Es claro que el sistema político hace agua por los cuatro costados. Me refiero a la degradación de la democracia para convertirla en un adefesio al asimilarla a las mayorías ilimitadas sin otro contenido de ninguna naturaleza. Y esto no solo ocurre en países como Venezuela, Argentina, Ecuador, Bolivia o Nicaragua, ocurre en Europa. El problema no está circunscrito al extremo de Grecia, sino que también aparece en otros países y que, en el continente americano, incluye a los Estados Unidos, que han traicionado los valores y los principios de los padres fundadores del otrora baluarte del mundo libre con endeudamiento colosal, gastos públicos siderales y reglamentaciones asfixiantes en medio de ausencias del debido proceso y del resguardo de las libertades individuales.

Cincuenta años antes de Cristo, Cicerón, en De la República, consignó: “El imperio de la multitud no es menos tiránico que el de un hombre solo, y esa tiranía es tanto más cruel cuanto que no hay monstruo más terrible que esa fiera que toma la forma y nombre de pueblo”. En De las Leyes y en De los deberes subraya el motivo por el cual se establecen los Estados y la validez de mojones y puntos de referencia extramuros de la norma positiva. En esta última obra destaca: “No habrá leyes diferentes en Roma y en Atenas ni diferentes leyes ahora y en el futuro, sino una eterna que es válida para todas las naciones y todos los tiempos”; “El propósito central para el establecimiento de los Estados y las normativas consiste en que la propiedad sea asegurada”.

Lamentablemente esta visión no fue adoptada en su tiempo y con poca extensión en otros, pero en los que corren prácticamente se ha abandonado por completo. La preservación de la dignidad de cada cual se ha trocado por el manejo indiscriminado de los aparatos estatales de las vidas y las haciendas ajenas.

Hoy se entiende que los legisladores pueden hacer y deshacer a sus anchas, sin miramientos, los derechos de la gente, que son en verdad superiores y anteriores al establecimiento de los Gobiernos, que existen precisamente para proteger aquellos derechos.

Es de gran importancia detenerse a considerar las reflexiones de Cicerón para percatarse de los desvíos descomunales que ahora se viven y que se toman como cosa natural cuando significan degradaciones superlativas de la naturaleza y las funciones del monopolio de la fuerza.

Visto desde otro planeta, ¿no es un tanto estúpido seguir repitiendo los mismos errores una y otra vez? ¿No es muy corta la vida terrenal como para consumirla en los mismos pantanos? ¿No convendría estudiar un poco de historia para no repetir idénticas barrabasadas? ¿No es aburrido hasta el hartazgo reincidir en efectos que han ocurrido millares de veces a través del tiempo? ¿Será este el destino de la humanidad o tenemos la capacidad de recapacitar y encaminarnos por las sendas de la libertad y el progreso? Aldous Huxley indicó: “La gran lección de la historia es que no se ha aprendido la lección de la historia”.

Es que, como nos han enseñado maestros de la economía y la ciencia política, el tema medular reside en los incentivos. Si los sistemas incentivan el saqueo, eso es lo que habrá; si los sistemas incentivan el respeto recíproco, eso es lo que sucederá.

Entonces, la mirada debería centrarse en los marcos institucionales que por ahora incentivan alianzas y coaliciones que arrasan con los derechos para beneficio de los políticos y la clientela que vive a expensas del trabajo de otros. Por tanto, es imperioso establecer nuevos y más potentes límites al poder.

Sin embargo, observamos con alarma que son muchos los que tienen la esperanza de que la situación se modifique con las mismas recetas que condujeron al fracaso y, naturalmente, esto constituye un soberano contrasentido: las mismas causas generan los mismos efectos. En consecuencia, deben pensarse, debatirse y ejecutarse otras medidas para ponerle bridas al Leviatán antes de que carcoma lo que queda del espíritu libre.

Veo que demasiados profesionales se concentran en proponer medidas de transición, pero no se ha pensado hacia dónde se quiere transitar. No se trabaja suficientemente en las metas. Para citar otro clásico, Séneca escribió: “No hay vientos favorables para el navegante que no sabe hacia dónde se dirige”.

Además, como queda dicho, es menester ponerle frenos institucionales a la voracidad de los aparatos estatales para poder establecer metas y transiciones, de lo contrario el sistema deglutirá cualquier buen propósito.

Ya me he referido en otras oportunidades a las sugerencias no atendidas de Montesquieu aplicables al Poder Ejecutivo, a las de Friederich Hayek para el Legislativo y a las de Bruno Leoni para el Judicial. También he puntualizado que si esas políticas por alguna razón no se estiman convenientes, debe pensarse en otras, pero lo que no se puede hacer es lo que por el momento se hace, léase quedarse de brazos cruzados, a la espera de que las mismas recetas conduzcan a resultados diferentes.

Después de Cicerón hubo numerosos autores que insistieron sobre el mismo problema de los peligros de las mayorías ilimitadas, con lo que la democracia se convierte en cleptocracia a lo Adolf Hitler o Hugo Chávez. Por ejemplo, Bertrand de Jouvenel, en su ensayo Order versus Organization, escribe: “La soberanía del pueblo no es, pues, más que una ficción que a la larga no puede ser más que destructora de las libertades individuales”. Benjamin Constant, en Curso de política constitucional, afirma: “Los ciudadanos poseen derechos individuales independientes de toda autoridad social o política y toda autoridad que vulnere esos derechos se hace ilegítima […] La voluntad de todo un pueblo no puede hacer justo lo que es injusto”. El referido premio nobel, Hayek, en el tercer tomo de su Derecho, legislación y libertad, pone de manifiesto: “Debo sin reservas admitir que si por democracia se entiende dar vía libre a la ilimitada voluntad de la mayoría, en modo alguno estoy dispuesto a llamarme demócrata”.

Es que, como explica Giovanni Sartori en el primer volumen de su Teoría de la democracia: “El argumento es que cuando la democracia se asimila a la regla de la mayoría pura y simple, esa asimilación convierte un sector del demos en no-demos. A la inversa, la democracia concebida como el gobierno mayoritario limitado por los derechos de la minoría se corresponde con todo el pueblo, es decir, con la suma total de la mayoría y minoría. Debido precisamente a que el gobierno de la mayoría está limitado, todo el pueblo (todos los que tienen derecho al voto) está siempre incluido en el demos”.

Pues bien, no se cumple este ideal de Sartori y de todos los pensadores de la tradición de la sociedad abierta desde los aristotélicos en adelante y esto se debe a incentivos perversos incrustados como caballos de Troya en el seno de la democracia que deben ser removidos. Como queda dicho, instalando en su lugar límites al abuso del poder, ya que el problema no es de hombres, sino de instituciones. Al decir de Karl Popper en La sociedad abierta y sus enemigos: “[Para que] el gobierno haga el menor daño posible”.

Sin duda que para que introducir límites al poder primero se deben comprender los descalabros que produce el poder ilimitado en temas centrales. A título de ilustración menciono el asunto de la igualdad, que en una sociedad abierta alude exclusivamente a la que es debida ante la ley, es decir, que todos tienen los mismos derechos y deben ser respetados a rajatabla, lo cual es incompatible y mutuamente excluyente con la igualdad de ingresos y patrimonios. Si se restringe el derecho de cada cual de usar y disponer de lo propio, porque el Gobierno se lo arrebata, esto necesariamente quiere decir que hay desigualdad ante la ley. A lo cual debe agregarse que esa política de redistribución de ingresos perjudica muy especialmente a los más necesitados, puesto que la asignación forzosa de los siempre escasos recursos equivale a consumo de capital, dado que redistribuir implica volver a distribuir coactivamente lo que pacíficamente la gente distribuyó en el supermercado y afines con sus compras y sus abstenciones de comprar.

En otras palabras, la diferencia de rentas y patrimonios en una sociedad libre dependerá de las decisiones diarias de la gente, lo cual maximiza las tasas de capitalización, que es la única causa por la que se elevan ingresos y salarios en términos reales.

Entonces, la manía del igualitarismo constituye un obstáculo serio al progreso, a la idea de establecer límites infranqueables al abuso del poder. Mientras que el mencionado abuso se considere algo ponderable, no resulta posible avanzar. Es por esto que se atribuye, con razón, mucha importancia a la educación en valores y principios de la libertad.

Se ha dicho que la educación no vale de mucho: “Un pueblo educado como el alemán lo aplaudió a Hitler”. Pues esto no es cierto. Para refutar de modo contundente ese pensamiento no hay más que repasar la enorme influencia que tenían en esas épocas las obras que alaban el espíritu totalitario como las de Johann Herder, Johann Fichte, Friedrich Schelling, Friedrich Hegel, Gustav von Schmoller, Werner Sombart y Friedrich List. Siempre la educación (para bien o para mal, si se trasmiten valores compatibles con la sociedad abierta o si los contradicen) prepara el ámbito de lo que sucederá en el terreno político.

Resulta alarmante comprobar la cantidad de tecnócratas que sugiere mantener instituciones perversas, pero administradas por personas eficientes, en lugar de reformularlas, para no salirse de lo políticamente correcto, y todo esto en el contexto de quejarse por el incendio sin ocuparse de detectar y combatir el origen del fuego.

Es de desear que no se repita la historia de los avasallamientos de las autonomías individuales. Es de desear que se salga lo más rápido posible del sistema de la rapiña de los aparatos estatales, que significan ajustes diarios a los bolsillos de la gente y que no se aleguen gradualismos para demorar el cambio, puesto que significan demandas infundadas contra el derecho. No pueden alegarse derechos adquiridos contra el derecho, del mismo modo que cuando se eliminó la esclavitud no se dieron curso a los pedidos de indemnizaciones o gradualismos para salir de esa aberrante institución para atender reclamos de muchos de los hasta ese momento considerados dueños de esclavos.

Al hacer desaparecer instituciones que sirven para atropellar derechos individuales, se libera a las personas para que administren lo que es de cada cual. Sostener que no se debe dejar las cosas a la “anarquía del mercado” es no comprender que el mercado somos todos los que votamos diariamente con nuestras compras y abstenciones de comprar. No es que la disyuntiva sea el aparato estatal que decide por nosotros lo que nos pertenece o la anarquía, sino que la alternativa es que cada uno dirija lo suyo como juzgue mejor. De este modo, tendrá vigencia la Justicia como el “dar a cada uno lo suyo” y desaparecerán la mayor parte de las reparticiones oficiales que no solo son inútiles, sino contraproducentes (como el tragicómico Ministerio de Economía, en lugar de una secretaría de finanzas públicas, puesto que no puede controlarse la economía, el Ministerio de Educación, que pretende controlar el pensamiento a través de pautas y reglamentaciones varias, pero que debiera reemplazarse por acreditaciones de instituciones privadas locales e internacionales que en competencia realizan auditorías cruzadas al efecto de lograr la mayor excelencia posible, para no decir nada de los ministerios de Bienestar Social y equivalentes que producen malestar con recursos detraídos coactivamente del fruto del trabajo ajeno). Eliminar reparticiones, es decir, liberar recursos para engrosar los bolsillos de la gente, nunca podar funcionarios, de lo contrario, igual que la jardinería, luego crecen con más fuerza.

Lo que ha venido ocurriendo en las últimas largas décadas consiste básicamente en ocultar la acumulación de poder junto con irregularidades superlativas que para nada se condicen son el sistema republicano bajo la máscara hipócrita de proteger a los más necesitados, cuando justamente son los más perjudicados frente a aparatos estatales avasalladores.

En cada punto no me extenderé en los fundamentos, puesto que, por una parte, ya lo he hecho en libros, ensayos y artículos anteriores y, por otra, el espacio de una nota periodística no lo permite.

1. Establecer un sistema basado en severas limitaciones al Poder Legislativo como encargado de actos administrativos y no para legislar sobre aquello que es fruto de un proceso abierto de descubrimiento en un contexto evolutivo y no de diseño e ingeniería social, tal como lo explican juristas de la talla de Bruno Leoni. En el Poder Judicial, fortalecer la carrera de jueces y fiscales (para no solo condenar a ladrones de gallinas, sino también a corruptos en el Gobierno y peces gordos tramposos en el sector privado) y, por otra parte, abrir la posibilidad de arbitrajes fuera del ámbito oficial, donde en las relaciones contractuales las partes establecen quiénes resolverán los eventuales conflictos en las diversas instancias. Y el Ejecutivo electo a través de sorteos, como sugirió Montesquieu, con lo que los incentivos se encaminarán hacia la necesidad de protección de vidas y propiedades, dado que cualquiera puede ejercer el cargo, que, además, estará compuesto por un triunvirato tal como se propuso en la Convención Constituyente estadounidense.

2. Eliminar todas las embajadas y dejar un consulado en cada país, cargos que se justificaban en la época de las carretas al efecto de prevenir algún conflicto que debido a comunicaciones precarias no podía encararse por teleconferencias y otros canales modernos. Hoy los palacios y los séquitos no se justifican, al tiempo que se reducen privilegios que otorgan pasaportes diplomáticos y similares.

3. Liquidar la banca central y el curso forzoso como causantes principales del saqueo de patrimonios. Cuando la llamada “autoridad monetaria” decide expandir, contraer o dejar la masa monetaria inalterada, siempre se alteran precios relativos, lo cual, a su turno, se traduce en consumo de capital y su correlato: la disminución de salarios e ingresos en términos reales. Al mismo tiempo, dejar sin efecto el sistema de reserva fraccional en la banca y establecer el free banking en rubros que operan como cuentas corrientes (los depósitos a plazo y equivalentes naturalmente no requieren exigencias de efectivo mínimo, puesto que no generan producción secundaria y exógena de dinero).

4. Poner en venta al mejor postor todos los bancos estatales,puesto que inexorablemente significan derroche de los siempre escasos recursos, ya que “crédito barato” significa que otros están obligados a pagar la diferencia.

5. Poner también en venta todas las llamadas empresas estatales, puesto que su misma constitución implica asignar factores de producción en sectores distintos de lo que hubiera decidido la gente (y si hubiera sido en la misma dirección, es superflua la intromisión estatal). Y es menester tener en cuenta que cuanto más estratégica y vital el área más importante es que funcione bien, que cuando algo es “de todos”, no es de nadie (la conocida “tragedia de los comunes” que hace, entre tantas cosas, que la forma en que se toma café y se encienden las luces no es la misma en una entidad estatal que en una empresa privada). El asunto es que las empresas deben estar sometidas a lo que opina de ellas la gente, lo cual se pone en evidencia a través del cuadro de resultados: El que da en la tecla en las preferencias del prójimo gana y el que yerra incurre en quebrantos. Asimismo, a efectos de preservar la tan indispensable libertad de prensa, debe venderse el espectro electromagnético para sortear la figura de “la concesión” que significa el tener al Gobierno permanentemente como una espada de Damocles.

6. Salvo las estadísticas que consignan la administración de ingresos y egresos que hacen a las finanzas públicas, todas las demás deben delegarse en universidades y entidades privadas que, en competencia y ejerciendo auditorías cruzadas, harán las tareas correspondientes y siempre con base en datos que la gente considere relevantes. En esta misma línea argumental, todas las oficinas del Ejecutivo que no traten de organismos de control y otros entes autárquicos deberán concentrarse en la casa de gobierno, por lo que se liquidarían todos los inmuebles fastuosos que actualmente se utilizan como consecuencia de funcionarios que desempeñan tareas que nada tienen que ver con la protección de derechos y la administración austera y transparente de un sistema republicano.

7. Todos los aranceles y las tarifas aduaneras deben erradicarse para que la gente pueda comprar más barato y de mejor calidad, lo cual implica menor erogación por unidad de producto, que, a su vez, significa mejor nivel de vida. Debe rechazarse la conocida falacia de la industria incipiente como una mala excusa de seudoempresarios que apuntan a ser protegidos de la competencia exterior (o en su caso interior). Si es verdad que se concibe un proyecto redituable que más que compense las pérdidas iniciales debido a la poca experiencia en el ramo, este proyecto se venderá en el mercado para que se hagan cargo los empresarios interesado y no endosar la carga sobre las espaldas de la gente. Si nadie en el orbe lo compra, es por uno de dos motivos: O el proyecto es un cuento chino, o, siendo rentable, se estima que hay otros proyectos que son más redituables y, como no puede hacerse todo al mismo tiempo, el proyecto de marras debe esperar o descartarse. Por otra parte, nuevas tecnologías y productos más baratos liberan recursos humanos y materiales para destinarlos a la producción de otros bienes y servicios. En esto consiste el progreso, cada persona trabajando en una empresa intenta imaginar nuevos y mejores procesos, lo cual genera transiciones y cambios permanentes. Ese fue el caso, por ejemplo, del “hombre de la barra de hielo” antes del refrigerador o el fogonero antes de las locomotoras diesel. El denominado gradualismo implica la pretensión -oculta bajo figura del derecho adquirido- de demandar un derecho contra el derecho, por lo que, de modo gradual, se siguen lesionando derechos.

8. Abrir el mercado laboral abrogando la legislación que contempla la figura fascista de la personería gremial, si es que se hubiera comprendido que la única causa de salarios más elevados son las tasas crecientes de capitalización que hacen imposible conseguir trabajo manual e intelectual por debajo de esa marca. Esa es la explicación, por ejemplo, por la que en países de altas tasas de capitalización en gran medida no existe tal cosa como servicio doméstico, ya que el ser humano es empleado en tareas de mayor productividad.

9. Contar con impuestos reducidos para cumplir con las tareas de seguridad y justicia que implica castigar el fraude, el engaño y la trampa, reemplazando todas las cargas tributarias por el impuesto al valor agregado -que, por un lado, permite reducir controles por el sistema de impuestos a cargo e impuestos a favor y, por otro, cubre toda la base impositiva- y también por un impuesto territorial (siempre proporcional) que abarca a los que tienen propiedades a las que debe vigilarse, pero sus propietarios se encuentran en el extranjero, excluyendo así el principio de nacionalidad (o de voracidad fiscal). Establecer un federalismo fiscal donde las provincias coparticipen al Gobierno central y aquellas recauden para todos los fines que no sean defensa nacional y relaciones exteriores (que junto con los gastos que requiera la administración es jurisdicción del Gobierno central). Esta perspectiva hará que en los Gobiernos provinciales los incentivos se ubiquen en función de contar con una presión tributaria razonable para que la gente no se mude a otra provincia y para atraer inversiones (gravámenes reducidos que a su vez se traducen en gastos reducidos).

10. En este contexto, debe prohibirse la deuda pública externa por ser incompatible con la democracia, ya que compromete patrimonios de futuras generaciones que no han participado en la elección del Gobierno que contrajo la deuda, todo lo cual se vincula a las mal llamadas “inversiones públicas” (en verdad gastos en activos fijos para distinguirlos de los gastos corrientes), puesto que la inversión es inseparable del juicio subjetivo de titulares en cuanto a valor futuro y valor presente, lo cual por su naturaleza no puede ser forzosa. Esto significa la privatización de los servicios de infraestructura (por otra parte, en manos estatales es el mayor foco de corrupción), lo cual eventualmente traslada la deuda al sector privado y no a la deuda pública interna (además, no hay en este programa posibilidad de adelantos a la tesorería por parte de la banca central en este contexto inexistente).

Hay mucho más que decir sobre un programa político para el año verde, puesto que por razones de espacio no se han mencionado territorios de gran relevancia, pero baste con lo dicho como una introducción telegráfica para pensar y debatir.

Como queda expresado, todo esto dependerá de la educación en defensa de una sociedad abierta. Nada es automático. No es una faena para timoratos ni para los fanáticos del statu quo. El coraje de hombres como Karl Marx con su perseverancia produjeron un enorme corrimiento en el eje del debate en cuando a valores y principios. No siempre los que se denominan liberales -más bien conservadores- han tenido ni tienen ese coraje y se circunscriben a aceptar lo digerible al momento, pero les ocurre que en la etapa siguiente, con esa estrategia, se ven obligados a retroceden nuevamente, puesto que no han hecho nada por marcar la agenda, sino que se las establecen quienes son contrarios a la sociedad libre.

En otros términos, sin perjuicio de otros debates fértiles sobre el futuro, en esta instancia del proceso de evolución cultural, al efecto de avanzar hacia una sociedad abierta, se necesita una educación que elimine candados mentales que no permiten visualizar las grandes ventajas de vivir en libertad, es decir, de subrayar la importancia del respeto recíproco. Hoy parece para el año verde, pero cuanto antes mejor.

En este trabajo de Fuentes, si bien la trama está referida a México, en última instancia alude a las características de todos los gobiernos. Le encuentro cierta similitud con El príncipe de Maquiavelo. En este caso, se suele condenar al autor de perverso cuando en verdad estaba describiendo lo que ocurre en los pasillos del poder. Así, por ejemplo, escribe Maquiavelo que “podría citar mil ejemplos modernos y demostrar que muchos tratados de paz, muchas promesas han sido nulas e inútiles por la infidelidad de los príncipes, de los cuales, el que más ha salido ganando es el que ha logrado imitar mejor a la zorra. Pero es menester respetar bien ese papel; hace falta gran industria para fingir y disimular, porque los hombres son tan sencillos y tan acostumbrados a obedecer las circunstancias, que el que quiera engañar siempre hallará a quien hacerlo”. O cuando se lee que el gobernante “debe parecer clemente, fiel, humano, religioso e íntegro; mas ha de ser muy dueño de sí para que pueda y sepa ser todo lo contrario […] dada la necesidad de conservar el Estado, suele tener que obrar contra la fe, la caridad, la humanidad y la religión […], los medios que emplee para conseguirlo siempre parecerán honrados y laudables, porque el vulgo juzga siempre por las apariencias”.

El libro de Fuentes se construye en base a un entramado epistolar cuyo eje central se refiere al poder político mexicano con todas las tramoyas, vericuetos, traiciones y abusos típicos de la politiquería, intercalado con relaciones amorosas de diverso calibre. Son setenta los capítulos que corresponden a sesenta y nueve cartas y una especie de post-sriptum, mediante lo cual ilustra magníficamente lo que el autor se propone describir, posiblemente al efecto de que el lector discuta consigo mismo sobre el poder y se cuestione sus diversos aspectos.

En cierto sentido me recuerda el ensayo, también sobre México pero aplicable a otros lares, titulado Toma de posesión: el rito del poder de Fernando Serrano Migallón, que abarca desde la sociedad prehispánica hasta Carlos Salinas de Gortari, donde, sin proponérselo el autor, quedan estampadas las prepotencias de gobernantes, las rencillas del poder que se llevan por delante los derechos de la gente en el contexto de un boato rayano en la ridiculez (tengamos en cuenta el aforismo en cuanto a que “entre lo sublime y lo ridículo hay sólo un paso”).

Estimo que el mejor modo de poner de manifiesto lo dicho es transcribir algunos pasajes cortos de La Silla del Águila. Aquí va una muestra representativa por orden de aparición y por boca de los personajes de la novela: “para mí todo es política, incluso el sexo. Puede chocarte esta voracidad profesional”, “el poder es mi vocación”, “te lo digo a boca de jarro: todo político tiene que ser hipócrita. Para ascender, todo vale. Pero hay que ser no sólo falso, sino astuto”, “la fortuna política es un largo orgasmo”, “no hay gobierno que funcione sin el aceite de la corrupción” y “no hay mejor entrenamiento para la política que el adulterio”.

Como esto está muy generalizado y no circunscripto a países del tercer mundo, es decir, la democracia -el respeto irrestricto de las mayorías por las minorías- que ha devenido en cleptocracia, vale la pena hacer un alto en el camino y considerar propuestas que intentan rectificar el rumbo, no en base a la espera de milagros con los mismos sistemas y procedimientos, sino en base a incentivos distintos. En este sentido, es de gran relevancia discutir la propuesta de Friderich Hayek para el Poder Legislativo, la de Bruno Leoni para el Poder Judicial y la de Montesquieu aplicable al Poder Ejecutivo. Son propuestas radicales que he considerado en otras oportunidades, pero, en todo caso, si éstas no se aceptan hay que usar las neuronas para pensar en otras pero no quedarse de brazos cruzados y comprobar cómo se degrada el sistema institucional camuflado con votos. Incluso esto es necesario para dar lugar a otros debates como los fértiles de las externalidades, el dilema del prisionero y las asimetrías de la información.

En La Silla del Águila los personajes vinculados a la política discuten sobre engaños, estrategias, enredos amorosos, consejos inauditos y confesiones inconfesables. En no pocos pasajes se advierten ideas atrabiliarias de Carlos Fuentes -especialmente en materia económica- del todo compatibles con otras declaraciones suyas expresadas de viva voz por otros canales y en otros de sus escritos, pero de cualquier manera, sigue en pie que esta obra desnuda el alma del poder (además de los otros desnudos literales que se insinúan o que se describen en la novela).

Resultan tragicómicas las descripciones que se hacen de los diversos funcionarios gubernamentales, como que “el encargado de las comunicaciones se comunica mejor en silencio, a oscuras, y expidiendo, como lo hace, concesiones y contratos mediante jugosas comisiones” o cuando se describe al “secretario de Estado para la Vivienda… que sólo ha construido una casa: la suya”, a los que viven declamando “lealtad al espíritu de la Patria – whatever that means!” y a funcionarios que son “como poner un pirómano al frente del cuerpo de bomberos” (lo cual me recuerda a Ray Bradbury en Farenheit 451, a lo que agrego que es una espléndida metáfora para aludir a nuestros gobiernos: bomberos que incendian).

Fuentes describe a través de los diálogos epistolares de referencia “las bajezas a que conduce el servilismo político”, la obsecuencia y los aplaudidores que reciben todo tipo de privilegios (aquí me surge Opiniones de un payaso de Heinrich Böll, especialmente referido a la hipocresía de pseudoempresarios prebendarios) y las náuseas que provoca trabajar con funcionarios aberrantes que hacen decir a subordinados que “debo disciplinarme y aceptar la diaria compañía de tan repugnante sujeto” en el contexto de que “el más ilustrado de los gobernantes requiere la seguridad que le da un yes-man, el que le dice que sí a todo” que demanda “obsequiosidad ante los superiores y crueldad con los inferiores”, todo mientras están en el poder, luego de lo cual, cuando se ven obligados a dejar el trono, se preguntan incrédulos “¿A dónde se fueron mis amigos?”.

Por último -porque en una nota periodística no pueden abarcarse todos los aspectos de la trama de una novela- establezco dos correlatos más con otros escritos. En primer lugar, cuando Fuentes le hace decir a uno de sus actores “yo soy de los que prefieren matar a miles de inocentes que dejar que se me escape un solo culpable”. En este caso, la comparación que me viene a la memoria es la cita del megalómano Marat en la contrarevolución francesa que hace Albert Camus en El hombre rebelde: “¡Es que no comprenden que yo sólo quiero cortar miles de cabezas para salvar muchas más!”.

El segundo caso es cuando en La Silla del Águila (nótese que los dos sustantivos van con mayúscula para indicar la solemnidad del poder) se declara que “la máscara se ha convertido en la cara”. Esto es lo que se consigna en la formidable The Scarlet Letter de Nathaniel Hawthorne referida a los horrendos “juicios” de brujería: “ningún hombre, por un período considerable de tiempo, puede usar una cara para consigo mismo y otra para la multitud, sin finalmente confundirse respecto a cual es la verdadera”.

He disfrutado con esta lectura proporcionada por Carlos Fuentes, gracias al obsequio de Juan de Anchorena que indudablemente conjetura bien acerca de mis inclinaciones bibliográficas. Como una nota al pie, es de interés destacar un párrafo de la novela que puede parecer un tanto misteriosa al lector desprevenido, y es cuando se exclama “¡Por la pata perdida de Santa Anna…!”. El mismo Fuentes se refiere al episodio en su prólogo a la obra antes referida de Roa Bastos y es que Antonio López de Santa Anna, quien gobernó México por once períodos intercalados, en una ocasión perdió una pierna en una batalla, por lo que la hizo enterrar en la Catedral mexicana con toda la pompa de los funerales oficiales y cada vez que dejaba el poder la gente la desenterraba, pero cuando volvía al gobierno el tirano nuevamente enterraba su extremidad con idénticas formalidades. Otra forma de ilustrar los descaros del poder.