Todo lo que nos rodea nace de una teoría: el método para cosechar, la heladera, el automóvil, la construcción de viviendas, los anteojos, las computadoras, el diseño de ropa, la medicina, el lavarropas, el derecho, la economía,  la electricidad, el mobiliario, la química, la astronomía y así sucesivamente. El práctico se aprovecha de los trabajos teóricos conciente o inconcientemente para obtener sus metas, de lo contrario es actuar a los tumbos.

El pragmatismo, especialmente aplicado a la política, significa que de todas las teorías existentes se adopta la que resulte posible, lo cual quiere decir que será lo que la opinión pública del momento es capaz de absorber, situación que en no pocas ocasiones obliga a incorporar teorías falsas o truncas.

En esta instancia del proceso de evolución cultural, el político es un megáfono de lo opinión pública: como he escrito en varias oportunidades, debe tener la flexibilidad necesaria si desea mantenerse en carrera, de lo contrario no tendrá futuro en la arena política.

Entonces, la tarea fundamental consiste en influir sobre la referida opinión pública al efecto de correr el eje del debate, es decir, forzar un cambio en la articulación del discurso y esto solo se logra a través de la educación formal e informal. Es por esto que tanta razón tenía el marxista Antonio Gramsci al sostener que debe “tomarse la cultura y la educación, el resto se dará por añadidura”.

Hayek ha consignado con razón: “Necesitamos líderes intelectuales que estén preparados para resistir las tentaciones del poder y que estén preparados para trabajar por un ideal, sin importarle lo pequeña que pueda ser la posibilidad de su inmediata realización. Tiene que haber hombres que estén dispuestos a seguir principios y pelear por su total realización aunque ésta sea lejana en el tiempo”. Y más adelante subraya que “aquellos que se han concentrado en lo que al momento parecía practicable dado el estado de la opinión pública, constantemente se percatan que incluso esto rápidamente se ha convertido en políticamente imposible debido a cambios en la opinión pública sobre la que ellos han sido incapaces de influir”.

A mi entender es un verdadero desperdicio que haya intelectuales que la juegan de políticos desde el llano, sin estar en la arena política. Dado a que aspiran a tener cargos, renuncian a influir en otros para que se comprendan valores y principios y son en cambio “flexibles” en la esperanza de lograr el cometido del puesto en la burocracia. El pragmatismo no solo es algo comprensible sino necesario en el plano político: se debe conciliar y ceder lo que sea conveniente para mantenerse en la carrera política y, de ese modo, acceder a las demandas de la gente. Si un político hace caso omiso de lo que reclama la opinión pública tendrá sus días contados como político. Al contrario, si un profesor intenta averiguar que pretenden sus alumnos antes de dictar su clase, está terminado como catedrático. Son funciones cruzadas.  El político no puede jugar al intelectual a riesgo de perder apoyo electoral, como que el intelectual pierde la brújula si la juega de político.

Como dice Hayek, necesitamos intelectuales cuyo norte sea la honestidad intelectual y la integridad moral a la altura de su misión: apuntar al corrimiento en el eje del debate para darle plafón al político en sus propuestas. El clima de opinión que se constata en el presente es consecuencia inexorable de la faena intelectual sea en una u otra dirección. Y no es que un intelectual no pueda ser político, es solo que deberá cambiar su rol drásticamente (hay sin duda cuasi-crímenes como cuando un valioso intelectual opta por dedicarse a la política…como si  el premio Nobel Federico Leloir, en lugar de dedicarse a lo que se dedicó hubiera invertido su tiempo en ser intendente de Chascomús).

Lo dicho nada tiene que ver con la ideología, una expresión que en su uso común difiere sustancialmente de la definición del diccionario y de la idea marxista de “falsa conciencia de clase” para aludir algo terminado, cerrado, dogmático e inexpugnable, es decir, lo contrario al liberalismo que es siempre un proceso en ebullición puesto que el conocimiento es provisorio abierto a refutación.

Ilustro la idea que venimos desarrollando con un diálogo imaginario entre A (intelectual liberal) y B (político en funciones de cualquier partido).

A: Le solicito una entrevista señor B al efecto de someter a su consideración unos proyectos que tengo preparados.

B: Con mucho gusto, lo espero.

A: En primer término sugiero proponga al Parlamento que se liquide la banca central que es el centro de la confiscación del patrimonio de la gente ya que en cualquier dirección que proceda, sea o no independiente de las autoridades políticas, podrá operar solo en una de tres vías: expandir la base monetaria, contraerla o dejarla en el mismo nivel con lo que siempre distorsionará los precios relativos, lo cual, a su turno, desfigura las únicas señales que tiene el mercado para funcionar y, consecuentemente, disminuirán las tasas de capitalización junto con los salarios e ingresos en términos reales.

B: Me despido de usted después de escuchar semejante granada verbal, un discurso de esa naturaleza terminaría con mi carrera ya que debo adaptarme a lo que la opinión pública puede digerir y aceptar.

Finalizo esta nota periodística con un ejemplo concreto de la incomprensión manifiesta que venimos puntualizando. Días pasados, en un congreso en Rosario (Argentina), entre otros, se suscitó un intercambio de ideas sobre el concepto de convertibilidad expuesto por Iván Carrino acerca de lo que escribió un esclarecedor y muy documentado artículo Adrián Ravier en el que da cuenta de mi participación en aquél debate, nota que oportunamente leyó Domingo Cavallo. Entonces, este último opinó en su blog, entre cuyos conceptos se lee que “hay todavía seguidores de la Escuela Austríaca, algunos muy prominentes e influyentes, como Alberto Benegas Lynch, que no parecen tener capacidad de análisis histórico, como para distinguir entre ideas que pueden llevarse a la práctica y aquellas que son imposibles frente a los condicionamientos de la realidad. […] Me gustaría algún día discutir estos temas con Alberto Benegas Lynch, que, por lo que comenta Adrián Ravier, es quien dentro de los austríacos considera chiste de mal gusto mi figura al lado de las de Von Mises y Hayek”.

Iván Carrino me propuso concretar ese debate de inmediato, que sugerí se lleve a cabo en marzo próximo. De cualquier manera, la antedicha cita pone de relieve el superlativo desconocimiento de nuestra interpretación de los distintos roles que desempeña el intelectual y el político, en este caso en el contexto de los tremendos desbarajustes del menemato.

Es interesante entonces indagar acerca del origen del tratamiento sistemático de aquellos marcos. Habitualmente se sitúa en John Locke, pero si bien fue un inicio decisivo en la historia no es el origen del referido tratamiento sistemático donde más bien debe ubicarse a Algernon Sidney quien escribió antes que Locke sobre algunos de los mismos temas, aunque una obra no tan ordenada y con divergencias como en el caso del llamado “estado de naturaleza”, el modo de presentar asuntos como la tributación, el abuso de poder en las asambleas populares y el mayor refinamiento por parte de Locke de asuntos como el origen de la propiedad y los poderes del gobierno.

Sidney y Locke por conductos separados conspiraron contra Carlos II (que fue repuesto en el trono después de Cromwell), el primero fue sentenciado a muerte mientras que el segundo pudo escapar de Londres antes que se precipitaran los acontecimientos. Por esto es que se demoró hasta 1698 la publicación del libro de Sidney titulado Discources Concerning Government (escrito entre los años 1681 y 1683), quince años después de la muerte de su autor y diez años después de la obra cumbre de Locke, la que como es sabido fue complementada posteriormente por Montesquieu y tantas otras contribuciones hasta el presente.

Sin duda que hay antecedentes que se remontan a la antigüedad: las agudas consideraciones de Cicerón 50 AC, los escritos de miembros de la Escolástica Tardía, especialmente los de Francisco Suárez y Francisco de Vitoria, los tratados de Richard Hooker y Hugo Grotius y en la práctica del derecho, con suerte diversa, el Código de Hamurabi (circa 1750 AC), los Mandamientos (especialmente el “no matar”, “no robar” y “no codiciar los bienes ajenos”, circa 1250 AC), la democracia ateniense, el common law, el derecho romano, la Carta Magna de 1215 y los Fueros de Aragón de 1283 donde se estableció el juicio de manifestación más de veinte años antes del habeas corpus en Inglaterra (aunque las bases se sentaron con el interdictio, también en la Roma antigua).

Sidney escribió su obra también como una refutación a Patriarcha: A Defence of the Natural Power of Kings against the Unnatural Liberty of the People de Robert Filmer. Así, Sidney resume con ironía su posición respecto al derecho divino de los reyes al escribir que “como ha dicho no hace mucho una persona ingeniosa [Richard Rumbold] hay algunos que han nacido con coronas en sus cabezas y todas las demás con monturas sobre sus espaldas”.

La obra se divide en tres grandes capítulos subdivididos en secciones en 600 páginas correspondientes a la edición de 1990 (Indianapolis, Indiana, Liberty Fund). En el primer capítulo -especialmente en las secciones quinta y sexta- el autor se detiene a considerar el fundamento de los derechos de las personas quienes a través de la razón y la experiencia descubren lo que está en la naturaleza de las cosas y que las formas de gobierno deben ser consistentes con la protección de esos derechos. En este sentido escribe que “la libertad consiste solamente en la independencia respecto a la voluntad de otros” y “por el nombre de esclavo entendemos a aquel que no puede disponer de su persona ni de sus bienes porque está a la disposición de los deseos de su amo” y subraya la importancia de limitar el poder del gobierno porque “si estuviera dotado de poder ilimitado para hacer lo que le plazca y no fuera restringido por ninguna ley, si se vive bajo tamaño gobierno me pregunto qué es la esclavitud”. 

Sostiene que es un contrasentido utilizarlo a Dios como respaldo de monarquías absolutas y otros gobiernos despóticos que ponen a la par “el gobierno de Calígula con la democracia de Atenas”, ni falsear la interpretación bíblicas para suscribir atropellos al derecho de los gobernados “puesto que la violencia y el fraude no pueden crear derechos” ya que “Aquello que es injusto no puede nunca cambiar su naturaleza” por el hecho de ser un gobierno el que dictamine.

En el transcurso del segundo capítulo, Sidney se explaya en la necesidad de normas o reglas generales para la convivencia, lo cual no debe confundirse con decretos reales que avasallan derechos. En esta línea argumental el autor inicia una confrontación con lo que después se denominaría positivismo legal. En este sentido sostiene que el renegar de mojones extramuros de la ley positiva “abjuran” del sentido de las normas justas y las “usurpan lo cual no es más que una violación abominable y escandalosa de las leyes de la naturaleza”.  Destaca que “aquello que no es justo no es Ley; y aquello que no es Ley no debe ser obedecido” (fórmula tomista). Vincula también la Justicia con la institución de la propiedad en línea con el “dar a cada uno lo suyo”, en cuyo contexto enfatiza que “La propiedad es un apéndice de la libertad; es imposible que un hombre tenga derechos a la tierra y a los bienes si no goza de libertad”.

Finalmente, en el tercer y último capítulo surge el tema del derecho de resistencia a los gobiernos opresivos, tema que más adelante fue recogido en la Declaración de la Independencia estadounidense y de todos los gobiernos liberales. En este sentido, declara que “El único fin por el que se constituye un gobierno y por lo que se reclama obediencia es la obtención de justicia y protección, y si no puede proveer ambos servicios, el pueblo tiene el derecho de adoptar los pasos necesarios para su propia seguridad”.

Y sigue diciendo que “El magistrado […] es por y para la gente y la gente no es por y para él. La obediencia por parte de los privados está sustentada y medida por las leyes generales y el bienestar de la gente y no puede regirse por el interés de una persona o de unos pocos contra el interés del público. Por tanto, el cuerpo de una nación no puede estar atado a ninguna obediencia que no esté vinculada al bien común”. 

Concluye que “sería una locura pensar que una nación puede estar obligada a soportar cualquier cosa que los magistrados piensen oportuno contra ella”.

Sidney influyó sobre William Penn en cuanto a la necesaria tolerancia y libertad religiosa, quien luego fundó Pennsylvania en Estados Unidos donde propugnó la completa separación entre el poder y la religión como antecedente fundamental para la “doctrina de la muralla” jeffersoniana y bregó por el respeto irrestricto a los derechos individuales.

Thomas Jefferson, en carta dirigida a John Trumbull el 18 de enero de 1789 escribió que la obra que comentamos de Sidney “es probablemente el mejor libro sobre los principios del buen gobierno fundado en el derecho natural que haya sido publicado en cualquier idioma”. Y, a su vez, John Adams el 17 de septiembre de 1823 le escribió a Jefferson sobre el mismo libro en donde consigna que constituye “un iluminación en moral, filosofía y política”. Friedrich Hayek en Los fundamentos de la libertad manifiesta que “Entre los puntos que toca Sidney en Discourses Concerning Government, esenciales para nuestro problema [y se refiere a su definición de libertad ya citada en esta artículo]”.

El día de su ejecución sus verdugos leyeron párrafos de su Discourses como pretendidas pruebas de su sentencia a muerte y Sidney les entregó una nota en la que, entre otras cosas, subraya que “vivimos una era en la que la verdad significa traición”.

Para cerrar esta nota, recordemos que, como se ha dicho, es el único caso en el que actúan como patrones quienes reciben sus sueldos de otros, es decir, los gobernantes proceden como dueños  cuando son los gobernados los que financian sus emolumentos.