1. Sobreempleo público

En la última década se multiplicó excesivamente el empleo público. A nivel nacional el personal aumentó un 61%, desde 241.400 en 2003 hasta 389.830 en 2015; a nivel provincial, el incremento fue del 72%, desde 1,7 a 3 millones de personas en el mismo período; a nivel municipal, la suba fue del 110%, pasando de 379 mil en 2003 a 796.300 en 2015. En total, en el período bajo estudio, el incremento fue del 77%, pasando de 2,3 a 4,2 millones de empleados públicos.

En América Latina, la relación empleo público-población económicamente activa apenas supera el 10 por ciento. En Argentina estamos cerca de alcanzar el 20 por ciento. Duplicar esta relación por supuesto tiene un costo fiscal importante. Debemos interpretarlo como una mochila excesivamente pesada sobre las empresas privadas y una traba fundamental para la creación de empleo.

Este es quizás el elemento central de la herencia, por las dificultades institucionales para revertir el proceso, por los derechos adquiridos y por sumergir al país en un problema que ya era estructural, pero que ahora se agrava fuertemente.

2. Excesivo gasto público

Como consecuencia de lo anterior, no sorprenderemos al lector al señalar que el gasto público primario a nivel nacional se incrementó de menos del 15% en 2003 al 36,7% en 2015. Si analizamos el gasto público consolidado en los tres niveles de Gobierno, entonces el salto se observa desde el 26,2% en 2003 hasta superar el 50% en 2015.

La suba del gasto público no incluye sólo el sobreempleo público. Incluye decenas de planes, algunos más importantes que otros, pero que, más allá de la reflexión que cada uno amerite, en su conjunto llevan al Estado a una situación fiscal imposible de financiar en el largo plazo.

3. Presión tributaria récord

La voracidad fiscal de estos últimos diez años incrementó la presión tributaria desde el 24,33% hasta el 45,5% del PIB. A nivel nacional, se observa un salto desde el 19,21% del PIB en 2003 hasta el 39% en 2015. A nivel provincial, el salto, en el mismo período, fue desde 3,82% hasta 5,60% del PIB. A nivel municipal, de 1,3% a 1,75% del PIB. En síntesis, un argentino medio trabaja prácticamente seis meses del año para solventar el gasto público en los tres niveles.

Resulta paradójico que se argumente que el Estado crea empleo porque el privado no lo hace, pero se le impide al sector privado hacerlo, con esta carga tributaria sin precedentes en nuestro continente, o en la historia económica argentina.

4. Enorme déficit fiscal

Ante este escenario de asfixiante presión tributaria, sorprende que todavía exista déficit fiscal. Pero así es. Si incluimos los intereses, el 2015 cerró con un 5,8% de déficit fiscal sobre el PIB. Si quitamos la deuda interna con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) o del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), entonces el déficit fiscal es del 7,66 por ciento. Son prácticamente trescientos mil millones de pesos. Este nivel de déficit supera aquel con el que explotó la convertibilidad, que dejó al país al borde de la cornisa. Si hoy este nivel de déficit es “manejable”, es porque se accedió a deuda interna y porque la ausencia de convertibilidad permite monetizar el déficit fiscal.

5. Anses descapitalizado

Anses es una institución que, por supuesto, tiene una finalidad muy distante de aquella de financiar los proyectos de gasto público como Procrear o Fútbol para Todos. Luego de estatizar las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), Anses recuperó entre 30 mil y 40 mil millones de dólares, cuyo destino debió estar en inversiones diversificadas que permitieran cubrir de la mejor manera posible las pensiones a pagarse en el futuro, a medida que los trabajadores de la población económicamente activa se pasen al retiro. Lejos de ello, utilizar Anses para financiar el gasto público generó un vaciamiento de la institución, lo que descapitalizó las cajas de retiro y provocó una deuda interna compleja que deberá ser tratada en el futuro. Este problema está lejos de abordarse en estos cuatro años, pero será una temática a tratar en un futuro que hoy parece muy lejano.

6. Alta inflación

La sumatoria de la enorme presión tributaria y la deuda con Anses o PAMI tampoco alcanzan para cubrir el gasto público. El Gobierno necesita además monetizar el resto del déficit fiscal, con su lógico efecto inflacionario. La expansión de la base monetaria durante cada mes de 2015 superó el 30% respecto de igual mes del año anterior, pero en diciembre el alza fue del 42,4 por ciento. La suba se puede interpretar de distintas maneras, a saber, dar un impulso a la actividad económica que no despegaba o financiar un mayor nivel de gasto público como consecuencia de los gastos de campaña por la elección que llevó a Mauricio Macri a la Presidencia.

La tasa de inflación que había disminuido gracias a la contracción monetaria provocada por Fábregas volvió a aumentar una vez que se revirtió tal política. La elevada tasa de inflación actual se puede comprender como consecuencia del reacomodamiento de precios tras las reformas que el nuevo Gobierno viene aplicando, pero también se alimentó de la expansión monetaria de 2015, cuyo efecto llega con rezago en este 2016.

7. Controles de precios, subsidios y tarifas atrasadas

El Gobierno anterior luchaba contra la inflación de la peor manera que podía hacerlo. Controlando precios, persiguiendo empresarios, multiplicando subsidios y con tarifas atrasadas en los servicios públicos o en el transporte. El costo político de levantar estos controles recayó sobre el nuevo Gobierno, con un reacomodamiento difícil, especialmente en un contexto recesivo, o al menos de estancamiento económico.

8. Cepo cambiario

Entre esos controles de precios, quizás el más dañino fue el cepo cambiario, que provocó una fuga de capitales que redujo las reservas del Banco Central desde poco más de 50 mil a menos de 30 mil millones de dólares, con las conocidas discusiones aún abiertas acerca de su composición, que ponen dudas sobre la solvencia del Banco Central.

Numerosos analistas aseguraban en 2015 que las reservas netas eran cercanas a cero, una vez que se devolvían los dólares a los depositantes, o incluso se quitaban préstamos chinos en yuanes y otras deudas o asistencias de último momento que permitieron sostener la debilitada moneda nacional.

El cepo cambiario además impedía relaciones comerciales normales con el mundo, tanto en la exportación como en la importación, lo que estancaba a las economías regionales y paralizaba al sector industrial.

9. Aislamiento y déficit en infraestructura

El cepo cambiario fue asociado a una política de aislamiento que también golpeó la cuenta capital. La falta de inversión extranjera directa hizo que se perdieran, según un estudio de Libertad y Progreso, unos 32 mil millones de dólares durante el Gobierno de Néstor Kirchner, 60 mil millones de dólares durante el primer Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y 63.500 millones de dólares durante el segundo. Esta pérdida de inversiones tiene como consecuencia lógica una infraestructura débil para acompañar el desarrollo de la economía argentina.

A su vez, las tarifas atrasadas en los servicios públicos impidieron a los concesionarios invertir lo suficiente para garantizar servicios de calidad, lo que comprometió la capacidad productiva de la Argentina, que, antes de volver a crecer, necesitará desarrollar inversiones en todos estos sectores para evitar cuellos de botella.

10. Estancamiento económico o recesión

Todo lo dicho no puede tener otra consecuencia que un profundo estancamiento económico que comenzó en 2011, pero que ya se extendió hasta 2015 y que repercute también en una parálisis del consumo y la inversión. En definitiva, lo dicho ha resultado clave en el triunfo de Macri en la última elección, si consideramos que la gente siempre vota con el bolsillo. Este estancamiento promete extenderse también en este 2016, o incluso profundizar la crisis, una vez que se reconoce la inflación reprimida y se sincera el tipo de cambio. De hecho, la devaluación de los primeros meses de 2016 redujo el ingreso per cápita en dólares desde 14.747 a 8.920 dólares. No sorprende entonces que la presión sindical vaya creciendo con el correr de los meses.

El Gobierno argentino somete innecesariamente a la sociedad a un nivel de inflación cuyas causas ya son conocidas por todos en la profesión. Marcó del Pont o Axel Kicillof podrán discutir que el desequilibrio monetario causa inflación, pero esto choca contra uno de los mayores consensos con los que hoy cuenta la profesión. De ahí que la inflación sea un problema erradicado en casi todo el mundo. Los controles de precios también han mostrado ser una política inútil contra este proceso inflacionario. La ciencia económica desaconseja paliar la inflación con esta herramienta.

La administración kirchnerista tampoco se preocupa por el “equilibrio fiscal”, aspecto fundamental en los tratados de finanzas públicas. Mientras exista desequilibrio en este frente, el gasto excesivo deberá ser financiado por dos vías: deuda, que le es negada al gobierno por el default que lo acompaña desde sus inicios, o emisión monetaria, que justamente es la causa de las constantes subas de precios, e indirectamente también de los cada vez más frecuentes conflictos sociales y huelgas. Es simple concluir que si el déficit fiscal se agrava, bajo estas condiciones se agravará la inflación.

En el plano cambiario, el gobierno promueve un proteccionismo extremo, lo que ha provocado un llamado de atención de la OMC. Se podrá decir que todos los países aplican algún tipo de intervencionismo en el comercio internacional, pero Argentina ha abusado de esta herramienta, y ha traspasado todos los límites. Por un lado, restringe la libertad individual de que la gente acceda a la compra de divisas; por otro, impide la exportación de ciertos productos como la carne o la importación de productos básicos e insumos. La operatoria de las empresas es cada vez más compleja.

El Gobierno insiste que este modelo es inclusivo, “para todos”, pero queda claro que el proteccionismo protege a algunos a expensas de otros. Desde Adam Smith en adelante, los economistas sabemos que el mercantilismo beneficia a algunos industriales amigos, a la vez que perjudica a los consumidores que deben pagar más por productos y servicios de peor calidad.

Reconocer que los problemas de inflación, déficit fiscal, estancamiento o recesión, desempleo en aumento, conflictos sociales continuos y huelgas son la consecuencia lógica de la política económica que la actual gestión en economía provoca, debería conducir a este Gobierno o al próximo a buscar un cambio de modelo.

Concretamente, se requiere: i) un presupuesto base cero para alcanzar la eficiencia del gasto público que pueda ser sostenible en el largo plazo; ii) en base a ese nivel “óptimo” de gasto, habrá que alcanzar un nivel de recaudación tributaria que lo pueda sostener, pero si nos basamos en un “gobierno limitado” habrá espacio para eliminar los derechos de exportación y reducir el IVA a la mitad, de acuerdo a las política tributaria que la mayoría de los países aplican. Nótese que la presión tributaria argentina es la más alta de la región y llega a más que duplicar la de algunos países; iii) habrá que avanzar en eliminar las restricciones cambiarias y permitir una dolarización espontánea, si esto es lo que la gente desea. Tratar como un criminal a quien huye del peso para evitar perder poder adquisitivo constituye un verdadero crimen; iv) también será necesario recuperar el libre comercio, habilitando por ejemplo a los productores ganaderos a exportar carne, o a los importadores a contar con los insumos que necesitan para ser eficientes en los procesos de producción. Sólo de esa forma puede iniciarse un camino que nos permita competir a nivel global; v) habrá que flexibilizar el mercado laboral para que vuelvan a surgir empresas que creen empleo y terminen de una vez con esta destrucción de capital y de trabajo; vi) será fundamental avanzar hacia un federalismo real y correspondencia fiscal para que los gobernadores vuelvan a ser actores centrales en la economía argentina y abandonen su rol pasivo, terminando con el poder central que tanto daño ha hecho a las economías regionales.

Demás está decir que esta simple enunciación de políticas no intenta ser exhaustiva. Sólo comentar en esta nota periodística que un modelo diferente es posible y ya necesario, y que contradecir la ciencia económica tiene sus costos políticos y sociales. Para cerrar, vale recordar que la inflación, el desempleo creciente, la recesión o estancamiento, la fuga de capitales, el default son todos problemas que la mayoría de los países de la región no tienen por la coyuntura favorable que todavía nos acompaña.

Eduardo Duhalde intentó rescatar por ejemplo a su ministro de Economía, Roberto Lavagna, al punto de candidatearlo como una persona de experiencia para resolver la situación actual. Martín Redrado o Martín Lousteau escriben decenas de columnas críticas en las que intentan separarse del actual gobierno, cuando hace unos pocos años acompañaron el proceso. Es cierto, se podrá decir que desde 2007 Cristina Fernández de Kirchner se ocupó personalmente de profundizar ese mismo populismo que “nació” post-convertibilidad, pero cada uno de estos tres economistas tuvo su responsabilidad en la actual situación que sufrimos.

Para empezar, diré que la salida de la convertibilidad fue la peor que se podía haber diseñado. Eduardo Duhalde acusa al gobierno actual de improvisación, cuando él mismo prometió devolver dólares a quienes depositaron dólares, y sólo unos días después pesificó todos los depósitos y fue el responsable de la mayor estafa al pueblo argentino de las últimas décadas. En segundo lugar, hay que ser claros en que esa devaluación, que implicó el abandono de la convertibilidad y que hoy es vista como el comienzo de la “década ganada”, en realidad nos dejó con otra “década perdida”. Es cierto que entre 1998 y 2001 la economía estaba estancada y con alto desempleo, pero la devaluación convirtió esa crisis en una profunda depresión que hizo caer el PIB más del 10 % en 2002, además de destruir el Estado de Derecho.

A partir de 2003, la economía se fue recuperando, pero fue recién en 2008 cuando el PIB real alcanzó el nivel de 1998. Mientras Brasil o Chile emprendieron un proceso de crecimiento desde el techo alcanzado hacia fines de la década de 1990, Argentina tuvo que retroceder primero, para observar cómo en la década más afortunada en un siglo –en lo que refiere al contexto internacional-, tan sólo recuperábamos lo perdido. En pocas palabras, entre 1998 y 2008 Argentina no creció, sino que recuperó el terreno perdido por la desafortunada devaluación.

Recordemos que en 1999 hubo otra opción, que fue la dolarización propuesta por Steve Hanke y Kurt Schuler, claramente ignorada. De haberla implementado en su momento, la Argentina sería la primera economía latinoamericana en presentar un PIB per cápita de niveles europeos.

Volviendo a nuestros tres personajes de hoy, Roberto Lavagna asumió como ministro de Economía del presidente interino Eduardo Duhalde en abril de 2002, ratificado en el puesto por el presidente electo Néstor Kirchner en 2003 y desplazado en 2005 producto de disputas internas. Se destaca en general que lideró la recuperación de la economía argentina, pero durante su gestión inicia también el modelo económico vigente, que llamaremos “populismo”, caracterizado por un incremento acelerado del gasto público (especialmente en el nivel Nación), que se financió especialmente con mayor presión tributaria. Recordemos que con Lavagna como ministro de economía, ésta fue ascendiendo desde un 24 % hasta el 30 % del PIB.

Ser reemplazado por Felisa Miceli claramente no mejoró las cosas, aunque se puede decir que a partir de allí y hasta su muerte, Néstor Kirchner se mantuvo como un virtual ministro de Economía, aun con la llegada de Cristina Kirchner al poder. El nombramiento del joven Martín Lousteau como ministro de Economía en diciembre de 2007 iba en línea con esto mismo. Su margen de decisión era muy acotado, aunque cometió el incomprensible error de intentar aumentar aún más la presión tributaria que entonces estaba en el orden del 36 % del PIB. Todos recordamos su propuesta de incrementar las retenciones a las exportaciones de soja por encima del ya excesivo 35 %, que sólo se detuvo por el voto “no positivo” del vicepresidente. Más peleas internas dentro del gobierno, lo terminaron alejando en abril de 2008, y a partir de entonces se convirtió en un crítico del modelo.

El caso de Martín Redrado es un poco más complejo, ya que fue presidente del Banco Central entre septiembre de 2004 y enero de 2010. Durante su gestión jamás reconoció la inflación real, la que duplicaba y hasta triplicaba la oficial declarada por la institución que él presidía. Desde 2007 y hasta su renuncia la inflación sólo estuvo por debajo del 20 % en 2009, el año de la recesión global, al que la Argentina no pudo escapar. Redrado jamás reclamó la independencia del Banco Central, ni se negó a financiar el exacerbado gasto público del Ejecutivo, sino hasta que el oficialismo decidió apartarlo del gobierno.

En esta selección arbitraria de personajes responsables de la debacle que se viene, toca el turno ahora de Axel Kicillof. Claro, muchos dirán que Redrado y Kicillof piensan diferente y es cierto. Pero recordemos que era Kicillof quien antes de integrar el gobierno criticaba a Redrado por sus políticas inflacionarias en el Banco Central. Una vez dentro del modelo, Kicillof olvidó sus críticas, y al momento no hizo nada por corregir las contradicciones obvias de este modelo populista e inflacionario que él llama de “inclusión social”. La sensación que queda entonces es que no importa qué economistas se suman al modelo. Sin importar lo que piensen o en qué autores creen, una vez dentro del modelo se transforman en parte de él, y apoyan incluso aquello que va en contra de sus principios. Volviendo a esta última década, y con una mirada parcial, se podrá decir que hasta 2007 la economía argentina mostraba un superávit fiscal primario, que la inflación estaba controlada y que no existían los problemas cambiarios actuales, pero mi impresión es que se estaban generando las semillas de aquellos problemas que hoy sufrimos.

Y es que en la primera etapa del populismo, uno siempre observa el éxito del modelo, y especialmente cuando la economía parte de una situación deteriorada de actividad económica y empleo. Entre 2003 y 2007 entonces, el modelo populista muestra recuperación de la actividad económica, del empleo y del salario real. La continuidad del kirchnerismo era entonces obvia. Somos muchos, sin embargo, los que ya en esa etapa exitosa pedíamos cautela, y es que el gasto público empezaba a desbordarse, y las tendencias mostraban que ni el precio creciente de la soja, ni sus crecientes retenciones, podían sostenerlas.

No pasó mucho tiempo, hasta que los economistas que revisamos los datos nos empezamos a dar cuenta que la presión tributaria no cedía en su aumento constante, y al mismo tiempo, empezaba a ser normal la monetización del ahora evidente déficit fiscal primario. La aparición de los desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios caracterizan precisamente a esta segunda etapa del populismo.

Preocupados por una inflación creciente, muchos economistas empezamos a alertar de los problemas en el modelo, pero fuimos ignorados. La tercera etapa del populismo es la actual, cuando estos desequilibrios básicos se extienden y empiezan a ser evidentes para toda la población a través de la mayor suba de precios, falta de ciertos productos, y anuncios desesperados del gobierno para ocultar lo que en realidad sucede.

Si el lector se pregunta por lo que vendrá, entonces debemos hablar de la cuarta etapa, la del “ajuste”, una etapa de la que nadie quiere hablar, pero que es difícil evitar. El “ajuste” viene acompañado de una inflación acelerada, recesión, problemas de empleo, caída en el salario real y aumento de pobreza e indigencia. Los economistas científicos pedimos a quienes niegan la necesidad del ajuste que nos muestren cómo se sostiene este nivel de gasto a lo largo del tiempo, pero no hay respuesta.

Ante esta realidad, la oposición debería presentar propuestas, pero éstas brillan por su ausencia. Muchos economistas identifican los desequilibrios, pero nada dicen de que es lo que se debe hacer. Nuestra propuesta, junto a Nicolás Cachanosky, es otra vez la dolarización, porque se corrigen los tres desequilibrios, se minimizan los efectos del ajuste y se genera una regla para evitar seguir cometiendo los mismos errores. Pero está claro que esta propuesta aislada es insuficiente. Ella debe entenderse sólo como una parte de una propuesta integral que poco a poco iremos presentando para delinear la Argentina del futuro.

Ahora es el turno de Kicillof, que estratégicamente supo hacer silencio y dejar caer la imagen de su socio en el gobierno sin ver deprimida la propia. Pero él es el ministro de Economía, y las noticias no son buenas en la órbita que maneja: las reservas siguen cayendo, el dólar blue se volvió a disparar, la inflación no cesa, la escasez de productos es cada vez más visible y el desequilibrio fiscal no encuentra financiamiento.

La Argentina necesita cambios estructurales, pero la apuesta oficial -especialmente de la presidente- va por otro camino. Se trata de llegar al 2015 sin abandonar la línea que caracterizó al gobierno todos estos años. Bajo esa premisa, conjeturo que veremos un fracaso atrás de otro, con caras nuevas recurrentemente que intentarán lo imposible. Kicillof no podrá escapar a lo sucedido con sus antecesores. El problema central, una vez más, es el exacerbado gasto público. La teoría de las finanzas públicas nos enseña que para financiarlo hay tres instrumentos centrales. Impuestos, deuda y emisión.

En el primer caso, la presión tributaria ha ido aumentando incesantemente desde el comienzo del kirchnerismo. De poco más del 20% al final del menemismo a más del 40% en 2012. Este es un dato relevante que destaca la voracidad fiscal que ha caracterizado al gobierno argentino durante los últimos 10 años.

Algunos analistas creyeron encontrar el límite a la presión tributaria hace algunos años, pero el ingenio y la creatividad de este gobierno siempre encontró nuevas respuestas. Hoy muchos analistas dicen que no habrá más recursos por esta vía, aunque yo no lo veo tan claro. Este gobierno tiene una única meta, otra vez, que es llegar a 2015 sin cambiar la línea. No importa que paguemos un nivel de impuestos europeo o nórdico y recibamos servicios públicos africanos. Sólo importa evitar el ajuste a cualquier costo. Conjeturo entonces que la presión tributaria continuará su ascenso aunque resta definir qué sector de la población pagará el costo.

En el segundo caso, el gobierno buscará tomar deuda. Cinco o diez mil millones de dólares que refuercen las reservas harían la diferencia. En este sentido, Kicillof sólo hizo una cosa desde su llegada al nuevo rol en el gobierno. Trató de llegar a un acuerdo con Repsol tras la expropiación de YPF y viajó a Asia en busca de fondos. Muchos analistas destacan el “alto costo” de este potencial financiamiento, sin embargo, esto no será un limitante. Si alguien accede a prestarle dinero al gobierno y esto le permite evitar el ajuste antes de 2015, el gobierno avanzará “sin importar el costo”. Conjeturo entonces que el endeudamiento aumentará en estos dos últimos años de mandato.

Por último, la fuente de financiamiento que el gobierno viene utilizando y que también parece llegar a un límite es la de la emisión monetaria. La consecuente inflación ya está en boca de todos. El malestar social por la suba continua de precios es generalizado. Y muchos analistas concluyen entonces que no podrán seguir abusando de este “recurso”. Sin embargo, insisto, lo único que está en juego en este último período del kirchnerismo es evitar el ajuste. Conjeturo entonces que emitirán todo lo necesario para sostener el modelo. Las fuentes alternativas de financiamiento están agotadas, pero el gobierno se niega a creerlo. No habrá un cambio estructural de la política económica, y sólo decantará el modelo cuando los estallidos sociales impongan un límite. Ahora sólo podemos sentarnos a ver lo que la creatividad de Kicillof nos depara, pero aumentando a la vez la presión tributaria, el endeudamiento y la inflación, mientras la oposición va preparando propuestas estructurales que recién en 2015 iniciarán el cambio.