Al hacer desaparecer instituciones que sirven para atropellar derechos individuales, se libera a las personas para que administren lo que es de cada cual. Sostener que no se debe dejar las cosas a la “anarquía del mercado” es no comprender que el mercado somos todos los que votamos diariamente con nuestras compras y abstenciones de comprar. No es que la disyuntiva sea el aparato estatal que decide por nosotros lo que nos pertenece o la anarquía, sino que la alternativa es que cada uno dirija lo suyo como juzgue mejor. De este modo, tendrá vigencia la Justicia como el “dar a cada uno lo suyo” y desaparecerán la mayor parte de las reparticiones oficiales que no solo son inútiles, sino contraproducentes (como el tragicómico Ministerio de Economía, en lugar de una secretaría de finanzas públicas, puesto que no puede controlarse la economía, el Ministerio de Educación, que pretende controlar el pensamiento a través de pautas y reglamentaciones varias, pero que debiera reemplazarse por acreditaciones de instituciones privadas locales e internacionales que en competencia realizan auditorías cruzadas al efecto de lograr la mayor excelencia posible, para no decir nada de los ministerios de Bienestar Social y equivalentes que producen malestar con recursos detraídos coactivamente del fruto del trabajo ajeno). Eliminar reparticiones, es decir, liberar recursos para engrosar los bolsillos de la gente, nunca podar funcionarios, de lo contrario, igual que la jardinería, luego crecen con más fuerza.

Lo que ha venido ocurriendo en las últimas largas décadas consiste básicamente en ocultar la acumulación de poder junto con irregularidades superlativas que para nada se condicen son el sistema republicano bajo la máscara hipócrita de proteger a los más necesitados, cuando justamente son los más perjudicados frente a aparatos estatales avasalladores.

En cada punto no me extenderé en los fundamentos, puesto que, por una parte, ya lo he hecho en libros, ensayos y artículos anteriores y, por otra, el espacio de una nota periodística no lo permite.

1. Establecer un sistema basado en severas limitaciones al Poder Legislativo como encargado de actos administrativos y no para legislar sobre aquello que es fruto de un proceso abierto de descubrimiento en un contexto evolutivo y no de diseño e ingeniería social, tal como lo explican juristas de la talla de Bruno Leoni. En el Poder Judicial, fortalecer la carrera de jueces y fiscales (para no solo condenar a ladrones de gallinas, sino también a corruptos en el Gobierno y peces gordos tramposos en el sector privado) y, por otra parte, abrir la posibilidad de arbitrajes fuera del ámbito oficial, donde en las relaciones contractuales las partes establecen quiénes resolverán los eventuales conflictos en las diversas instancias. Y el Ejecutivo electo a través de sorteos, como sugirió Montesquieu, con lo que los incentivos se encaminarán hacia la necesidad de protección de vidas y propiedades, dado que cualquiera puede ejercer el cargo, que, además, estará compuesto por un triunvirato tal como se propuso en la Convención Constituyente estadounidense.

2. Eliminar todas las embajadas y dejar un consulado en cada país, cargos que se justificaban en la época de las carretas al efecto de prevenir algún conflicto que debido a comunicaciones precarias no podía encararse por teleconferencias y otros canales modernos. Hoy los palacios y los séquitos no se justifican, al tiempo que se reducen privilegios que otorgan pasaportes diplomáticos y similares.

3. Liquidar la banca central y el curso forzoso como causantes principales del saqueo de patrimonios. Cuando la llamada “autoridad monetaria” decide expandir, contraer o dejar la masa monetaria inalterada, siempre se alteran precios relativos, lo cual, a su turno, se traduce en consumo de capital y su correlato: la disminución de salarios e ingresos en términos reales. Al mismo tiempo, dejar sin efecto el sistema de reserva fraccional en la banca y establecer el free banking en rubros que operan como cuentas corrientes (los depósitos a plazo y equivalentes naturalmente no requieren exigencias de efectivo mínimo, puesto que no generan producción secundaria y exógena de dinero).

4. Poner en venta al mejor postor todos los bancos estatales,puesto que inexorablemente significan derroche de los siempre escasos recursos, ya que “crédito barato” significa que otros están obligados a pagar la diferencia.

5. Poner también en venta todas las llamadas empresas estatales, puesto que su misma constitución implica asignar factores de producción en sectores distintos de lo que hubiera decidido la gente (y si hubiera sido en la misma dirección, es superflua la intromisión estatal). Y es menester tener en cuenta que cuanto más estratégica y vital el área más importante es que funcione bien, que cuando algo es “de todos”, no es de nadie (la conocida “tragedia de los comunes” que hace, entre tantas cosas, que la forma en que se toma café y se encienden las luces no es la misma en una entidad estatal que en una empresa privada). El asunto es que las empresas deben estar sometidas a lo que opina de ellas la gente, lo cual se pone en evidencia a través del cuadro de resultados: El que da en la tecla en las preferencias del prójimo gana y el que yerra incurre en quebrantos. Asimismo, a efectos de preservar la tan indispensable libertad de prensa, debe venderse el espectro electromagnético para sortear la figura de “la concesión” que significa el tener al Gobierno permanentemente como una espada de Damocles.

6. Salvo las estadísticas que consignan la administración de ingresos y egresos que hacen a las finanzas públicas, todas las demás deben delegarse en universidades y entidades privadas que, en competencia y ejerciendo auditorías cruzadas, harán las tareas correspondientes y siempre con base en datos que la gente considere relevantes. En esta misma línea argumental, todas las oficinas del Ejecutivo que no traten de organismos de control y otros entes autárquicos deberán concentrarse en la casa de gobierno, por lo que se liquidarían todos los inmuebles fastuosos que actualmente se utilizan como consecuencia de funcionarios que desempeñan tareas que nada tienen que ver con la protección de derechos y la administración austera y transparente de un sistema republicano.

7. Todos los aranceles y las tarifas aduaneras deben erradicarse para que la gente pueda comprar más barato y de mejor calidad, lo cual implica menor erogación por unidad de producto, que, a su vez, significa mejor nivel de vida. Debe rechazarse la conocida falacia de la industria incipiente como una mala excusa de seudoempresarios que apuntan a ser protegidos de la competencia exterior (o en su caso interior). Si es verdad que se concibe un proyecto redituable que más que compense las pérdidas iniciales debido a la poca experiencia en el ramo, este proyecto se venderá en el mercado para que se hagan cargo los empresarios interesado y no endosar la carga sobre las espaldas de la gente. Si nadie en el orbe lo compra, es por uno de dos motivos: O el proyecto es un cuento chino, o, siendo rentable, se estima que hay otros proyectos que son más redituables y, como no puede hacerse todo al mismo tiempo, el proyecto de marras debe esperar o descartarse. Por otra parte, nuevas tecnologías y productos más baratos liberan recursos humanos y materiales para destinarlos a la producción de otros bienes y servicios. En esto consiste el progreso, cada persona trabajando en una empresa intenta imaginar nuevos y mejores procesos, lo cual genera transiciones y cambios permanentes. Ese fue el caso, por ejemplo, del “hombre de la barra de hielo” antes del refrigerador o el fogonero antes de las locomotoras diesel. El denominado gradualismo implica la pretensión -oculta bajo figura del derecho adquirido- de demandar un derecho contra el derecho, por lo que, de modo gradual, se siguen lesionando derechos.

8. Abrir el mercado laboral abrogando la legislación que contempla la figura fascista de la personería gremial, si es que se hubiera comprendido que la única causa de salarios más elevados son las tasas crecientes de capitalización que hacen imposible conseguir trabajo manual e intelectual por debajo de esa marca. Esa es la explicación, por ejemplo, por la que en países de altas tasas de capitalización en gran medida no existe tal cosa como servicio doméstico, ya que el ser humano es empleado en tareas de mayor productividad.

9. Contar con impuestos reducidos para cumplir con las tareas de seguridad y justicia que implica castigar el fraude, el engaño y la trampa, reemplazando todas las cargas tributarias por el impuesto al valor agregado -que, por un lado, permite reducir controles por el sistema de impuestos a cargo e impuestos a favor y, por otro, cubre toda la base impositiva- y también por un impuesto territorial (siempre proporcional) que abarca a los que tienen propiedades a las que debe vigilarse, pero sus propietarios se encuentran en el extranjero, excluyendo así el principio de nacionalidad (o de voracidad fiscal). Establecer un federalismo fiscal donde las provincias coparticipen al Gobierno central y aquellas recauden para todos los fines que no sean defensa nacional y relaciones exteriores (que junto con los gastos que requiera la administración es jurisdicción del Gobierno central). Esta perspectiva hará que en los Gobiernos provinciales los incentivos se ubiquen en función de contar con una presión tributaria razonable para que la gente no se mude a otra provincia y para atraer inversiones (gravámenes reducidos que a su vez se traducen en gastos reducidos).

10. En este contexto, debe prohibirse la deuda pública externa por ser incompatible con la democracia, ya que compromete patrimonios de futuras generaciones que no han participado en la elección del Gobierno que contrajo la deuda, todo lo cual se vincula a las mal llamadas “inversiones públicas” (en verdad gastos en activos fijos para distinguirlos de los gastos corrientes), puesto que la inversión es inseparable del juicio subjetivo de titulares en cuanto a valor futuro y valor presente, lo cual por su naturaleza no puede ser forzosa. Esto significa la privatización de los servicios de infraestructura (por otra parte, en manos estatales es el mayor foco de corrupción), lo cual eventualmente traslada la deuda al sector privado y no a la deuda pública interna (además, no hay en este programa posibilidad de adelantos a la tesorería por parte de la banca central en este contexto inexistente).

Hay mucho más que decir sobre un programa político para el año verde, puesto que por razones de espacio no se han mencionado territorios de gran relevancia, pero baste con lo dicho como una introducción telegráfica para pensar y debatir.

Como queda expresado, todo esto dependerá de la educación en defensa de una sociedad abierta. Nada es automático. No es una faena para timoratos ni para los fanáticos del statu quo. El coraje de hombres como Karl Marx con su perseverancia produjeron un enorme corrimiento en el eje del debate en cuando a valores y principios. No siempre los que se denominan liberales -más bien conservadores- han tenido ni tienen ese coraje y se circunscriben a aceptar lo digerible al momento, pero les ocurre que en la etapa siguiente, con esa estrategia, se ven obligados a retroceden nuevamente, puesto que no han hecho nada por marcar la agenda, sino que se las establecen quienes son contrarios a la sociedad libre.

En otros términos, sin perjuicio de otros debates fértiles sobre el futuro, en esta instancia del proceso de evolución cultural, al efecto de avanzar hacia una sociedad abierta, se necesita una educación que elimine candados mentales que no permiten visualizar las grandes ventajas de vivir en libertad, es decir, de subrayar la importancia del respeto recíproco. Hoy parece para el año verde, pero cuanto antes mejor.

Vamos a dividir nuestro análisis en diez puntos, ya que el decálogo tiene buena prensa y a los efectos de hacer el asunto lo más didáctico posible.

1. Todo arancel o tarifa aduanera significa mayor erogación por unidad de producto, es decir, de los siempre escasos recursos habrá que destinar un monto mayor para adquirir un bien o un servicio que puede comprarse más barato y de mejor calidad. Esto significa necesariamente que se reduce el nivel de vida de los habitantes del país cuyo gobierno procede a instalar las referidas trabas al comercio, puesto que, como queda dicho, deben destinar una mayor porción del fruto de sus trabajos, a diferencia de lo que ocurriría si no existieran esas trabas; en ese caso no solo podrían adquirir el producto en cuestión, sino que liberarían fondos adicionales para comprar otros bienes y servicios con lo que mejorarían su nivel de vida.

2. Los nexos causales y principios que rigen en comercio dentro de las fronteras son los mismos que se aplican a relaciones comerciales entre personas y empresas ubicadas a distancias mayores y en otros países. Los ríos, las montañas, los mares y las fronteras -siempre consecuencia de acciones bélicas o accidentes geográficos- no modifican las verdades económicas.

En realidad, desde la perspectiva liberal, las fronteras son al solo efecto de evitar la concentración de poder que sucedería en el contexto de un gobierno universal, pero pretender valores para lo local y desvalores para lo foráneo constituye un despropósito superlativo, ya que los beneficios comerciales y la cultura en general provienen de un mestizaje permanente de donaciones y entregas.

3. Debe tenerse muy presente que, igual que los progresos tecnológicos, la eliminación de aranceles permite liberar recursos humanos y materiales para destinarlos a nuevos bienes y servicios antes imposibles de concebir, puesto que los recursos estaban esterilizados en áreas anteriores, mientras que la liberación arancelaria hace posible encarar otros proyectos que redundan en el estiramiento del stock de bienes y servicios. Y no cabe detenerse en las transiciones como si fueran excepcionales, puesto que la vida es una transición permanente, ya que cada persona en cada actividad intentará mejorar la productividad, con lo cual invariablemente produce cambios y reubicaciones. El progreso es cambio; si se frena el cambio, se frena el progreso que se traslada en incrementos en salarios e ingresos en términos reales que son el resultado exclusivo de las tasas de capitalización.

4. No cabe aducir el reiterado argumento de “la industria incipiente” en el sentido de introducir aranceles mientras los empresarios se ejercitan en el ramo para no sufrir los embates de la competencia de quienes mejor fabrican el producto de que se trate (generalmente el argumento apunta a la competencia exterior, pero el punto es igual si la mayor eficiencia aparece en el interior de las fronteras). Si fuera cierta la argumentación en el sentido de que se necesita un período de entrenamiento antes de eliminar los aranceles, es el empresario en cuestión quien debe afrontar y financiar ese tiempo de ejercicio (con recursos propios o ajenos atraídos por el negocio de marras) y no endosar el peso fiscal sobre los hombros de los contribuyentes. Si no pueden financiar el proyecto y si nadie acepta invertir en esa idea, es porque el proyecto no es en verdad rentable luego de los períodos de aprendizaje o, siendo rentable, se considera que hay otros que resultan más atractivos, y como todo no puede hacerse al mismo tiempo con recursos escasos, debe dejarse de lado el proyecto.

5. En un mercado abierto el balance de pagos está siempre equilibrado, aunque el balance comercial no lo esté, puesto que lo que se importa es el resultado de lo que se exporta, más los correspondientes movimientos de capital.

6. Del mismo modo que el objetivo de las ventas son las compras, en el comercio internacional el objetivo de las exportaciones son las importaciones. Lo ideal para una persona es comprar y comprar lo que se necesita sin necesidad de vender bienes o servicios, pero eso significaría que el resto está obsequiando sus productos, lo cual no resulta posible. Lo mismo ocurre con los habitantes dentro de un país en relación con los ubicados en otros: no hay más remedio que exportar para poder importar o que ingresen capitales.

7. El mercado cambiario opera como consecuencia de la oferta y la demanda. Cuando se exporta entran divisas que reducen su cotización, con lo que se estimulan las importaciones y cuando se importa, aumenta la cotización de la divisa, lo cual, a su turno, estimula las exportaciones y así sucesivamente. Si no se cuenta con un mercado cambiario libre y se deciden “devaluaciones”, a saber, tipos de cambio decididos políticamente, inexorablemente se desajustan los brazos del sector externo con todos los efectos negativos del caso.

8. Resulta del todo contraproducente el establecimiento de “políticas de represalia aduanera”, dado que si otro país incrementa sus recargos a la entrada de productos de nuestro país, sería calamitoso duplicar los inconvenientes, es decir, “en represalia” introducir gravámenes aduaneros provenientes del país que inició la aplicación de trabas. En este caso no solo se perjudicarán los vendedores locales, sino que también se perjudicarán los consumidores de ese mismo país, que verán aumentar los precios de los productos procedentes del que primero estableció los aranceles.

9. Se ha dicho que las integraciones regionales constituyen un primer paso para el comercio mundial libre, pero es llamativo que, como decíamos al principio, después de más de tres siglos de debate, todavía estemos en un primer paso, que en verdad no es tal porque en la aplicación de los respectivos tratados (cuando se cumplen) se recurre a terminología que pone en evidencia la incomprensión del tema; como cuando se alude a la “invasión” de productos extranjeros como si se tratara de una acción bélica, en lugar de tratarse de la introducción de bienes y servicios más baratos y de mejor calidad, la “sustitución de importaciones” y otras sandeces que influyen para que en las aduanas los agentes correspondientes formulen a los transeúntes preguntas y requerimientos insolentes.

10. Por último, en esta secuencia telegráfica es de interés señalar que la eliminación de trabas al comercio no debe ejecutarse de modo gradual, sino de una vez, puesto que no es aceptable que se aleguen “derechos” contra el derecho al efecto de continuar con las mal llamadas “protecciones” (desprotecciones para la gente, protecciones para empresarios prebendarios), del mismo modo, y salvando las distancias, que no hubiera tenido el menor sentido haberles permitido a los administradores de los criminales hornos crematorios en la época nazi que “gradualmente” fueran reduciendo esa faena horrorosa. Sin llegar a este extremo, la reducción gradual de trabas y perjuicios severos al bienestar de la gente mantiene la lesión al derecho de la población, pérdida que no resulta factible recuperar.