El punto de inflexión fue quizás esa carta de renuncia que Ricardo López Murphy tuvo en su bolsillo por unos pocos días entre el 5 y el 20 de marzo de 2001, antes de que retornara Domingo Cavallo al frente del Ministerio de Economía. Ricardo López Murphy fue quien tenía un diagnóstico apropiado y quien explicó con claridad a la sociedad y a la dirigencia las consecuencias de abandonar la convertibilidad. Fernando de la Rúa le dio la espalda y el peor escenario se hizo realidad. Domingo Cavallo partió de un diagnóstico equivocado: “El problema no es el déficit, es la competitividad”. Y con aquella frase y una mala idea de una canasta de monedas inició una gradual salida de la convertibilidad que ocasionó una fuga de capitales fenomenal. Ya sin reservas, y con Eduardo Duhalde en la Presidencia, que siempre se le fue esquiva en el proceso electoral, Argentina se entregó nuevamente a una enorme intervención estatal, con mucha propaganda política y con ello vinieron las dos décadas perdidas en materia de crecimiento económico.

En 2015 Argentina tenía un ingreso promedio por habitante en dólares similar al de 1996. ¿Pero cómo es esto posible tras una década ganada? Porque no hubo crecimiento, sólo recuperación. El siguiente gráfico muestra con claridad la evolución del PIB per cápita en dólares de 2015.

Se puede observar allí el pico de la década de 1990 en el año 1998, con 12 mil dólares por habitante, que comienza a caer en el tercer trimestre de 1998, hasta llegar a fines del 2001 a unos diez mil dólares por habitante. La devaluación y la salida de la convertibilidad ocasionaron una fuerte caída en el ingreso, a sólo cuatro mil dólares per cápita. Desde entonces, la economía argentina emprendió una recuperación que en 2008 alcanzó los 11.300 dólares. La crisis internacional de 2009 redujo el ingreso per cápita pero rápidamente la economía se recuperó y el crecimiento de los siguientes tres años rompió el pico de la década de 1998, al alcanzar los 14 mil dólares de ingreso per cápita. El efecto Kicillof, sin embargo, no se hizo esperar y la economía argentina llegó al 2015 con un ingreso per cápita de 12 mil dólares, el mismo nivel de 1998.

¿Por qué consideramos el PIB per cápita? Porque el PIB no toma en cuenta el crecimiento poblacional. ¿Por qué tomamos el dólar para medir el ingreso en Argentina? Porque el alto nivel de inflación y la intervención en Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) impiden evaluar correctamente la evolución del ingreso de los argentinos en moneda local. Gran parte del relato al que fuimos sometidos todo este tiempo se produjo por no poder diferenciar las variables nominales de las reales.

¿Por qué tomamos el PIB per cápita en dólares de 2015? Porque no es lo mismo el dólar de la década de 1990 que el dólar actual, tras la depreciación que esta divisa sufrió en estas dos últimas décadas.

El PIB per cápita en dólares de 2015 nos ofrece un acercamiento más apropiado a la realidad, que muestra que la economía argentina no creció en 20 años. Hubo, por supuesto, una recuperación de aquella devaluación, que en realidad se habría completado en 2009, si no fuera por la crisis internacional y por malas políticas económicas tomadas especialmente en el último Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, empezando por el cepo cambiario.

La foto aún no está completa. Faltan en este gráfico dos fenómenos fundamentales: 1) el sinceramiento del tipo de cambio en los primeros meses de 2016, que sin duda volvió a reducir el ingreso en dólares (¿volvimos a 1996 o a la década de 1970?) y 2) la confirmación de si realmente la economía argentina recuperará el esperanzador crecimiento económico en 2017, lo que parece difícil si tenemos en cuenta los desequilibrios macroeconómicos que todavía resta corregir, comenzando por un déficit fiscal que en 2015 cerró con 9% del PIB y que aún no está claro en qué medida fue corregido, además del elevado nivel de inflación, la presión tributaria récord y la sobredimensión del Estado.

El desafío de Mauricio Macri no sólo es resolver los desequilibrios macroeconómicos. El desafío es volver a crecer después de varias décadas perdidas.

Su exposición me recordó a un clásico de la economía. Me refiero a La economía en una lección, de Henry Hazlitt (1946). Un libro que he recomendado durante años a toda persona que desee tener una primera introducción a esta ciencia. Se analizan allí falacias económicas diversas que, en los últimos años de esta vapuleada Argentina, se han convertido en una nueva ortodoxia.

¿Pero cuál esa famosa lección? Consiste en la tendencia a considerar exclusivamente las consecuencias inmediatas de una política o sus efectos sobre un grupo particular, sin inquirir cuáles produciría a largo plazo y sobre toda la comunidad.

El libro en cuestión repasa diversos casos, como las obras públicas, el efecto de los impuestos o el crédito estatal sobre la producción, el odio a la máquina, los planes sociales, los aranceles, los controles de precios, el proteccionismo sobre una industria en particular, el salario mínimo, la inflación o el injustificado ataque de algunos economistas al ahorro, entre otras cuestiones.

He pensado durante mucho tiempo que si tales lecciones llegaran a las manos de un gobierno, se abandonarían tales falacias —esa nueva ortodoxia— y la economía iniciaría un proceso de desarrollo económico genuino sin precedentes.

La disertación de Federico Sturzenegger deja en claro que el presidente del Banco Central hizo propias aquellas lecciones. Su análisis es un poco más técnico, ya que distingue entre equilibrios parciales y equilibrio general, pero el mensaje es el mismo, lo cual resulta esperanzador.

Sturzenegger ofrece en este documento nuevos ejemplos, como la reciente baja en el precio del petróleo. Expertos en política económica mundial destacan que esta caída es mala por la pérdida de poder adquisitivo y de la voluntad inversora de los países exportadores, pero sin atender correctamente el poder expansivo sobre la demanda agregada de los países receptores.

Otro ejemplo fundamental está relacionado con el modelo de demanda agregada keynesiano, en el que se asume que una caída en el gasto público reducirá la demanda agregada. Un análisis más completo, sin embargo, puede mostrar que el gasto público no es independiente del gasto privado (consumo e inversión privados), y que una baja del gasto también implicará baja de impuestos y mayor poder de compra de parte de los consumidores, o mayor reinversión privada. La demanda agregada no tiene por qué caer ante un ajuste.

Lo mismo debemos decir respeto del ahorro, que según algunos economistas es nocivo, porque quita dinero del mercado, lo que implica a su turno menores compras, menores ventas y finalmente estancamiento y desempleo. Un economista que atiende al panorama completo observa que si alguien ahorra, depositando sus recursos en un banco a plazo fijo, por ejemplo, la institución bancaria intermedia ese dinero y lo canaliza hacia los inversionistas, que vuelven a introducir el dinero al mercado. “Si fuera cierto que el ahorro no genera demanda agregada, China debería ser el país más recesivo del mundo”.

Otro caso polémico que cita el economista es el del plan Procrear. Los economistas parecen atender sólo al efecto positivo que este plan tiene sobre la demanda agregada, como si esos recursos no se obtuvieran de otros destinos. Si el plan fracasó en impulsar la actividad económica, es porque aquello que generó por un lado se detrajo por el otro.

Finalmente, Sturzenegger llega al mercado monetario, de radical importancia para nosotros, no sólo por el alto nivel de inflación que nos acompaña, sino también porque Sturzenegger es el máximo responsable de paliar esta situación. El presidente de Banco Central explica la importancia del equilibrio monetario, y cómo una mayor oferta de dinero respecto de su demanda es la única causa de este flagelo. Con este conocimiento, y destacando el trabajo conjunto con el ministro de Hacienda, señala que en estos últimos meses se ha reducido a cero la monetización del déficit fiscal, que resulta posible por la reducción parcial de subsidios y también por el paro casi total de la obra pública. Hay un rezago, por supuesto, pero la rápida baja de la inflación en los próximos meses será una consecuencia lógica de lo que se viene haciendo.

¿Por qué entonces se ha acelerado el aumento de precios en estos últimos meses? Esto es un reacomodamiento de precios que surge como consecuencia de la herencia recibida. No sólo hubo que ajustar tarifas de servicios públicos (algunas aún están pendientes), sino también enfrentar la famosa venta de dólar futuro, que generó un gran daño al país.

Ya en una nota previa ofrecí un positivo análisis del primer mes de gestión. A cien días del inicio de este nuevo Gobierno mantengo mi pronóstico esperanzador. Sin desconocer los desafíos que quedan por delante (el déficit fiscal sigue siendo elevado, mientras que la obra pública no puede mantenerse parada por mucho más tiempo), el proceso de normalización continúa, más lento de lo que todos quisiéramos, pero en la buena dirección.

Comenzando por el frente fiscal, el Gobierno eliminó retenciones a la industria y a los productos agropecuarios, excepto para la soja, que se redujo de 35 a 30 por ciento. La apuesta consistió en recuperar las economías regionales mejorando los incentivos, tanto por reducción de la presión tributaria que recaía sobre el sector como por supresión del cepo cambiario, que lo contenía acorralado en los márgenes de ganancia. La medida contribuiría, en paralelo, a incentivar en la inmediatez a los productores agropecuarios para que liquiden las cosechas y ayuden con ello a engrosar las debilitadas reservas del Banco Central.

El impacto fue positivo, si uno toma en cuenta que se revirtió el continuo descenso diario de las reservas hacia valores positivos que transmiten tranquilidad, aunque las liquidaciones no cubrieron las expectativas de la autoridad monetaria y del Gobierno. ¿Por qué no se cumplieron estas expectativas? Porque hay fuertes expectativas de que el sinceramiento del tipo de cambio oficial sólo fue parcial y que habría una nueva devaluación hacia marzo del corriente, una vez que venzan los contratos de futuros.

Algunos analistas señalan, sin embargo, que ese valor que hoy ronda los 14 pesos no lo fija la autoridad monetaria sino el mercado, pero esto no parece ser del todo cierto cuando observamos las altas tasas que los bancos pagan por los depósitos a plazo fijo (una alternativa a la demanda de dólares), o la absorción de pesos que el Banco Central viene generando en las últimas dos semanas con la emisión de letras.

En el frente fiscal también hay que destacar el cumplimiento de otra promesa de campaña en la que se confirmó la quita del impuesto a las ganancias para el aguinaldo de los que cobran hasta 30 mil pesos. La medida parece justa y popular, pero no conveniente ni oportuna dado el fuerte déficit fiscal. Quizás debió el Gobierno compensar la consecuente caída de ingresos tributarios con una baja inmediata en los subsidios, que si bien fueron anunciados, aún se desconoce su instrumentación.

En el frente monetario, lo dicho, la autoridad en la materia utiliza dos instrumentos para contener la inflación: por un lado, eleva los tipos de interés; por otro lado, absorbe todos los pesos que puede a través de la emisión de letras. Pero los analistas estiman una inflación para 2016 del orden del 35%, mientras la misma autoridad monetaria la estimó apenas arriba del 20 por ciento.

¿Por qué no ataca el Gobierno la inflación de manera más radical? Mi interpretación es que el Gobierno sabe que no hay otra forma que reducir el gasto público que no sea por la vía de la inflación. Si no se puede reducir el salario nominal, ni se pueden generar despidos en un sector público sobredimensionado, sólo queda avanzar en una baja real de los salarios por la vía del impuesto inflacionario. Si los analistas privados tienen razón y la inflación de 2016 se acerca a sus pronósticos, mientras el Gobierno logra acordar con los sindicatos aumentos salariales del orden del 20 o 25%, la baja real de los salarios permitirá avanzar en el requerido ajuste fiscal que todos los analistas reclaman. Por supuesto que la política no está exenta de críticas y se sabe que el mayor desafío pasará por afrontar las negociaciones salariales con los sindicatos, que nunca fue una tarea sencilla. Resumiendo, la baja de la tasa de inflación no parece ser prioridad en 2016, lo que es parte del programa gradualista que el Gobierno viene aplicando.

En el frente cambiario, además de lo dicho, la nueva administración apuesta a generar un fuerte ingreso de divisas que sólo puede ser la consecuencia de un cambio rotundo en la política exterior. Al respecto, Mauricio Macri lleva adelante una amplia agenda política internacional que comenzó con el cuestionamiento directo al eje bolivariano, empezando por Venezuela y siguió con la anulación del polémico memorándum con Irán. Además, extendió lazos dentro del Mercosur con Brasil y Uruguay, además de Chile, y relanzó vínculos con la Unión Europea y Estados Unidos. Aceptó el fallo de la Organización Mundial del Comercio sobre las importaciones y ofreció señales claras en su voluntad de atraer capitales.

Todo el arco liberal sigue reclamando como deuda pendiente atacar el desorbitante gasto público y su consecuente déficit fiscal. La noticia de los últimos días, sin embargo, ha sido el gesto de parte de la Vicepresidente de despedir a 2035 empleados del Senado por decreto, advirtiendo que los ministros van a tomar medidas del mismo estilo para erradicar del Estado estructuras políticas compuestas por “militancia del kirchnerismo”.

La medida, a la que se sumaron otros despidos en otros organismos, como el Banco Central y el Centro Cultural Néstor Kirchner, es una gota en el océano teniendo en cuenta los más de dos millones de nuevos asalariados nombrados durante el kirchnerismo en el Gobierno nacional, en provincias y en municipios, pero deja entrever que también habrá ajustes en el gasto público una vez se complete la auditoría general de los organismos públicos.

El “estrangulamiento” —entendido como la falta de divisas para sostener el crecimiento económico de la industria por su necesidad de insumos importados— aparecía como un problema estructural generado por tres décadas de proteccionismo y la aplicación de un modelo de industrialización por sustitución de importaciones que sólo había logrado estancar a la economía argentina desde la gran depresión de 1930. La producción agropecuaria no era ajena a esas dificultades y declinaba tanto por los bajos precios internacionales como también por el exceso de regulaciones y controles, incluyendo retenciones a las exportaciones.

El desarrollismo de Frondizi y Frigerio

Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio decidieron enfrentar este contexto apoyándose sobre un modelo desarrollista que no se basaba en el viejo proteccionismo, sino en un modelo de apertura económica capaz de atraer inversión extranjera directa. Frondizi repetía: “Los Estados Unidos resolvieron el mismo problema con el concurso del capital extranjero, cumpliendo la afirmación de Hamilton en el sentido de que todo dinero extranjero que se invierte en una nación deja de ser un rival para constituirse en un aliado”.

Este modelo partía de la famosa tesis de Raúl Prebisch, fundada en un pesimismo respecto a las exportaciones de productos primarios vinculado con los bajos precios de los productos agropecuarios y mineros. La clave del desarrollismo era la expansión “vertical”, es decir, el acople de las actividades de producción de insumos y bienes de capital a las ramas ya más expandidas. Este empuje, a su vez, hacia una “economía industrial integrada” reconocía una serie de prioridades. En primer lugar, debía multiplicarse la producción de petróleo y gas, lo que permitiría, en un plazo bastante corto, ahorrar divisas para dedicarlas a la inversión en otros rubros. Frigerio sintetizó esa aspiración en la fórmula “Petróleo + carne = acero + industria”. La capacidad de conseguir capital necesario para instalar las ramas químicas y de acero estaba dada por las posibilidades de exportación de carne y la sustitución de importaciones petroleras. Además de estos rubros, otras prioridades de aquel Gobierno estuvieron localizadas en la industria química y petroquímica, siderurgia, depósitos de carbón y hierro, provisión de energía eléctrica, cemento, papel, maquinaria y equipos industriales.

El arribo de inversiones desde el exterior dependía de las condiciones internas que lograra generar el Gobierno, y Frigerio acertó entonces en eliminar parte de la legislación represiva por el proteccionismo preexistente. Se terminaron las restricciones sobre el mercado cambiario y hubo un único tipo de cambio, fluctuando su cotización según la oferta y la demanda. En cuanto a las importaciones, se abolieron parte de los controles cuantitativos y los sistemas de permisos, pero se establecieron recargos a las compras externas de hasta 300% para bienes de lujo, pero 0% para insumos considerados esenciales.

Para reducir el déficit fiscal también se proyectó una reducción del empleo estatal que comenzaría por el congelamiento de nuevas vacantes. Se anunciaron nuevos impuestos y mayor control tributario. En los primeros días de enero, además, hubo una suba de las tarifas públicas.

Pero esos aciertos fueron relativizados por otros desaciertos. El crecimiento de los salarios y de la inversión pública provocó un déficit que rozó el 9% del PBI y fue financiado en su mayoría a través de emisión monetaria. La consecuencia lógica fue un alto nivel de inflación. Además, en 1958, el Gobierno anunció que se habían firmado contratos de explotación con empresas petroleras extranjeras. Las negociaciones, que habían sido llevadas adelante personalmente por el entonces polémico Frigerio, no se convocaron mediante licitación pública y no se preveía la aprobación parlamentaria de los contratos.

Al margen de las formas y sus polémicas, el resultado fue impactante. Cuando asumió Frondizi, la importación de petróleo representaba un cuarto de las importaciones. Treinta meses después, había autoabastecimiento, la producción había pasado de 5,6 a 16 millones de metros cúbicos anuales. El éxito de este proceso despertó el interés extranjero por otras inversiones, pero aún no se había resuelto el “estrangulamiento”. Las restricciones a la importación impedían el crecimiento y, en 1959, el PIB cayó un 6,5% respecto al año anterior. Mientras descendía la recaudación fiscal y se agrandaba el déficit y su monetización, la inflación se aceleraba, lo que presionó a Frigerio a dar un paso al costado.

El aporte “liberal” de Álvaro Alsogaray

Álvaro Alsogaray fue designado al frente de los ministerios de Economía y Trabajo y rápidamente hizo famosa su frase: “Hay que pasar el invierno. […] Denme ustedes un tiempo para permitir la reabsorción de este fenómeno”. Lo cierto es que sin su aporte “liberal” el desarrollismo no habría pasado el invierno.

La prioridad de la política económica de Alsogaray fue detener el proceso inflacionario y lo logró poniendo especial atención en el déficit fiscal que se venía monetizando. Primero redujo el déficit con medidas antipopulares, suspendió obras públicas y terminó con el Estado empresario, porque afirmaba que las inversiones debían ser desarrolladas con medios privados. Segundo, cambió la fuente de financiamiento del déficit fiscal por deuda interna y externa a la que accedieron las empresas públicas y la administración central. Tercero, a medida que la economía se fue recuperando, se incrementó la recaudación tributaria, lo que contribuyó también a reducir el déficit fiscal.

Las turbulencias macroeconómicas de mediados de 1959 fueron cediendo. El dólar, que había tenido un pico de 100 pesos moneda nacional en mayo, retrocedió hacia 83 en agosto, gracias a mayor confianza y a crecientes influjos de capital. Temiendo una mayor apreciación, el Banco Central estableció una paridad fija de facto en ese nuevo nivel. La inflación descendió al compás del tipo de cambio: los precios de las importaciones y los productos agrícolas se estabilizaron apenas el dólar alcanzó ese nuevo equilibrio, y los productos industriales se desarrollaron a apenas 1% mensual en el último cuarto de 1959.

En 1960 y 1961 la economía creció a un promedio de más del 8% anual. El factor dinamizador fue la inversión que aumentó en 1961 a un nivel 66% mayor que el de 1959, y 47% mayor que el de 1958, un año menos anormal. El capital internacional respondió a las masivas oportunidades que proveía una economía ahora más ordenada. El Financial Times declaró al peso argentino “moneda estrella” del año en 1960. El crecimiento se manifestó, poco después, en una mejora en el salario real, que aumentó 12% hacia fines de ese año.

Cuentan diversos historiadores, sin embargo, que Frigerio nunca dejó realmente de ofrecer su consejo a Frondizi. De hecho, hubo recurrentes tensiones entre Alsogaray y Frigerio, por ejemplo, por la construcción de una central eléctrica en Dock Sud y el costoso proyecto de El Chocón. Estos proyectos se llevaron adelante a pesar de la oposición de Alsogaray, quien era mucho más conservador con los recursos tributarios y no estaba dispuesto a financiarlos.

En abril de 1961 Alsogaray fue reemplazado por Roberto Alemann como ministro de Economía, pero la salida no fue traumática. Alemann continuó el programa conservador de Alsogaray, insistió en la austeridad para asegurar la estabilidad monetaria, pero pronto la “batalla del transporte” abrió conflictos y huelgas que terminaron con 54 mil despidos. La financiación de mejoras salariales e indemnizaciones altísimas provino del Banco Central, lo que produjo la renuncia de Alemann en enero de 1962.

La caída de reservas de allí en adelante fue continua; mientras Frondizi volvió a insistir en un fuerte recorte de empleo público, su derrota electoral sólo condujo a la vieja solución argentina con una nueva devaluación.

El desarrollismo en el siglo XXI

Mauricio Macri hace bien en reivindicar a Frondizi, pero concentrar su atención sólo en los aportes de Frigerio puede dejar al margen el desequilibrio fiscal, con su evidente importancia. Argentina necesita apertura económica, pero también equilibrio fiscal y monetario.

Para mostrar esta rebaja en el valor del peso entre 2011 y 2015, cabe una mirada a la evolución de las distintas partidas del balance del Banco Central de la República Argentina (BCRA), institución que cuenta con el monopolio de emisión de estos billetes depreciados. El cuadro presentado a continuación es un extracto del resumen estadístico que elabora trimestralmente Nicolás Cachanosky para nuestro blog Punto de Vista Económico.

Nótese, por ejemplo, la evolución del pasivo, que pasó de 0,4 a 1,2 billones de pesos entre 2011 y junio de 2015. El pasivo se triplicó desde que Kicillof incide en la política monetaria del BCRA, lo que se logró con dos políticas concretas:

-          Emitiendo billetes que más que duplicaron la base monetaria (pasó de 223 a 483 mil millones de pesos).

-          Colocando títulos del BCRA en pesos (pasó de 84 a 355 mil millones de pesos).

Una mirada al activo nos puede explicar el destino de estos fondos. Mientras el activo pasó de 0,4 a 1,2 billones de pesos entre 2011 y junio de 2015, las reservas apenas pasaron de 200 a 308 mil millones de pesos. De nuevo, hay dos destinos concretos para la emisión monetaria del BCRA:

-          La compra de títulos públicos (pasó de 127 a 534 mil millones de pesos).

-          Adelantos del BCRA al tesoro del Gobierno nacional (pasó de 67 a 272 mil millones de pesos).

Para ser claros, el Gobierno quebró al BCRA. En 2011 las reservas representaban el 46 % del activo del BCRA; en 2015 esa misma relación cayó a menos del 25 %. La sumatoria de títulos públicos y adelantos del BCRA al Tesoro del Gobierno Nacional representaban en 2011 el 44 % del activo del BCRA, en 2015 estas mismas partidas representan el 63 % del activo.

La situación se agrava, lógicamente, si en lugar de tomar las reservas brutas, se tomaran las reservas netas, es decir, si se descontara aquella porción de esas reservas que no son propiedad del BCRA.

Resulta claro que un desafío difícil de lograr para el próximo Gobierno es el saneamiento del BCRA. Los asesores de ambos candidatos, Mauricio Macri y Daniel Scioli, apuestan a crear un marco de confianza que conduzca a una gran atracción de capitales en el país, pero esta confianza difícilmente ocurra mientras el BCRA presente este estado de situación. Por eso, volvemos al comienzo. “La devaluación del peso está hecha, solo resta sincerarla.”

Y entonces sí, los costos de esta devaluación serán más bajos si se ofrece un plan integral de reformas al Estado, que significan -necesariamente- un cambio de modelo.

En esta oportunidad me propongo explicar el error fundamental que los equipos económicos de ambos cometen al ignorar el necesario ajuste, propio de un error de diagnóstico que puede costar caro a un eventual próximo gobierno de cualquiera de los dos candidatos.

No está de más aclarar que los economistas trabajamos como los médicos: hacemos un diagnóstico de una situación dada a través de ciertos indicadores (actividad económica, empleo, presupuesto de ingresos y gastos, índice de precios, balanza de pagos, balance del Banco Central, índices de confianza, etc.) y planteamos una solución que puede contener efectos indeseados, lo que no significa que ignoremos esos efectos o los deseemos.

Los equipos económicos de Scioli y Macri no advierten correctamente la magnitud de los problemas que enfrentarán. Parten de un diagnóstico erróneo que no sería problemático si solo fuera parte de la campaña política en la que compiten, pero sí lo será si realmente creen que el escenario macroeconómico de 2016 solo requiere de ciertos retoques al modelo.

Macri, por ejemplo, reconoce cierto desequilibrio fiscal -mayor quizás del que reconoce Scioli-, pero su propuesta de corrección es insuficiente para sortear el problema central que la economía heredará tras 12 años de kirchnerismo. Es acertado, creo yo, apostar a la eliminación de los diversos cepos, pero es extremadamente optimista creer que la confianza en la inversión consecuente generará niveles de recaudación suficientes para eliminar la brecha que existe entre ingresos y gastos.

El problema es de causalidad. Si la inflación no vuelve a un dígito, la inversión privada no emergerá; si la inversión privada no emerge, la recaudación seguirá estancada y la brecha entre ingresos y gastos seguirá estando en el orden del 6 % al 8 % del PIB. Lo que debemos plantearnos es una política que permita equilibrar las cuentas públicas, que permitirán luego generar confianza y un retorno de la inversión.

Es allí donde aparece el arreglo con los holdouts. Se estima que un rápido acuerdo -que de hecho podría alcanzarse en menos de un mes de conversaciones- también ayudará a generar confianza y podremos volver a acceder a tomar deuda pública externa. Como el nivel de deuda heredado es bajo, incluso es probable que se pueda tomar deuda a tasas convenientes. Sin embargo, la pretensión de corregir, o más bien financiar la brecha fiscal por la vía del endeudamiento externo, ya ha dado pésimos resultados en la década de 1990 y volverá a dar el mismo resultado en la actualidad.

Argentina hoy financia la brecha con emisión de moneda (deuda con el Banco Central de la República Argentina) y también con deuda interna (deuda con Anses). Si se reemplazan estas fuentes de financiamiento con deuda externa, el problema cambiará -se reducirá la inflación y también se dará mayor independencia a la administración de fondos de la Anses-, pero en el fondo el problema persistirá.

La Argentina presenta hoy un nivel de gasto público consolidado (nación más provincias), en relación con el PIB, que es el más elevado del continente americano, y encabeza el podio de los tres países con mayor gasto en el mundo. En estos 12 años es cierto que se ha generado empleo para recuperar la economía de la crisis de 2001, sin embargo, el principal empleador fue el Estado y hoy contamos con una estructura de empleo público sobredimensionada que será socialmente costoso de revertir.

Scioli, por su parte, reduce los problemas económicos a mínimas correcciones. Su equipo plantea, por ejemplo, una regla fiscal según la cual el gasto público crecerá a una tasa menor que la recaudación. El problema es que con una economía estancada, los ingresos fiscales no crecerán en términos reales. La estrategia entonces queda reducida a continuar por el mismo camino que hoy plantea el ministro de Economía Axel Kicillof, en el que la recaudación fiscal crece al ritmo de la inflación, pero los gastos no, lo que en definitiva es un ajuste basado en la ilusión monetaria de los argentinos, que no perciben correctamente que sus ingresos reales caen día tras día. Este proceso puede continuar por varios años, incluso por todo un mandato, pero difícilmente la actividad económica se recupere con una inflación de dos dígitos que de a poco avanza sobre los salarios reales de los trabajadores. Por el contrario, la estrategia genera una dinámica compleja donde los sindicatos sistemáticamente pelearán por sostener los salarios reales, y los empresarios piensan más en las luchas internas que en los negocios.

Lo mismo ocurre con los subsidios a numerosos servicios públicos. Si los subsidios se mantienen, el problema persiste. Macri -entiendo, por una cuestión electoral- promete mantener planes sociales y subsidios, y enfatiza su propuesta de eliminación de trabas, cepos y controles, augurando que esto permitirá generar una recuperación de la confianza. Esto es acertado. Pero los números no cierran. Si se eliminan retenciones y Registro de Operaciones de Exportación (ROE), la recaudación fiscal se reducirá y la brecha será mayor. La mayor confianza y consecuente inversión puede ayudar a paliar la caída en la actividad económica, e incluso generar una mayor recaudación, pero constituye un error fundamental sostener que la brecha fiscal se eliminará por esa vía.

Ningún politólogo recomendará a los candidatos hablar de ajuste. Pero debemos ser claros. El ajuste empezó hace dos años, avanzó primero en el sector privado (por la vía de los despidos y las quiebras), y hoy avanza en el sector público (por la vía de la inflación). Lo que queda es explicitar el diagnóstico y el escenario que el votante tiene ante sus ojos, y ser muy claros en las políticas que pueden remediarlo. De otro modo, cualquiera sea el que gane las elecciones estará mintiéndole desde el primer día a quienes confiaron en ellos.

Daniel Scioli ha intentado en los últimos años alinearse en su discurso con el modelo kirchnerista, aunque al evaluar su gobierno en la provincia de Buenos Aires, o los comentarios y las entrevistas que han ofrecido sus asesores, se puede advertir cierta confrontación con el kirchnerismo puro, que es en definitiva lo que provoca cierta desconfianza aun entre sus propios seguidores.

Sostenemos aquí que la política económica de Scioli estaría en una posición intermedia entre la que representa Axel Kicillof, como continuidad de la política económica actual, frente a los comentarios de sus asesores, y en particular del consultor Miguel Bein y el expresidente del Banco Central Mario Blejer, que es, en definitiva, corregir los desequilibrios y tomar un nuevo rumbo.

El actual ministro de Economía comentó ante los medios, hace unas pocas semanas, que de ganar Scioli seguirán haciendo “más o menos lo mismo”. Básicamente se trata de seguir ocultando los desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios por todos conocidos -y también por el ministro-, pero al mismo tiempo intentar corregirlos sin un ajuste abrupto. En otros términos, permitir un ajuste lento de los excesos fiscales por la vía de la inflación, pero intentando mantener los “logros del modelo”, que se resumen en la continuidad de los planes sociales implementados.

Con Kicillof manejando la economía, en 2016 habría una continuidad en la inflación por varios años más, seguiría la intervención sobre el Indec, Argentina seguiría enfrentada a los holdouts, se mantendría cierta alineación con los gobiernos venezolano, boliviano y ecuatoriano, y la política exterior apuntaría más hacia los BRICS, y China en particular, que hacia Estados Unidos y Europa. Me surge una duda puntual respecto de su voluntad de devaluar poselecciones para resolver parcialmente el atraso cambiario y con ello permitir una leve recuperación de la industria, que ya muestra dos años de caída continua.

El equipo económico de Scioli ha enfatizado en que “no existe una crisis a punto de estallar como algunos quieren convencernos, sino desequilibrios a corregir”, que luego definen precisamente como los desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios. Nuestra lectura de esta propuesta económica sería similar a la que hemos definido para el PRO, aunque presentada de manera más conservadora, o menos crítica del modelo kirchnerista.

Se trata de mantener los logros del modelo y los diversos planes, pero reduciendo o eliminando sus excesos, hoy representados en un déficit fiscal del 6 & al 8 % del PIB, según han descrito varios analistas.

En este caso se ve a una Argentina que rápidamente resolvería la disputa con los holdouts y accedería a los mercados internacionales para tomar deuda, como vía para reducir la monetización de los déficits públicos y el consecuente proceso inflacionario.

En relaciones exteriores, Argentina abandonaría su vinculación con Venezuela, Bolivia y Ecuador, y apuntaría más bien a una integración tanto con los BRICS como con Estados Unidos, Europa y el mundo desarrollado. Los asesores de Scioli han sido muy claros en la necesidad de recuperar confianza como medio para elevar los niveles de inversión privada -necesaria para recuperar el crecimiento- y pública -para mantener la infraestructura.

En este caso, la inflación se iría reduciendo gradualmente. Las razones para ello se dividen en tres propuestas: 1. Al resolver las disputas con los holdouts se accedería a crédito externo; 2. Se aplicaría una regla fiscal según la cual el gasto público aumentaría a una tasa menor que el aumento en la recaudación; 3. Se subirían las tasas de interés.

Dicho en otros términos, habría endeudamiento externo nuevamente -lo que recibirá resistencia del kirchnerismo puro- y al mismo tiempo una caída continua de los salarios reales, especialmente de los trabajadores del sector público -esto ya está ocurriendo también con Kicillof-, lo que garantiza un mayor enfrentamiento con los sindicatos, que lucharán por mantener el nivel real de los ingresos. La suba en las tasas de interés augura dificultades en la actividad económica para los dos primeros años.

El levantamiento del cepo cambiario encabezaría también la agenda, incluyendo una fuerte devaluación para devolver el mercado cambiario a su nivel de equilibrio real. Alcanzado este, se intentará aplicar una regla cambiaria para evitar la sobrevaluación cambiaria -que destruye las actividades de exportación- y también la devaluación -que destruye los salarios.

Cuando se consultó a Axel Kicillof por una posible candidatura a vicepresidente, este respondió que prefería continuar en su posición actual, manejando los hilos de la economía. Ha surgido, sin embargo, la hipótesis de que Scioli habría aceptado a Carlos Zannini como su vicepresidente solo en la medida en que Kicillof se mantenga al margen de su gestión. Scioli tiene su propio equipo económico y si bien se le han definido los nombres de legisladores que lo acompañarán en la lista del Frente para la Victoria, será él mismo quien defina su gabinete.

Mi postura es que Kicillof estará ocupando su banca en el Congreso, pero tendrá reducida incidencia en las decisiones de política económica del posible gobierno de Scioli. Por el lado de Zannini, me parece que nunca un vicepresidente jugó un rol relevante en la política económica argentina.

La importante presencia del kirchnerismo puro en el Congreso garantiza, al mismo tiempo, que los proyectos a presentarse estén, al menos en los dos primeros años, alineados con el mantenimiento de los logros alcanzados, en particular la vigencia de los planes sociales implementados en los últimos 12 años, aunque es inevitable la caída real de esos ingresos como medio para ir ajustando el desequilibrio fiscal a través de la inflación.

Mi hipótesis es que -de ganar Scioli- Bein y Blejer reemplazarán a Kicillof en la conducción económica de la Argentina. Si éste es el caso, las similitudes con la propuesta del Pro es visible. Pero hay diferencias. Macri ofrece, por ejemplo, mayor certeza en el electorado por sus políticas a favor del campo -en sus firmes propuestas por eliminar las retenciones y los ROE- y también mayor certeza en la “eliminación de cepos” y su integración al mundo, con la consecuente generación de confianza para atraer inversión privada. Scioli, mientras tanto, le garantiza al sector público y los beneficiarios de los planes sociales una mayor certeza en su intención de lograr una continuidad de los beneficios del modelo actual. Si bien ambos candidatos han buscado imitarse en los últimos meses -Macri prometiendo mantener los planes sociales, y Scioli buscando generar confianza e inversión- lo cierto es que las propuestas pueden ser incompatibles. Sólo en la medida en que se avance en los ajustes de los tres grandes desequilibrios, la Argentina podrá recuperar la senda del crecimiento. Pero no hay que temer al ajuste, ya que no necesita ser tan prolongado como la crisis de 1998-2002, ni tampoco tan abrupto como la debacle de 2001. La corrección ya ha sido advertida por ambos candidatos como necesaria, pero puede ser muy rápida y poco dolorosa si hay convencimiento en combinar disciplina fiscal, equilibrio monetario y apertura económica.

Ambos expusieron en La Pampa sus formas de hacer política: Ni Macri se hubiera sentido cómodo ante 3000 personas de La Cámpora en el Club Estudiantes (ubicado en el centro de Santa Rosa), ni la presidente Fernández de Kirchner hubiera aceptado una conferencia de prensa para responder preguntas de los medios no oficialistas.

Antes del discurso de la Presidente por cadena nacional, el actual gobernador de la provincia de La Pampa, Mario Jorge, expuso un emotivo -y quizás exagerado- agradecimiento a la Presidente por el apoyo financiero a varios proyectos en la provincia durante la última década. Apoyó su gestión en todo el país y enfatizó particularmente sus negociaciones por el río Atuel, los avances de industrialización de La Pampa, la diversificación en la producción y el valor agregado en varias industrias, como la porcina y la bovina.

No está de más decir que los pampeanos esperaban más bien un reclamo por el río Atuel y los fallos incumplidos de parte de la provincia de Mendoza. Tampoco está de sobra señalar la indignación de los pampeanos al notar que la industrialización y la diversificación en la producción son solo un párrafo más en el relato oficialista. En estos doce años ha habido muchos ganadores, pero ni la industria, ni la producción bovina y porcina representan precisamente a los sectores beneficiados por el modelo.

A continuación la Presidente ofreció un discurso para “sus soldados” -esas fueron sus palabras- en cadena nacional y en teleconferencia a otras provincias, lo que permitió que se desviara de la olvidada provincia de La Pampa y enfatizara un salpicado de inversiones en diversas zonas geográficas tomadas de manera arbitraria, pero ignorara los 22 meses consecutivos que lleva en caída la industria nacional, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En su discurso hizo hincapié en el federalismo de su gestión, olvidando que nunca los recursos estuvieron tan concentrados en el gobierno nacional como durante sus dos mandatos, lo que se utilizó para tener de rodillas a los gobernadores de todo el país, así como también a los miembros del Congreso, los intendentes y todo el resto de los actores políticos.

Solo al cerrar su discurso la Presidente pareció recordar el motivo de su visita a la provincia: apoyó a Mario Jorge en su decisión de candidatearse a intendente para fortalecer las chances de Bruna como gobernador, y dedicó un párrafo a la importancia de conseguir alternancia en el poder -quizás el único aspecto que comparto en su discurso-, pero pareció olvidar nuevamente su fallido interés en “eternizarse” en el poder nacional, al suceder a su marido, el fallecido Néstor Kirchner.

Mauricio Macri, por el contrario, tuvo un perfil bajo en su visita a La Pampa. Se reunió con vecinos que habían solicitado conversar con él y apenas ofreció una conferencia de prensa en el hotel La Campiña para un puñado de medios locales. Acompañado por Javier Mac Allister, lo primero que tuvo que responder fue al ataque de la Presidente a las formas de la campaña del PRO, quien había enfatizado en que “no se gobierna el país con chamuyo y globito”. Macri sonrió y respondió: “Tiene razón. Por eso vamos a gobernar después del 10 de diciembre.”

Macri señaló que el país necesita un proceso de normalización y se preguntó por qué se sigue mintiendo con la inflación, con los datos de pobreza y en general con las estadísticas del INDEC.

Respondió preguntas abiertas de los medios acerca del rol de la mujer, de las elecciones de Santa Fe, de las inversiones en infraestructura y demás. No hubo sorpresas respecto a lo que la opinión pública ya conoce de este candidato.

Quizás corresponde cerrar esta breve nota con una mención al otro candidato presidencial, Daniel Scioli. Llegó a La Pampa con la delegación que acompañó a la Presidente, pero resulta extraño que solo ofreció silencio.

En este sentido, nos preguntamos qué haría el PRO a nivel nacional en caso de ser gobierno. Es cierto que no se ha presentado aún un plan concreto sobre cómo se solucionaría cada uno de los problemas identificados, pero sí se puede afirmar que Mauricio Macri -el candidato presidencial y líder del partido-, ha dado numerosas evidencias de lo que haría si llegara al gobierno. Aquí ordenamos parte de sus anuncios y agregamos aquello que consideramos necesario para que el plan sea consistente y factible.

Comenzando con el plano internacional, Macri cambiaría el eje Argentina-Venezuela-Bolivia-Ecuador por lazos estrechos hacia Estados Unidos, Europea, Asia, África y el Mercosur. El objetivo es volver al mundo con acuerdos bilaterales como los de Chile, y sin discriminar a una región respecto de otra. Priorizar un acuerdo con el Mercosur y desde el bloque negociar con el mundo no parece factible en el corto plazo, pero sí se privilegiará recuperar el libre comercio con nuestro vecino más importante. Si el contexto internacional de liquidez se mantiene, Argentina debería recibir mayor inversión extranjera directa de lo que ha recibido en los últimos 12 años, recuperando un rol protagónico junto a Brasil y México, y aprovechando la necesidad que China tiene de nuestros productos, tanto en alimentos como en lo que refiere a insumos.

En el plano local, y siempre insistiendo en recuperar los mercados perdidos, el modelo que Macri plantea es el de fortalecer la agro-industria. Aquí es donde juega un rol central su principal propuesta en campaña para el campo de eliminar las retenciones y los ROEs.

En el mercado cambiario, y para resolver el atraso cambiario que tiene a la industria en recesión desde hace 20 meses, imagino una fuerte devaluación producto de eliminar el cepo cambiario y de dejar flotar el peso. Tras una suba importante, el tipo de cambio se estabilizará e imagino una nueva convertibilidad o tipo de cambio fijo.

Aquí preocupa el impacto inflacionario que esa devaluación puede tener, por lo que resulta imperioso dar señales claras de que el Banco Central de la República Argentina abandonará por completo la monetización de los déficits públicos.

Sin emisión monetaria y sin retenciones, el plano fiscal queda debilitado. Macri apuesta a que la recaudación tributaria aumente producto de la mayor confianza que generarán sus políticas y la mayor inversión consecuente.

Cualquiera sea el éxito que Macri puede tener en fortalecer los ingresos por la vía de la actividad económica, resulta fundamental en el plano internacional acordar una renegociación de la deuda en default. Esto tiene un doble objetivo: por un lado fortalece las instituciones y abre las puertas al mundo, pero además, permite financiar el desequilibrio fiscal que se vaya generando en la transición al ordenamiento de las cuentas públicas.

Para no abusar del endeudamiento externo, el gasto público se verá reducido desde los primeros meses, con incrementos en las tarifas de los servicios y el transporte público, lo que le permitirá eliminar parcialmente los subsidios. Además, se alentará la competencia en los mercados internos, eliminando todos los controles de precios máximos, sugeridos o cuidados. La competencia promete ser más eficiente para sostener el nivel de precios que los “precios cuidados”.

La promesa de campaña fue sostener los planes sociales, pues constituyen un derecho adquirido, pero difícilmente se observe la creación de nuevos programas semejantes. La apuesta consiste en que los beneficiados de estos planes comiencen a ocupar empleos formales gracias a la generación de confianza y las nuevas inversiones, y entonces vayan renunciando gradualmente a aquellos beneficios.

Si finalmente el traspaso del poder político en diciembre es ordenado y pacífico, las reformas no requieren implementarse a modo de shock, sino de forma gradual y sin sobresaltos.

Fundada por un decreto de Juan Domingo Perón en 1950, esta aerolínea es hoy la mayor de su país, concentrando —según un informe del Banco Ciudad— alrededor de un 90 % de la demanda de vuelos de cabotaje. Su único competidor, la empresa chilena LAN, concentra el 10% restante.

AA ha mostrado en su historia una dinámica poco frecuente. En 1979 se transformó en sociedad del Estado. En 1990, en el marco de una ola de privatizaciones de aerolíneas en toda Latinoamérica, fue privatizada, reteniendo el Estado la deuda, y cayendo la empresa bajo el consorcio español Iberia. En 2001, comenzó un proceso de ampliación de la participación en manos de funcionarios españoles, traspasando finalmente la aerolínea al Grupo Marsans. Finalmente, en julio de 2008, AA fue parte de la ola de renacionalizaciones del gobierno de los Kirchner, volviendo a la administración pública.

Los problemas sindicales continúan. Los subsidios a la aerolínea también. Los altos costos en este mercado siguen haciendo prohibitivo el acceso al servicio. La mala calidad de los viajes —representados en demoras y cancelaciones de vuelo— resulta en una consecuencia obvia. Sin embargo, debemos observar aquí dos problemas diferentes: por un lado, el de su privatización o nacionalización. Ya forma parte de la agenda pública argentina de 2015 qué hará el nuevo gobierno con una empresa que hoy es financiada en una alta proporción por recursos tributarios, y no precisamente por los pasajeros que gozan del servicio. Mauricio Macri es quizás el único candidato presidencial que disparó la intención de reprivatizar la compañía.

Por otro, la apertura y desregulación del mercado. Que AA sea pública o privada resulta irrelevante, en comparación con la necesidad de desregular el mercado e ir hacia una política de cielos abiertos. Basta observar que tanto en EEUU como en diversos países de Europa se cuenta con aerolíneas estatales o de bandera y, sin embargo, el servicio es superior tanto en costo como en calidad.

Alberto Benegas Lynch (h) y Martín Krause dan en la tecla cuando afirman que “el cambio no se circunscribe a la venta de una empresa estatal ni a su paso a manos privadas, sino al marco regulatorio de la actividad que permite o restringe el funcionamiento del mercado. Es la competencia real o potencial la que incentiva a los agentes del mercado, en este caso las compañías aéreas, a reducir tarifas, ofrecer más servicios y mejorar la eficiencia. En la Argentina, en particular, por ser un país de grandes extensiones, las alternativas de transporte aéreo accesibles resultan de fundamental importancia”.

Los mitos en este campo son numerosos. La desregulación, para los mal informados, traería aparejado: 1) “el caos, la confusión y la
incertidumbre”, 2) destruiría empleos, 3) resultaría en monopolios, 4) haría a los cielos menos seguros, 5) se incrementarían las pérdidas de equipaje, la sobreventa de asientos, las demoras en las salidas y llegadas de vuelos, 6) bajaría la calidad de las comidas y otros servicios en vuelo, y 7) habría una congestión en los aeropuertos.

La evidencia empírica, sin embargo, contradice estas hipótesis. Herbert G. Gruble desarrolla precisamente un estudio comparado de la desregulación americana y la regulación canadiense, durante el período 1979 y 1988, y muestra sus conclusiones: “La performance comparativa de las aerolíneas de Canadá y EEUU entre 1979 y 1988 otorga una muy rara oportunidad de estudiar los efectos de los cambios en una política económica importante. Casi como un experimento de laboratorio, la industria de un país ha continuado operando en un entorno regulado mientras que en el otro se enfrentó a políticas totalmente diferentes, […] Los datos apoyan fuertemente el análisis teórico de los efectos de la desregulación. La mayor competencia en EEUU llevó a una notable reducción de los costos y tarifas en relación con los de Canadá. Tan espectaculares son los resultados que otras diferencias entre los dos países no pueden explicarlos. Generalmente, la desregulación aérea provee mayores beneficios a los consumidores”.

El caso chileno, también puede ilustrar la cuestión. Un trabajo de Jorge Asecio, publicado por el Instituto Libertad y Desarrollo, explica: “La incorporación de nuevas empresas prestatarias de servicios, así como la incorporación al mercado de nuevos y más modernos equipos de vuelo, que se adaptan mejor a los requerimientos de la demanda y presentan costos medios más bajos, aseguran un incremento de los niveles de demanda conocidos”. Además, agrega Asecio, “Las características del mercado llevaron a la autoridad a aplicar una política que permitiera generar condiciones de competencia, con lo cual se han obtenido incrementos de frecuencia, servicios a más bajo costo y una mayor cobertura aérea de nuestro país”.

En el caso de Inglaterra, la privatización de la British Airways es todavía recordada por el prestigio alcanzado en la calidad de sus servicios. El hecho de que las aerolíneas británicas compitan entre sí, como con aerolíneas extranjeras, dio como resultado que las tarifas de los vuelos que se originan en el Reino Unido sean, en general, más bajas que en los demás países europeos.

Por último, una mención especial merece el “Tratado de Cielos Abiertos para Europa”. Los 24 países miembros se resistieron durante un tiempo bastante prolongado a la desregulación, pero hoy disfrutan de los beneficios de una política de cielos abiertos entre Europa y EEUU, pudiendo volar libremente de un país a otro, y en muchos casos, a menores costos que en automóvil, autobuses o ferrocarril.

A modo de conclusión, no debemos confundir la privatización de la aerolínea argentina de bandera con una política de cielos abiertos. La desregulación, y su consecuente competencia, muestran beneficios en todos los mercados en los que se le da lugar.