La frase del ministro deja mucha tela para cortar, como cada una de sus reflexiones. ¿Qué parte es cierta y qué parte no lo es?

Lo cierto es que liberales y socialistas llegan a pocos consensos en la política económica, pero en la medida en que haya buenas intenciones, coincidirán en terminar con la corrupción y también con el favor político que el Estado ofrece a algunos empresarios. En este sentido, el pensamiento del ministro de Economía no encaja en ninguna escuela económica de pensamiento. Su política económica consiste en reemplazar al mercado y ofrecer privilegios o sanciones arbitrarias a quienes él cree que lo merecen. La igualdad ante la ley lógicamente brilla por su ausencia.

Siempre insisto en dejar de llamar Unión “Industrial” Argentina a ese grupo de seudoempresarios y seudoindustriales que se reúnen tras la Presidente para las fotos de sus discursos. ¿Qué empresario puede estar a favor de este modelo? Solo aquellos que reciben la “protección” del Estado. Pero ha sido tan gigantesco el entramado de regulaciones, favores, autorizaciones para compra de divisas, permisos de importación o exportación, subsidios, aranceles y protecciones que se extendieron en los últimos doce años, que engloba a una importante proporción de la estructura productiva.

En este sentido, el mensaje que ofrece el ministro de Economía tiene algo de cierto. Una política liberal que integre a la Argentina al mundo, que reduzca el gasto público, que elimine cepos, que termine o al menos reduzca los subsidios, que encuentre una solución a la inflación, sin duda hará caer a muchos seudoempresarios que jamás compitieron bajo reglas de mercado y más bien aprovecharon mercados cautivos, sin la competencia internacional -y en muchos casos ni siquiera la competencia local-, lo que se ha desarrollado en estos doce años a través del entramado de políticas kirchneristas que el liberal suele criticar.

¿Puede entonces haber “continuidad” en el modelo económico para preservar “la industria que supimos conseguir”? Es lo que el ministro de Economía ha intentado en toda su gestión, multiplicando controles, subsidios e intervenciones, pero sin éxito. Basta recordar la lenta pero continua caída de la industria mes tras mes a lo largo de toda su gestión para demostrar que el plan es un fracaso.

El dilema al que nos expone el ministro de Economía es claro. La “industria” no puede sostenerse, porque el modelo requiere día a día más controles y regulaciones, los que inevitablemente tienen costos que sufre la misma estructura productiva sobre la cual descansa el peso del Estado. El modelo es entonces inconsistente e inviable. Lo curioso, sin embargo, es que el ministro de Economía desea hacerle creer a la opinión pública que la culpa de esa necesaria reestructuración es del mercado y no de su propio modelo.

Una política liberal conduciría necesariamente a un ajuste inmediato de la estructura productiva, obligando a algunas empresas a una reestructuración acorde a lo que requiere la economía para reinsertarse en el mundo. Y hay dos formas de tomar este camino. De manera planificada, con políticas concretas que busquen recuperar cierta normalidad en los equilibrios fiscal, monetario y cambiario, o caer en una nueva crisis cuando la olla hirviendo, que es hoy la economía argentina, estalle por los aires y conduzca a una -ya no gradual, ni necesariamente lenta- reestructuración económica, donde numerosas pymes irán quebrando y el desempleo se irá extendiendo a toda la estructura productiva.

No podemos seguir juzgando la política económica por sus buenas intenciones. Lo cierto es que el modelo está agotado y la alta inflación y la ya extensa recesión -precisamente de la industria- son muestras del caso. La “industria que supimos conseguir” es muy débil y mantenerla en pie tiene sus costos.

En lugar de seguir creando organismos como este Consejo de Defensa a las Pequeñas y Medianas Empresas, parece mucho más rentable recuperar la igualdad ante la ley y la economía de mercado. Ningún contexto es más justo para los verdaderos empresarios que la sana competencia. El debate que nos debemos plantear es qué empresario queremos en el centro de nuestra estructura productiva.

En este artículo sólo podré concentrarme en este último punto, el que ha sido tratado ampliamente en un libro del catedrático español Jesús Huerta de Soto titulado “Socialismo, cálculo económico y función empresarial”. El libro cuenta con más de 400 páginas, pero el lector puede acceder a una reseña que personalmente escribí sobre este debate, y que fuera publicado en la revista Cuadernos de Economía (Vol. 30, Nº 54), de la Universidad Nacional de Colombia. El argumento básico explica que en un mundo de incertidumbre y conocimiento disperso, la propiedad privada es necesaria para dar lugar a los precios, pues sólo ellos pueden permitir a los empresarios advertir de ganancias y pérdidas en sus proyectos de inversión, y con ello asignar con relativa eficiencia los recursos escasos. Más en limpio, si no tenemos propiedad privada de los medios de producción, no tenemos mercados para esos medios de producción. Sin mercados para esos bienes de producción, no habrá precios. Sin precios, los empresarios no pueden advertir si sus proyectos de inversión son rentables.

Si algo funciona -aún en el capitalismo intervenido- es precisamente ese proceso de prueba y error, en donde los empresarios van probando distintas inversiones, y sólo cuando son rentables, los proyectos se mantienen. Ganancias y pérdidas contables representan una información en el mercado acerca de si estamos asignando bien o mal los recursos. Y vale recordar que esos resultados son consistentes con la soberanía del consumidor, donde gana el que sabe satisfacer las necesidades del consumidor, y pierde el que no logra la demanda de sus consumidores. El socialismo propone terminar con la propiedad privada, terminar con estas señales de mercado, terminar con la función empresarial y reemplazar todo ello por la propiedad pública de los medios de producción. Aquí se abren un abanico de opciones, pero nunca ha quedado claro qué es lo que en definitiva proponen los socialistas. Y el problema es que el propio Marx careció de una propuesta concreta de cómo funcionaría el socialismo.

De un lado, se propone que el gobierno administre públicamente esos medios de producción, como de hecho ocurrió en Alemania Oriental, en Rusia o actualmente es en Cuba. Aquí los problemas son al menos dos. Primero, como señaló el Premio Nobel en Economía James M. Buchanan –recientemente fallecido- el gobierno puede no tener los mejores incentivos para administrar “solidariamente” estos recursos. Si asumimos que los individuos siempre persiguen su propio beneficio, ¿por qué vamos a suponer que las personas que lleguen al poder van a tender a interesarse por el “bien común”? Buchanan insistía en que lo más probable es que estas personas tiendan siempre a alejarse de ese “bien común” y persigan más bien su propio beneficio y de aquellos a quienes representan, o que han financiado sus campañas electorales. Cuando uno mira la Argentina, ¡cuánta razón tenía!

El segundo problema fue mencionado por otro premio Nobel en Economía, en este caso, Friedrich Hayek. Si aceptamos que el problema económico consiste en advertir cuáles son los bienes y servicios que deben producirse, en qué cantidad y calidad y de qué manera distribuirlos, debemos comprender que ese “conocimiento” no es dado a nadie en particular. Los bienes y servicios que necesitamos producir son los que la gente quiere. Y ese conocimiento está disperso en la sociedad, en las preferencias individuales de cada sujeto, en la forma de bits de información que cada uno tiene en su propia mente. ¡Es información no revelada! Salvo que permitamos que la gente demande y comunique esa información a los empresarios a través de los precios, precisamente.

Los socialistas del siglo XXI han dado un paso atrás. Ahora se hacen llamar “socialistas de mercado”, y afortunadamente han dejado de sugerir la propiedad pública de los medios de producción. En realidad se han dado cuenta de que nada es mejor que permitir que la producción de bienes y servicios la lleve adelante el mercado, lo que se traduce en alimentos, ropa y todo tipo de bienes y servicios en calidad y bajos precios, lo que es resultado precisamente del proceso competitivo.

La discusión ahora se resume al rol del Estado. El “socialista de mercado” o aquellos que buscan un mayor “Estado de bienestar” piden un Estado que, paradójicamente, “intervenga”, que ofrezca “bienes públicos”, que evite o minimice “externalidades negativas” y subsidie las “externalidades positivas”. Que aplique “políticas antimonopólicas” y “redistribuya los ingresos” de manera conveniente. Lo que no han advertido aún es que ese Estado al repartir la torta se queda con una porción enorme de la renta para beneficio propio, lo que impide la reinversión de quienes la generan -creando potenciales puestos de trabajo- y dejando a las clases más desfavorecidas sin salida.

Dirán algunos pocos socialistas que este “socialismo de mercado” no es socialismo. Yo estoy de acuerdo. Dirán otros socialistas que la propuesta ideal tampoco es la propiedad pública de los medios de producción, sino la propiedad “comunal” de los medios de producción. En este caso se trataría de pequeñas comunidades de personas que manejarían las “empresas”, y  nótese que estas comillas no son arbitrarias. En tal caso las preguntas sin respuesta son cuantiosas. ¿Cómo se distribuyen los ingresos de esta empresa? Se dirá, quizás, que se lo hará igualitariamente, según las horas trabajadas. ¿Ganará lo mismo un ingeniero que un obrero? ¿Qué incentivo tendrá el ingeniero para capacitarse si finamente sus ingresos serán iguales? ¿Qué incentivo tendrá un obrero para trabajar eficientemente si los otros obreros no lo hacen? “Conocimiento” e “incentivos” son los dos grandes problemas del socialismo. Dejemos el socialismo para otro mundo. ¡Y por favor, dejemos de destinar tinta a un debate acabado!