Al hacer desaparecer instituciones que sirven para atropellar derechos individuales, se libera a las personas para que administren lo que es de cada cual. Sostener que no se debe dejar las cosas a la “anarquía del mercado” es no comprender que el mercado somos todos los que votamos diariamente con nuestras compras y abstenciones de comprar. No es que la disyuntiva sea el aparato estatal que decide por nosotros lo que nos pertenece o la anarquía, sino que la alternativa es que cada uno dirija lo suyo como juzgue mejor. De este modo, tendrá vigencia la Justicia como el “dar a cada uno lo suyo” y desaparecerán la mayor parte de las reparticiones oficiales que no solo son inútiles, sino contraproducentes (como el tragicómico Ministerio de Economía, en lugar de una secretaría de finanzas públicas, puesto que no puede controlarse la economía, el Ministerio de Educación, que pretende controlar el pensamiento a través de pautas y reglamentaciones varias, pero que debiera reemplazarse por acreditaciones de instituciones privadas locales e internacionales que en competencia realizan auditorías cruzadas al efecto de lograr la mayor excelencia posible, para no decir nada de los ministerios de Bienestar Social y equivalentes que producen malestar con recursos detraídos coactivamente del fruto del trabajo ajeno). Eliminar reparticiones, es decir, liberar recursos para engrosar los bolsillos de la gente, nunca podar funcionarios, de lo contrario, igual que la jardinería, luego crecen con más fuerza.

Lo que ha venido ocurriendo en las últimas largas décadas consiste básicamente en ocultar la acumulación de poder junto con irregularidades superlativas que para nada se condicen son el sistema republicano bajo la máscara hipócrita de proteger a los más necesitados, cuando justamente son los más perjudicados frente a aparatos estatales avasalladores.

En cada punto no me extenderé en los fundamentos, puesto que, por una parte, ya lo he hecho en libros, ensayos y artículos anteriores y, por otra, el espacio de una nota periodística no lo permite.

1. Establecer un sistema basado en severas limitaciones al Poder Legislativo como encargado de actos administrativos y no para legislar sobre aquello que es fruto de un proceso abierto de descubrimiento en un contexto evolutivo y no de diseño e ingeniería social, tal como lo explican juristas de la talla de Bruno Leoni. En el Poder Judicial, fortalecer la carrera de jueces y fiscales (para no solo condenar a ladrones de gallinas, sino también a corruptos en el Gobierno y peces gordos tramposos en el sector privado) y, por otra parte, abrir la posibilidad de arbitrajes fuera del ámbito oficial, donde en las relaciones contractuales las partes establecen quiénes resolverán los eventuales conflictos en las diversas instancias. Y el Ejecutivo electo a través de sorteos, como sugirió Montesquieu, con lo que los incentivos se encaminarán hacia la necesidad de protección de vidas y propiedades, dado que cualquiera puede ejercer el cargo, que, además, estará compuesto por un triunvirato tal como se propuso en la Convención Constituyente estadounidense.

2. Eliminar todas las embajadas y dejar un consulado en cada país, cargos que se justificaban en la época de las carretas al efecto de prevenir algún conflicto que debido a comunicaciones precarias no podía encararse por teleconferencias y otros canales modernos. Hoy los palacios y los séquitos no se justifican, al tiempo que se reducen privilegios que otorgan pasaportes diplomáticos y similares.

3. Liquidar la banca central y el curso forzoso como causantes principales del saqueo de patrimonios. Cuando la llamada “autoridad monetaria” decide expandir, contraer o dejar la masa monetaria inalterada, siempre se alteran precios relativos, lo cual, a su turno, se traduce en consumo de capital y su correlato: la disminución de salarios e ingresos en términos reales. Al mismo tiempo, dejar sin efecto el sistema de reserva fraccional en la banca y establecer el free banking en rubros que operan como cuentas corrientes (los depósitos a plazo y equivalentes naturalmente no requieren exigencias de efectivo mínimo, puesto que no generan producción secundaria y exógena de dinero).

4. Poner en venta al mejor postor todos los bancos estatales,puesto que inexorablemente significan derroche de los siempre escasos recursos, ya que “crédito barato” significa que otros están obligados a pagar la diferencia.

5. Poner también en venta todas las llamadas empresas estatales, puesto que su misma constitución implica asignar factores de producción en sectores distintos de lo que hubiera decidido la gente (y si hubiera sido en la misma dirección, es superflua la intromisión estatal). Y es menester tener en cuenta que cuanto más estratégica y vital el área más importante es que funcione bien, que cuando algo es “de todos”, no es de nadie (la conocida “tragedia de los comunes” que hace, entre tantas cosas, que la forma en que se toma café y se encienden las luces no es la misma en una entidad estatal que en una empresa privada). El asunto es que las empresas deben estar sometidas a lo que opina de ellas la gente, lo cual se pone en evidencia a través del cuadro de resultados: El que da en la tecla en las preferencias del prójimo gana y el que yerra incurre en quebrantos. Asimismo, a efectos de preservar la tan indispensable libertad de prensa, debe venderse el espectro electromagnético para sortear la figura de “la concesión” que significa el tener al Gobierno permanentemente como una espada de Damocles.

6. Salvo las estadísticas que consignan la administración de ingresos y egresos que hacen a las finanzas públicas, todas las demás deben delegarse en universidades y entidades privadas que, en competencia y ejerciendo auditorías cruzadas, harán las tareas correspondientes y siempre con base en datos que la gente considere relevantes. En esta misma línea argumental, todas las oficinas del Ejecutivo que no traten de organismos de control y otros entes autárquicos deberán concentrarse en la casa de gobierno, por lo que se liquidarían todos los inmuebles fastuosos que actualmente se utilizan como consecuencia de funcionarios que desempeñan tareas que nada tienen que ver con la protección de derechos y la administración austera y transparente de un sistema republicano.

7. Todos los aranceles y las tarifas aduaneras deben erradicarse para que la gente pueda comprar más barato y de mejor calidad, lo cual implica menor erogación por unidad de producto, que, a su vez, significa mejor nivel de vida. Debe rechazarse la conocida falacia de la industria incipiente como una mala excusa de seudoempresarios que apuntan a ser protegidos de la competencia exterior (o en su caso interior). Si es verdad que se concibe un proyecto redituable que más que compense las pérdidas iniciales debido a la poca experiencia en el ramo, este proyecto se venderá en el mercado para que se hagan cargo los empresarios interesado y no endosar la carga sobre las espaldas de la gente. Si nadie en el orbe lo compra, es por uno de dos motivos: O el proyecto es un cuento chino, o, siendo rentable, se estima que hay otros proyectos que son más redituables y, como no puede hacerse todo al mismo tiempo, el proyecto de marras debe esperar o descartarse. Por otra parte, nuevas tecnologías y productos más baratos liberan recursos humanos y materiales para destinarlos a la producción de otros bienes y servicios. En esto consiste el progreso, cada persona trabajando en una empresa intenta imaginar nuevos y mejores procesos, lo cual genera transiciones y cambios permanentes. Ese fue el caso, por ejemplo, del “hombre de la barra de hielo” antes del refrigerador o el fogonero antes de las locomotoras diesel. El denominado gradualismo implica la pretensión -oculta bajo figura del derecho adquirido- de demandar un derecho contra el derecho, por lo que, de modo gradual, se siguen lesionando derechos.

8. Abrir el mercado laboral abrogando la legislación que contempla la figura fascista de la personería gremial, si es que se hubiera comprendido que la única causa de salarios más elevados son las tasas crecientes de capitalización que hacen imposible conseguir trabajo manual e intelectual por debajo de esa marca. Esa es la explicación, por ejemplo, por la que en países de altas tasas de capitalización en gran medida no existe tal cosa como servicio doméstico, ya que el ser humano es empleado en tareas de mayor productividad.

9. Contar con impuestos reducidos para cumplir con las tareas de seguridad y justicia que implica castigar el fraude, el engaño y la trampa, reemplazando todas las cargas tributarias por el impuesto al valor agregado -que, por un lado, permite reducir controles por el sistema de impuestos a cargo e impuestos a favor y, por otro, cubre toda la base impositiva- y también por un impuesto territorial (siempre proporcional) que abarca a los que tienen propiedades a las que debe vigilarse, pero sus propietarios se encuentran en el extranjero, excluyendo así el principio de nacionalidad (o de voracidad fiscal). Establecer un federalismo fiscal donde las provincias coparticipen al Gobierno central y aquellas recauden para todos los fines que no sean defensa nacional y relaciones exteriores (que junto con los gastos que requiera la administración es jurisdicción del Gobierno central). Esta perspectiva hará que en los Gobiernos provinciales los incentivos se ubiquen en función de contar con una presión tributaria razonable para que la gente no se mude a otra provincia y para atraer inversiones (gravámenes reducidos que a su vez se traducen en gastos reducidos).

10. En este contexto, debe prohibirse la deuda pública externa por ser incompatible con la democracia, ya que compromete patrimonios de futuras generaciones que no han participado en la elección del Gobierno que contrajo la deuda, todo lo cual se vincula a las mal llamadas “inversiones públicas” (en verdad gastos en activos fijos para distinguirlos de los gastos corrientes), puesto que la inversión es inseparable del juicio subjetivo de titulares en cuanto a valor futuro y valor presente, lo cual por su naturaleza no puede ser forzosa. Esto significa la privatización de los servicios de infraestructura (por otra parte, en manos estatales es el mayor foco de corrupción), lo cual eventualmente traslada la deuda al sector privado y no a la deuda pública interna (además, no hay en este programa posibilidad de adelantos a la tesorería por parte de la banca central en este contexto inexistente).

Hay mucho más que decir sobre un programa político para el año verde, puesto que por razones de espacio no se han mencionado territorios de gran relevancia, pero baste con lo dicho como una introducción telegráfica para pensar y debatir.

Como queda expresado, todo esto dependerá de la educación en defensa de una sociedad abierta. Nada es automático. No es una faena para timoratos ni para los fanáticos del statu quo. El coraje de hombres como Karl Marx con su perseverancia produjeron un enorme corrimiento en el eje del debate en cuando a valores y principios. No siempre los que se denominan liberales -más bien conservadores- han tenido ni tienen ese coraje y se circunscriben a aceptar lo digerible al momento, pero les ocurre que en la etapa siguiente, con esa estrategia, se ven obligados a retroceden nuevamente, puesto que no han hecho nada por marcar la agenda, sino que se las establecen quienes son contrarios a la sociedad libre.

En otros términos, sin perjuicio de otros debates fértiles sobre el futuro, en esta instancia del proceso de evolución cultural, al efecto de avanzar hacia una sociedad abierta, se necesita una educación que elimine candados mentales que no permiten visualizar las grandes ventajas de vivir en libertad, es decir, de subrayar la importancia del respeto recíproco. Hoy parece para el año verde, pero cuanto antes mejor.

Esto es así puesto que los banqueros centrales están siempre y en toda circunstancia frente a la decisión inexorable entre tres caminos posibles: expandir, contraer o dejar inalterada la base monetaria y cualquiera de las tres avenidas que se elijan se alteran los precios relativos respecto a lo que hubieran sido de no haber mediado la intervención estatal. Este deterioro en los precios relativos necesariamente malguía la asignación de los escasos factores productivos con lo que disminuyen los salarios e ingresos en términos reales.

Los alquimistas del fine tuning y otras sandeces, son incapaces de imaginar siquiera la posibilidad que la gente ponga de manifiesto sus preferencias respecto a los activos financieros que desea utilizar en sus transacciones. Vuelvo a referirme a los premios Nobel en Economía Friedrich Hayek, que escribió el libro titulado La privatización del dinero, y Milton Friedman, que en Moneda y desarrollo económico consigna que “llego a la conclusión de que la única manera de abstenerse de emplear la inflación como método impositivo es no tener banco central. Una vez que se crea un banco central, está lista la máquina para que empiece la inflación” y en lo último que escribió en materia monetaria Money Mischief concluye que “la moneda es un asunto demasiado serio como para dejarlo en manos de banqueros centrales”.

Y esto no es una cuestión secundaria de política económica sino que se trata del elemental respeto al derecho al fruto del trabajo ajeno, muy especialmente de la consideración a la integridad moral y material de los más necesitados. Desde Aristóteles en la Ética a Nicómaco se ha destacado la importancia del dinero hasta la prepotencia de los autoritarios que ven en la manipulación monetaria una fuente muy potente para controlar a sus súbditos. El dinero no es un asunto menor: hace al respeto a la propiedad privada tal como lo vieron los Padres Fundadores en Estados Unidos por lo que originalmente se opusieron a la idea de una banca central (recién en lo que se denominó la revolución del año 1913 se instaló, para lo cual se requirió una reforma constitucional).

Desde antiguo los gobiernos vienen falsificando moneda en provecho propio, los relatos de Marco Polo sobre lo que se consideró el insólito descubrimiento que en China había papel moneda eclipsó el hecho de haber sido pioneros en la imprenta. Pero la forma sistemática y metódica de fabricar moneda inconvertible en base a largos razonamientos expuestos en extensos escritos con pretensión académica se sitúa con la aparición en escena de John Law. Un escosés heredero de cuantiosos recursos, jugador empedernido pero estudioso de sistemas bancarios y crediticios, primero propuso una banca central al Parlamento escocés basado en la contrapartida del valor de la tierra lo cual no fue aceptado y, además, finalmente se fugó de la justicia escocesa que lo condenó por haber matado a una persona en un duelo.

Volvió a presentar su proyecto esta vez en el continente europeo al regente -Duque de Orleans- después de la muerte de Luis XIV en pleno desorden fiscal y monetario. En esta oportunidad logró su cometido y fundó y dirigió personalmente la Banque Generale en 1716 como un banco central con el monopolio de emitir en Francia que a poco andar se transformó en Banque Royale con la imposición del curso forzoso y, al mismo tiempo, el gobierno le encomendó la dirección de la empresa Mississippi pergeñada por el mismo Law teóricamente respaldada por la tierra estadounidense de Luisiana. Los resultados de las ejecuciones de los referidos proyectos estallaron por los aires en 1720 con la hiperinflación provocada por la banca central y la burbuja financiera del esquema Mississippi, todo muy detallado en la bibliografía que menciono más abajo. Estallido que arrasó con la “soberanía” del papel falsificado en gran escala y comprometió aun más al “soberano”, y, sobre todo, intensificó la liquidación de la única y genuina soberanía cual es la de los gobernados (considerados súbditos de jure por el gobierno de entonces y súbditos de facto por los de nuestros tiempos).

Pero lo interesante para esta nota periodística es resaltar la argumentación y la terminología que empleaba John Law y su correlato con la utilizada hoy por las “autoridades monetarias” y sus apologistas. Subrayaba Law la trascendencia de “cuidar el valor de la moneda” y en esa dirección de estar atentos a “los ratios clave” en un contexto de “absoluta independencia de la banca central y su cuidadoso manejo del sistema de reserva fraccional”. Vale la pena abundar en algunos pasajes de los escritos de Law a los efectos de ilustrar lo dicho.

En su Money and Trade Considered with a Proposal for Supplying the Nation with Money  escribe que “se reconocerá que no hay otro medio para mejorar nuestra condición que el aumento de nuestro numerario […] Los objetos dependen del comercio y el comercio depende del numerario y así, para ser potentes y ricos con relación a las otras naciones, deberíamos tener numerario en la misma proporción [de esas naciones y de la producción]”.

En Considérations sur le Comerse et sur l´Argent afirma que “El crédito que promete un pago en moneda metálica no puede extenderse más allá de una cierta proporción que debe observar con esta moneda metálica y de tal moneda sólo tenemos una cantidad tan módica que el crédito al que ella podría servir sería muy poco considerable”.

En Lettres sur le Nouveau Systéme des Monnaies dice que “Es como si hubieran substraído una parte de las lanas o sedas que hay en el Reino para convertirlas en signos de transacciones: ¿no sería más fácil que se las devolviera a sus usos naturales y que se aplicaran como signos de transacciones materias que por si mismas no sirvieran para nada? Aun habría una mayor ventaja en estos signos aplicados a esta clase de materias y es que nadie estaría nunca tentado de desviarlas de su verdadero uso que es el de circular […] ¿Para que emplear la moneda metálica? Cualquier papel hará el mismo servicio y más barato”.

En Mémoires sur les Banques señala que “Todas las monedas del Reino pertenecen al Estado, representado en Francia por el Rey y le pertenecen precisamente como las carreteras y grandes caminos, no para encerrarlas en sus dominios, sino, al contrario, para impedir que nadie las encierre en los suyos”. Por último, en Troisiéme Letrre sur le Nouveau Systéme des Finances explica que “el curso forzoso es superior al curso libre”.

Charles Gide en la obra que cito enseguida concluye respecto a los trabajos de Law que “Nunca se ha rechazado con un cinismo más completo el derecho de propiedad de la moneda ni se ha afirmado con menos hipocresía el derecho eminente del Estado sobre los bienes de los súbditos”.

En resumen, como ha escrito Juan Bautista Alberdi en Estudios económicos: “No hay más que una esperanza de que el papel-moneda de Estado, una vez establecido y convertido en hábito, desaparezca, y es la de que arruine y entierre al gobierno que lo ha creado”.

Como señala Murray Rothbard en el primer tomo de An Austrian Prespective on the History of Economic Thought los dos discípulos más destacados de John Law fueron George Berkeley y John Maynard Keynes. Además de esta obra, por si interesara indagar en consideraciones sobre Law y, especialmente su vinculación con Keynes, puede consultarse de Charles Rist Historia de las doctrinas relativas al crédito y la moneda. Desde John Law hasta la actualidad, de José Antonio Aguirre El poder de emitir dinero. De J. Law a J. M. Keynes, de Elgin Groseclose Money and Man. A Survey of Monetary Experience, el ensayo de Charles Mackay “The Mississippi Scheme” y el libro de Martin A. Larson The Federal Reserve and our Manipulated Dollar. Cualquier coincidencia actual con John Law no es casual sino más bien causal.