En la entrevista arremetió una vez más contra los economistas ortodoxos, defendió la política de desendeudamiento, de reindustrialización y de inclusión social, enfatizó el fuerte crecimiento económico que el país experimentó desde 2003, recordó la recuperación de YPF y Aerolíneas Argentinas. Se apoyó sobre ciertos economistas como Miguel Ángel Broda, Orlando Ferreres y Carlos Melconian para señalar que la economía está bien, creciendo un 1 %, que la inflación se desaceleró de un 40 % a un 25 % -sin recetas ortodoxas-, que las reservas están estables, que no hay problemas con los vencimientos de deuda, lo que deja una buena herencia para el próximo Gobierno, garantizando continuidad del modelo luego de 2015.

Cuando se le cuestionó el bajo crecimiento, el ministro de Economía explicó el complejo contexto internacional que nos acompaña, con caída en los precios de los commodities, con las locomotoras de China y Estados Unidos bajo ciertas dificultades y con Brasil en recesión.

Es precisamente ese contexto el que lo obligó a decidir aplicar una política contracíclica desde principios de 2014 para estimular el consumo interno mediante planes y programas, apoyado en un supuesto consenso de los economistas en las recetas keynesianas que se presentan en todos los manuales de macroeconomía y política económica.

Dejando de lado los discutibles números del ministro de Economía -que él mismo se ocupó de criticar antes de asumir funciones oficiales-, presentaré a continuación mis problemas con su administración de la política económica, que se pueden resumir en ocho puntos fundamentales.

1. No hubo crecimiento, sino recuperación.

El ministro de Economía enfatiza que la economía argentina duplicó el PIB en dólares desde 2003 a la fecha. Este puede ser un dato cierto, pero sesgado. La Argentina no logró en este período expandir su capacidad productiva, sino tan solo recuperar la actividad económica de la devaluación de 2001. En términos económicos, la receta de “impulsar la demanda para crecer” puede tener resultado visibles mientras hay capacidad ociosa, pero una vez que la economía se acerca al pleno empleo, el crecimiento económico solo puede ser generado a través de un proceso de ahorro e inversión. Tomando en cuenta que el propio ministro solo administró la política económica de este último Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el rumbo debió cambiar desde el consumo a la inversión, y sin embargo, se sostuvo en una dirección -con un diagnóstico equivocado-, manteniendo el relato de 2001, cuando la realidad que le tocó enfrentar ya era diferente.

2. La recuperación está basada en un enorme gasto público que empuja la demanda y crea empleo público, el que no se puede sostener en el tiempo.

El tamaño del Estado, medido como gasto público sobre PIB, ha alcanzado una proporción que es récord en el continente, y que no puede financiarse ni siquiera con la mayor presión tributaria de nuestra historia, que a la vez es récord en el mundo. Devolver a la Argentina a un nivel de gasto sostenible y reducir la presión tributaria a niveles normales solo puede dejar un alto desempleo y una nueva recesión que pone en duda el éxito del modelo. La Argentina se encuentra en el dilema de sostener la burbuja del gasto público, pero sin crecimiento económico, o equilibrar las finanzas públicas pero a costa de un alto desempleo estructural cuya solución fue solo temporal. Si en lugar de crear estas proporciones de empleo público, la economía argentina hubiera alentado realmente la inversión privada, entonces el aprovechamiento de esta década dorada para la región habría sido de largo plazo y el problema de desempleo estructural habría empezado a recibir una solución más genuina.

3. Comete los mismos errores del menemismo, multiplicando el déficit.

El ministro de Economía no pierde oportunidad para identificar las comparaciones entre el kirchnerismo y el menemismo, pero esto constituye una falsa dicotomía. Ambos modelos surgen del mismo partido político, pero lo más importante es que ambos han cometido el mismo error fundamental, que -como bien explicó- nos obsesiona a los economistas ortodoxos. Nos referimos al déficit fiscal. El ministro de Economía reconoció en la entrevista un déficit fiscal financiero de 3,7 % del PIB para 2014, el que dijo ser más bajo que el de Estados Unidos (4,2 %), Brasil (5,2 %) y el promedio de la región (4,9 %). Sin embargo, y sin entrar a cuestionar “sus” números, no es menor que la Argentina mantenga este déficit después de la enorme carga tributaria que señalamos con anterioridad, además de que los analistas pronostican que el déficit para este 2015 estará entre un 6 % a un 8 % del PIB. Este nivel de déficit aun está algo lejos de aquel que condujo a la economía argentina al Rodrigazo (12,1 %) y el fin de la tablita de José Martínez de Hoz (11,3 %), pero se acerca a aquel que condujo a la hiperinflación de 1988-89 (8,5 %) y al fin de la convertibilidad (7 %).

4. La política del desendeudamiento es un mito, si consideramos la deuda interna con el Banco Central y Anses.

El ministro de Economía muestra como un logro del oficialismo el bajo nivel de deuda externa sobre el PIB. Es un dato que debemos reconocer. Sin embargo, este resultado no se generó por medio de una política conservadora, sino por haber financiado el mencionado déficit fiscal con otras alternativas, como ser la emisión monetaria del Banco Central y los recursos de Anses. Lo dicho ha generado un Banco Central en quiebra bajo cualquier estándar contable, además de la mayor inflación del continente -después de Venezuela-, y de hipotecar el futuro de la población activa, gastando incluso los 30.000 millones de dólares que estaban en manos de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) al momento de la nacionalización. Resulta curioso que parte de los logros del kirchnerismo son herencia directa del menemismo, pues se han gastado los recursos ahorrados en la década anterior y se ha apoyado el “crecimiento” de esta década en la infraestructura que expandió el Gobierno anterior.

5. La inflación no es necesaria.

El ministro de Economía lanzó una inflación estimada del 18 %, pero al margen de este número discutible, enfatizó que la oposición redujo sus estimaciones de 40 % a 25 %. Es cierto que la inflación se desacelera en este último año, sin embargo, surgen dos cuestiones para señalar. Por un lado, que la desaceleración de la inflación va acompañada de una desaceleración de la actividad económica, mostrando en este último Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner un preocupante estancamiento económico, con pérdida de empleo. Por otro lado, el ministro de Economía parece estar convencido de que la inflación -a estos niveles- es necesaria, lo que obliga a los argentinos a convivir con una moneda enferma, que afecta y reduce el potencial de crecimiento de los próximos años.

6. La devaluación es una consecuencia inevitable por la enorme expansión de la circulación y el bajo nivel de reservas.

Con estos niveles de inflación que el ministro de Economía reconoce, la dolarización espontánea es una consecuencia obvia. Pretender que la gente acepte la pesificación porque existe “estabilidad en la política económica”, que genera a su vez una “inflación estable” superior al 20 %, es confundir causalidad. Si realmente deseamos la pesificación, debemos empezar por la estabilidad monetaria, que el Ministro de Economía declaró que es un aspecto secundario como objetivo de política económica. Si a la vez tenemos en cuenta la relación pesos en circulación frente a dólares en reservas netas del Banco Central, la tendencia ofrece un tipo de cambio de largo plazo superior a $ 20, que es lo que -en definitiva- marca la expectativa del mercado. Quienes hoy especulamos con una devaluación, lo hacemos porque entendemos que es una consecuencia inevitable de la política monetaria del Banco Central, que solo se puede postergar a costa de seguir perdiendo reservas, aun con innumerables cepos que la economía ya no puede soportar.

7. El tipo de cambio que importa es el real, no el nominal.

En este aspecto, preocupa además la comparación que hace el ministro de Economía con Brasil. Mientras Argentina pasó el tipo de cambio oficial de 3 a 9 pesos por dólar, en Brasil pasaron de 4 reales por dólar -cuando asume Lula da Silva- a 3,30 reales por dólar hoy, comparación que ilustró para identificar su problemática apreciación cambiaria. Habría que señalarle al ministro de Economía, sin embargo, que la evolución del tipo de cambio nominal no representa nada, y menos aun en un país como Argentina, donde la inflación ha tenido valores elevados. Reconocer esta situación lo llevaría a comprender que la misma apreciación cambiaria que criticó en Brasil es la que sufre hoy la economía argentina, y no como consecuencia del desarrollo productivo, sino como consecuencia de la política económica elegida.

8. La “fatal arrogancia” de creer que se puede controlar todo el mercado.

El ministro de Economía señaló que es natural que los importadores soliciten un dólar más barato, mientras los exportadores pretenden un dólar más caro. Ofreció el ejemplo de un industrial que resultó librecambista para el insumo, pero proteccionista para el producto. A partir de allí justificó el proteccionismo, los cepos y una política económica selectiva, dirigida y coordinada por él y su equipo. Esto atrasa el debate de política económica, por lo menos, hasta 1810, cuando Manuel Belgrano enfrentó los intereses creados de todos aquellos que se veían favorecidos por la política económica de la colonia. También cae el ministro de Economía en la fatal arrogancia de creer que realmente puede controlar todas las operaciones del mercado. El ministro de Economía no parece saber distinguir entre empresarios y pseudoempresarios, o entre industriales y pseudoindustriales. El objetivo de la política económica debería estar basado en la igualdad ante la ley, lejos del clientelismo político y tendría que dar lugar -de una buena vez- a los empresarios en serio, sean chicos o grandes.

Cierro con las sabias palabras de Frédéric Bastiat (1850): “Yo, lo confieso, soy de los que piensan que la capacidad de elección y el impulso deben venir de abajo, no de arriba, y de los ciudadanos, no del legislador. La doctrina contraria me parece que conduce al aniquilamiento de la libertad y de la dignidad humanas.”

En la Argentina de hoy la crisis que viene será asociada a la burbuja del gasto público, que se fue gestando desde 2003 y especialmente a partir de los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, con sucesivos planes y programas.

Sin ánimo de ser exhaustivo, aunque presentados cronológicamente, recordamos ya en agosto de 2003 el Plan Manos a la Obra de Néstor Kirchner, seguido por la prolongación del Programa Remediar, la creación del Museo de la Memoria, el Plan Federal de Salud, el Plan Nacer Argentina, el Plan Espacial Nacional, el Programa de Becas del Bicentenario, el Programa de Apoyo de Infraestructura Universitaria, el Programa Argentina Trabaja, Fútbol para Todos, la asignación universal por hijo, el Fondo del Bicentenario para pagar la deuda externa, el Programa Conectar Igualdad, el Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario, Pakapaka, Tecnópolis, la recuperación de YPF, Procrear, el Programa Sumar (que fue una ampliación del Programa Nacer) o el Plan Raíces, entre otros.

Tres críticas presentamos los economistas a estos programas.

En primer lugar, que varios de estos programas y planes no se presentan como temporarios -mientras duró la crisis de 2002, con más de un 50 % de pobres y más de un 20 % de desempleados-, sino como continuos, garantizando a mucha gente una serie de ingresos que perdurarán en el tiempo. Esto evita que los beneficiarios tengan incentivos para buscar por sí mismos la generación de ingresos que les permitan abandonar esta dependencia del Estado. Más grave aún ha resultado el caso en que muchas personas rechazan posibilidades de trabajo para no perder un plan del Gobierno.

En segundo lugar, preocupa la sustentabilidad del gasto público total, el que no puede mantenerse aun con la mayor presión tributaria de la historia argentina, requiriéndose ahora de emisión monetaria para cubrir la brecha entre ingresos y gastos, y sometiendo a toda la población a niveles elevados de inflación. Axel Kicillof inició un proceso de ajuste por la vía de la inflación, pero el costo político de su sucesor será elevado, lo que puede implicar problemas de gobernabilidad para quien ocupe el sillón de Rivadavia en 2016.

En tercer lugar, desconocer que mucho de lo que estos programas hacen el mercado podría hacerlo por sí solo y de manera mucho más eficiente. Esto se vincula con el primero de los puntos planteados. Basta observar a nuestros países vecinos, con niveles de desempleo y pobreza radicalmente inferiores a los de Argentina, para comprender el daño que estos planes y programas le hacen a la población. Esto se vincula al debate que la Presidente ha querido abrir en distintos discursos -sobre qué Estado queremos-, pero al que nadie de la oposición atendió. Personalmente, pienso que el objetivo final debería ser que los argentinos tengan trabajo, ingresos propios, y a través de ese ingreso y el acceso a crédito puedan adquirir su casa, su auto o incluso pagar por los bienes y los servicios que deseen consumir, sean estos remedios, computadoras o incluso fútbol. En la medida en que esto se vaya logrando, el Estado debería ir reduciendo su tamaño, desmantelándose muchos de los programas y los planes o también los ministerios y las secretarías que este Gobierno ha creado. Que en esta “década ganada” el proceso haya sido contario a este ideal es una muestra de que hemos tomado el camino inverso al deseado. Que Daniel Scioli esté pensando hoy en crear nuevos ministerios y secretarías también es un camino opuesto al deseado.

Los economistas no exigimos un cambio hacia la anarquía y la desaparición inmediata de todos los planes sociales y programas, y menos aún en las condiciones de la Argentina en 2002 o 2003, sino un llamado de atención a los excesos de gasto que el kirchnerismo ha iniciado y el costo político y social que puede implicar revertir este proceso.

Tal como ocurrió en sucesivas crisis económicas, la Argentina no podrá retornar al crecimiento hasta que desinfle la burbuja del gasto público. Si la fase de desarrollo requiere inversión, como definió recientemente Miguel Bein -el asesor principal de Daniel Scioli-, y como sostiene también el equipo económico de Mauricio Macri, debemos tomar conciencia de que nadie querrá invertir en un país que mantiene un nivel de gasto público en torno al 50 % del PIB, con una inflación que supera -al menos- el 20 %, cuya presión tributaria es récord de todo el continente y que aún mantiene un déficit fiscal del 7 %-8 % del PIB.

Ahora es el turno de Kicillof, que estratégicamente supo hacer silencio y dejar caer la imagen de su socio en el gobierno sin ver deprimida la propia. Pero él es el ministro de Economía, y las noticias no son buenas en la órbita que maneja: las reservas siguen cayendo, el dólar blue se volvió a disparar, la inflación no cesa, la escasez de productos es cada vez más visible y el desequilibrio fiscal no encuentra financiamiento.

La Argentina necesita cambios estructurales, pero la apuesta oficial -especialmente de la presidente- va por otro camino. Se trata de llegar al 2015 sin abandonar la línea que caracterizó al gobierno todos estos años. Bajo esa premisa, conjeturo que veremos un fracaso atrás de otro, con caras nuevas recurrentemente que intentarán lo imposible. Kicillof no podrá escapar a lo sucedido con sus antecesores. El problema central, una vez más, es el exacerbado gasto público. La teoría de las finanzas públicas nos enseña que para financiarlo hay tres instrumentos centrales. Impuestos, deuda y emisión.

En el primer caso, la presión tributaria ha ido aumentando incesantemente desde el comienzo del kirchnerismo. De poco más del 20% al final del menemismo a más del 40% en 2012. Este es un dato relevante que destaca la voracidad fiscal que ha caracterizado al gobierno argentino durante los últimos 10 años.

Algunos analistas creyeron encontrar el límite a la presión tributaria hace algunos años, pero el ingenio y la creatividad de este gobierno siempre encontró nuevas respuestas. Hoy muchos analistas dicen que no habrá más recursos por esta vía, aunque yo no lo veo tan claro. Este gobierno tiene una única meta, otra vez, que es llegar a 2015 sin cambiar la línea. No importa que paguemos un nivel de impuestos europeo o nórdico y recibamos servicios públicos africanos. Sólo importa evitar el ajuste a cualquier costo. Conjeturo entonces que la presión tributaria continuará su ascenso aunque resta definir qué sector de la población pagará el costo.

En el segundo caso, el gobierno buscará tomar deuda. Cinco o diez mil millones de dólares que refuercen las reservas harían la diferencia. En este sentido, Kicillof sólo hizo una cosa desde su llegada al nuevo rol en el gobierno. Trató de llegar a un acuerdo con Repsol tras la expropiación de YPF y viajó a Asia en busca de fondos. Muchos analistas destacan el “alto costo” de este potencial financiamiento, sin embargo, esto no será un limitante. Si alguien accede a prestarle dinero al gobierno y esto le permite evitar el ajuste antes de 2015, el gobierno avanzará “sin importar el costo”. Conjeturo entonces que el endeudamiento aumentará en estos dos últimos años de mandato.

Por último, la fuente de financiamiento que el gobierno viene utilizando y que también parece llegar a un límite es la de la emisión monetaria. La consecuente inflación ya está en boca de todos. El malestar social por la suba continua de precios es generalizado. Y muchos analistas concluyen entonces que no podrán seguir abusando de este “recurso”. Sin embargo, insisto, lo único que está en juego en este último período del kirchnerismo es evitar el ajuste. Conjeturo entonces que emitirán todo lo necesario para sostener el modelo. Las fuentes alternativas de financiamiento están agotadas, pero el gobierno se niega a creerlo. No habrá un cambio estructural de la política económica, y sólo decantará el modelo cuando los estallidos sociales impongan un límite. Ahora sólo podemos sentarnos a ver lo que la creatividad de Kicillof nos depara, pero aumentando a la vez la presión tributaria, el endeudamiento y la inflación, mientras la oposición va preparando propuestas estructurales que recién en 2015 iniciarán el cambio.

Llegué a cuarto año en el 2000 y tuve que elegir dos materias optativas. La lista era extensa y la elección era difícil pues estaban “Cálculo financiero”, “Mercado de capitales”, “Economía agraria”, “Instituciones al derecho público” y “Economía marxista”, entre muchas otras. Para ese entonces mi formación ya era más rica, o al menos, puedo decir, me había acercado bastante más a Keynes, Friedman y Hayek. El mérito de ese “enriquecimiento” debo decir que no se lo debo a la UBA, sino a seminarios privados que tuve la suerte de cursar en UCEMA, ESEADE y UCA, y gracias al esfuerzo de fundaciones privadas. Desde joven me interesó la economía comparada, conocer los argumentos de ambos lados. Fue así que decidí optar por “Economía marxista”, dictada en ese momento por Pablo Levín y su ayudante, Axel Kicillof.

Pablo Levín era un hombre mayor y participó muy poco del curso. Recuerdo sólo dos cosas: 1) recomendó su libro sobre “El capital tecnológico”, publicado en Ed. Catálogos (1997); 2) su explicación de la teoría del valor de Aristóteles. Explicó que para Aristóteles el intercambio sólo podía ser justo si las dos cosas que se cambiaban tenían exactamente el mismo valor. Y luego pidiendo disculpas por el término que utilizaría dijo que salvo “una puta casualidad” las cosas que se intercambian nunca tienen el mismo valor. Muy rápidamente Levín pasó a ser un mito para mí.

Pero el curso tuvo su valor. Es que Axel Kicillof ofrecía la claridad que a Levín le faltaba. Recuerdo que llegó con El capital y nos preguntó qué preferíamos: si estudiarlo completo, o dedicar atención sólo a los primeros capítulos, haciendo un análisis muy profundo, de tal modo que después cada uno pueda recorrer el camino por su cuenta en los años siguientes. Pero antes de escuchar una respuesta, sugirió tomar este segundo camino. Recuerdo haber sido el único que prefería estudiarlo completo. Aprobé el curso con una síntesis crítica del capítulo I de El capital –sobre mercancía-, pero no recibí ningún comentario.

En 2002 terminé la licenciatura, pero siempre seguí a Kicillof de cerca. Puedo confirmar su militancia constante dentro de la Facultad y el reconocimiento general que adquirió como académico. Constantemente ofrecía talleres de lectura para los estudiantes, profundizando en autores clásicos como Adam Smith, David Ricardo, Alfred Marshall, John Maynard Keynes y hasta el mismo Karl Marx. El Centro de Estudiantes siempre lo apoyó. Recuerdo que defendió su tesis doctoral sobre los “Fundamentos de la Teoría General”, para lo cual realizó extensas investigaciones entre 1998 y 2005. No pude asistir a ella, pero compré el libro que publicó en 2007 y que lleva ese título, y de hecho, suelo recomendarlo a mis alumnos cuando hago alguna referencia a Keynes o su Teoría General. Si uno se pregunta por qué un libro tan confuso, mal escrito e inconsistente -según indican los especialistas- tuvo tremendo impacto, en este libro puede encontrar una respuesta.

Kicillof fue uno de los pocos jóvenes que en la UBA obtuvo cargos docentes en forma constante. Domina la microeconomía, también la macroeconomía y la teoría monetaria y es un experto en la historia del pensamiento económico. Diré que es de los pocos académicos que intenta ignorar los manuales tradicionales y, en su lugar, va a las fuentes, algo que aprendió del mencionado Pablo Levín. Recuerdo que hace unos años recibí un correo electrónico suyo convocando a un taller de lecturas en la misma UBA para desarrollar una “Macroeconomía marxista”. En ese momento yo mismo elaboraba mi tesis doctoral, y trataba de incluir un estudio comparado de los distintos enfoques macroeconómicos. Incluía la macroeconomía del trabajo de Keynes, también la macroeconomía del dinero de Friedman, las expectativas racionales de Lucas y la macroeconomía del capital de Hayek-Garrison, pero nada sobre Marx. Asistí al evento, pensando que podía enriquecer mi tesis con ello.

La reunión tuvo lugar en un subsuelo de la Facultad y recuerdo que asistieron unas 60 personas, con una importante “vocación marxista”. Circularon panfletos y comentarios en extremo anticapitalistas, a los cuales no estaba muy acostumbrado. La presentación introductoria de Kicillof no podía dejar de ser histórica y no podía dejar de criticar los programas de estudio que no incluían a Marx todo lo que él hubiera querido. Recuerdo haber dicho que estaba en desacuerdo, pues yo mismo era egresado de la UBA y no había estudiado otra cosa que Marx-Keynes, pero se me ignoró. A los pocos minutos se habló del marginalismo de Menger-Jevons-Walras, y recuerdo que Kicillof me preguntó si estaba bien decir que Menger era neoclásico. Le dije que no, pero también me ignoró y siguió adelante. Kicillof ya me reconocía como a un austriaco. Después de esto tuvimos un diálogo por mail donde le envié el artículo sobre el Methodenstreit de Jesús Huerta de Soto, para que observe las diferencias entre la Escuela Austriaca y la Escuela Neoclásica, pero si bien me lo agradeció, nunca supe si lo leyó.

También recuerdo un debate entre Juan Carlos de Pablo y Juan Carlos Cachanosky que tuvo lugar en ESEADE en 2006, para discutir la relevancia de la Teoría General de Keynes, después de 70 años de su publicación. Kicillof estaba sentado al fondo y al terminar me le acerqué para consultar su opinión sobre esta discusión. Su comentario resumía que había tenido un inesperado bajísimo nivel. Por supuesto que yo disentía, pero las críticas a Keynes habían sido muy fuertes y el público era tan hostil a sus ideas como lo fueron aquellas de la UBA con las mías.

En 2010 publicó otro libro que también compré y recomiendo a los interesados en el campo de estudio: Siete lecciones de historia del pensamiento económico. No mucho tiempo después, Kicillof pasó a ocupar un cargo en el Directorio de Aerolíneas Argentinas. Me sorprendió mucho, pues lo consideraba un académico serio (aun sabiendo que no tiene numerosas publicaciones en revistas científicas bien rankeadas). Por supuesto que estábamos y estamos en las antípodas, pero no podía imaginarme a un intelectual en dicho cargo. Seguí bastante los debates en torno a Aerolíneas Argentinas, interesado particularmente en escuchar sus argumentos. Se lo criticó por los déficits anuales que acumulaba la compañía, pero él siempre argumentó que tomó una empresa en quiebra con 10.000 millones de dólares de déficit, el que se fue reduciendo año a año. Explicó que una aerolínea de bandera siempre iba a perder dinero, pues el objetivo no es ganarlo, ni equilibrar las cuentas, sino conectar a todas las provincias del país, aun aquellas en donde mantener los vuelos no es rentable. De allí surgió mi pedido de una política de cielos abiertos, debate que aún está fuera de discusión. También recuerdo informes suyos criticando al INDEK, pero desde que se acercó al kirchnerismo no volvió a emitir opinión sobre esta institución, ni volvió a mencionar sus propios informes.

Desmintió varias veces el cargo de ministro de Economía que le imputaban los medios, pero hoy ya ocupa el cargo de viceministro y tiene un acercamiento e impacto real sobre las decisiones de la presidente. Su exposición pública va en aumento y lógicamente no pierde la claridad que lo caracteriza. Al contrario de la política tradicional, Kicillof es una persona de ideas claras. Si accede a una entrevista, le cuesta mentir, no puede ser confuso y es muy transparente. Hace sólo unos días le preguntaron sobre la estatización de las pensiones y de YPF. Con mucha naturalidad explicó que lo único que se está haciendo es revertir el proceso tomado durante el “noventismo neoliberal”, con su apertura irracional y con sus “salvajes” privatizaciones, para devolverle al Estado las funciones que puede y debe cumplir.

Como se ve, el debate es de filosofía política, de libro de texto. ¿Qué funciones debe cumplir el Estado? Detrás del noventismo y del kichnerismo hay diferentes respuestas, y se procede en consecuencia, sin atender en ninguno de los dos casos a la Constitución Nacional, ni a las instituciones. Son las ideas, entonces, las que hoy nos permiten entender que este proceso de estatizaciones apenas está comenzando. Lo único que le pido a los lectores es que no caigan en el fatal error de pensar que noventismo y kichnerismo son las únicas opciones. Insisto en conjeturar que el desenlace de este modelo no será muy diferente del anterior.

Bajo el “constitucionalismo popular” se dice que “cada proyecto nacional requiere de un régimen constitucional que lo exprese, que consolide los derechos conquistados y a la vez proyecte el país en que quiere vivir.” El constitucionalismo popular que hoy se plantea desde agrupaciones y organizaciones políticas, sociales y sindicales, es un paso más para hacer la ley en beneficio propio. Se busca ajustar o amoldar la reforma constitucional a las prácticas del actual gobierno en el modelo económico vigente. De lo que se trata realmente es de legitimar aquello que hoy es inconstitucional: la expropiación de las pensiones, la nacionalización de YPF bajo un procedimiento inadecuado, la prohibición de comprar divisas en el mercado y de ahorrar o gastar los ingresos ganados en base al esfuerzo propio en lo que uno desee, una posible nueva reelección, entre tantas otras.

En definitiva, el constitucionalismo popular se opone al verdadero sentido del constitucionalismo, y a muchos de los avances de las ciencias políticas, o incluso a lo que hoy se conoce como el análisis económico de la política o “Public Choice”, aniquilando el sentido de que las naciones cuenten con una constitución.

Tomando una selección de textos fundamentales de las ciencias políticas, podemos recordar que Thomas Hobbes justificaba en 1651 la existencia del Estado explicando que en su ausencia prevalece el “estado de naturaleza” o de guerra de “todos contra todos”, ahuyentando los incentivos para la creación de una industria, “ya que su futuro es incierto”. En tal estado, la vida sería “solitaria, pobre, desagradable, brutal y breve”.

John Locke, en sus ensayos sobre el gobierno civil de 1690, compartía con Hobbes la necesidad de abandonar tal estado de naturaleza; sin embargo, entendió que éste justificaba las monarquías absolutas, carentes de cualquier límite al poder. Locke entendía que “los hombres se unen en comunidades políticas y se ponen bajo el gobierno de ellas para preservar su propiedad”, pero deben crear una ley conocida, fija, promulgada, recibida y autorizada por común consentimiento para resolver controversias. Locke, incluso, advertía la necesidad de que el gobierno se rija por normas del legislativo y no por decreto, dictados repentinos y resoluciones arbitrarias.

Montesquieu continuó la tradición de “controlar al Leviatán”, mediante la división de poderes. En sus escritos sobre el espíritu de las leyes de 1748 explicaba que “todo hombre investido de autoridad abusa de ella”, y agregaba que “cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo cuerpo, no hay libertad”. Montesquieu también comprendió la necesidad de la democracia e insistió en que “todos los ciudadanos de los distintos distritos deben tener derecho a la emisión de voto para elegir su diputado”.

Hamilton, Madison y Jay agregaron en “El Federalista” de 1787 y 1788 la necesidad de una constitución, respetando además cierto federalismo. La constitución federal no abolía a los gobiernos de los estados provinciales, sino que los convertía en parte constituyente de la soberanía nacional, manteniendo autonomía y permitiéndoles estar representados directamente en el Senado. “Los poderes delegados al gobierno federal por la constitución propuesta son pocos y definidos”, lo que implicó un chaleco de fuerza para el abuso del poder.

La división de poderes, la democracia, el federalismo, planteados en una constitución permitió que las industrias de muchas naciones florecieran, mientras el poder se encontró limitado. Juan Bautista Alberdi fue quien tomó precisamente esta tradición de controlar el abuso del poder absoluto y plasmó el resultado de dichos debates en sus Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina de 1852, lo que un año más tarde dio origen a la Constitución Nacional original de 1853. Sobre dichas bases se fomentó la inmigración y surgió el modelo agro-exportador que enriqueció al país por varias décadas.

El poder, sin embargo, buscó romper con las cadenas del liberalismo clásico, y muy pronto comenzaron las reformas constitucionales. Ya en 1850 Frédéric Bastiat escribió un corto ensayo titulado “La Ley”, donde explicaba que ésta no siempre es legítima. La ley muchas veces puede desviarse de su misión verdadera, es decir, en lugar de garantizar los derechos de propiedad, violarlos. En tal caso, cada clase querrá hacer la ley, sea para defenderse de la expoliación, sea para organizarla en provecho propio.

La Argentina no fue la excepción, y desde entonces cada gobierno elegido por el pueblo se sintió legitimado para hacer sus propias normas, o simplemente ignorar las existentes. A las reformas constitucionales de 1860 (que permitió la incorporación de Buenos Aires a la unidad nacional), le siguieron otras en 1866, 1898, 1949, 1957 y 1994. La democracia, la división de poderes, el federalismo, plasmados en la constitución, recibieron cierta atención y cumplimiento hasta la década de 1930, pero desde entonces han sido letra muerta.