Comenzando por el frente fiscal, el Gobierno eliminó retenciones a la industria y a los productos agropecuarios, excepto para la soja, que se redujo de 35 a 30 por ciento. La apuesta consistió en recuperar las economías regionales mejorando los incentivos, tanto por reducción de la presión tributaria que recaía sobre el sector como por supresión del cepo cambiario, que lo contenía acorralado en los márgenes de ganancia. La medida contribuiría, en paralelo, a incentivar en la inmediatez a los productores agropecuarios para que liquiden las cosechas y ayuden con ello a engrosar las debilitadas reservas del Banco Central.

El impacto fue positivo, si uno toma en cuenta que se revirtió el continuo descenso diario de las reservas hacia valores positivos que transmiten tranquilidad, aunque las liquidaciones no cubrieron las expectativas de la autoridad monetaria y del Gobierno. ¿Por qué no se cumplieron estas expectativas? Porque hay fuertes expectativas de que el sinceramiento del tipo de cambio oficial sólo fue parcial y que habría una nueva devaluación hacia marzo del corriente, una vez que venzan los contratos de futuros.

Algunos analistas señalan, sin embargo, que ese valor que hoy ronda los 14 pesos no lo fija la autoridad monetaria sino el mercado, pero esto no parece ser del todo cierto cuando observamos las altas tasas que los bancos pagan por los depósitos a plazo fijo (una alternativa a la demanda de dólares), o la absorción de pesos que el Banco Central viene generando en las últimas dos semanas con la emisión de letras.

En el frente fiscal también hay que destacar el cumplimiento de otra promesa de campaña en la que se confirmó la quita del impuesto a las ganancias para el aguinaldo de los que cobran hasta 30 mil pesos. La medida parece justa y popular, pero no conveniente ni oportuna dado el fuerte déficit fiscal. Quizás debió el Gobierno compensar la consecuente caída de ingresos tributarios con una baja inmediata en los subsidios, que si bien fueron anunciados, aún se desconoce su instrumentación.

En el frente monetario, lo dicho, la autoridad en la materia utiliza dos instrumentos para contener la inflación: por un lado, eleva los tipos de interés; por otro lado, absorbe todos los pesos que puede a través de la emisión de letras. Pero los analistas estiman una inflación para 2016 del orden del 35%, mientras la misma autoridad monetaria la estimó apenas arriba del 20 por ciento.

¿Por qué no ataca el Gobierno la inflación de manera más radical? Mi interpretación es que el Gobierno sabe que no hay otra forma que reducir el gasto público que no sea por la vía de la inflación. Si no se puede reducir el salario nominal, ni se pueden generar despidos en un sector público sobredimensionado, sólo queda avanzar en una baja real de los salarios por la vía del impuesto inflacionario. Si los analistas privados tienen razón y la inflación de 2016 se acerca a sus pronósticos, mientras el Gobierno logra acordar con los sindicatos aumentos salariales del orden del 20 o 25%, la baja real de los salarios permitirá avanzar en el requerido ajuste fiscal que todos los analistas reclaman. Por supuesto que la política no está exenta de críticas y se sabe que el mayor desafío pasará por afrontar las negociaciones salariales con los sindicatos, que nunca fue una tarea sencilla. Resumiendo, la baja de la tasa de inflación no parece ser prioridad en 2016, lo que es parte del programa gradualista que el Gobierno viene aplicando.

En el frente cambiario, además de lo dicho, la nueva administración apuesta a generar un fuerte ingreso de divisas que sólo puede ser la consecuencia de un cambio rotundo en la política exterior. Al respecto, Mauricio Macri lleva adelante una amplia agenda política internacional que comenzó con el cuestionamiento directo al eje bolivariano, empezando por Venezuela y siguió con la anulación del polémico memorándum con Irán. Además, extendió lazos dentro del Mercosur con Brasil y Uruguay, además de Chile, y relanzó vínculos con la Unión Europea y Estados Unidos. Aceptó el fallo de la Organización Mundial del Comercio sobre las importaciones y ofreció señales claras en su voluntad de atraer capitales.

Todo el arco liberal sigue reclamando como deuda pendiente atacar el desorbitante gasto público y su consecuente déficit fiscal. La noticia de los últimos días, sin embargo, ha sido el gesto de parte de la Vicepresidente de despedir a 2035 empleados del Senado por decreto, advirtiendo que los ministros van a tomar medidas del mismo estilo para erradicar del Estado estructuras políticas compuestas por “militancia del kirchnerismo”.

La medida, a la que se sumaron otros despidos en otros organismos, como el Banco Central y el Centro Cultural Néstor Kirchner, es una gota en el océano teniendo en cuenta los más de dos millones de nuevos asalariados nombrados durante el kirchnerismo en el Gobierno nacional, en provincias y en municipios, pero deja entrever que también habrá ajustes en el gasto público una vez se complete la auditoría general de los organismos públicos.

La frase del ministro deja mucha tela para cortar, como cada una de sus reflexiones. ¿Qué parte es cierta y qué parte no lo es?

Lo cierto es que liberales y socialistas llegan a pocos consensos en la política económica, pero en la medida en que haya buenas intenciones, coincidirán en terminar con la corrupción y también con el favor político que el Estado ofrece a algunos empresarios. En este sentido, el pensamiento del ministro de Economía no encaja en ninguna escuela económica de pensamiento. Su política económica consiste en reemplazar al mercado y ofrecer privilegios o sanciones arbitrarias a quienes él cree que lo merecen. La igualdad ante la ley lógicamente brilla por su ausencia.

Siempre insisto en dejar de llamar Unión “Industrial” Argentina a ese grupo de seudoempresarios y seudoindustriales que se reúnen tras la Presidente para las fotos de sus discursos. ¿Qué empresario puede estar a favor de este modelo? Solo aquellos que reciben la “protección” del Estado. Pero ha sido tan gigantesco el entramado de regulaciones, favores, autorizaciones para compra de divisas, permisos de importación o exportación, subsidios, aranceles y protecciones que se extendieron en los últimos doce años, que engloba a una importante proporción de la estructura productiva.

En este sentido, el mensaje que ofrece el ministro de Economía tiene algo de cierto. Una política liberal que integre a la Argentina al mundo, que reduzca el gasto público, que elimine cepos, que termine o al menos reduzca los subsidios, que encuentre una solución a la inflación, sin duda hará caer a muchos seudoempresarios que jamás compitieron bajo reglas de mercado y más bien aprovecharon mercados cautivos, sin la competencia internacional -y en muchos casos ni siquiera la competencia local-, lo que se ha desarrollado en estos doce años a través del entramado de políticas kirchneristas que el liberal suele criticar.

¿Puede entonces haber “continuidad” en el modelo económico para preservar “la industria que supimos conseguir”? Es lo que el ministro de Economía ha intentado en toda su gestión, multiplicando controles, subsidios e intervenciones, pero sin éxito. Basta recordar la lenta pero continua caída de la industria mes tras mes a lo largo de toda su gestión para demostrar que el plan es un fracaso.

El dilema al que nos expone el ministro de Economía es claro. La “industria” no puede sostenerse, porque el modelo requiere día a día más controles y regulaciones, los que inevitablemente tienen costos que sufre la misma estructura productiva sobre la cual descansa el peso del Estado. El modelo es entonces inconsistente e inviable. Lo curioso, sin embargo, es que el ministro de Economía desea hacerle creer a la opinión pública que la culpa de esa necesaria reestructuración es del mercado y no de su propio modelo.

Una política liberal conduciría necesariamente a un ajuste inmediato de la estructura productiva, obligando a algunas empresas a una reestructuración acorde a lo que requiere la economía para reinsertarse en el mundo. Y hay dos formas de tomar este camino. De manera planificada, con políticas concretas que busquen recuperar cierta normalidad en los equilibrios fiscal, monetario y cambiario, o caer en una nueva crisis cuando la olla hirviendo, que es hoy la economía argentina, estalle por los aires y conduzca a una -ya no gradual, ni necesariamente lenta- reestructuración económica, donde numerosas pymes irán quebrando y el desempleo se irá extendiendo a toda la estructura productiva.

No podemos seguir juzgando la política económica por sus buenas intenciones. Lo cierto es que el modelo está agotado y la alta inflación y la ya extensa recesión -precisamente de la industria- son muestras del caso. La “industria que supimos conseguir” es muy débil y mantenerla en pie tiene sus costos.

En lugar de seguir creando organismos como este Consejo de Defensa a las Pequeñas y Medianas Empresas, parece mucho más rentable recuperar la igualdad ante la ley y la economía de mercado. Ningún contexto es más justo para los verdaderos empresarios que la sana competencia. El debate que nos debemos plantear es qué empresario queremos en el centro de nuestra estructura productiva.

En la entrevista arremetió una vez más contra los economistas ortodoxos, defendió la política de desendeudamiento, de reindustrialización y de inclusión social, enfatizó el fuerte crecimiento económico que el país experimentó desde 2003, recordó la recuperación de YPF y Aerolíneas Argentinas. Se apoyó sobre ciertos economistas como Miguel Ángel Broda, Orlando Ferreres y Carlos Melconian para señalar que la economía está bien, creciendo un 1 %, que la inflación se desaceleró de un 40 % a un 25 % -sin recetas ortodoxas-, que las reservas están estables, que no hay problemas con los vencimientos de deuda, lo que deja una buena herencia para el próximo Gobierno, garantizando continuidad del modelo luego de 2015.

Cuando se le cuestionó el bajo crecimiento, el ministro de Economía explicó el complejo contexto internacional que nos acompaña, con caída en los precios de los commodities, con las locomotoras de China y Estados Unidos bajo ciertas dificultades y con Brasil en recesión.

Es precisamente ese contexto el que lo obligó a decidir aplicar una política contracíclica desde principios de 2014 para estimular el consumo interno mediante planes y programas, apoyado en un supuesto consenso de los economistas en las recetas keynesianas que se presentan en todos los manuales de macroeconomía y política económica.

Dejando de lado los discutibles números del ministro de Economía -que él mismo se ocupó de criticar antes de asumir funciones oficiales-, presentaré a continuación mis problemas con su administración de la política económica, que se pueden resumir en ocho puntos fundamentales.

1. No hubo crecimiento, sino recuperación.

El ministro de Economía enfatiza que la economía argentina duplicó el PIB en dólares desde 2003 a la fecha. Este puede ser un dato cierto, pero sesgado. La Argentina no logró en este período expandir su capacidad productiva, sino tan solo recuperar la actividad económica de la devaluación de 2001. En términos económicos, la receta de “impulsar la demanda para crecer” puede tener resultado visibles mientras hay capacidad ociosa, pero una vez que la economía se acerca al pleno empleo, el crecimiento económico solo puede ser generado a través de un proceso de ahorro e inversión. Tomando en cuenta que el propio ministro solo administró la política económica de este último Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el rumbo debió cambiar desde el consumo a la inversión, y sin embargo, se sostuvo en una dirección -con un diagnóstico equivocado-, manteniendo el relato de 2001, cuando la realidad que le tocó enfrentar ya era diferente.

2. La recuperación está basada en un enorme gasto público que empuja la demanda y crea empleo público, el que no se puede sostener en el tiempo.

El tamaño del Estado, medido como gasto público sobre PIB, ha alcanzado una proporción que es récord en el continente, y que no puede financiarse ni siquiera con la mayor presión tributaria de nuestra historia, que a la vez es récord en el mundo. Devolver a la Argentina a un nivel de gasto sostenible y reducir la presión tributaria a niveles normales solo puede dejar un alto desempleo y una nueva recesión que pone en duda el éxito del modelo. La Argentina se encuentra en el dilema de sostener la burbuja del gasto público, pero sin crecimiento económico, o equilibrar las finanzas públicas pero a costa de un alto desempleo estructural cuya solución fue solo temporal. Si en lugar de crear estas proporciones de empleo público, la economía argentina hubiera alentado realmente la inversión privada, entonces el aprovechamiento de esta década dorada para la región habría sido de largo plazo y el problema de desempleo estructural habría empezado a recibir una solución más genuina.

3. Comete los mismos errores del menemismo, multiplicando el déficit.

El ministro de Economía no pierde oportunidad para identificar las comparaciones entre el kirchnerismo y el menemismo, pero esto constituye una falsa dicotomía. Ambos modelos surgen del mismo partido político, pero lo más importante es que ambos han cometido el mismo error fundamental, que -como bien explicó- nos obsesiona a los economistas ortodoxos. Nos referimos al déficit fiscal. El ministro de Economía reconoció en la entrevista un déficit fiscal financiero de 3,7 % del PIB para 2014, el que dijo ser más bajo que el de Estados Unidos (4,2 %), Brasil (5,2 %) y el promedio de la región (4,9 %). Sin embargo, y sin entrar a cuestionar “sus” números, no es menor que la Argentina mantenga este déficit después de la enorme carga tributaria que señalamos con anterioridad, además de que los analistas pronostican que el déficit para este 2015 estará entre un 6 % a un 8 % del PIB. Este nivel de déficit aun está algo lejos de aquel que condujo a la economía argentina al Rodrigazo (12,1 %) y el fin de la tablita de José Martínez de Hoz (11,3 %), pero se acerca a aquel que condujo a la hiperinflación de 1988-89 (8,5 %) y al fin de la convertibilidad (7 %).

4. La política del desendeudamiento es un mito, si consideramos la deuda interna con el Banco Central y Anses.

El ministro de Economía muestra como un logro del oficialismo el bajo nivel de deuda externa sobre el PIB. Es un dato que debemos reconocer. Sin embargo, este resultado no se generó por medio de una política conservadora, sino por haber financiado el mencionado déficit fiscal con otras alternativas, como ser la emisión monetaria del Banco Central y los recursos de Anses. Lo dicho ha generado un Banco Central en quiebra bajo cualquier estándar contable, además de la mayor inflación del continente -después de Venezuela-, y de hipotecar el futuro de la población activa, gastando incluso los 30.000 millones de dólares que estaban en manos de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) al momento de la nacionalización. Resulta curioso que parte de los logros del kirchnerismo son herencia directa del menemismo, pues se han gastado los recursos ahorrados en la década anterior y se ha apoyado el “crecimiento” de esta década en la infraestructura que expandió el Gobierno anterior.

5. La inflación no es necesaria.

El ministro de Economía lanzó una inflación estimada del 18 %, pero al margen de este número discutible, enfatizó que la oposición redujo sus estimaciones de 40 % a 25 %. Es cierto que la inflación se desacelera en este último año, sin embargo, surgen dos cuestiones para señalar. Por un lado, que la desaceleración de la inflación va acompañada de una desaceleración de la actividad económica, mostrando en este último Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner un preocupante estancamiento económico, con pérdida de empleo. Por otro lado, el ministro de Economía parece estar convencido de que la inflación -a estos niveles- es necesaria, lo que obliga a los argentinos a convivir con una moneda enferma, que afecta y reduce el potencial de crecimiento de los próximos años.

6. La devaluación es una consecuencia inevitable por la enorme expansión de la circulación y el bajo nivel de reservas.

Con estos niveles de inflación que el ministro de Economía reconoce, la dolarización espontánea es una consecuencia obvia. Pretender que la gente acepte la pesificación porque existe “estabilidad en la política económica”, que genera a su vez una “inflación estable” superior al 20 %, es confundir causalidad. Si realmente deseamos la pesificación, debemos empezar por la estabilidad monetaria, que el Ministro de Economía declaró que es un aspecto secundario como objetivo de política económica. Si a la vez tenemos en cuenta la relación pesos en circulación frente a dólares en reservas netas del Banco Central, la tendencia ofrece un tipo de cambio de largo plazo superior a $ 20, que es lo que -en definitiva- marca la expectativa del mercado. Quienes hoy especulamos con una devaluación, lo hacemos porque entendemos que es una consecuencia inevitable de la política monetaria del Banco Central, que solo se puede postergar a costa de seguir perdiendo reservas, aun con innumerables cepos que la economía ya no puede soportar.

7. El tipo de cambio que importa es el real, no el nominal.

En este aspecto, preocupa además la comparación que hace el ministro de Economía con Brasil. Mientras Argentina pasó el tipo de cambio oficial de 3 a 9 pesos por dólar, en Brasil pasaron de 4 reales por dólar -cuando asume Lula da Silva- a 3,30 reales por dólar hoy, comparación que ilustró para identificar su problemática apreciación cambiaria. Habría que señalarle al ministro de Economía, sin embargo, que la evolución del tipo de cambio nominal no representa nada, y menos aun en un país como Argentina, donde la inflación ha tenido valores elevados. Reconocer esta situación lo llevaría a comprender que la misma apreciación cambiaria que criticó en Brasil es la que sufre hoy la economía argentina, y no como consecuencia del desarrollo productivo, sino como consecuencia de la política económica elegida.

8. La “fatal arrogancia” de creer que se puede controlar todo el mercado.

El ministro de Economía señaló que es natural que los importadores soliciten un dólar más barato, mientras los exportadores pretenden un dólar más caro. Ofreció el ejemplo de un industrial que resultó librecambista para el insumo, pero proteccionista para el producto. A partir de allí justificó el proteccionismo, los cepos y una política económica selectiva, dirigida y coordinada por él y su equipo. Esto atrasa el debate de política económica, por lo menos, hasta 1810, cuando Manuel Belgrano enfrentó los intereses creados de todos aquellos que se veían favorecidos por la política económica de la colonia. También cae el ministro de Economía en la fatal arrogancia de creer que realmente puede controlar todas las operaciones del mercado. El ministro de Economía no parece saber distinguir entre empresarios y pseudoempresarios, o entre industriales y pseudoindustriales. El objetivo de la política económica debería estar basado en la igualdad ante la ley, lejos del clientelismo político y tendría que dar lugar -de una buena vez- a los empresarios en serio, sean chicos o grandes.

Cierro con las sabias palabras de Frédéric Bastiat (1850): “Yo, lo confieso, soy de los que piensan que la capacidad de elección y el impulso deben venir de abajo, no de arriba, y de los ciudadanos, no del legislador. La doctrina contraria me parece que conduce al aniquilamiento de la libertad y de la dignidad humanas.”

En la Argentina de hoy la crisis que viene será asociada a la burbuja del gasto público, que se fue gestando desde 2003 y especialmente a partir de los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, con sucesivos planes y programas.

Sin ánimo de ser exhaustivo, aunque presentados cronológicamente, recordamos ya en agosto de 2003 el Plan Manos a la Obra de Néstor Kirchner, seguido por la prolongación del Programa Remediar, la creación del Museo de la Memoria, el Plan Federal de Salud, el Plan Nacer Argentina, el Plan Espacial Nacional, el Programa de Becas del Bicentenario, el Programa de Apoyo de Infraestructura Universitaria, el Programa Argentina Trabaja, Fútbol para Todos, la asignación universal por hijo, el Fondo del Bicentenario para pagar la deuda externa, el Programa Conectar Igualdad, el Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario, Pakapaka, Tecnópolis, la recuperación de YPF, Procrear, el Programa Sumar (que fue una ampliación del Programa Nacer) o el Plan Raíces, entre otros.

Tres críticas presentamos los economistas a estos programas.

En primer lugar, que varios de estos programas y planes no se presentan como temporarios -mientras duró la crisis de 2002, con más de un 50 % de pobres y más de un 20 % de desempleados-, sino como continuos, garantizando a mucha gente una serie de ingresos que perdurarán en el tiempo. Esto evita que los beneficiarios tengan incentivos para buscar por sí mismos la generación de ingresos que les permitan abandonar esta dependencia del Estado. Más grave aún ha resultado el caso en que muchas personas rechazan posibilidades de trabajo para no perder un plan del Gobierno.

En segundo lugar, preocupa la sustentabilidad del gasto público total, el que no puede mantenerse aun con la mayor presión tributaria de la historia argentina, requiriéndose ahora de emisión monetaria para cubrir la brecha entre ingresos y gastos, y sometiendo a toda la población a niveles elevados de inflación. Axel Kicillof inició un proceso de ajuste por la vía de la inflación, pero el costo político de su sucesor será elevado, lo que puede implicar problemas de gobernabilidad para quien ocupe el sillón de Rivadavia en 2016.

En tercer lugar, desconocer que mucho de lo que estos programas hacen el mercado podría hacerlo por sí solo y de manera mucho más eficiente. Esto se vincula con el primero de los puntos planteados. Basta observar a nuestros países vecinos, con niveles de desempleo y pobreza radicalmente inferiores a los de Argentina, para comprender el daño que estos planes y programas le hacen a la población. Esto se vincula al debate que la Presidente ha querido abrir en distintos discursos -sobre qué Estado queremos-, pero al que nadie de la oposición atendió. Personalmente, pienso que el objetivo final debería ser que los argentinos tengan trabajo, ingresos propios, y a través de ese ingreso y el acceso a crédito puedan adquirir su casa, su auto o incluso pagar por los bienes y los servicios que deseen consumir, sean estos remedios, computadoras o incluso fútbol. En la medida en que esto se vaya logrando, el Estado debería ir reduciendo su tamaño, desmantelándose muchos de los programas y los planes o también los ministerios y las secretarías que este Gobierno ha creado. Que en esta “década ganada” el proceso haya sido contario a este ideal es una muestra de que hemos tomado el camino inverso al deseado. Que Daniel Scioli esté pensando hoy en crear nuevos ministerios y secretarías también es un camino opuesto al deseado.

Los economistas no exigimos un cambio hacia la anarquía y la desaparición inmediata de todos los planes sociales y programas, y menos aún en las condiciones de la Argentina en 2002 o 2003, sino un llamado de atención a los excesos de gasto que el kirchnerismo ha iniciado y el costo político y social que puede implicar revertir este proceso.

Tal como ocurrió en sucesivas crisis económicas, la Argentina no podrá retornar al crecimiento hasta que desinfle la burbuja del gasto público. Si la fase de desarrollo requiere inversión, como definió recientemente Miguel Bein -el asesor principal de Daniel Scioli-, y como sostiene también el equipo económico de Mauricio Macri, debemos tomar conciencia de que nadie querrá invertir en un país que mantiene un nivel de gasto público en torno al 50 % del PIB, con una inflación que supera -al menos- el 20 %, cuya presión tributaria es récord de todo el continente y que aún mantiene un déficit fiscal del 7 %-8 % del PIB.

En esta oportunidad me propongo explicar el error fundamental que los equipos económicos de ambos cometen al ignorar el necesario ajuste, propio de un error de diagnóstico que puede costar caro a un eventual próximo gobierno de cualquiera de los dos candidatos.

No está de más aclarar que los economistas trabajamos como los médicos: hacemos un diagnóstico de una situación dada a través de ciertos indicadores (actividad económica, empleo, presupuesto de ingresos y gastos, índice de precios, balanza de pagos, balance del Banco Central, índices de confianza, etc.) y planteamos una solución que puede contener efectos indeseados, lo que no significa que ignoremos esos efectos o los deseemos.

Los equipos económicos de Scioli y Macri no advierten correctamente la magnitud de los problemas que enfrentarán. Parten de un diagnóstico erróneo que no sería problemático si solo fuera parte de la campaña política en la que compiten, pero sí lo será si realmente creen que el escenario macroeconómico de 2016 solo requiere de ciertos retoques al modelo.

Macri, por ejemplo, reconoce cierto desequilibrio fiscal -mayor quizás del que reconoce Scioli-, pero su propuesta de corrección es insuficiente para sortear el problema central que la economía heredará tras 12 años de kirchnerismo. Es acertado, creo yo, apostar a la eliminación de los diversos cepos, pero es extremadamente optimista creer que la confianza en la inversión consecuente generará niveles de recaudación suficientes para eliminar la brecha que existe entre ingresos y gastos.

El problema es de causalidad. Si la inflación no vuelve a un dígito, la inversión privada no emergerá; si la inversión privada no emerge, la recaudación seguirá estancada y la brecha entre ingresos y gastos seguirá estando en el orden del 6 % al 8 % del PIB. Lo que debemos plantearnos es una política que permita equilibrar las cuentas públicas, que permitirán luego generar confianza y un retorno de la inversión.

Es allí donde aparece el arreglo con los holdouts. Se estima que un rápido acuerdo -que de hecho podría alcanzarse en menos de un mes de conversaciones- también ayudará a generar confianza y podremos volver a acceder a tomar deuda pública externa. Como el nivel de deuda heredado es bajo, incluso es probable que se pueda tomar deuda a tasas convenientes. Sin embargo, la pretensión de corregir, o más bien financiar la brecha fiscal por la vía del endeudamiento externo, ya ha dado pésimos resultados en la década de 1990 y volverá a dar el mismo resultado en la actualidad.

Argentina hoy financia la brecha con emisión de moneda (deuda con el Banco Central de la República Argentina) y también con deuda interna (deuda con Anses). Si se reemplazan estas fuentes de financiamiento con deuda externa, el problema cambiará -se reducirá la inflación y también se dará mayor independencia a la administración de fondos de la Anses-, pero en el fondo el problema persistirá.

La Argentina presenta hoy un nivel de gasto público consolidado (nación más provincias), en relación con el PIB, que es el más elevado del continente americano, y encabeza el podio de los tres países con mayor gasto en el mundo. En estos 12 años es cierto que se ha generado empleo para recuperar la economía de la crisis de 2001, sin embargo, el principal empleador fue el Estado y hoy contamos con una estructura de empleo público sobredimensionada que será socialmente costoso de revertir.

Scioli, por su parte, reduce los problemas económicos a mínimas correcciones. Su equipo plantea, por ejemplo, una regla fiscal según la cual el gasto público crecerá a una tasa menor que la recaudación. El problema es que con una economía estancada, los ingresos fiscales no crecerán en términos reales. La estrategia entonces queda reducida a continuar por el mismo camino que hoy plantea el ministro de Economía Axel Kicillof, en el que la recaudación fiscal crece al ritmo de la inflación, pero los gastos no, lo que en definitiva es un ajuste basado en la ilusión monetaria de los argentinos, que no perciben correctamente que sus ingresos reales caen día tras día. Este proceso puede continuar por varios años, incluso por todo un mandato, pero difícilmente la actividad económica se recupere con una inflación de dos dígitos que de a poco avanza sobre los salarios reales de los trabajadores. Por el contrario, la estrategia genera una dinámica compleja donde los sindicatos sistemáticamente pelearán por sostener los salarios reales, y los empresarios piensan más en las luchas internas que en los negocios.

Lo mismo ocurre con los subsidios a numerosos servicios públicos. Si los subsidios se mantienen, el problema persiste. Macri -entiendo, por una cuestión electoral- promete mantener planes sociales y subsidios, y enfatiza su propuesta de eliminación de trabas, cepos y controles, augurando que esto permitirá generar una recuperación de la confianza. Esto es acertado. Pero los números no cierran. Si se eliminan retenciones y Registro de Operaciones de Exportación (ROE), la recaudación fiscal se reducirá y la brecha será mayor. La mayor confianza y consecuente inversión puede ayudar a paliar la caída en la actividad económica, e incluso generar una mayor recaudación, pero constituye un error fundamental sostener que la brecha fiscal se eliminará por esa vía.

Ningún politólogo recomendará a los candidatos hablar de ajuste. Pero debemos ser claros. El ajuste empezó hace dos años, avanzó primero en el sector privado (por la vía de los despidos y las quiebras), y hoy avanza en el sector público (por la vía de la inflación). Lo que queda es explicitar el diagnóstico y el escenario que el votante tiene ante sus ojos, y ser muy claros en las políticas que pueden remediarlo. De otro modo, cualquiera sea el que gane las elecciones estará mintiéndole desde el primer día a quienes confiaron en ellos.

Fue un discurso extremadamente positivo, un relato que se encuentra muy lejos de la realidad que vivimos los argentinos, pero en la que la Presidente realmente cree. No quiere decir esto que los datos arrojados sean todos falsos, pero sí debemos decir que hubo “cuestiones fundamentales” que se ignoraron voluntariamente, y reconocerlas posiblemente nos arrojen un balance menos positivo que el enunciado.

1. La sustentabilidad de los planes sociales

Recuérdense por ejemplo los numerosos planes sociales que se implementaron en estos años, como el plan progresar, el plan procrear o la asignación universal por hijo, además de ampliar los subsidios en todos los servicios públicos y extender el número de jubilados y pensionados hasta el total de personas en edad pasiva. Discutir estos aspectos del modelo puede ser visto como un gesto de insensibilidad, pero lo que preocupa hoy a la población no son los planes en sí mismos, sino su sustentabilidad. La expansión de planes es la expansión del gasto público que hoy lleva a la Argentina a un déficit fiscal del 6 o 7 % anual, que promete seguir creciendo en este último año de gestión, y que sólo encuentra financiamiento en su monetización.

2. La inflación

Precisamente la inflación que hoy experimentamos en la Argentina no es algo que nos pase, sino algo que promueve el mismo Gobierno desde el momento que eleva el nivel de gasto a un nivel que la presión tributaria récord no puede sostener. A medida que la inflación se acelera, los beneficios de estos planes precisamente se reducen porque resulta cada vez más difícil actualizarlos al ritmo de la inflación real. En otras palabras, los analistas pensamos que estos beneficios se pudieron extender en el corto plazo -mientras duró este Gobierno-, pero será muy difícil de sostener en el tiempo, por la escasez de recursos que irá acompañando al período post-kirchnerista. La inflación, por su parte, es un problema que no se puede resolver sin renunciar a los “logros” del modelo.

3. No hubo crecimiento económico, sólo recuperación
La Presidente también enfatizó el “crecimiento económico” de Argentina en estos 12 años. Sin embargo, partiendo de la crisis económica de 2001-2002, lo que se observó en estos años fue una recuperación, mas no crecimiento. El modelo cerrado puede permitir la utilización de recursos ociosos, pero no la expansión de la estructura productiva. Tomando el pico de 1998 como referencia, la performance económica que uno observa es muy diferente a la del relato oficial, e incluso se puede hablar de una nueva década perdida. Recordemos que la caída del PIB en el período 1998-2002, sólo pudo recuperarse en 2008, lo que siguió con la recesión de 2009 y la endeble performance posterior.

4. El país más rico de la región… por unos meses

La Presidente enfatizó que Argentina es el país más rico de la región, medido por PIB per cápita en dólares. Históricamente, así fue y si recuperáramos cierta normalidad, Argentina debería presentarse como el país más rico de Latinoamérica. Sin embargo, dividir el PIB en pesos por un tipo de cambio distorsionado puede resultar algo arbitrario. Hoy el tipo de cambio oficial está en torno a los 8.70 pesos. Un tipo de cambio sustentable debería ser al menos el doble o el triple de ese valor, si tomamos en cuenta las reservas netas con las que cuenta el Banco Central. Si asumimos que tarde o temprano habrá una fuerte devaluación, entonces el PIB per cápita en dólares será la mitad o menos de lo que es hoy. ¿Puede evitarse la devaluación? Quizás unos meses si se sigue atrasando el tipo de cambio y se profundiza la recesión, pero no se lo puede sostener debajo de los 10 pesos indefinidamente.

5. Recesión y retorno a 1999

Argentina logró recuperarse de la crisis que comenzó en el tercer trimestre de 1998 y se extendió hasta la fuerte crisis de 2001-2002, como bien señaló la Presidente, pero no sería correcto ignorar los desequilibrios existentes que pueden devolver a la economía argentina a un estado similar a aquel con el que hoy se comparaba. Mi impresión es que Argentina hoy tiene desequilibrios de magnitud semejantes, y en varios sentidos peores, que los vistos en aquel año 1999 que representó el fin del menemismo. La economía entonces mostraba desequilibrios fiscales y cambiarios, con un alto déficit fiscal y dificultades para seguir tomando deuda. Además, había dificultades para seguir atrayendo inversión extranjera directa, lo que a su vez dejaba a la economía con  estancamiento y alto desempleo. Hoy la Argentina tiene los mismos desequilibrios fiscales y cambiarios, pero además el desequilibrio monetario. Resulta imposible, a mi modo de ver, abandonar estos desequilibrios desde dentro del modelo. La economía ya está estancada o en recesión, según los propios datos oficiales del INDEC y no hay ninguna propuesta en el Ministerio de Economía para resolver estos desequilibrios. La agenda de políticas públicas para el nuevo gobierno es una agenda difícil, similar quizás a la que heredó Fernando De la Rúa en 1999.

6. Reemplazo del endeudamiento externo por el endeudamiento interno

La Presidente enfatizó también el “definitivo” desendeudamiento de Argentina. Sin embargo, el desendeudamiento es relativo, y el Gobierno estuvo lejos de manejarse con austeridad. La única diferencia que uno puede identificar entre el menemismo y el kirchnerismo en relación al gasto público es que el primero lo financió con deuda externa, mientras el segundo lo hizo con deuda interna. Una deuda interna que dificulta la tarea del ANSES para cumplir sus compromisos con los futuros jubilados, y una deuda interna que quebró -una vez más- al Banco Central obligándolo a emitir sólo en 2014 más de 160.000 millones de pesos para financiar el déficit fiscal. Pesos, a su vez, que el Banco Central debió absorber del sistema financiero generando un endeudamiento creciente a través de títulos que pasó en el último año de 115.000 a 330.000 millones de pesos. Resulta muy difícil pensar que la autoridad monetaria puede mantener el poder adquisitivo de nuestra moneda bajo las reglas y presiones que impone el poder ejecutivo.

7. La difícil “herencia institucional” para el próximo gobierno

A los problemas mencionados en el aspecto macroeconómico, por supuesto hay que agregar también la debilidad institucional que hoy tiene el país, especialmente en lo que refiere al “capitalismo de amigos”. Me refiero aquí, por ejemplo, a la introducción de La Cámpora en todas las instituciones y niveles de Gobierno, incluyendo las nacionalizadas Aerolíneas Argentinas e YPF.

8. Falta de independencia del INDEC
Para cerrar, no podemos ignorar que gran parte de la información estadística que presentó la Presidente está viciada por la falta de independencia del INDEC para elaborar datos confiables. Axel Kicillof reconoce que siempre hubo debate en torno a las metodologías, pero haber perdido la posibilidad de contar con mediciones mínimamente confiables abre un abanico de opciones y discusiones que  ningún país serio tiene. Así como nadie puede sostener en la Argentina cuál es el nivel de pobreza e indigencia, tampoco se puede confirmar realmente cuál es el nivel de desempleo. Mucho se ha dicho del elevado desempleo español, pero sabemos que si las metodologías fueran similares, Argentina seguramente presentaría una realidad bastante peor que la del país ibérico.

Lejos de aquella famosa frase de la presidente (“chiquitito pero cumplidor”), los resultados no han sido buenos, con una empresa aeronáutica que sólo se sostiene por los subsidios crecientes que recibe del gobierno, con un sistema de pensiones que lejos está de cumplir su función de cara al futuro, con ferrocarriles que cada año ofrecen peor servicio y mayor número de accidentes y con un país que abandonó el auto-abastecimiento de petróleo y ahora necesita algunos miles de millones de esos escasos dólares por año para que la economía no se quede sin energía.

Del modelo heredado de gobiernos anteriores al imaginario-ideal de Kicillof, se deben corregir varias anomalías, y es allí donde el ministro está operando, definiendo cuáles son las “cuestiones de Estado” e interviniendo en consecuencia lo necesario para asegurarle a los argentinos estabilidad de empleo y fomentando el desarrollo.

Estamos entrando posiblemente en la última etapa de doce años de kirchnerismo y el modelo que la Argentina proyecta es el del actual ministro de Economía, cuya formación económica lo ha conducido siempre a desconfiar del mercado mucho más que en sus colegas del gobierno. Todo está justificado en el “modelo de Kicillof”, si él cree -dentro de su arbitrariedad- que es una “cuestión de Estado”.

Se respaldará siempre en la democracia, en el voto del pueblo que eligió a Cristina Fernández de Kirchner en el poder y a él como su consejero económico. Nos debemos entonces los argentinos un debate acerca del modelo que queremos y la definición de las “cuestiones de Estado”.

El problema, desde mi humilde punto de vista, es que la “cuestión de Estado” central ya no es la seguridad, la justicia independiente, la protección del Estado de Derecho, la estabilidad monetaria, la desocupación o la pobreza, sino llegar a 2015 sin sufrir las consecuencias de estas políticas que se vienen aplicando. Tenga o no éxito Kicillof en este objetivo cortoplacista, la destrucción de nuestras “instituciones” ya es un daño irreparable.

Eduardo Duhalde intentó rescatar por ejemplo a su ministro de Economía, Roberto Lavagna, al punto de candidatearlo como una persona de experiencia para resolver la situación actual. Martín Redrado o Martín Lousteau escriben decenas de columnas críticas en las que intentan separarse del actual gobierno, cuando hace unos pocos años acompañaron el proceso. Es cierto, se podrá decir que desde 2007 Cristina Fernández de Kirchner se ocupó personalmente de profundizar ese mismo populismo que “nació” post-convertibilidad, pero cada uno de estos tres economistas tuvo su responsabilidad en la actual situación que sufrimos.

Para empezar, diré que la salida de la convertibilidad fue la peor que se podía haber diseñado. Eduardo Duhalde acusa al gobierno actual de improvisación, cuando él mismo prometió devolver dólares a quienes depositaron dólares, y sólo unos días después pesificó todos los depósitos y fue el responsable de la mayor estafa al pueblo argentino de las últimas décadas. En segundo lugar, hay que ser claros en que esa devaluación, que implicó el abandono de la convertibilidad y que hoy es vista como el comienzo de la “década ganada”, en realidad nos dejó con otra “década perdida”. Es cierto que entre 1998 y 2001 la economía estaba estancada y con alto desempleo, pero la devaluación convirtió esa crisis en una profunda depresión que hizo caer el PIB más del 10 % en 2002, además de destruir el Estado de Derecho.

A partir de 2003, la economía se fue recuperando, pero fue recién en 2008 cuando el PIB real alcanzó el nivel de 1998. Mientras Brasil o Chile emprendieron un proceso de crecimiento desde el techo alcanzado hacia fines de la década de 1990, Argentina tuvo que retroceder primero, para observar cómo en la década más afortunada en un siglo –en lo que refiere al contexto internacional-, tan sólo recuperábamos lo perdido. En pocas palabras, entre 1998 y 2008 Argentina no creció, sino que recuperó el terreno perdido por la desafortunada devaluación.

Recordemos que en 1999 hubo otra opción, que fue la dolarización propuesta por Steve Hanke y Kurt Schuler, claramente ignorada. De haberla implementado en su momento, la Argentina sería la primera economía latinoamericana en presentar un PIB per cápita de niveles europeos.

Volviendo a nuestros tres personajes de hoy, Roberto Lavagna asumió como ministro de Economía del presidente interino Eduardo Duhalde en abril de 2002, ratificado en el puesto por el presidente electo Néstor Kirchner en 2003 y desplazado en 2005 producto de disputas internas. Se destaca en general que lideró la recuperación de la economía argentina, pero durante su gestión inicia también el modelo económico vigente, que llamaremos “populismo”, caracterizado por un incremento acelerado del gasto público (especialmente en el nivel Nación), que se financió especialmente con mayor presión tributaria. Recordemos que con Lavagna como ministro de economía, ésta fue ascendiendo desde un 24 % hasta el 30 % del PIB.

Ser reemplazado por Felisa Miceli claramente no mejoró las cosas, aunque se puede decir que a partir de allí y hasta su muerte, Néstor Kirchner se mantuvo como un virtual ministro de Economía, aun con la llegada de Cristina Kirchner al poder. El nombramiento del joven Martín Lousteau como ministro de Economía en diciembre de 2007 iba en línea con esto mismo. Su margen de decisión era muy acotado, aunque cometió el incomprensible error de intentar aumentar aún más la presión tributaria que entonces estaba en el orden del 36 % del PIB. Todos recordamos su propuesta de incrementar las retenciones a las exportaciones de soja por encima del ya excesivo 35 %, que sólo se detuvo por el voto “no positivo” del vicepresidente. Más peleas internas dentro del gobierno, lo terminaron alejando en abril de 2008, y a partir de entonces se convirtió en un crítico del modelo.

El caso de Martín Redrado es un poco más complejo, ya que fue presidente del Banco Central entre septiembre de 2004 y enero de 2010. Durante su gestión jamás reconoció la inflación real, la que duplicaba y hasta triplicaba la oficial declarada por la institución que él presidía. Desde 2007 y hasta su renuncia la inflación sólo estuvo por debajo del 20 % en 2009, el año de la recesión global, al que la Argentina no pudo escapar. Redrado jamás reclamó la independencia del Banco Central, ni se negó a financiar el exacerbado gasto público del Ejecutivo, sino hasta que el oficialismo decidió apartarlo del gobierno.

En esta selección arbitraria de personajes responsables de la debacle que se viene, toca el turno ahora de Axel Kicillof. Claro, muchos dirán que Redrado y Kicillof piensan diferente y es cierto. Pero recordemos que era Kicillof quien antes de integrar el gobierno criticaba a Redrado por sus políticas inflacionarias en el Banco Central. Una vez dentro del modelo, Kicillof olvidó sus críticas, y al momento no hizo nada por corregir las contradicciones obvias de este modelo populista e inflacionario que él llama de “inclusión social”. La sensación que queda entonces es que no importa qué economistas se suman al modelo. Sin importar lo que piensen o en qué autores creen, una vez dentro del modelo se transforman en parte de él, y apoyan incluso aquello que va en contra de sus principios. Volviendo a esta última década, y con una mirada parcial, se podrá decir que hasta 2007 la economía argentina mostraba un superávit fiscal primario, que la inflación estaba controlada y que no existían los problemas cambiarios actuales, pero mi impresión es que se estaban generando las semillas de aquellos problemas que hoy sufrimos.

Y es que en la primera etapa del populismo, uno siempre observa el éxito del modelo, y especialmente cuando la economía parte de una situación deteriorada de actividad económica y empleo. Entre 2003 y 2007 entonces, el modelo populista muestra recuperación de la actividad económica, del empleo y del salario real. La continuidad del kirchnerismo era entonces obvia. Somos muchos, sin embargo, los que ya en esa etapa exitosa pedíamos cautela, y es que el gasto público empezaba a desbordarse, y las tendencias mostraban que ni el precio creciente de la soja, ni sus crecientes retenciones, podían sostenerlas.

No pasó mucho tiempo, hasta que los economistas que revisamos los datos nos empezamos a dar cuenta que la presión tributaria no cedía en su aumento constante, y al mismo tiempo, empezaba a ser normal la monetización del ahora evidente déficit fiscal primario. La aparición de los desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios caracterizan precisamente a esta segunda etapa del populismo.

Preocupados por una inflación creciente, muchos economistas empezamos a alertar de los problemas en el modelo, pero fuimos ignorados. La tercera etapa del populismo es la actual, cuando estos desequilibrios básicos se extienden y empiezan a ser evidentes para toda la población a través de la mayor suba de precios, falta de ciertos productos, y anuncios desesperados del gobierno para ocultar lo que en realidad sucede.

Si el lector se pregunta por lo que vendrá, entonces debemos hablar de la cuarta etapa, la del “ajuste”, una etapa de la que nadie quiere hablar, pero que es difícil evitar. El “ajuste” viene acompañado de una inflación acelerada, recesión, problemas de empleo, caída en el salario real y aumento de pobreza e indigencia. Los economistas científicos pedimos a quienes niegan la necesidad del ajuste que nos muestren cómo se sostiene este nivel de gasto a lo largo del tiempo, pero no hay respuesta.

Ante esta realidad, la oposición debería presentar propuestas, pero éstas brillan por su ausencia. Muchos economistas identifican los desequilibrios, pero nada dicen de que es lo que se debe hacer. Nuestra propuesta, junto a Nicolás Cachanosky, es otra vez la dolarización, porque se corrigen los tres desequilibrios, se minimizan los efectos del ajuste y se genera una regla para evitar seguir cometiendo los mismos errores. Pero está claro que esta propuesta aislada es insuficiente. Ella debe entenderse sólo como una parte de una propuesta integral que poco a poco iremos presentando para delinear la Argentina del futuro.

Lo que me propongo analizar aquí es el escenario económico argentino de los próximos dos años y para eso, lo mejor es tomar las palabras de los propios dirigentes del oficialismo. Resumiendo: aquí no ha pasado nada. Una coyuntura electoral legislativa no cambiará el rumbo que tomó el gobierno hace 10 años.

Los problemas de la economía argentina se representan en tres desequilibrios básicos en el frente fiscal, monetario y cambiario, pero se podrían ordenar con voluntad política.

1. Desequilibrio fiscal

En el frente fiscal el gobierno año a año presenta un nivel de gasto muy elevado en comparación con los ingresos que genera la recaudación tributaria. En 2013, por ejemplo, el presupuesto ejecutado (según estimaciones oficiales) probablemente termine siendo 15% mayor al autorizado por el Congreso y el resultado financiero pasaría de un superávit de $ 587 millones a un déficit cercano a $ 45.000 millones. Esto viene ocurriendo desde hace siete años, aunque en 2007 la diferencia llegó a ser del 30 %. En este sentido, el Presupuesto aprobado por el Congreso vuelve a ser letra muerta como lo fue en los años ’80, y el déficit estimado para 2014, según un informe de Cippec, alcanzaría los $ 65.000 millones.

2. Desequilibrio monetario

La principal fuente de financiamiento de este déficit fiscal ha sido su monetización, lo que se observa en un crecimiento interanual de la base monetaria en torno al 40%. Mercedes Marcó del Pont ya ha declarado en reiteradas ocasiones que no existe “independencia del Banco Central”, y que la función de la autoridad monetaria es asistir al gobierno cuando lo requiera. Esto garantiza una aceleración de la inflación, pues el gobierno inundará al mercado de pesos. Esto además presionará sobre el tipo de cambio oficial y sobre el “blue”, siendo muy difícil establecer un “techo” para la divisa.

Una alternativa que baraja el gobierno es acceder a deuda externa, aunque aquí se abren dos interrogantes. El primero es si el gobierno realmente desea tomar este camino cuando ha criticado al menemismo por hacerlo. Los mismos integrantes del oficialismo ofrecen respuestas contradictorias. El segundo es si el gobierno podrá acceder a tomar deuda, más allá de su voluntad, y si lo hacen, a qué costo financiero.

Es que se ha hablado mucho de una política de desendeudamiento, pero esto es sólo un mito. En diciembre de 2001 el stock de deuda pública, al momento de anunciarse el default, sumaba US$ 144.222 millones (fuente ASAP). En diciembre de 2011 la deuda pública total subió a US$ 178.963 millones y en junio de 2012 a US$ 182.741 millones (fuente MECON).

3. Desequilibrio cambiario

En el frente cambiario, la economía muestra un “retraso” que se evidencia en el tipo de cambio real. Cuantificar ese retraso es todo un debate, pero varios analistas lo han estimado con el índice Big Mac en torno al 40%, más del doble de Finlandia, Brasil y Francia, países que siguen en la lista.

Una posible devaluación y un cambio en el “cepo cambiario” están en la agenda del gobierno, pero es factible que estas políticas “aisladas” sólo agraven el problema.

Conclusión

En este contexto, el gobierno debe prender una vela para que haya cosechas récord y a la vez, apuntar a que la próxima Presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, amplíe la política de liquidez que viene tomando Ben Bernanke. Si esto ocurre, aumentarán aun más los precios de los commodities y esto elevará la recaudación tributaria por derechos de exportación.

Decía al comienzo que estos desequilibrios tienen solución, sin embargo, las propuestas implican necesariamente un cambio de rumbo. El gobierno elige seguir su camino, independientemente de que el pueblo le ha dado la espalda en las urnas. La economía argentina es una olla hirviendo, y el déficit fiscal, la inflación y el retraso cambiario garantizan que estos dos últimos años de kirchnerismo no serán tranquilos.