1. Sobreempleo público

En la última década se multiplicó excesivamente el empleo público. A nivel nacional el personal aumentó un 61%, desde 241.400 en 2003 hasta 389.830 en 2015; a nivel provincial, el incremento fue del 72%, desde 1,7 a 3 millones de personas en el mismo período; a nivel municipal, la suba fue del 110%, pasando de 379 mil en 2003 a 796.300 en 2015. En total, en el período bajo estudio, el incremento fue del 77%, pasando de 2,3 a 4,2 millones de empleados públicos.

En América Latina, la relación empleo público-población económicamente activa apenas supera el 10 por ciento. En Argentina estamos cerca de alcanzar el 20 por ciento. Duplicar esta relación por supuesto tiene un costo fiscal importante. Debemos interpretarlo como una mochila excesivamente pesada sobre las empresas privadas y una traba fundamental para la creación de empleo.

Este es quizás el elemento central de la herencia, por las dificultades institucionales para revertir el proceso, por los derechos adquiridos y por sumergir al país en un problema que ya era estructural, pero que ahora se agrava fuertemente.

2. Excesivo gasto público

Como consecuencia de lo anterior, no sorprenderemos al lector al señalar que el gasto público primario a nivel nacional se incrementó de menos del 15% en 2003 al 36,7% en 2015. Si analizamos el gasto público consolidado en los tres niveles de Gobierno, entonces el salto se observa desde el 26,2% en 2003 hasta superar el 50% en 2015.

La suba del gasto público no incluye sólo el sobreempleo público. Incluye decenas de planes, algunos más importantes que otros, pero que, más allá de la reflexión que cada uno amerite, en su conjunto llevan al Estado a una situación fiscal imposible de financiar en el largo plazo.

3. Presión tributaria récord

La voracidad fiscal de estos últimos diez años incrementó la presión tributaria desde el 24,33% hasta el 45,5% del PIB. A nivel nacional, se observa un salto desde el 19,21% del PIB en 2003 hasta el 39% en 2015. A nivel provincial, el salto, en el mismo período, fue desde 3,82% hasta 5,60% del PIB. A nivel municipal, de 1,3% a 1,75% del PIB. En síntesis, un argentino medio trabaja prácticamente seis meses del año para solventar el gasto público en los tres niveles.

Resulta paradójico que se argumente que el Estado crea empleo porque el privado no lo hace, pero se le impide al sector privado hacerlo, con esta carga tributaria sin precedentes en nuestro continente, o en la historia económica argentina.

4. Enorme déficit fiscal

Ante este escenario de asfixiante presión tributaria, sorprende que todavía exista déficit fiscal. Pero así es. Si incluimos los intereses, el 2015 cerró con un 5,8% de déficit fiscal sobre el PIB. Si quitamos la deuda interna con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) o del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), entonces el déficit fiscal es del 7,66 por ciento. Son prácticamente trescientos mil millones de pesos. Este nivel de déficit supera aquel con el que explotó la convertibilidad, que dejó al país al borde de la cornisa. Si hoy este nivel de déficit es “manejable”, es porque se accedió a deuda interna y porque la ausencia de convertibilidad permite monetizar el déficit fiscal.

5. Anses descapitalizado

Anses es una institución que, por supuesto, tiene una finalidad muy distante de aquella de financiar los proyectos de gasto público como Procrear o Fútbol para Todos. Luego de estatizar las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), Anses recuperó entre 30 mil y 40 mil millones de dólares, cuyo destino debió estar en inversiones diversificadas que permitieran cubrir de la mejor manera posible las pensiones a pagarse en el futuro, a medida que los trabajadores de la población económicamente activa se pasen al retiro. Lejos de ello, utilizar Anses para financiar el gasto público generó un vaciamiento de la institución, lo que descapitalizó las cajas de retiro y provocó una deuda interna compleja que deberá ser tratada en el futuro. Este problema está lejos de abordarse en estos cuatro años, pero será una temática a tratar en un futuro que hoy parece muy lejano.

6. Alta inflación

La sumatoria de la enorme presión tributaria y la deuda con Anses o PAMI tampoco alcanzan para cubrir el gasto público. El Gobierno necesita además monetizar el resto del déficit fiscal, con su lógico efecto inflacionario. La expansión de la base monetaria durante cada mes de 2015 superó el 30% respecto de igual mes del año anterior, pero en diciembre el alza fue del 42,4 por ciento. La suba se puede interpretar de distintas maneras, a saber, dar un impulso a la actividad económica que no despegaba o financiar un mayor nivel de gasto público como consecuencia de los gastos de campaña por la elección que llevó a Mauricio Macri a la Presidencia.

La tasa de inflación que había disminuido gracias a la contracción monetaria provocada por Fábregas volvió a aumentar una vez que se revirtió tal política. La elevada tasa de inflación actual se puede comprender como consecuencia del reacomodamiento de precios tras las reformas que el nuevo Gobierno viene aplicando, pero también se alimentó de la expansión monetaria de 2015, cuyo efecto llega con rezago en este 2016.

7. Controles de precios, subsidios y tarifas atrasadas

El Gobierno anterior luchaba contra la inflación de la peor manera que podía hacerlo. Controlando precios, persiguiendo empresarios, multiplicando subsidios y con tarifas atrasadas en los servicios públicos o en el transporte. El costo político de levantar estos controles recayó sobre el nuevo Gobierno, con un reacomodamiento difícil, especialmente en un contexto recesivo, o al menos de estancamiento económico.

8. Cepo cambiario

Entre esos controles de precios, quizás el más dañino fue el cepo cambiario, que provocó una fuga de capitales que redujo las reservas del Banco Central desde poco más de 50 mil a menos de 30 mil millones de dólares, con las conocidas discusiones aún abiertas acerca de su composición, que ponen dudas sobre la solvencia del Banco Central.

Numerosos analistas aseguraban en 2015 que las reservas netas eran cercanas a cero, una vez que se devolvían los dólares a los depositantes, o incluso se quitaban préstamos chinos en yuanes y otras deudas o asistencias de último momento que permitieron sostener la debilitada moneda nacional.

El cepo cambiario además impedía relaciones comerciales normales con el mundo, tanto en la exportación como en la importación, lo que estancaba a las economías regionales y paralizaba al sector industrial.

9. Aislamiento y déficit en infraestructura

El cepo cambiario fue asociado a una política de aislamiento que también golpeó la cuenta capital. La falta de inversión extranjera directa hizo que se perdieran, según un estudio de Libertad y Progreso, unos 32 mil millones de dólares durante el Gobierno de Néstor Kirchner, 60 mil millones de dólares durante el primer Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y 63.500 millones de dólares durante el segundo. Esta pérdida de inversiones tiene como consecuencia lógica una infraestructura débil para acompañar el desarrollo de la economía argentina.

A su vez, las tarifas atrasadas en los servicios públicos impidieron a los concesionarios invertir lo suficiente para garantizar servicios de calidad, lo que comprometió la capacidad productiva de la Argentina, que, antes de volver a crecer, necesitará desarrollar inversiones en todos estos sectores para evitar cuellos de botella.

10. Estancamiento económico o recesión

Todo lo dicho no puede tener otra consecuencia que un profundo estancamiento económico que comenzó en 2011, pero que ya se extendió hasta 2015 y que repercute también en una parálisis del consumo y la inversión. En definitiva, lo dicho ha resultado clave en el triunfo de Macri en la última elección, si consideramos que la gente siempre vota con el bolsillo. Este estancamiento promete extenderse también en este 2016, o incluso profundizar la crisis, una vez que se reconoce la inflación reprimida y se sincera el tipo de cambio. De hecho, la devaluación de los primeros meses de 2016 redujo el ingreso per cápita en dólares desde 14.747 a 8.920 dólares. No sorprende entonces que la presión sindical vaya creciendo con el correr de los meses.

La frase del ministro deja mucha tela para cortar, como cada una de sus reflexiones. ¿Qué parte es cierta y qué parte no lo es?

Lo cierto es que liberales y socialistas llegan a pocos consensos en la política económica, pero en la medida en que haya buenas intenciones, coincidirán en terminar con la corrupción y también con el favor político que el Estado ofrece a algunos empresarios. En este sentido, el pensamiento del ministro de Economía no encaja en ninguna escuela económica de pensamiento. Su política económica consiste en reemplazar al mercado y ofrecer privilegios o sanciones arbitrarias a quienes él cree que lo merecen. La igualdad ante la ley lógicamente brilla por su ausencia.

Siempre insisto en dejar de llamar Unión “Industrial” Argentina a ese grupo de seudoempresarios y seudoindustriales que se reúnen tras la Presidente para las fotos de sus discursos. ¿Qué empresario puede estar a favor de este modelo? Solo aquellos que reciben la “protección” del Estado. Pero ha sido tan gigantesco el entramado de regulaciones, favores, autorizaciones para compra de divisas, permisos de importación o exportación, subsidios, aranceles y protecciones que se extendieron en los últimos doce años, que engloba a una importante proporción de la estructura productiva.

En este sentido, el mensaje que ofrece el ministro de Economía tiene algo de cierto. Una política liberal que integre a la Argentina al mundo, que reduzca el gasto público, que elimine cepos, que termine o al menos reduzca los subsidios, que encuentre una solución a la inflación, sin duda hará caer a muchos seudoempresarios que jamás compitieron bajo reglas de mercado y más bien aprovecharon mercados cautivos, sin la competencia internacional -y en muchos casos ni siquiera la competencia local-, lo que se ha desarrollado en estos doce años a través del entramado de políticas kirchneristas que el liberal suele criticar.

¿Puede entonces haber “continuidad” en el modelo económico para preservar “la industria que supimos conseguir”? Es lo que el ministro de Economía ha intentado en toda su gestión, multiplicando controles, subsidios e intervenciones, pero sin éxito. Basta recordar la lenta pero continua caída de la industria mes tras mes a lo largo de toda su gestión para demostrar que el plan es un fracaso.

El dilema al que nos expone el ministro de Economía es claro. La “industria” no puede sostenerse, porque el modelo requiere día a día más controles y regulaciones, los que inevitablemente tienen costos que sufre la misma estructura productiva sobre la cual descansa el peso del Estado. El modelo es entonces inconsistente e inviable. Lo curioso, sin embargo, es que el ministro de Economía desea hacerle creer a la opinión pública que la culpa de esa necesaria reestructuración es del mercado y no de su propio modelo.

Una política liberal conduciría necesariamente a un ajuste inmediato de la estructura productiva, obligando a algunas empresas a una reestructuración acorde a lo que requiere la economía para reinsertarse en el mundo. Y hay dos formas de tomar este camino. De manera planificada, con políticas concretas que busquen recuperar cierta normalidad en los equilibrios fiscal, monetario y cambiario, o caer en una nueva crisis cuando la olla hirviendo, que es hoy la economía argentina, estalle por los aires y conduzca a una -ya no gradual, ni necesariamente lenta- reestructuración económica, donde numerosas pymes irán quebrando y el desempleo se irá extendiendo a toda la estructura productiva.

No podemos seguir juzgando la política económica por sus buenas intenciones. Lo cierto es que el modelo está agotado y la alta inflación y la ya extensa recesión -precisamente de la industria- son muestras del caso. La “industria que supimos conseguir” es muy débil y mantenerla en pie tiene sus costos.

En lugar de seguir creando organismos como este Consejo de Defensa a las Pequeñas y Medianas Empresas, parece mucho más rentable recuperar la igualdad ante la ley y la economía de mercado. Ningún contexto es más justo para los verdaderos empresarios que la sana competencia. El debate que nos debemos plantear es qué empresario queremos en el centro de nuestra estructura productiva.

Lo cierto es que hace algunos años los economistas en general predecimos dificultades económicas crecientes que hoy se manifiestan con claridad en desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios, los que a su vez tienen como consecuencia lógica la recesión –especialmente en la industria que acumula 20 meses de caída continua según el Estimador Mensual Industrial del INDEC-, la inflación –que sigue en niveles elevados, aun cuando haya disminuido un poco producto de la misma recesión- y un nivel de desempleo y pobreza en aumento –que él mismo se niega a medir, pero que alcanzaría a más de un cuarto de la población-. Un balance real de la gestión de Kicillof que acompañó el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner entre 2011 y 2015 mostraría las consecuencias lógicas de las políticas implementadas.

El único aspecto en el que los economistas han fallado es en lo que hace a la política cambiaria, pues muchos estimábamos que durante el verano evitaría el atraso cambiario y devaluaría, como de hecho ya había hecho a comienzos de 2014. Kicillof decidió no devaluar y con ello profundizar la recesión comentada, con su impacto negativo en la industria y en la generación de empleo.

La devaluación en sí misma abre otro debate, ya que los mismos que hoy la estimamos necesaria, en otros tiempos la rechazábamos. Y es que no creemos los economistas ortodoxos que la devaluación sea un medio adecuado para ganar competitividad, salvo que el dólar se encuentre revaluado a un nivel insostenible en el largo plazo. Si hoy comparamos el nivel de circulante en pesos argentinos con las reservas líquidas en dólares que mantiene el Banco Central de la República Argentina, el coeficiente nos conduce a un nivel bastante superior que el tipo de cambio oficial e incluso del tipo de cambio informal.

El punto es que el tipo de cambio, como cualquier precio, no debería ser fijado arbitrariamente por el gobierno, sino que debería ser la consecuencia de lo que ocurre en el mercado cambiario, es decir, en la dinámica de dólares que entran y salen del país. Cuando Argentina experimentó una fuerte fuga de capitales, la consecuencia lógica en un mercado libre habría sido la suba del tipo de cambio, pero el gobierno decidió sostener el dólar, lo que atrasó el tipo de cambio, y comprometió al sector industrial que hoy ya ni siquiera puede hacerse de las divisas necesarias para comprar insumos básicos.

Lo que pedimos los economistas ortodoxos es devolver algo de cordura a la economía, como también lo pedíamos en tiempos de Menem cuando la convertibilidad 1 a 1 generaba un atraso cambiario similar, con consecuencias idénticas sobre la actividad económica. Resulta paradójico que el mismo Kicillof cometa idénticos errores que el noventismo que siempre ataca, especialmente en lo que refiere a los desequilibrios fiscal y cambiario.

Así como Kicillof piensa en un sentido opuesto a los economistas ortodoxos, su política cambiaria también va a contramano del mundo. Mientras las monedas se fortalecían frente al dólar, el peso argentino se debilitaba. Ahora que el dólar se fortalece y las monedas de todo el mundo se debilitan contra él, Kicillof paradójicamente decide revaluar el peso, lo que a su vez profundiza la situación patrimonial del Banco Central, que en términos contables se acerca a la quiebra.

Kicillof es impredecible, pero no lo es el resultado de su política económica. Si me preguntan por lo que viene, la respuesta la debemos buscar en lo que hace el Ministro de Economía. Que su próxima política sea colocar deuda en dólares, es una manifestación de que la variable clave en su estrategia 2015 está en sumar reservas para traer calma a los mercados de cara a las elecciones. El resto de los problemas, mejor negarlos, sea que hablemos del cepo cambiario, de la sostenibilidad de los planes sociales, de la inflación, de la pobreza o de la mismísima recesión.