El 9 de septiembre, los abogados de la Capital Federal iremos a elecciones para votar a nuestro representante ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. De los 13 miembros con que hoy cuenta el presente organismo, 7 le corresponden directamente a la política (3 Diputados Nacionales, 3 Senadores Nacionales y 1 representante del Poder Ejecutivo de la Nación); 3 son jueces; 1 representante por la Academia y 2 representantes de los abogados (1 por las provincias y el otro por la Capital Federal). Éste último es a quien elegimos.

Suena absurdo que una institución constitucional, como es el Consejo de la Magistratura, que pertenece al Poder Judicial y que tiene facultades de administración, de selección de jueces y de acusación de jueces ante el Jurado de Enjuiciamiento, se encuentre integrado minoritariamente por jueces. 

Imaginemos el caso inverso; un organismo del Poder Ejecutivo que se encuentre compuesto mayoritariamente por jueces y no por funcionarios del poder al cual pertenecen. Pensemos por un momento de un Indec integrado por magistrados que continuamente evalúen o realicen controles de legalidad sobre los actos dictados por el mismo organismo o, sin ir más lejos, una empresa estatal (por ejemplo, Aerolíneas Argentinas) en cuyo directorio haya representantes del Poder Judicial que definan la suerte de la misma.

Claramente la división de poderes no es una técnica sin sentido, ni mucho menos una concepción liberal de un sistema democrático de gobierno. La división de poderes garantiza la efectiva libertad de todos, impidiendo la concentración de poder en manos de unos pocos. 

Para estas elecciones, los partidos políticos pretenden presentar candidatos del cupo que pertenece a los abogados, a personajes que reportan de manera directa a sus intereses. Tales son los casos de La Cámpora y de Justicia Legitima por un lado, y por el otro lado, el PRO, que seguramente repetirá la alianza efectuada en las últimas elecciones del Colegio Público con la agrupación Gente de Derecho que conduce el Dr. Jorge Rizzo.

Debemos poner un límite claro a la participación de los partidos políticos en los temas de estricta incumbencia de los abogados independientes. Aunque parezca elemental, el cupo de representación de los abogados es para los abogados y no para estructuras partidarias.

No es sana la influencia mayoritaria de la política en un organismo de sesgo esencialmente técnico por el rol que tiene.

No debe desconocerse que la política siempre juega un papel importante, pero debe tener límites precisos. Como su nombre lo indica, los “partidos” son “partes” “facciones”, y por tanto no expresan por sí mismos al todo ni tienen una visión integral. 

Es vital, por lo tanto, que se respeten los equilibrios de representatividad dentro del Consejo  de la manera en que lo establece nuestra Constitución, conservando una composición estamentaria que exprese una mirada técnica e integral de nuestro Poder Judicial, sin condicionamientos facciosos o partidarios.

El Consejo de la Magistratura debería realizar reformas de fondo, tales como la eliminación de la representación del Senado, toda vez que dicho organismo ya participa, en el proceso de designación de los jueces, cuando aprueba o desaprueba el candidato elegido por el Poder Ejecutivo en la terna que éste le envía desde el Consejo.

Con la estructura actual, el Senado tiene un doble juego en el proceso de selección y de designación de jueces, que entendemos corresponde eliminar.

Otra reforma aconsejable sería que todos los miembros que representan al poder político sean personas técnicamente idóneas que pasen por el filtro de la audiencia pública, no siendo como ocurre en la actualidad, ni diputados, ni senadores, ni funcionarios del Poder Ejecutivo en ejercicio de sus mandatos. Así, se evitaría la doble sujeción en función a sus cargos. Por una parte, para el caso de los legisladores, éstos deben acatar las órdenes del bloque partidario al que pertenecen y representar a la misma vez al Congreso ante el Consejo. Por otro lado, el funcionario en ejercicio recibe órdenes orgánicas en razón de su cargo, y por el otro lado, representa al Poder Ejecutivo ante el Consejo. En muchos casos los intereses se entrecruzan.

En resumen, debemos defender un Consejo de la Magistratura que con solvencia técnica e independencia político-partidaria garantice un correcto funcionamiento del Poder Judicial.

Nuestro país necesita de instituciones fuertes y de un sistema judicial independiente. Así se forjó nuestra Patria. Muchos de nuestros padres y abuelos eligieron habitar este suelo porque les aseguraba justicia y libertad. Volvamos a eso.