Como breve referencia biográfica, podemos recordar que John Maynard Keynes alcanzó su fama en el contexto de la gran depresión de los años 1930. Se podrá apuntar que su figura ya era relevante antes de su Teoría General (1936), pero fue esa obra la que le dio una fama inmortal entre los economistas. Keynes apunta en este libro revolucionario que para salir de una depresión el Estado debe asumir un rol activo, impulsando la demanda agregada con políticas monetarias y fiscales expansivas. Pero cabe insistir que el contexto en el que Keynes propone estas ideas no es el de una economía normal de pleno empleo, sino una economía depresiva, donde los consumidores no consumen porque temen quedarse sin empleo, y los inversores no invierten por desconfianza en poder colocar su producción.

Si la economía, por el contrario, se encontrara en pleno empleo, entonces Keynes podría ser guardado en un cajón, como de hecho sugería su biógrafo Robert Skidelsky.

El propio Keynes habría dicho –de hecho lo dijo- que en pleno empleo cualquier inyección exógena de la demanda lleva a la inflación. Éste era el “caso especial” donde regía la economía clásica, en el que el mayor crecimiento del producto sólo puede provenir de una productividad incrementada y una técnica mejorada –cuestiones sobre las que Keynes no tenía nada especial que decir-. (Robert Skidelsky, Keynes, 1996, p. 189).

La profunda crisis argentina de 2001-2002 dejó un nivel de capacidad instalada en torno al 50 %. En ese contexto depresivo, los economistas keynesianos como Paul Krugman han enfatizado lo exitoso del modelo argentino, pues para fines de 2009 la Argentina ya había recuperado su economía, con un nivel de capacidad instalada por encima del 80 % y un nivel de desempleo de sólo un dígito. Sin embargo, desde entonces la Argentina continuó expandiendo la demanda agregada con más gasto público, programas asistencialistas, que ni el propio Keynes habría sugerido aplicar.

Desde la receta keynesiana, a partir de 2010 la economía argentina se encuentra en el “caso especial” donde debería regir la economía clásica, en el que el crecimiento sólo puede provenir de la nueva acumulación de capital y su consecuente aumento de productividad. Continuar impulsando la demanda agregada con programas asistencialistas sólo pueden tener como contrapartida el aumento de la inflación, lo que efectivamente se observa con claridad desde entonces.

Cabe remarcar que la “gran recesión” americana de 2008 tuvo un impacto negativo en la economía argentina en 2009, y que ello requirió continuar estimulando la demanda agregada, lo que efectivamente se hizo con políticas fiscales extremadamente expansivas que le permitieron salir bastante rápido de la recesión de ese año (no reconocida por el Indec), pero claro que a costa de revertir totalmente el superávit primario, que hasta ese momento era uno de los pilares del “modelo”, el que nunca más se recuperó.

En cualquier caso, el caso clásico debió haber comenzado a aplicarse a más tardar a partir de 2010 o en este último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que comienza en 2011, año en el que el actual Ministro de Economía, Axel Kicillof, se incorpora al gobierno en distintos puestos y empieza a asesorar a la Presidente. En otros términos, más que profundizar el modelo, éste debió cambiar, dada la nueva coyuntura de 2010, tan diferente a la de 2001.

Lo más curioso de esta situación es que el actual Ministro de Economía es reconocido académicamente por su tesis/libro sobre los Fundamentos de la Teoría General, lo que se dice lo convierte en un experto en Keynes. Si este es el caso y la economía se encuentra recuperada, ¿por qué se sigue presionando sobre la demanda agregada con sucesivos planes de gasto? Si la situación es de pleno empleo, como de hecho manifiestan las estadísticas del Indec, ¿por qué se extienden los planes sociales y el asistencialismo? Quizás ya es tarde para que el Ministro de Economía, experto en Keynes, recuerde las lecciones de su maestro, pero sería deseable que lo comentado sea aprehendido por el gobierno que resulte vencedor en las elecciones de octubre.

En este artículo sólo podré concentrarme en este último punto, el que ha sido tratado ampliamente en un libro del catedrático español Jesús Huerta de Soto titulado “Socialismo, cálculo económico y función empresarial”. El libro cuenta con más de 400 páginas, pero el lector puede acceder a una reseña que personalmente escribí sobre este debate, y que fuera publicado en la revista Cuadernos de Economía (Vol. 30, Nº 54), de la Universidad Nacional de Colombia. El argumento básico explica que en un mundo de incertidumbre y conocimiento disperso, la propiedad privada es necesaria para dar lugar a los precios, pues sólo ellos pueden permitir a los empresarios advertir de ganancias y pérdidas en sus proyectos de inversión, y con ello asignar con relativa eficiencia los recursos escasos. Más en limpio, si no tenemos propiedad privada de los medios de producción, no tenemos mercados para esos medios de producción. Sin mercados para esos bienes de producción, no habrá precios. Sin precios, los empresarios no pueden advertir si sus proyectos de inversión son rentables.

Si algo funciona -aún en el capitalismo intervenido- es precisamente ese proceso de prueba y error, en donde los empresarios van probando distintas inversiones, y sólo cuando son rentables, los proyectos se mantienen. Ganancias y pérdidas contables representan una información en el mercado acerca de si estamos asignando bien o mal los recursos. Y vale recordar que esos resultados son consistentes con la soberanía del consumidor, donde gana el que sabe satisfacer las necesidades del consumidor, y pierde el que no logra la demanda de sus consumidores. El socialismo propone terminar con la propiedad privada, terminar con estas señales de mercado, terminar con la función empresarial y reemplazar todo ello por la propiedad pública de los medios de producción. Aquí se abren un abanico de opciones, pero nunca ha quedado claro qué es lo que en definitiva proponen los socialistas. Y el problema es que el propio Marx careció de una propuesta concreta de cómo funcionaría el socialismo.

De un lado, se propone que el gobierno administre públicamente esos medios de producción, como de hecho ocurrió en Alemania Oriental, en Rusia o actualmente es en Cuba. Aquí los problemas son al menos dos. Primero, como señaló el Premio Nobel en Economía James M. Buchanan –recientemente fallecido- el gobierno puede no tener los mejores incentivos para administrar “solidariamente” estos recursos. Si asumimos que los individuos siempre persiguen su propio beneficio, ¿por qué vamos a suponer que las personas que lleguen al poder van a tender a interesarse por el “bien común”? Buchanan insistía en que lo más probable es que estas personas tiendan siempre a alejarse de ese “bien común” y persigan más bien su propio beneficio y de aquellos a quienes representan, o que han financiado sus campañas electorales. Cuando uno mira la Argentina, ¡cuánta razón tenía!

El segundo problema fue mencionado por otro premio Nobel en Economía, en este caso, Friedrich Hayek. Si aceptamos que el problema económico consiste en advertir cuáles son los bienes y servicios que deben producirse, en qué cantidad y calidad y de qué manera distribuirlos, debemos comprender que ese “conocimiento” no es dado a nadie en particular. Los bienes y servicios que necesitamos producir son los que la gente quiere. Y ese conocimiento está disperso en la sociedad, en las preferencias individuales de cada sujeto, en la forma de bits de información que cada uno tiene en su propia mente. ¡Es información no revelada! Salvo que permitamos que la gente demande y comunique esa información a los empresarios a través de los precios, precisamente.

Los socialistas del siglo XXI han dado un paso atrás. Ahora se hacen llamar “socialistas de mercado”, y afortunadamente han dejado de sugerir la propiedad pública de los medios de producción. En realidad se han dado cuenta de que nada es mejor que permitir que la producción de bienes y servicios la lleve adelante el mercado, lo que se traduce en alimentos, ropa y todo tipo de bienes y servicios en calidad y bajos precios, lo que es resultado precisamente del proceso competitivo.

La discusión ahora se resume al rol del Estado. El “socialista de mercado” o aquellos que buscan un mayor “Estado de bienestar” piden un Estado que, paradójicamente, “intervenga”, que ofrezca “bienes públicos”, que evite o minimice “externalidades negativas” y subsidie las “externalidades positivas”. Que aplique “políticas antimonopólicas” y “redistribuya los ingresos” de manera conveniente. Lo que no han advertido aún es que ese Estado al repartir la torta se queda con una porción enorme de la renta para beneficio propio, lo que impide la reinversión de quienes la generan -creando potenciales puestos de trabajo- y dejando a las clases más desfavorecidas sin salida.

Dirán algunos pocos socialistas que este “socialismo de mercado” no es socialismo. Yo estoy de acuerdo. Dirán otros socialistas que la propuesta ideal tampoco es la propiedad pública de los medios de producción, sino la propiedad “comunal” de los medios de producción. En este caso se trataría de pequeñas comunidades de personas que manejarían las “empresas”, y  nótese que estas comillas no son arbitrarias. En tal caso las preguntas sin respuesta son cuantiosas. ¿Cómo se distribuyen los ingresos de esta empresa? Se dirá, quizás, que se lo hará igualitariamente, según las horas trabajadas. ¿Ganará lo mismo un ingeniero que un obrero? ¿Qué incentivo tendrá el ingeniero para capacitarse si finamente sus ingresos serán iguales? ¿Qué incentivo tendrá un obrero para trabajar eficientemente si los otros obreros no lo hacen? “Conocimiento” e “incentivos” son los dos grandes problemas del socialismo. Dejemos el socialismo para otro mundo. ¡Y por favor, dejemos de destinar tinta a un debate acabado!

Con un ánimo conciliador, trataré de mostrar consensos y diferencias entre tres de los pensadores más destacados del siglo XX. Es el objetivo final que estas comparaciones ilustren ciertos mitos que surgen en torno a ellos. Dice el profesor Resico sobre el pensamiento de Röpke: “…su planteo se apartaba explícitamente, por un lado de la economía coactiva (planificación central, corporativismo fascista, intervencionismo estatista) y, por otro, de la economía de mercado interpretada en la tradición del laissez faire, que excluye la intervención del Estado en asuntos económicos”.

Lucas Beltrán Florez nos ofrece otras precisiones sobre este aspecto, mostrando un Röpke que aceptaba la “intervención conforme” del Estado en la economía, pero rechazaba la “intervención disconforme”: “la diferencia entre la intervención conforme y la disconforme [se comprende] comparándolas con la regulación del tráfico por las calles y carreteras. Mientras tal regulación se limite (como ocurre en la realidad) a exigir pruebas de aptitud a los conductores, señalar vías de tránsito y dictar instrucciones sobre el mejor modo de circular, cumple una misión absolutamente necesaria, y cada uno sigue siendo libre de ir a donde quiera, cuando y como quiera; esta forma de regulación es comparable a la intervención conforme. En cambio, se asemejaría a una intervención disconforme, la regulación del tráfico que tuviera la absurda pretensión de ordenar el movimiento de cada uno de los vehículos, como el capitán que manda una columna en marcha”. “Röpke cree que la eliminación de las intervenciones disconformes y la aplicación racional de las conformes, encaminadas a asegurar el funcionamiento de la economía de mercado y la implantación del programa del ‘tercer camino’, son requisitos necesarios de una sociedad sana y estable”. La pregunta que me surge de este “tercer camino” es la siguiente: ¿No estarían de acuerdo tanto Keynes como Hayek con esta apreciación?

Keynes y Röpke

Concentrémonos primero en Keynes, a quien podríamos calificar como un defensor del “intervencionismo estatista”. 
Ricardo Crespo sostiene que “el caso de Keynes es un ejemplo de construcción social de una realidad donde el Keynes-hombre no siempre coincide con el Keynes-mito”. Lo cierto es que posiblemente el error más significativo de Keynes haya sido titular su obra maestra como la Teoría general, si consideramos que los estudios y conclusiones presentados en 1936 aplican únicamente al caso particular de una economía con desempleo de recursos, y en especial a aquellas específicas circunstancias de la gran depresión de los años treinta. Como decía su amigo y discípulo Richard Kahn, se ha abusado de la palabra “Keynes”. Con el tiempo (y gracias a la acción de malos políticos), ésta quedó asociada a soluciones inflacionarias, falaces y facilistas, a los problemas de la desocupación y a un Estado fuertemente interventor. Sin embargo, concluye Crespo, sólo con importantes restricciones y matices (y en determinadas circunstancias) Keynes habría estado de acuerdo con las recetas que le atribuyen. Por eso, en 1946, el año de su muerte, afirmó: “yo no soy keynesiano”.

De este modo, llegamos a un Keynes cuya teoría del intervencionismo económico sólo se acota a “determinadas circunstancias”. Algo similar podemos decir de la “economía social de mercado”. Resico muestra con precisión los “fundamentos de la economía de mercado” existentes en el pensamiento de Röpke, los que se sostienen sobre la base de su correcta comprensión de los órdenes espontáneos y en un marco institucional, social y ético favorable.
 ¿En qué circunstancias, sin embargo, considera Röpke que el funcionamiento de la economía de mercado se interrumpe? Hansjörg Klausinger, quien caracteriza a Röpke y otros alemanes como proto-keynesianos, nos explica que nuestro autor sólo alentaba la política expansionista en circunstancias específicas, haciendo referencia a la “depresión secundaria”. Röpke distinguía claramente la depresión primaria de la depresión secundaria. La primera es aquella depresión normal, que surge en todo ciclo económico y que es necesaria para liquidar la sobreinversión generada en la etapa del auge. Ante esta situación Röpke se podría denominar como un “liquidacionista”, en el sentido de que no propone aplicar políticas para paliar tal situación. La segunda es aquella depresión que va un poco más allá de la necesaria liquidación de los comentados errores de inversión. Se trata de una depresión que se retroalimenta por sí misma, y que lleva consigo una destrucción de capital innecesaria y que es imperioso detener.

Podemos dar un ejemplo. En 2001, la tasa de interés de corto plazo en EEUU, estaba en un 6,75 %. La crisis de las punto com generó una amenaza al crecimiento y al empleo, lo que llevó al presidente de la Reserva Federal a reducir la tasa de interés al 1 %. Los analistas coinciden en que dicha tasa estuvo en niveles muy bajos por demasiado tiempo, lo que estimuló el desarrollo de una burbuja inmobiliaria. En 2004, ante una posible aceleración de la inflación, Greenspan decidió subir la tasa de interés, y el mercado inmobiliario, que se sostenía sobre esa política de liquidez, se derrumbó. Hayek y Röpke, colegas en la Mont Pelerin Society, coinciden en que la recuperación de la crisis requiere de cierta liquidación de proyectos de inversión que surgieron en torno a una tasa de interés muy baja. Pero apuntan que puede ocurrir un problema mayor, si la tasa de interés sube por encima de su nivel natural. Para ser más concreto: ¿Qué ocurriría si la tasa de interés sube hasta el 10 %? Esto llevaría a que no sólo se liquiden los proyectos de inversión que surgieron en torno a la reducción artificial de la tasa de interés, sino que la liquidación de inversiones sería aún mayor, y esto es innecesario. La necesaria liquidación de inversiones, que corrige los errores de la política de dinero fácil, es lo que llamamos depresión primaria. La innecesaria liquidación de inversiones, conocida como depresión secundaria, es producto de que la tasa de interés haya subido por encima de su nivel natural. Esto puede evitarse si la Reserva Federal, ya inmersa en la crisis, expande la base monetaria comprando bonos en el mercado abierto.

Röpke agrega que la expansión monetaria puede no tener la fuerza suficiente para detener la depresión secundaria, y por ello, debe ir acompañada de políticas fiscales que aseguren que habrá una mayor demanda de los créditos que la política de dinero fácil introduzca en el mercado. Si bien ambos estarían de acuerdo en una política expansionista para circunstancias especiales, es esta explícita e importante distinción de Röpke de la que hoy carece el “intervencionismo keynesiano”.

Hayek y Röpke

Hayek por su parte, viene a representar al laissez faire, el que “excluye la intervención del Estado en asuntos económicos”. Nótese sin embargo, que Hayek también aceptaba -en circunstancias excepcionales- que los hacedores de políticas públicas hicieran algo ante la situación descripta. En términos de la ecuación cuantitativa del dinero (MV = Py), Hayek proponía mantener constante el ingreso nominal (MV). Esto tenía dos implicaciones. En primer lugar, permitir que ante un aumento de la productividad y su consecuente crecimiento económico (y), bajen los precios (P). Ya en Precios y producción de 1931, decía Hayek: “El que no haya ningún peligro en que los precios caigan cuando la producción sube ha sido subrayado una y otra vez, por ejemplo por A. Marshall, N. G. Pierson, W. Lexis, F. Y. Edgeworth, F. W. Taussig, L. Mises, A. C. Pigou, D. H. Robertson y G. Haberler”.

Cabe sin embargo hacer aquí la distinción -muchas veces ignorada por los economistas que animan políticas antideflacionistas- entre el proceso de deflación que surge por aumentos de productividad, de aquel proceso que surge en las etapas últimas del ciclo económico. En segundo lugar, que ante una contracción secundaria de dinero, la autoridad monetaria expanda la base monetaria. En pocas palabras, la expansión primaria sirve para compensar la contracción secundaria. Hayek, sin embargo, jamás habló de combinar esta política monetaria con políticas fiscales. Su preocupación, como la de Röpke, no era evitar el ajuste necesario del período de sobreinversión (que Hayek llamó más bien de mala-inversión), sino evitar que el ajuste sea mayor al necesario para volver a una situación de normalidad.

Conclusión

Estos comentarios acercan el pensamiento de Keynes, Röpke y Hayek, con el único objetivo de mostrar que ninguno representa los extremos con los que muchas veces se los identifica. Resulta fundamental, sin embargo, señalar -como lo hace Resico- que Röpke -al igual que Hayek- realizó una valoración crítica del pensamiento de Keynes, “en el que destacaba una generalización errónea del principio de la ‘demanda efectiva’”, esto es, el conocido modelo keynesiano de demanda agregada. Más precisamente Röpke se separaba de la propuesta keynesiana de pleno empleo, el que representó un manejo activo de la política económica de coyuntura, otorgándole un sesgo inflacionista y de control cada vez más amplio sobre el sistema económico, aspecto que se replica en Hayek. En otras palabras, la crítica de Röpke -que desde luego compartía con Hayek- estaba destinada a esa propuesta de manejar científicamente las variables monetarias, controlando la cantidad de dinero en circulación, los tipos de interés, el tipo de cambio, y mediante ellos, determinar el nivel de empleo y la tasa de crecimiento económico. Esta “fatal arrogancia” que hoy sostienen muchos economistas, de querer manejar la economía como si fuera un automóvil, mediante unos cuantos controles en un tablero, es el error fatal que Keynes introdujo y del cual necesariamente debemos distanciar tanto a Röpke como a Hayek. Después de todo, como ha señalado Garrison, “Keynes [en parte] fue un keynesiano”.

La respuesta de Brad De Long

Se suponía que Brad De Long iba a defender la postura, pero pidió disculpas y afirmó que ya no, “hoy no somos todos keynesianos”. Por ejemplo, leyendo The New York Times encuentra que William Poole, ex presidente de la Reserva Federal de St Louis, considera que “el gasto del gobierno no puede liderar el camino hacia una recuperación sostenida, debido a que su efecto de estímulo se verá compensado por anticipado con impuestos más altos y con la necesidad de financiar el déficit”.

En 1970 William Poole fue un keynesiano que daba por sentado que la política de déficit y el gasto fiscal tenían un papel adecuado y
eficaz en la lucha contra las recesiones. Pero Poole no está solo. Robert Barro, de Harvard University, dijo sobre la propuesta de estímulo fiscal de Obama: “Este es probablemente el peor proyecto de ley que se ha presentado desde la década de 1930. No sé qué decir. Quiero decir que está perdiendo una enorme cantidad de dinero, que tiene una teoría simplista que no creo que funcione (…) No creo que vaya a expandir la economía (…) Va más en la línea con tirar el dinero a la gente (…) Creo que es basura”.

John Cochrane, de la Universidad de Chicago, agrega: “Nadie ha enseñado esto a estudiantes de postgrado desde 1960 (…) Son los cuentos de hadas que se han demostrado falsos. Es muy reconfortante en tiempos de crisis volver a los cuentos de hadas que escuchábamos cuando éramos niños, pero esto no los hace menos falsos”. Cochrane agrega que “el gobierno emitirá bonos para pedir prestado, lo que significa que los inversores al comprar bonos del Tesoro de EEUU dejarán de invertir en acciones o productos, anulando el efecto de estímulo”.

Edward Prescott, de la Arizona State University, quien ganó un premio Nobel de Economía en 2004 por su estudio sobre los ciclos económicos, hizo esta contribución: “Los economistas en el campo están profundamente divididos sobre la cuestión del estímulo federal (…) No sé por qué Obama dijo que todos los economistas están de acuerdo en esto. Ellos no lo están”.

Eugene Fama, de la Universidad de Chicago, declaró: “Los rescates y planes de estímulo son financiados mediante la emisión de más deuda pública (¡el dinero debe venir de alguna parte!). La deuda, agregó, absorbe los ahorros que de otro modo irían a inversión privada… a pesar de la existencia de recursos ociosos, los rescates y planes de estímulo no agregan nada a los recursos actuales en uso. Acaban de mover recursos de un uso a otro”.

De Long concluye que “el argumento de los señores Fama, Prescott, Cochrane, Barro, Poole y compañía es lo que los economistas llaman la Ley de Say. Es la afirmación de que las decisiones de aumentar el gasto, ya sea que vengan del gobierno o de cualquier otra persona, no pueden estimular la economía y aumentar el empleo y la producción porque la demanda debe ser creada por la oferta. Si el gobierno gasta, alguien más debe recortar sus gastos“. ”Así que ahora, no puedo decir que somos todos keynesianos. Lo más que puedo decir es que deberíamos serlo”.

La respuesta de Luigi Zingales

Y que podemos tomar de lo dicho por Luigi Zingales, quien se suponía defendería una posición opuesta a la de De Long. Se pregunta: “¿Qué significa ’ser keynesiano’? Simplemente creer en el papel de los componentes de la demanda en la determinación de la producción total es una caracterización insuficiente. Un verdadero keynesiano difiere, en tanto que él también cree que: 1) La política monetaria no es la herramienta más eficaz para estabilizar la economía y puede ser completamente ineficaz en algunas circunstancias (trampa de liquidez); 2) la política fiscal es eficaz y el gasto del gobierno es la herramienta preferida; 3) la intervención del gobierno funciona y las consecuencias a corto plazo son más importantes que las de largo plazo”.

“Con esta definición en mente, hay cuatro formas en las cuales la afirmación ‘todos somos keynesianos’ puede ser interpretada. Sugiero que la declaración es falsa en tres de cuatro de estas interpretaciones”. “La primera interpretación es que la profesión económica ha llegado a un consenso sobre las posiciones keynesianas. Esta declaración es definitivamente falsa. Si usted navega a través de los artículos publicados en la revista líder de la American Economic Association en 2008, verá que sólo uno de los 12 artículos que se ocupan de las cuestiones macroeconómicas (Código JEL E) soporta (aunque muy indirectamente) la idea de una política fiscal de expansión como una herramienta política. Un desequilibrio aún mayor está en el pináculo de nuestra profesión. Entre los 37 ganadores del premio Nobel de Economía en los últimos 20 años, cuatro recibieron el premio por sus contribuciones a la macroeconomía. Ninguno de ellos podría ser considerado keynesiano. De hecho, es difícil encontrar trabajos académicos que apoyan la idea de un estímulo fiscal”.

“La segunda interpretación posible es que existe un consenso entre los economistas en que las causas de la crisis actual es keynesiana. Incluso en esta interpretación la declaración es falsa. No creo que ningún economista se atrevería a decir que la actual crisis económica de EEUU ha sido causada por subconsumo. Con cero de ahorro personal y un gran déficit presupuestario del gobierno de Bush hemos tenido una de las políticas keynesianas más agresivas en la historia”. “La adhesión a los principios de Keynes no sólo no evitaron el desastre económico actual, sino que incluso han contribuido enormemente a la causa. El deseo keynesiano de gestionar la demanda agregada, haciendo caso omiso de los costos a largo plazo, impulsado por Alan Greenspan y Ben Bernanke a mantener las tasas de interés extremadamente bajas en 2002, impulsaron el consumo excesivo de las familias y la asunción de riesgos excesivos por parte del sector financiero. Más importante aún ha sido la formación keynesiana de nuestros responsables políticos lo que les ha llevado a ignorar el papel que desempeñan los incentivos en las decisiones económicas.

La principal diferencia entre Keynes y la economía moderna es el énfasis en los incentivos. Keynes estudió la relación entre los agregados macroeconómicos, sin ninguna consideración por los incentivos subyacentes que conducen a la formación de estos agregados. Por el contrario, la economía moderna basa todos sus análisis sobre los incentivos. En 1998, cuando el co-Fed coordinó el rescate de Long Term Capital Management, no se preocuparon por el impacto que esta decisión tendría sobre los incentivos para asumir riesgos y la liquidez adecuada de precios. Cuando el señor Bernanke diseñó el rescate de Bear Stearns, no se preocuparon por el impacto que esta decisión tendría sobre los incentivos de los otros bancos de inversión para aumentar el capital social a precios bajísimos. Cuando cambió de posición dos veces en el espacio de dos días, dejando a Lehman caer, pero rescatando a AIG, no se preocuparon por el impacto que tendría en la confianza de los inversores y los incentivos para invertir.

Éste es el comportamiento errático que ha asustado al mercado y ha creado la actual crisis económica: en una encuesta reciente el 80% de los estadounidenses declaran que tienen menos confianza de invertir en el mercado como consecuencia de la forma en que el gobierno ha intervenido”. “Si los principios keynesianos y la educación son la causa de la depresión actual, es difícil imaginar cuál puede ser la solución. Por lo tanto, incluso la tercera interpretación que deben seguir las recetas keynesianas para combatir la actual crisis económica, es falsa. No discuto la idea de que algún tipo de intervención del gobierno puede aliviar las condiciones económicas actuales, y que una política económica keynesiana puede hacerlo. Con un déficit de cuenta corriente que en 2008 fue de 614 mil millones dólares, un déficit presupuestario que fue 455 mil millones dólares y los gastos militares de 731 mil millones dólares, es difícil argumentar que el gobierno no está estimulando la demanda lo suficiente.

La crisis actual no es una crisis de demanda, es una crisis de confianza. El mal gobierno corporativo, junto con las políticas del mal gobierno, ha destruido al sector financiero, asustando a los inversores y congelando los préstamos. Es como si una bomba nuclear hubiera destruido todas las carreteras de EEUU, y afirmaran que para mitigar el impacto económico de un evento semejante, debería invertir en los bancos. Es posible que con el tiempo haya un efecto goteo. Pero si el problema es de los caminos, lo que necesitamos es reconstruir los caminos, no subsidiar al sector financiero. Y si el problema es el sector financiero, se deseará solucionar este problema y no la construcción de carreteras”.

“La única interpretación en virtud de la cual la declaración en cuestión es cierta es que ‘nosotros’ el pueblo estadounidense y sus
representantes elegidos sean todos keynesianos. El keynesianismo ha conquistado los corazones y las mentes de los políticos y las personas comunes y corrientes, ya que proporcionan una justificación teórica para el comportamiento irresponsable. La ciencia médica ha establecido que uno o dos vasos de vino al día son buenos para su salud a largo plazo, pero ningún médico recomienda a un alcohólico en recuperación seguir esta receta. Lamentablemente, los economistas keynesianos hacen exactamente esto. Le dicen a los políticos, que son adictos a gastar nuestro dinero, que los gastos del gobierno son buenos. Y qué decir a los consumidores, que se ven afectados por problemas graves de gasto, que el consumo es bueno, mientras que el ahorro es malo. En la medicina, tal comportamiento tendría que ser expulsado de la profesión médica; en economía, le ofrece un trabajo en Washington”. Un 37 % de los lectores de The Economist que votaron en la encuesta afirmaron que SÍ, que “hoy somos todos keynesianos”. Un 63 % dijo que NO, que esta afirmación carece de sentido.