, aranceles y protecciones que se extendieron en los últimos doce años, que engloba a una importante proporción de la estructura productiva.

En este sentido, el mensaje que ofrece el ministro de Economía tiene algo de cierto. Una política liberal que integre a la Argentina al mundo, que reduzca el gasto público, que elimine cepos, que termine o al menos reduzca los subsidios, que encuentre una solución a la inflación, sin duda hará caer a muchos seudoempresarios que jamás compitieron bajo reglas de mercado y más bien aprovecharon mercados cautivos, sin la competencia internacional -y en muchos casos ni siquiera la competencia local-, lo que se ha desarrollado en estos doce años a través del entramado de políticas kirchneristas que el liberal suele criticar.

¿Puede entonces haber “continuidad” en el modelo económico para preservar “la industria que supimos conseguir”? Es lo que el ministro de Economía ha intentado en toda su gestión, multiplicando controles, subsidios e intervenciones, pero sin éxito. Basta recordar la lenta pero continua caída de la industria mes tras mes a lo largo de toda su gestión para demostrar que el plan es un fracaso.

El dilema al que nos expone el ministro de Economía es claro. La “industria” no puede sostenerse, porque el modelo requiere día a día más controles y regulaciones, los que inevitablemente tienen costos que sufre la misma estructura productiva sobre la cual descansa el peso del Estado. El modelo es entonces inconsistente e inviable. Lo curioso, sin embargo, es que el ministro de Economía desea hacerle creer a la opinión pública que la culpa de esa necesaria reestructuración es del mercado y no de su propio modelo.

Una política liberal conduciría necesariamente a un ajuste inmediato de la estructura productiva, obligando a algunas empresas a una reestructuración acorde a lo que requiere la economía para reinsertarse en el mundo. Y hay dos formas de tomar este camino. De manera planificada, con políticas concretas que busquen recuperar cierta normalidad en los equilibrios fiscal, monetario y cambiario, o caer en una nueva crisis cuando la olla hirviendo, que es hoy la economía argentina, estalle por los aires y conduzca a una -ya no gradual, ni necesariamente lenta- reestructuración económica, donde numerosas pymes irán quebrando y el desempleo se irá extendiendo a toda la estructura productiva.

No podemos seguir juzgando la política económica por sus buenas intenciones. Lo cierto es que el modelo está agotado y la alta inflación y la ya extensa recesión -precisamente de la industria- son muestras del caso. La “industria que supimos conseguir” es muy débil y mantenerla en pie tiene sus costos.

En lugar de seguir creando organismos como este Consejo de Defensa a las Pequeñas y Medianas Empresas, parece mucho más rentable recuperar la igualdad ante la ley y la economía de mercado. Ningún contexto es más justo para los verdaderos empresarios que la sana competencia. El debate que nos debemos plantear es qué empresario queremos en el centro de nuestra estructura productiva.

En la entrevista arremetió una vez más contra los economistas ortodoxos, defendió la política de desendeudamiento, de reindustrialización y de inclusión social, enfatizó el fuerte crecimiento económico que el país experimentó desde 2003, recordó la recuperación de YPF y Aerolíneas Argentinas. Se apoyó sobre ciertos economistas como Miguel Ángel Broda, Orlando Ferreres y Carlos Melconian para señalar que la economía está bien, creciendo un 1 %, que la inflación se desaceleró de un 40 % a un 25 % -sin recetas ortodoxas-, que las reservas están estables, que no hay problemas con los vencimientos de deuda, lo que deja una buena herencia para el próximo Gobierno, garantizando continuidad del modelo luego de 2015.

Cuando se le cuestionó el bajo crecimiento, el ministro de Economía explicó el complejo contexto internacional que nos acompaña, con caída en los precios de los commodities, con las locomotoras de China y Estados Unidos bajo ciertas dificultades y con Brasil en recesión.

Es precisamente ese contexto el que lo obligó a decidir aplicar una política contracíclica desde principios de 2014 para estimular el consumo interno mediante planes y programas, apoyado en un supuesto consenso de los economistas en las recetas keynesianas que se presentan en todos los manuales de macroeconomía y política económica.

Dejando de lado los discutibles números del ministro de Economía -que él mismo se ocupó de criticar antes de asumir funciones oficiales-, presentaré a continuación mis problemas con su administración de la política económica, que se pueden resumir en ocho puntos fundamentales.

1. No hubo crecimiento, sino recuperación.

El ministro de Economía enfatiza que la economía argentina duplicó el PIB en dólares desde 2003 a la fecha. Este puede ser un dato cierto, pero sesgado. La Argentina no logró en este período expandir su capacidad productiva, sino tan solo recuperar la actividad económica de la devaluación de 2001. En términos económicos, la receta de “impulsar la demanda para crecer” puede tener resultado visibles mientras hay capacidad ociosa, pero una vez que la economía se acerca al pleno empleo, el crecimiento económico solo puede ser generado a través de un proceso de ahorro e inversión. Tomando en cuenta que el propio ministro solo administró la política económica de este último Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el rumbo debió cambiar desde el consumo a la inversión, y sin embargo, se sostuvo en una dirección -con un diagnóstico equivocado-, manteniendo el relato de 2001, cuando la realidad que le tocó enfrentar ya era diferente.

2. La recuperación está basada en un enorme gasto público que empuja la demanda y crea empleo público, el que no se puede sostener en el tiempo.

El tamaño del Estado, medido como gasto público sobre PIB, ha alcanzado una proporción que es récord en el continente, y que no puede financiarse ni siquiera con la mayor presión tributaria de nuestra historia, que a la vez es récord en el mundo. Devolver a la Argentina a un nivel de gasto sostenible y reducir la presión tributaria a niveles normales solo puede dejar un alto desempleo y una nueva recesión que pone en duda el éxito del modelo. La Argentina se encuentra en el dilema de sostener la burbuja del gasto público, pero sin crecimiento económico, o equilibrar las finanzas públicas pero a costa de un alto desempleo estructural cuya solución fue solo temporal. Si en lugar de crear estas proporciones de empleo público, la economía argentina hubiera alentado realmente la inversión privada, entonces el aprovechamiento de esta década dorada para la región habría sido de largo plazo y el problema de desempleo estructural habría empezado a recibir una solución más genuina.

3. Comete los mismos errores del menemismo, multiplicando el déficit.

El ministro de Economía no pierde oportunidad para identificar las comparaciones entre el kirchnerismo y el menemismo, pero esto constituye una falsa dicotomía. Ambos modelos surgen del mismo partido político, pero lo más importante es que ambos han cometido el mismo error fundamental, que -como bien explicó- nos obsesiona a los economistas ortodoxos. Nos referimos al déficit fiscal. El ministro de Economía reconoció en la entrevista un déficit fiscal financiero de 3,7 % del PIB para 2014, el que dijo ser más bajo que el de Estados Unidos (4,2 %), Brasil (5,2 %) y el promedio de la región (4,9 %). Sin embargo, y sin entrar a cuestionar “sus” números, no es menor que la Argentina mantenga este déficit después de la enorme carga tributaria que señalamos con anterioridad, además de que los analistas pronostican que el déficit para este 2015 estará entre un 6 % a un 8 % del PIB. Este nivel de déficit aun está algo lejos de aquel que condujo a la economía argentina al Rodrigazo (12,1 %) y el fin de la tablita de José Martínez de Hoz (11,3 %), pero se acerca a aquel que condujo a la hiperinflación de 1988-89 (8,5 %) y al fin de la convertibilidad (7 %).

4. La política del desendeudamiento es un mito, si consideramos la deuda interna con el Banco Central y Anses.

El ministro de Economía muestra como un logro del oficialismo el bajo nivel de deuda externa sobre el PIB. Es un dato que debemos reconocer. Sin embargo, este resultado no se generó por medio de una política conservadora, sino por haber financiado el mencionado déficit fiscal con otras alternativas, como ser la emisión monetaria del Banco Central y los recursos de Anses. Lo dicho ha generado un Banco Central en quiebra bajo cualquier estándar contable, además de la mayor inflación del continente -después de Venezuela-, y de hipotecar el futuro de la población activa, gastando incluso los 30.000 millones de dólares que estaban en manos de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) al momento de la nacionalización. Resulta curioso que parte de los logros del kirchnerismo son herencia directa del menemismo, pues se han gastado los recursos ahorrados en la década anterior y se ha apoyado el “crecimiento” de esta década en la infraestructura que expandió el Gobierno anterior.

5. La inflación no es necesaria.

El ministro de Economía lanzó una inflación estimada del 18 %, pero al margen de este número discutible, enfatizó que la oposición redujo sus estimaciones de 40 % a 25 %. Es cierto que la inflación se desacelera en este último año, sin embargo, surgen dos cuestiones para señalar. Por un lado, que la desaceleración de la inflación va acompañada de una desaceleración de la actividad económica, mostrando en este último Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner un preocupante estancamiento económico, con pérdida de empleo. Por otro lado, el ministro de Economía parece estar convencido de que la inflación -a estos niveles- es necesaria, lo que obliga a los argentinos a convivir con una moneda enferma, que afecta y reduce el potencial de crecimiento de los próximos años.

6. La devaluación es una consecuencia inevitable por la enorme expansión de la circulación y el bajo nivel de reservas.

Con estos niveles de inflación que el ministro de Economía reconoce, la dolarización espontánea es una consecuencia obvia. Pretender que la gente acepte la pesificación porque existe “estabilidad en la política económica”, que genera a su vez una “inflación estable” superior al 20 %, es confundir causalidad. Si realmente deseamos la pesificación, debemos empezar por la estabilidad monetaria, que el Ministro de Economía declaró que es un aspecto secundario como objetivo de política económica. Si a la vez tenemos en cuenta la relación pesos en circulación frente a dólares en reservas netas del Banco Central, la tendencia ofrece un tipo de cambio de largo plazo superior a $ 20, que es lo que -en definitiva- marca la expectativa del mercado. Quienes hoy especulamos con una devaluación, lo hacemos porque entendemos que es una consecuencia inevitable de la política monetaria del Banco Central, que solo se puede postergar a costa de seguir perdiendo reservas, aun con innumerables cepos que la economía ya no puede soportar.

7. El tipo de cambio que importa es el real, no el nominal.

En este aspecto, preocupa además la comparación que hace el ministro de Economía con Brasil. Mientras Argentina pasó el tipo de cambio oficial de 3 a 9 pesos por dólar, en Brasil pasaron de 4 reales por dólar -cuando asume Lula da Silva- a 3,30 reales por dólar hoy, comparación que ilustró para identificar su problemática apreciación cambiaria. Habría que señalarle al ministro de Economía, sin embargo, que la evolución del tipo de cambio nominal no representa nada, y menos aun en un país como Argentina, donde la inflación ha tenido valores elevados. Reconocer esta situación lo llevaría a comprender que la misma apreciación cambiaria que criticó en Brasil es la que sufre hoy la economía argentina, y no como consecuencia del desarrollo productivo, sino como consecuencia de la política económica elegida.

8. La “fatal arrogancia” de creer que se puede controlar todo el mercado.

El ministro de Economía señaló que es natural que los importadores soliciten un dólar más barato, mientras los exportadores pretenden un dólar más caro. Ofreció el ejemplo de un industrial que resultó librecambista para el insumo, pero proteccionista para el producto. A partir de allí justificó el proteccionismo, los cepos y una política económica selectiva, dirigida y coordinada por él y su equipo. Esto atrasa el debate de política económica, por lo menos, hasta 1810, cuando Manuel Belgrano enfrentó los intereses creados de todos aquellos que se veían favorecidos por la política económica de la colonia. También cae el ministro de Economía en la fatal arrogancia de creer que realmente puede controlar todas las operaciones del mercado. El ministro de Economía no parece saber distinguir entre empresarios y pseudoempresarios, o entre industriales y pseudoindustriales. El objetivo de la política económica debería estar basado en la igualdad ante la ley, lejos del clientelismo político y tendría que dar lugar -de una buena vez- a los empresarios en serio, sean chicos o grandes.

Cierro con las sabias palabras de Frédéric Bastiat (1850): “Yo, lo confieso, soy de los que piensan que la capacidad de elección y el impulso deben venir de abajo, no de arriba, y de los ciudadanos, no del legislador. La doctrina contraria me parece que conduce al aniquilamiento de la libertad y de la dignidad humanas.”

En la Argentina de hoy la crisis que viene será asociada a la burbuja del gasto público, que se fue gestando desde 2003 y especialmente a partir de los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, con sucesivos planes y programas.

Sin ánimo de ser exhaustivo, aunque presentados cronológicamente, recordamos ya en agosto de 2003 el Plan Manos a la Obra de Néstor Kirchner, seguido por la prolongación del Programa Remediar, la creación del Museo de la Memoria, el Plan Federal de Salud, el Plan Nacer Argentina, el Plan Espacial Nacional, el Programa de Becas del Bicentenario, el Programa de Apoyo de Infraestructura Universitaria, el Programa Argentina Trabaja, Fútbol para Todos, la asignación universal por hijo, el Fondo del Bicentenario para pagar la deuda externa, el Programa Conectar Igualdad, el Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario, Pakapaka, Tecnópolis, la recuperación de YPF, Procrear, el Programa Sumar (que fue una ampliación del Programa Nacer) o el Plan Raíces, entre otros.

Tres críticas presentamos los economistas a estos programas.

En primer lugar, que varios de estos programas y planes no se presentan como temporarios -mientras duró la crisis de 2002, con más de un 50 % de pobres y más de un 20 % de desempleados-, sino como continuos, garantizando a mucha gente una serie de ingresos que perdurarán en el tiempo. Esto evita que los beneficiarios tengan incentivos para buscar por sí mismos la generación de ingresos que les permitan abandonar esta dependencia del Estado. Más grave aún ha resultado el caso en que muchas personas rechazan posibilidades de trabajo para no perder un plan del Gobierno.

En segundo lugar, preocupa la sustentabilidad del gasto público total, el que no puede mantenerse aun con la mayor presión tributaria de la historia argentina, requiriéndose ahora de emisión monetaria para cubrir la brecha entre ingresos y gastos, y sometiendo a toda la población a niveles elevados de inflación. Axel Kicillof inició un proceso de ajuste por la vía de la inflación, pero el costo político de su sucesor será elevado, lo que puede implicar problemas de gobernabilidad para quien ocupe el sillón de Rivadavia en 2016.

En tercer lugar, desconocer que mucho de lo que estos programas hacen el mercado podría hacerlo por sí solo y de manera mucho más eficiente. Esto se vincula con el primero de los puntos planteados. Basta observar a nuestros países vecinos, con niveles de desempleo y pobreza radicalmente inferiores a los de Argentina, para comprender el daño que estos planes y programas le hacen a la población. Esto se vincula al debate que la Presidente ha querido abrir en distintos discursos -sobre qué Estado queremos-, pero al que nadie de la oposición atendió. Personalmente, pienso que el objetivo final debería ser que los argentinos tengan trabajo, ingresos propios, y a través de ese ingreso y el acceso a crédito puedan adquirir su casa, su auto o incluso pagar por los bienes y los servicios que deseen consumir, sean estos remedios, computadoras o incluso fútbol. En la medida en que esto se vaya logrando, el Estado debería ir reduciendo su tamaño, desmantelándose muchos de los programas y los planes o también los ministerios y las secretarías que este Gobierno ha creado. Que en esta “década ganada” el proceso haya sido contario a este ideal es una muestra de que hemos tomado el camino inverso al deseado. Que Daniel Scioli esté pensando hoy en crear nuevos ministerios y secretarías también es un camino opuesto al deseado.

Los economistas no exigimos un cambio hacia la anarquía y la desaparición inmediata de todos los planes sociales y programas, y menos aún en las condiciones de la Argentina en 2002 o 2003, sino un llamado de atención a los excesos de gasto que el kirchnerismo ha iniciado y el costo político y social que puede implicar revertir este proceso.

Tal como ocurrió en sucesivas crisis económicas, la Argentina no podrá retornar al crecimiento hasta que desinfle la burbuja del gasto público. Si la fase de desarrollo requiere inversión, como definió recientemente Miguel Bein -el asesor principal de Daniel Scioli-, y como sostiene también el equipo económico de Mauricio Macri, debemos tomar conciencia de que nadie querrá invertir en un país que mantiene un nivel de gasto público en torno al 50 % del PIB, con una inflación que supera -al menos- el 20 %, cuya presión tributaria es récord de todo el continente y que aún mantiene un déficit fiscal del 7 %-8 % del PIB.

Daniel Scioli ha intentado en los últimos años alinearse en su discurso con el modelo kirchnerista, aunque al evaluar su gobierno en la provincia de Buenos Aires, o los comentarios y las entrevistas que han ofrecido sus asesores, se puede advertir cierta confrontación con el kirchnerismo puro, que es en definitiva lo que provoca cierta desconfianza aun entre sus propios seguidores.

Sostenemos aquí que la política económica de Scioli estaría en una posición intermedia entre la que representa Axel Kicillof, como continuidad de la política económica actual, frente a los comentarios de sus asesores, y en particular del consultor Miguel Bein y el expresidente del Banco Central Mario Blejer, que es, en definitiva, corregir los desequilibrios y tomar un nuevo rumbo.

El actual ministro de Economía comentó ante los medios, hace unas pocas semanas, que de ganar Scioli seguirán haciendo “más o menos lo mismo”. Básicamente se trata de seguir ocultando los desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios por todos conocidos -y también por el ministro-, pero al mismo tiempo intentar corregirlos sin un ajuste abrupto. En otros términos, permitir un ajuste lento de los excesos fiscales por la vía de la inflación, pero intentando mantener los “logros del modelo”, que se resumen en la continuidad de los planes sociales implementados.

Con Kicillof manejando la economía, en 2016 habría una continuidad en la inflación por varios años más, seguiría la intervención sobre el Indec, Argentina seguiría enfrentada a los holdouts, se mantendría cierta alineación con los gobiernos venezolano, boliviano y ecuatoriano, y la política exterior apuntaría más hacia los BRICS, y China en particular, que hacia Estados Unidos y Europa. Me surge una duda puntual respecto de su voluntad de devaluar poselecciones para resolver parcialmente el atraso cambiario y con ello permitir una leve recuperación de la industria, que ya muestra dos años de caída continua.

El equipo económico de Scioli ha enfatizado en que “no existe una crisis a punto de estallar como algunos quieren convencernos, sino desequilibrios a corregir”, que luego definen precisamente como los desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios. Nuestra lectura de esta propuesta económica sería similar a la que hemos definido para el PRO, aunque presentada de manera más conservadora, o menos crítica del modelo kirchnerista.

Se trata de mantener los logros del modelo y los diversos planes, pero reduciendo o eliminando sus excesos, hoy representados en un déficit fiscal del 6 & al 8 % del PIB, según han descrito varios analistas.

En este caso se ve a una Argentina que rápidamente resolvería la disputa con los holdouts y accedería a los mercados internacionales para tomar deuda, como vía para reducir la monetización de los déficits públicos y el consecuente proceso inflacionario.

En relaciones exteriores, Argentina abandonaría su vinculación con Venezuela, Bolivia y Ecuador, y apuntaría más bien a una integración tanto con los BRICS como con Estados Unidos, Europa y el mundo desarrollado. Los asesores de Scioli han sido muy claros en la necesidad de recuperar confianza como medio para elevar los niveles de inversión privada -necesaria para recuperar el crecimiento- y pública -para mantener la infraestructura.

En este caso, la inflación se iría reduciendo gradualmente. Las razones para ello se dividen en tres propuestas: 1. Al resolver las disputas con los holdouts se accedería a crédito externo; 2. Se aplicaría una regla fiscal según la cual el gasto público aumentaría a una tasa menor que el aumento en la recaudación; 3. Se subirían las tasas de interés.

Dicho en otros términos, habría endeudamiento externo nuevamente -lo que recibirá resistencia del kirchnerismo puro- y al mismo tiempo una caída continua de los salarios reales, especialmente de los trabajadores del sector público -esto ya está ocurriendo también con Kicillof-, lo que garantiza un mayor enfrentamiento con los sindicatos, que lucharán por mantener el nivel real de los ingresos. La suba en las tasas de interés augura dificultades en la actividad económica para los dos primeros años.

El levantamiento del cepo cambiario encabezaría también la agenda, incluyendo una fuerte devaluación para devolver el mercado cambiario a su nivel de equilibrio real. Alcanzado este, se intentará aplicar una regla cambiaria para evitar la sobrevaluación cambiaria -que destruye las actividades de exportación- y también la devaluación -que destruye los salarios.

Cuando se consultó a Axel Kicillof por una posible candidatura a vicepresidente, este respondió que prefería continuar en su posición actual, manejando los hilos de la economía. Ha surgido, sin embargo, la hipótesis de que Scioli habría aceptado a Carlos Zannini como su vicepresidente solo en la medida en que Kicillof se mantenga al margen de su gestión. Scioli tiene su propio equipo económico y si bien se le han definido los nombres de legisladores que lo acompañarán en la lista del Frente para la Victoria, será él mismo quien defina su gabinete.

Mi postura es que Kicillof estará ocupando su banca en el Congreso, pero tendrá reducida incidencia en las decisiones de política económica del posible gobierno de Scioli. Por el lado de Zannini, me parece que nunca un vicepresidente jugó un rol relevante en la política económica argentina.

La importante presencia del kirchnerismo puro en el Congreso garantiza, al mismo tiempo, que los proyectos a presentarse estén, al menos en los dos primeros años, alineados con el mantenimiento de los logros alcanzados, en particular la vigencia de los planes sociales implementados en los últimos 12 años, aunque es inevitable la caída real de esos ingresos como medio para ir ajustando el desequilibrio fiscal a través de la inflación.

Mi hipótesis es que -de ganar Scioli- Bein y Blejer reemplazarán a Kicillof en la conducción económica de la Argentina. Si éste es el caso, las similitudes con la propuesta del Pro es visible. Pero hay diferencias. Macri ofrece, por ejemplo, mayor certeza en el electorado por sus políticas a favor del campo -en sus firmes propuestas por eliminar las retenciones y los ROE- y también mayor certeza en la “eliminación de cepos” y su integración al mundo, con la consecuente generación de confianza para atraer inversión privada. Scioli, mientras tanto, le garantiza al sector público y los beneficiarios de los planes sociales una mayor certeza en su intención de lograr una continuidad de los beneficios del modelo actual. Si bien ambos candidatos han buscado imitarse en los últimos meses -Macri prometiendo mantener los planes sociales, y Scioli buscando generar confianza e inversión- lo cierto es que las propuestas pueden ser incompatibles. Sólo en la medida en que se avance en los ajustes de los tres grandes desequilibrios, la Argentina podrá recuperar la senda del crecimiento. Pero no hay que temer al ajuste, ya que no necesita ser tan prolongado como la crisis de 1998-2002, ni tampoco tan abrupto como la debacle de 2001. La corrección ya ha sido advertida por ambos candidatos como necesaria, pero puede ser muy rápida y poco dolorosa si hay convencimiento en combinar disciplina fiscal, equilibrio monetario y apertura económica.

Lo cierto es que hace algunos años los economistas en general predecimos dificultades económicas crecientes que hoy se manifiestan con claridad en desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios, los que a su vez tienen como consecuencia lógica la recesión –especialmente en la industria que acumula 20 meses de caída continua según el Estimador Mensual Industrial del INDEC-, la inflación –que sigue en niveles elevados, aun cuando haya disminuido un poco producto de la misma recesión- y un nivel de desempleo y pobreza en aumento –que él mismo se niega a medir, pero que alcanzaría a más de un cuarto de la población-. Un balance real de la gestión de Kicillof que acompañó el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner entre 2011 y 2015 mostraría las consecuencias lógicas de las políticas implementadas.

El único aspecto en el que los economistas han fallado es en lo que hace a la política cambiaria, pues muchos estimábamos que durante el verano evitaría el atraso cambiario y devaluaría, como de hecho ya había hecho a comienzos de 2014. Kicillof decidió no devaluar y con ello profundizar la recesión comentada, con su impacto negativo en la industria y en la generación de empleo.

La devaluación en sí misma abre otro debate, ya que los mismos que hoy la estimamos necesaria, en otros tiempos la rechazábamos. Y es que no creemos los economistas ortodoxos que la devaluación sea un medio adecuado para ganar competitividad, salvo que el dólar se encuentre revaluado a un nivel insostenible en el largo plazo. Si hoy comparamos el nivel de circulante en pesos argentinos con las reservas líquidas en dólares que mantiene el Banco Central de la República Argentina, el coeficiente nos conduce a un nivel bastante superior que el tipo de cambio oficial e incluso del tipo de cambio informal.

El punto es que el tipo de cambio, como cualquier precio, no debería ser fijado arbitrariamente por el gobierno, sino que debería ser la consecuencia de lo que ocurre en el mercado cambiario, es decir, en la dinámica de dólares que entran y salen del país. Cuando Argentina experimentó una fuerte fuga de capitales, la consecuencia lógica en un mercado libre habría sido la suba del tipo de cambio, pero el gobierno decidió sostener el dólar, lo que atrasó el tipo de cambio, y comprometió al sector industrial que hoy ya ni siquiera puede hacerse de las divisas necesarias para comprar insumos básicos.

Lo que pedimos los economistas ortodoxos es devolver algo de cordura a la economía, como también lo pedíamos en tiempos de Menem cuando la convertibilidad 1 a 1 generaba un atraso cambiario similar, con consecuencias idénticas sobre la actividad económica. Resulta paradójico que el mismo Kicillof cometa idénticos errores que el noventismo que siempre ataca, especialmente en lo que refiere a los desequilibrios fiscal y cambiario.

Así como Kicillof piensa en un sentido opuesto a los economistas ortodoxos, su política cambiaria también va a contramano del mundo. Mientras las monedas se fortalecían frente al dólar, el peso argentino se debilitaba. Ahora que el dólar se fortalece y las monedas de todo el mundo se debilitan contra él, Kicillof paradójicamente decide revaluar el peso, lo que a su vez profundiza la situación patrimonial del Banco Central, que en términos contables se acerca a la quiebra.

Kicillof es impredecible, pero no lo es el resultado de su política económica. Si me preguntan por lo que viene, la respuesta la debemos buscar en lo que hace el Ministro de Economía. Que su próxima política sea colocar deuda en dólares, es una manifestación de que la variable clave en su estrategia 2015 está en sumar reservas para traer calma a los mercados de cara a las elecciones. El resto de los problemas, mejor negarlos, sea que hablemos del cepo cambiario, de la sostenibilidad de los planes sociales, de la inflación, de la pobreza o de la mismísima recesión.

Fue un discurso extremadamente positivo, un relato que se encuentra muy lejos de la realidad que vivimos los argentinos, pero en la que la Presidente realmente cree. No quiere decir esto que los datos arrojados sean todos falsos, pero sí debemos decir que hubo “cuestiones fundamentales” que se ignoraron voluntariamente, y reconocerlas posiblemente nos arrojen un balance menos positivo que el enunciado.

1. La sustentabilidad de los planes sociales

Recuérdense por ejemplo los numerosos planes sociales que se implementaron en estos años, como el plan progresar, el plan procrear o la asignación universal por hijo, además de ampliar los subsidios en todos los servicios públicos y extender el número de jubilados y pensionados hasta el total de personas en edad pasiva. Discutir estos aspectos del modelo puede ser visto como un gesto de insensibilidad, pero lo que preocupa hoy a la población no son los planes en sí mismos, sino su sustentabilidad. La expansión de planes es la expansión del gasto público que hoy lleva a la Argentina a un déficit fiscal del 6 o 7 % anual, que promete seguir creciendo en este último año de gestión, y que sólo encuentra financiamiento en su monetización.

2. La inflación

Precisamente la inflación que hoy experimentamos en la Argentina no es algo que nos pase, sino algo que promueve el mismo Gobierno desde el momento que eleva el nivel de gasto a un nivel que la presión tributaria récord no puede sostener. A medida que la inflación se acelera, los beneficios de estos planes precisamente se reducen porque resulta cada vez más difícil actualizarlos al ritmo de la inflación real. En otras palabras, los analistas pensamos que estos beneficios se pudieron extender en el corto plazo -mientras duró este Gobierno-, pero será muy difícil de sostener en el tiempo, por la escasez de recursos que irá acompañando al período post-kirchnerista. La inflación, por su parte, es un problema que no se puede resolver sin renunciar a los “logros” del modelo.

3. No hubo crecimiento económico, sólo recuperación
La Presidente también enfatizó el “crecimiento económico” de Argentina en estos 12 años. Sin embargo, partiendo de la crisis económica de 2001-2002, lo que se observó en estos años fue una recuperación, mas no crecimiento. El modelo cerrado puede permitir la utilización de recursos ociosos, pero no la expansión de la estructura productiva. Tomando el pico de 1998 como referencia, la performance económica que uno observa es muy diferente a la del relato oficial, e incluso se puede hablar de una nueva década perdida. Recordemos que la caída del PIB en el período 1998-2002, sólo pudo recuperarse en 2008, lo que siguió con la recesión de 2009 y la endeble performance posterior.

4. El país más rico de la región… por unos meses

La Presidente enfatizó que Argentina es el país más rico de la región, medido por PIB per cápita en dólares. Históricamente, así fue y si recuperáramos cierta normalidad, Argentina debería presentarse como el país más rico de Latinoamérica. Sin embargo, dividir el PIB en pesos por un tipo de cambio distorsionado puede resultar algo arbitrario. Hoy el tipo de cambio oficial está en torno a los 8.70 pesos. Un tipo de cambio sustentable debería ser al menos el doble o el triple de ese valor, si tomamos en cuenta las reservas netas con las que cuenta el Banco Central. Si asumimos que tarde o temprano habrá una fuerte devaluación, entonces el PIB per cápita en dólares será la mitad o menos de lo que es hoy. ¿Puede evitarse la devaluación? Quizás unos meses si se sigue atrasando el tipo de cambio y se profundiza la recesión, pero no se lo puede sostener debajo de los 10 pesos indefinidamente.

5. Recesión y retorno a 1999

Argentina logró recuperarse de la crisis que comenzó en el tercer trimestre de 1998 y se extendió hasta la fuerte crisis de 2001-2002, como bien señaló la Presidente, pero no sería correcto ignorar los desequilibrios existentes que pueden devolver a la economía argentina a un estado similar a aquel con el que hoy se comparaba. Mi impresión es que Argentina hoy tiene desequilibrios de magnitud semejantes, y en varios sentidos peores, que los vistos en aquel año 1999 que representó el fin del menemismo. La economía entonces mostraba desequilibrios fiscales y cambiarios, con un alto déficit fiscal y dificultades para seguir tomando deuda. Además, había dificultades para seguir atrayendo inversión extranjera directa, lo que a su vez dejaba a la economía con  estancamiento y alto desempleo. Hoy la Argentina tiene los mismos desequilibrios fiscales y cambiarios, pero además el desequilibrio monetario. Resulta imposible, a mi modo de ver, abandonar estos desequilibrios desde dentro del modelo. La economía ya está estancada o en recesión, según los propios datos oficiales del INDEC y no hay ninguna propuesta en el Ministerio de Economía para resolver estos desequilibrios. La agenda de políticas públicas para el nuevo gobierno es una agenda difícil, similar quizás a la que heredó Fernando De la Rúa en 1999.

6. Reemplazo del endeudamiento externo por el endeudamiento interno

La Presidente enfatizó también el “definitivo” desendeudamiento de Argentina. Sin embargo, el desendeudamiento es relativo, y el Gobierno estuvo lejos de manejarse con austeridad. La única diferencia que uno puede identificar entre el menemismo y el kirchnerismo en relación al gasto público es que el primero lo financió con deuda externa, mientras el segundo lo hizo con deuda interna. Una deuda interna que dificulta la tarea del ANSES para cumplir sus compromisos con los futuros jubilados, y una deuda interna que quebró -una vez más- al Banco Central obligándolo a emitir sólo en 2014 más de 160.000 millones de pesos para financiar el déficit fiscal. Pesos, a su vez, que el Banco Central debió absorber del sistema financiero generando un endeudamiento creciente a través de títulos que pasó en el último año de 115.000 a 330.000 millones de pesos. Resulta muy difícil pensar que la autoridad monetaria puede mantener el poder adquisitivo de nuestra moneda bajo las reglas y presiones que impone el poder ejecutivo.

7. La difícil “herencia institucional” para el próximo gobierno

A los problemas mencionados en el aspecto macroeconómico, por supuesto hay que agregar también la debilidad institucional que hoy tiene el país, especialmente en lo que refiere al “capitalismo de amigos”. Me refiero aquí, por ejemplo, a la introducción de La Cámpora en todas las instituciones y niveles de Gobierno, incluyendo las nacionalizadas Aerolíneas Argentinas e YPF.

8. Falta de independencia del INDEC
Para cerrar, no podemos ignorar que gran parte de la información estadística que presentó la Presidente está viciada por la falta de independencia del INDEC para elaborar datos confiables. Axel Kicillof reconoce que siempre hubo debate en torno a las metodologías, pero haber perdido la posibilidad de contar con mediciones mínimamente confiables abre un abanico de opciones y discusiones que  ningún país serio tiene. Así como nadie puede sostener en la Argentina cuál es el nivel de pobreza e indigencia, tampoco se puede confirmar realmente cuál es el nivel de desempleo. Mucho se ha dicho del elevado desempleo español, pero sabemos que si las metodologías fueran similares, Argentina seguramente presentaría una realidad bastante peor que la del país ibérico.

Análisis del mercado blue

Como todo mercado, cuando uno quiere comprender su dinámica debe analizar la oferta y la demanda. La oferta de dólares blue es bastante restringida, y dada una clara tendencia a que exista en la Argentina escasez de la divisa, la oferta de dólares en el mercado informal tiende a ser atesorada, lo que implica que es retirada del mercado, al menos hasta que exista mayor certidumbre de las variables macroeconómicas.

Por el lado de la demanda, los ahorristas empiezan a observar que sus ahorros en pesos se derriten entre sus dedos por la acelerada inflación. El gobierno niega este problema, y además promueve un excesivo gasto público que en el año electoral promete seguir ampliándose hasta niveles impredecibles para los analistas. Además, la contención relativa de Juan Carlos Fábrega para limitar la monetización del déficit e incluso ir retirando pesos del mercado con el fin de contener la inflación, ya fue eliminada, suplantando su presencia al frente del Banco Central por alguien afín al Ministro de Economía.

Un escenario lógico bajo estas decisiones del gobierno, conducen a los agentes a formar expectativas de que:

1.       En un año electoral como es 2015, el gasto público aumentará.

2.       Dado que la economía está en recesión y que el precio de los commodities tiende a caer, la recaudación tributaria, en términos reales, caerá.

3.       La brecha entre ingresos tributarios y gastos se ampliará.

4.       Dado que no hay acceso al crédito externo, ese déficit se monetizará, aumentando la circulación de pesos.

5.       La inflación se acelerará.

6.       Ergo, la presión de la demanda sobre la divisa seguramente aumentará.

Políticas del gobierno

Ante este escenario, el Gobierno viene aplicando políticas concretas que restrinjan la demanda del dólar blue. Primero, flexibilizó los límites para la compra de la divisa, lo que fue exitoso en retirar a parte de la clase media en la demanda de divisas de este mercado. Segundo, presiona a los bancos para que eleven los tipos de interés que paga por los plazos fijos. Haciendo esto, se supone que muchos ahorristas podrán optar por ahorrar en plazos fijos, en lugar de apostar a un mercado informal y prohibido. Tercero, apuesta a criminalizar con sanciones penales la compra-venta de dólares en el mercado informal, lo que transmite miedo entre quienes operan en este mercado. Y, cuarto, aunque puede discutirse la voluntad del Gobierno en esto, la crisis económica se acelera y los márgenes de ganancia tienden a caer, reduciéndose en la clase media la tenencia de pesos necesarios para comprar el dólar informal.

Escenario futuro

El arte de la predicción económica es muy complejo, pero conjeturo que durante el mes de octubre el dólar blue podría caer como lo ha hecho en febrero del corriente, justo después de la acelerada suba señalada en enero. Sin embargo, la tendencia de largo plazo, y en esto en la Argentina no pueden ser más de 6 meses, indica que el dólar blue debería alcanzar hacia marzo de 2015 nuevos picos máximos.

Domingo Cavallo es siempre apuntado como el responsable de la deuda en Argentina. En cualquier discurso sobre deuda o holdouts su nombre resurge. Es por esto que la columna que Infobae publicó ayer con su versión de “la evolución de la deuda argentina” tiene un importante significado.

Como expliqué en otra columna, Cavallo tuvo participación activa en el crecimiento de nuestra deuda en tres momentos históricos. 1) bajo el gobierno militar; 2) bajo el primer gobierno menemista; 3) bajo el gobierno de De la Rúa.

Personalmente, cambiaría el título de la referida columna, porque no trató allí la evolución completa de la deuda, sino la evolución “reciente” de la deuda argentina. Esto lo eximió de responder también por su participación en el crecimiento de la deuda durante el gobierno militar.

Pero su análisis deja igualmente mucha tela que cortar. Señala, por ejemplo, que en su gestión en el primer gobierno menemista la deuda no creció, sino que incluso cayó ligeramente. Llega a esta conclusión luego de mostrar que la deuda pública ascendía a 92.400 millones de dólares en 1989, de los cuales estaban registrados 63.000 millones, y pendientes de registración otros 28.700 millones de dólares. Al final el año 1996, la deuda ascendió a 91.700 millones de dólares.

Debemos aclarar, sin embargo, varias cuestiones.  En primer lugar, que el efecto del mencionado Plan Brady, que implicó una importante quita de la deuda, se eliminó por completo en sólo 3 años de su gestión. En segundo lugar, que Cavallo no menciona el proceso de privatizaciones de aquellos años que llevó a los compradores de las empresas públicas argentinas como Entel o Segba a pagar con bonos del gobierno en default, lo que permitió un importante descenso de aquel capital adeudado.

Con una buena gestión en el primer gobierno menemista, aprovechando la quita de capital y el proceso de privatizaciones, la deuda pública pudo haber bajado realmente a un nivel despreciable, y acompañado del crecimiento económico de aquellos años, su relación con el PIB hubiera mostrado que el problema histórico de la deuda estaba realmente resuelto.

A su favor, su salida del Ministerio de Economía no mejoró las cosas. En el segundo gobierno de Menem, entre 1996 y 1999, la deuda saltó de 91.600 a 111.000 millones de dólares.

En el gobierno de De la Rúa, la deuda volvió a crecer, en este caso de 111.000 a 134.700 millones de dólares, y de nuevo, Cavallo tuvo su responsabilidad. Es cierto que muchos de los vencimientos de la deuda tomada bajo el menemismo se colocaron un día después de abandonar el cargo, con lo cual la Alianza recibió una onerosa herencia, pero la gestión de estos problemas pudo ser mejor. El gobierno de la Alianza nunca pudo gestionar adecuadamente la deuda, ni la economía del país, cediendo terreno a manos del FMI para evitar caer en default y sostener la convertibilidad.

López Murphy tuvo un diagnóstico acertado cuando ocupó el Ministerio de Economía, apuntando al déficit fiscal, pero fue justamente la reaparición de Cavallo lo que minó aquella propuesta apuntando que el problema “no es el défcit, sino la competitividad”. La gestión de Cavallo en el gobierno de De la Rúa fue acompañada de mucha desconfianza del mercado, lo que se reflejó en una fuga de capitales sin precedentes que hicieron imposible sostener la convertibilidad en los años siguientes, con todo lo que ello trae aparejado, desde lo económico y lo social.

Un aporte significativo de este artículo es su mención de la deuda en la “década ganada”. Se suma Cavallo a magnificar el mito del desendeudamiento cuando señala que en estos diez años la deuda sumó otros nuevos 100.000 millones de dólares para pasar en diciembre de 2013 a acumular 231.000 millones de dólares (neta de activos financieros). Señala además que el problema no es sólo cuantitativo, sino cualitativo, especialmente por sentencias incumplidas que implican onerosos intereses, que serán la herencia para el próximo gobierno. Sus cálculos lo conducen a afirmar que la deuda puede llegar a superar los 270.000 millones de dólares y tener un perfil de vencimientos y un costo de intereses bastante peor que el que tenía la deuda al final de 2001.

Concluyendo, Cavallo, como tantos políticos argentinos que se han sucedido en el poder, jamás comprendió la importancia del equilibrio fiscal. El gobierno militar financió su brecha con deuda y emisión (inflación). El gobierno de Alfonsín ya no tuvo acceso a deuda y financió el déficit con la hiperinflación. En el primer gobierno de Menem la brecha se financió con la venta de activos (privatizaciones), y tras el plan Brady con endeudamiento. De la Rúa mantuvo la convertibilidad, y entonces no pudo tampoco monetizar los déficit fiscales, pero también tomó deuda para apagar los incendios. Durante el gobierno de Néstor Kirchner, hubo cierto superávit fiscal, pero éste sólo se justifica por la estatización de las pensiones y el manotazo a los 30.000 millones de dólares que las AFJP tenían ahorrados. Para cuando llegó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ese dinero ya no alcanzaba, volviendo a monetizar los déficits como en los años 1980 y volviendo a sufrir la inflación creciente. Tras su reelección, la negación al ajuste muestra una peligrosa aceleración de la inflación. El pago al Club de París y a Repsol buscaba volver a abrir las puertas al endeudamiento, pero el intento fue fallido gracias al fallo de Griesa y la cláusula Rufo, la que se destrabaría en enero de 2015. En un año de elecciones, me aventuro a predecir una nueva explosión en el gasto, mayor inflación y un nuevo salto en nuestra deuda.