La frase del ministro deja mucha tela para cortar, como cada una de sus reflexiones. ¿Qué parte es cierta y qué parte no lo es?

Lo cierto es que liberales y socialistas llegan a pocos consensos en la política económica, pero en la medida en que haya buenas intenciones, coincidirán en terminar con la corrupción y también con el favor político que el Estado ofrece a algunos empresarios. En este sentido, el pensamiento del ministro de Economía no encaja en ninguna escuela económica de pensamiento. Su política económica consiste en reemplazar al mercado y ofrecer privilegios o sanciones arbitrarias a quienes él cree que lo merecen. La igualdad ante la ley lógicamente brilla por su ausencia.

Siempre insisto en dejar de llamar Unión “Industrial” Argentina a ese grupo de seudoempresarios y seudoindustriales que se reúnen tras la Presidente para las fotos de sus discursos. ¿Qué empresario puede estar a favor de este modelo? Solo aquellos que reciben la “protección” del Estado. Pero ha sido tan gigantesco el entramado de regulaciones, favores, autorizaciones para compra de divisas, permisos de importación o exportación, subsidios, aranceles y protecciones que se extendieron en los últimos doce años, que engloba a una importante proporción de la estructura productiva.

En este sentido, el mensaje que ofrece el ministro de Economía tiene algo de cierto. Una política liberal que integre a la Argentina al mundo, que reduzca el gasto público, que elimine cepos, que termine o al menos reduzca los subsidios, que encuentre una solución a la inflación, sin duda hará caer a muchos seudoempresarios que jamás compitieron bajo reglas de mercado y más bien aprovecharon mercados cautivos, sin la competencia internacional -y en muchos casos ni siquiera la competencia local-, lo que se ha desarrollado en estos doce años a través del entramado de políticas kirchneristas que el liberal suele criticar.

¿Puede entonces haber “continuidad” en el modelo económico para preservar “la industria que supimos conseguir”? Es lo que el ministro de Economía ha intentado en toda su gestión, multiplicando controles, subsidios e intervenciones, pero sin éxito. Basta recordar la lenta pero continua caída de la industria mes tras mes a lo largo de toda su gestión para demostrar que el plan es un fracaso.

El dilema al que nos expone el ministro de Economía es claro. La “industria” no puede sostenerse, porque el modelo requiere día a día más controles y regulaciones, los que inevitablemente tienen costos que sufre la misma estructura productiva sobre la cual descansa el peso del Estado. El modelo es entonces inconsistente e inviable. Lo curioso, sin embargo, es que el ministro de Economía desea hacerle creer a la opinión pública que la culpa de esa necesaria reestructuración es del mercado y no de su propio modelo.

Una política liberal conduciría necesariamente a un ajuste inmediato de la estructura productiva, obligando a algunas empresas a una reestructuración acorde a lo que requiere la economía para reinsertarse en el mundo. Y hay dos formas de tomar este camino. De manera planificada, con políticas concretas que busquen recuperar cierta normalidad en los equilibrios fiscal, monetario y cambiario, o caer en una nueva crisis cuando la olla hirviendo, que es hoy la economía argentina, estalle por los aires y conduzca a una -ya no gradual, ni necesariamente lenta- reestructuración económica, donde numerosas pymes irán quebrando y el desempleo se irá extendiendo a toda la estructura productiva.

No podemos seguir juzgando la política económica por sus buenas intenciones. Lo cierto es que el modelo está agotado y la alta inflación y la ya extensa recesión -precisamente de la industria- son muestras del caso. La “industria que supimos conseguir” es muy débil y mantenerla en pie tiene sus costos.

En lugar de seguir creando organismos como este Consejo de Defensa a las Pequeñas y Medianas Empresas, parece mucho más rentable recuperar la igualdad ante la ley y la economía de mercado. Ningún contexto es más justo para los verdaderos empresarios que la sana competencia. El debate que nos debemos plantear es qué empresario queremos en el centro de nuestra estructura productiva.

Bajo el “constitucionalismo popular” se dice que “cada proyecto nacional requiere de un régimen constitucional que lo exprese, que consolide los derechos conquistados y a la vez proyecte el país en que quiere vivir.” El constitucionalismo popular que hoy se plantea desde agrupaciones y organizaciones políticas, sociales y sindicales, es un paso más para hacer la ley en beneficio propio. Se busca ajustar o amoldar la reforma constitucional a las prácticas del actual gobierno en el modelo económico vigente. De lo que se trata realmente es de legitimar aquello que hoy es inconstitucional: la expropiación de las pensiones, la nacionalización de YPF bajo un procedimiento inadecuado, la prohibición de comprar divisas en el mercado y de ahorrar o gastar los ingresos ganados en base al esfuerzo propio en lo que uno desee, una posible nueva reelección, entre tantas otras.

En definitiva, el constitucionalismo popular se opone al verdadero sentido del constitucionalismo, y a muchos de los avances de las ciencias políticas, o incluso a lo que hoy se conoce como el análisis económico de la política o “Public Choice”, aniquilando el sentido de que las naciones cuenten con una constitución.

Tomando una selección de textos fundamentales de las ciencias políticas, podemos recordar que Thomas Hobbes justificaba en 1651 la existencia del Estado explicando que en su ausencia prevalece el “estado de naturaleza” o de guerra de “todos contra todos”, ahuyentando los incentivos para la creación de una industria, “ya que su futuro es incierto”. En tal estado, la vida sería “solitaria, pobre, desagradable, brutal y breve”.

John Locke, en sus ensayos sobre el gobierno civil de 1690, compartía con Hobbes la necesidad de abandonar tal estado de naturaleza; sin embargo, entendió que éste justificaba las monarquías absolutas, carentes de cualquier límite al poder. Locke entendía que “los hombres se unen en comunidades políticas y se ponen bajo el gobierno de ellas para preservar su propiedad”, pero deben crear una ley conocida, fija, promulgada, recibida y autorizada por común consentimiento para resolver controversias. Locke, incluso, advertía la necesidad de que el gobierno se rija por normas del legislativo y no por decreto, dictados repentinos y resoluciones arbitrarias.

Montesquieu continuó la tradición de “controlar al Leviatán”, mediante la división de poderes. En sus escritos sobre el espíritu de las leyes de 1748 explicaba que “todo hombre investido de autoridad abusa de ella”, y agregaba que “cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo cuerpo, no hay libertad”. Montesquieu también comprendió la necesidad de la democracia e insistió en que “todos los ciudadanos de los distintos distritos deben tener derecho a la emisión de voto para elegir su diputado”.

Hamilton, Madison y Jay agregaron en “El Federalista” de 1787 y 1788 la necesidad de una constitución, respetando además cierto federalismo. La constitución federal no abolía a los gobiernos de los estados provinciales, sino que los convertía en parte constituyente de la soberanía nacional, manteniendo autonomía y permitiéndoles estar representados directamente en el Senado. “Los poderes delegados al gobierno federal por la constitución propuesta son pocos y definidos”, lo que implicó un chaleco de fuerza para el abuso del poder.

La división de poderes, la democracia, el federalismo, planteados en una constitución permitió que las industrias de muchas naciones florecieran, mientras el poder se encontró limitado. Juan Bautista Alberdi fue quien tomó precisamente esta tradición de controlar el abuso del poder absoluto y plasmó el resultado de dichos debates en sus Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina de 1852, lo que un año más tarde dio origen a la Constitución Nacional original de 1853. Sobre dichas bases se fomentó la inmigración y surgió el modelo agro-exportador que enriqueció al país por varias décadas.

El poder, sin embargo, buscó romper con las cadenas del liberalismo clásico, y muy pronto comenzaron las reformas constitucionales. Ya en 1850 Frédéric Bastiat escribió un corto ensayo titulado “La Ley”, donde explicaba que ésta no siempre es legítima. La ley muchas veces puede desviarse de su misión verdadera, es decir, en lugar de garantizar los derechos de propiedad, violarlos. En tal caso, cada clase querrá hacer la ley, sea para defenderse de la expoliación, sea para organizarla en provecho propio.

La Argentina no fue la excepción, y desde entonces cada gobierno elegido por el pueblo se sintió legitimado para hacer sus propias normas, o simplemente ignorar las existentes. A las reformas constitucionales de 1860 (que permitió la incorporación de Buenos Aires a la unidad nacional), le siguieron otras en 1866, 1898, 1949, 1957 y 1994. La democracia, la división de poderes, el federalismo, plasmados en la constitución, recibieron cierta atención y cumplimiento hasta la década de 1930, pero desde entonces han sido letra muerta.