En verdad la así llamada oposición no se opone al “modelo” que se viene aplicando desde hace décadas y décadas en Argentina, a saber el manotazo al fruto del trabajo ajeno. Nos hemos apartado grandemente de la visión alberdiana que por otra parte colocó a esta nación a la vanguardia de las naciones civilizadas, en cuya situación llegaban oleadas de inmigrantes para “hacerse la América” en vista de las condiciones atractivas de vida que se ofrecían en estas costas solo comparables con las que tenían lugar en los Estados Unidos. Era la época en que se prestaba mucha atención al dictum de Alberdi en cuanto a preguntarse y responderse “¿Qué exige la riqueza de parte de la ley para producirse y crearse? Lo que Diógenes exigía de Alejandro: que no le haga sombra” y que “el ladrón privado es el más débil de los enemigos que la propiedad reconozca. Ella puede ser atacada por el Estado, en nombre de la utilidad pública”. Luego todo esto esfumó y se trocó por un estatismo rampante vía politicastros instalados en los gobiernos que pretenden manejar a su antojo vidas y haciendas ajenas.

En este contexto, el rol de la oposición es hoy en nuestro país realmente pobre. Cada candidato sostiene que manejará “eficientemente” el fruto del trabajo ajeno. No hablan de recortar funciones gubernamentales y, por ende, no mencionan la necesidad de recortar el gasto público al efecto de engrosar los bolsillos de la gente y aliviar la crisis fiscal. Más aun, hay temas en los que no se trata de entender de economía sino de pura esquizofrenia al declamar que hay que reducir impuestos sin reducir el gasto estatal y ocultar que las tarifas no pueden manejarse como si los costos pudieran resolverse por decreto. No hay otra posibilidad: o se trata de una ignorancia superlativa o de un engaño mayúsculo, en cualquier caso la disyuntiva no despierta confianza.

A los autodenominados opositores les disgusta el lenguaje, la arrogancia supina y los pésimos modales de los gobernantes que hoy están instalados en el poder, pero suscriben y pretenden adoptar el eje central de lo que se viene ejecutando. No quiero dar nombres porque el tema es de ideas, pero demos solo unos poquísimos ejemplos para ilustrar lo dicho.

El sistema de previsión social. Al momento todos concuerdan en que se hizo bien en expropiar los recursos de quienes preferían estar en un sistema de capitalización y no en uno de reparto donde, como es sabido, actuarialmente es un sistema quebrado que se base en el esquema Ponzi. Y no estoy diciendo que el sistema anterior era bueno ya que se basaba en la obligación de aportar ya sea en un plan o en otro (además solo en las empresas autorizadas por el gobierno de turno,  lo cual desde luego excluía también a empresas radicadas en el extranjero). Desde que se creó el sistema jubilatorio se basó en esa obligación en lugar de permitir que cada uno haga lo que estime pertinente con su dinero. Más aún, en el caso argentino, los antes referidos inmigrantes ahorraban en la compra de terrenos y departamentos lo cual fue liquidado por las leyes de alquileres y desalojos. Tras esta argumentación falaz por la que se obliga a la gente a aportar para su vejez está la premisa de que, de lo contrario, la gente no dispondrá de fondos para subsistir. Pero aquí hay dos temas básicos: en primer lugar si esto fuera correcto, cuando el jubilado cobra su pensión habría que destinar policías al mejor estilo del Gran Hermano orwelliano para que no la gaste en alcohol o en diversiones malsanas y, en segundo lugar, en los ya de por si pésimos sistemas de reparto el aparato estatal echa mano a los recursos por lo que nadie cobra jubilaciones razonables ni se puede vivir con lo que se cobra (salvo las jubilaciones de privilegio generalmente de burócratas). No se necesita ser un experto en matemática financiera para percatarse de la estafa. En resumen, ningún candidato hace honor al derecho de propiedad.

Segundo ejemplo, el caso de Aerolíneas Argentinas, que se conoce con la absurda e irrisoria denominación de “línea de bandera” y que arroja pérdidas por valor de dos millones de dólares cada veinticuatro horas. Todavía seguimos con la sandez de las “empresas estatales” sin percibir que no  se puede jugar al empresario ya que no se trata de un simulacro o un pasatiempo. En rigor, la empresa requiere poner en riesgo recursos propios. Los incentivos en uno y otro caso son de naturaleza completamente distinta. Como se ha puntualizado, la forma en que se toma café y se prenden las luces son distintas en uno y otro caso. Los cuadros de resultados guían permanentemente la asignación de los siempre escasos recursos, proceso incompatible con los ámbitos de la politización.

La constitución misma de una empresa estatal significa derroche de capital puesto que de no mediar la coacción, el usuario hubiera destinado de otro modo el fruto de su trabajo (y si lo hubiera destinado en la misma dirección resulta superflua la intromisión estatal). Incluso si la “empresa estatal” arrojara ganancias -que no es el caso- habría que preguntarse si las tarifas no están demasiado altas. El único modo de conocer como debe operarse es en el mercado abierto y competitivo. Desde luego que esto no significa que se otorguen privilegios ni concesiones, como queda dicho se trata de asignar derechos de propiedad. Si el área en cuestión es estratégica o de seguridad mayor es la razón para que funcione bien y, por tanto, más razón que el emprendimiento no se encuentre en manos de la burocracia. En última instancia,  el término “eficiencia” en la asignación de recursos solo tiene sentido cuando la respectiva colocación se lleva a cabo libre y voluntariamente. Carece de sentido desde la perspectiva de quien le roban la billetera que el ladrón alegue que asignará los fondos “eficientemente” en tareas comunitarias. Por eso resulta tragicómico cuando los candidatos machacan que no hay que reducir el gasto público sino “hacerlo más eficiente”.

Un último ejemplo es el de los subsidios, en general los candidatos se resisten a considerarlos como si los integrantes del gobierno fueran los que los financian de su propio peculio, cuando en verdad cada vez que se anuncia que el aparato estatal entregará tal o cual suma de dinero o dispondrá de plazos más largos y tasas de interés menores a las de mercado,  son los vecinos los que se están haciendo cargo. No hay magias posibles. Se torna insoportable considerar a la sociedad como un inmenso círculo en el que cada uno tiene las manos metidas en los bolsillos del prójimo. Resulta llamativo que muchos de los candidatos suscriben las medidas “redistributivas” del actual elenco gobernante solo que dicen que “hay que llevarlas a cabo sin corrupción”, es decir, el antedicho modelo del manotazo al fruto del trabajo ajeno pero “sin corrupción”. Sin duda que este comentario no es para subestimar la inmoralidad de la corrupción pero un sistema autoritario sin corrupción no hace a la gente más libre ni próspera. Además, “redistribuir” significa que el gobierno vuelve a hacer por la fuerza lo que ya distribuyó en paz la gente en el supermercado y afines.

Incluso el presidenciable del partido que se siente visto como apartado del populismo (aunque en su gestión haya incrementado en términos reales el gasto, la deuda y los impuestos), ahora unido con otras dos fuerzas partidarias también comandadas por dos personas decentes, declaró que  “reivindico el cien por cien de las banderas peronistas” y su principal asesor de imagen sostiene que ese partido “es el único partido de izquierda que hay en la Argentina”, que él sabe de eso porque “siempre fui un tipo de izquierda” y que el peronismo le parece “genial”. Las antedichas declaraciones tal vez expliquen que la juventud de ese partido haya fabricado remeras con el rostro del referido presidenciable con el gorro del Che Guevara. Estos comentarios van en parte para que en el exterior se comprenda y calibre en algo nuestros problemas políticos en relación al partido a veces estimado por personas consideradas sensatas como “el menos malo” de las ofertas existentes.

Los opositores mantienen que si acceden al poder habrá justicia pero si ésta significa “dar a cada uno lo suyo” según la definición clásica, no resultará posible lograr el cometido por las razones antes expuestas en cuanto a la subestimación y ataque a la propiedad privada. Lo único que tal vez resulte posible en un nuevo gobierno es evitar que se esté asesinando en la calle como ocurre permanentemente en la actualidad. También, conjeturo que al mostrar el nuevo gobierno mejores modales con el resto del mundo, es posible que entren capitales que contribuyan a mejorar la situación, aunque si no se toman medidas de fondo, a poco andar, luego del exitismo inicial con el cambio de gobierno (que ya hemos vivido en otras oportunidades), luego de este entusiasmo inicial decimos se caerá nuevamente en los consabidos pozos de desilusiones que nos han acompañado luego de los  primeros tramos de una nueva gestión.

Como hemos puntualizado al comienzo, el asunto fundamental consiste en la educación. Mientras este aspecto no sea considerado debidamente, no existirán discursos razonables de políticos que se dirijan a una audiencia que comprende y acepte valores como los alberdianos. Y no se diga que esta es una faena de largo plazo porque es lo que se ha venido repitiendo desde hace más de siete décadas. Cuanto antes se empiece más rápidos serán los resultados. Desde la vereda de enfrente a lo que venimos diciendo, cito por enésima vez a Antonio Gramsci quien ha escrito: “Tomen la cultura y la educación y el resto se dará por añadidura”.

De cualquier manera, salvo muy honrosas excepciones de aquellos que por el momento no tienen posibilidad de estar bien posicionados en una carrera electoral, en última instancia, la llamada oposición no es tal.

Decimos esto porque en las reiteradas declaraciones los supuestos opositores revelan su disgusto por los modales, la arrogancia y el espíritu confrontativo del actual gobierno pero, en la práctica, adhieren con entusiasmo al eje central de las medidas adoptadas. Esto se ha mostrado una y otra vez en muy diversas circunstancias.

Estimo que esto puede ilustrarse con algo observado esta semana en los medios. No quiero hacer nombres propios puesto que la batalla cultural debe debatirse en el plano de las ideas y no en el plano personal. Fue en un programa televisivo de gran audiencia y el entrevistado era un político muy relevante de un partido tradicional. 

El conductor abrió el programa preguntándole al personaje de marras que opinaba de lo que había dicho la titular del Poder Ejecutivo en cuanto a lo que esperaba se preserve de su legado y enumeró algunas de sus medidas. El político entrevistado dijo con énfasis que la lista que detalló la mandataria le pareció corta y que podía alargar a ese racconto otras medidas “pero con la condición de que sean bien administradas y no haya corrupción”.

Como este artículo no es solo para argentinos, ilustraré lo dicho con un ejemplo que será comprendido por todos y, además, si tuviera que analizar todos los puntos mencionados en esa entrevista necesitaría mucho más espacio del que brinda una nota periodística. El ejemplo alude a la estatización de Aerolíneas Argentinas como “línea de bandera” que actualmente arroja pérdidas diarias millonarias. A esto se refirió el entrevistado: sostuvo que le parecía muy bien la estatización de la empresa de aeronavegación puesto que el país no debía renunciar a la soberanía pero, como queda dicho, “bien administrada”.

Con esto queda claro que no se ha entendido nada de nada. En primer lugar, empresa estatal constituye una contradicción en términos. Una empresa no es un simulacro o un pasatiempo: o se asuenen riesgos con patrimonios propios y se gana o se pierde según se satisfaga o no las necesidades del prójimo, o se está ubicado en una entidad política que asigna recursos fuera de los rigores del mercado, es decir, según criterios de la burocracia del momento.

En segundo término, esa entidad política, mal llamada empresa estatal, inexorablemente significa en el momento de su constitución un derroche de capital, esto es, habrá utilizado los recursos en una forma distinta de lo que lo hubieran hecho sus titulares, lo cual, a su vez, se traduce en reducción de salarios e ingresos en términos reales puesto que éstos dependen de las tasas de capitalización. Entonces, por la naturaleza misma de este burdo simulacro, no puede estar “bien administrada”… y, a raíz de estas declaraciones grandilocuentes, recordemos al pasar que “entre lo sublime y lo ridículo hay solo un paso”.

Tercero,  si se sostiene que la entidad política de marras no hará daño porque “compite” con empresas de igual ramo, debe aclararse que no hay tal cosa ni puede haberlo. Esto es así porque la entidad política, por definición, cuenta con privilegios de muy diversa naturaleza y si se contra-argumenta que se prohibirán los privilegios y que, por tanto, habrá genuina competencia, debe responderse que, entonces, no tiene ningún sentido que dicha entidad opere en el ámbito político y que, para probar el punto de la real competencia el único modo es competir, es decir, zambullirse en el mercado con todos los antedichos rigores.

Cuarto, si se señala que esa entidad arroja ganancias y presta buenos servicios debe puntualizarse que -si los balances están bien confeccionados y no adolecen de la denominada “contabilidad creativa” llena de fraudes- y exhibe beneficios netos, la pregunta debe estar dirigida a indagar si las tarifas correspondientes no estarán demasiado altas. El único modo de conocer el nivel de tarifas reales es en el contexto del proceso de mercado. En esta misma línea argumental, por ello es que la proliferación de entidades políticas del tipo de las que venimos comentando necesariamente distorsionan precios. Y como los precios son los únicos indicadores en el mercado, su desfiguración redunda en contabilidades irreales, las cuales bloquean la posibilidad de cálculo económico.

En cuanto a que “el servicio es bueno”, la conclusión carece de base se sustentación ya que el tema central radica en visualizar cuáles son los sectores que la gente hubiera preferido si no se hubieran esterilizado sus recursos en la prestación de un servicio o la producción de un bien que, dadas las circunstancias, no es prioritario a los ojos de los consumidores.

Quinto, el tan vapuleado tema sobre la conveniencia de constituir las entidades políticas bajo el disfraz de empresa debido a que se trata de sectores estratégicos o vitales es autodestructivo ya que cuanto más estratégico y vital el sector, mayores son las razones que funcionen bien. Es cierto que desafortunadamente en ciertos países avanzados existen algunas empresas estatales para mal de sus habitantes, pero esta política se diluye entre muchas otras de corte civilizado. En nuestro caso, en cambio, se acumulan esperpentos.

Y, por último, sexto, como se ha señalado, la soberanía es aplicable solo a los individuos como indicación de sus derechos inalienables que son superiores y anteriores a la misma existencia del gobierno, aparato cuya misión en una sociedad abierta es velar por su protección y garantía. La “soberanía” de la zanahoria, de un avión, de un dique o de un trozo de tierra es tan estúpido que no resiste análisis serio. En realidad hay un estrecho correlato entre la lesión de derechos y la tan cacareada “soberanía” de las cosas y los artefactos.

Y, de más está decir, no se trata de insinuar que en el sector privado están los “buenos” y en el gubernamental los “malos”, muy lejos de ello, se trata nada más y nada menos que de los incentivos: la forma en que se enciende la luz y se toma café en una repartición estatal es muy distinta de lo que ocurre en una empresa privada.

¡Ah no! se exclama, aun admitiendo todo lo demás, lo que quiere la oposición es una buena calidad institucional. Pero es que si se admite lo demás, no hay forma de contar con marcos institucionales civilizados ¿o es que cuentan con que el Poder Judicial dictará la inconstitucionalidad de todas las medidas estatistas “bien administradas” que suscriben?

Con esto no quiero cargar excesivamente las tintas contra la supuesta oposición, solo muestro la coincidencia con el eje central de lo que viene sucediendo descartando los modales, la soberbia y el espíritu confrontativo.

Tampoco quiero cargar las tintas por otro motivo más de fondo y es que los políticos fuera del gobierno tampoco pueden recurrir a un discurso que la opinión pública no puede digerir puesto que convengamos que propuestas alberdianas hoy en la Argentina (aludiendo al autor intelectual de nuestra Constitución fundadora, Juan Bautista Alberdi) serían masivamente rechazadas y repudiadas.

Por esto, como resumen de esta nota, enfatizo una vez más en la imperiosa necesidad de preocuparse y ocuparse de la educación y el debate abierto de ideas como único camino para permitir que los políticos del futuro puedan articular un discurso compatible con la libertad. Un estatismo sin corrupción sigue generando todos los daños del estatismo aun sin caer en la indecencia y la desfachatez del robo desde las instancias encargadas de velar por los derechos de la gente.

Para terminar, lo voy a parafasear a mi estimadísmo James Buchanan en las últimas líneas de su libro (con Richard Wagner) dedicado a criticar las propuestas clave de Keynes: ¿estará próximo el día en que elijamos el sentido común del liberalismo y transitaremos “el camino menos frecuentado” que se consigna en los célebres versos de Robert Frost, o insistiremos en la senda más recorrida de la pobreza colectiva?