Ahora se hace necesario dar un paso más y mostrar la conexión de aquellos dos campos de estudio con la cultura, es decir, con los valores y los principios de una sociedad abierta en la cual el rasgo central consiste en el respeto recíproco, situación en la que están interesados todos, no importa a qué se dedique cada uno y no importa cuál es su tradición de pensamiento preferida.

Se ha señalado con razón que con sólo establecer constituciones y leyes que resguardan las vidas, las libertades y las propiedades de la gente no se resuelve el tema, puesto que, antes de eso, se requiere una educación compatible con esos objetivos. Más aún, las metas mencionadas es probable que no se lleven a la práctica si previamente no hay una cultura basada en esos valores.

Entonces, es momento de revalorizar lo que genéricamente se ha dado en denominar las humanidades, a saber, el estudio de la filosofía moral y de la naturaleza humana en el contexto de subrayar la trascendencia del cumplimiento de la palabra empeñada, de la honestidad en general, de las virtudes, del sentido del bien, del significado del progreso y demás, todo lo cual en la enseñanza clásica era presentado a través de ensayos, de obras literarias y teatrales, del estudio de culturas comparadas, de trabajos lingüísticos, hermenéuticos y epistemológicos. Estas investigaciones entrecruzadas del aprendizaje clásico preparaban a las personas para los verdaderos avatares de la vida. De allí el aforismo: “Para novedades, los clásicos”.

En cambio, parecería que hoy esas enseñanzas son recibidas como si se estuviera perdiendo el tiempo, en lugar de apreciar la verdadera dimensión del contenido, siempre acompañado con el refinamiento en las formas. Se ha dicho, con razón: “El hábito no hace al monje, pero lo ayuda mucho”. Los modales y la valorización de lo estético dan un continente que protege y estimula al contenido de excelencia.

Dicho sea al pasar, sobre los modales, siempre la argumentación debe ser cortés en las formas, aunque resulte contundente en el fondo. Los que “hablan en superlativo”, como diría Ortega, es porque cuentan con fundamentos escuálidos.

La economía, en gran medida, se ha transformado en el estudio de cosas, como si fuera algo mecánico, ajeno a la acción humana. La manía por lo cuantitativo en desmedro de lo cualitativo ha hecho estragos. El uso y el abuso de las matemáticas es uno de los rasgos de la economía llamada moderna. Wilhelm Röpke ha escrito en Más allá de la oferta y la demanda: “Cuando uno trata de leer un journal de economía en estos días, frecuentemente uno se pregunta si uno no ha tomado inadvertidamente un journal de química o hidráulica […] Los asuntos cruciales en economía son tan matemáticamente abordables como una carta de amor o la celebración de Navidad […] No sorprende la cadena de derrotas humillantes que han sufrido las profecías econométricas. Lo que sorprendente es la negativa de los derrotados a admitir la derrota”.

A su vez, el premio Nobel en economía, Ronald Coase, afirmó: “En mi juventud se decía que cuando algo es tonto para hablarlo, podía ser cantado. En la economía moderna aquello se pone en términos matemáticos” (citado por Kevin Down, en Central Bank Stress Tests: Mad, Bad and Dangerous). Hasta el estatista John Maynard Keynes sostuvo: “Una parte demasiado grande de la economía matemática reciente es una simple mixtura, tan imprecisa como los supuestos originales que la sustentan, que permiten al autor perder de vista las complejidades e interdependencias del mundo real en un laberinto de símbolos pretenciosos e inútiles” (en Teoría general…), lo cual, en este punto, coincide con lo expresado por Ludwig von Mises: “El problema de analizar el proceso, esto es, el único problema económico relevante, no permite el abordaje matemático” (en Human Action. A Treatise on Economics), conceptos que ya habían sido mencionados por J. B. Say, N. W. Senior, J .S. Mill y J. E. Cairnes.

Quienes tenemos entre nuestras tares la supervisión de tesis doctorales comprobamos que hay una marcada tendencia a preparar esas monografías con un innecesario abarrotamiento de lenguaje matemático que se piensa que se debe introducir para impresionar al jurado. Hay mucho escrito sobre la denominada economía matemática (por ejemplo, la difundida tesis doctoral en economía de Juan Carlos Cachanosky, La ciencia económica vs. la economía matemática), donde los problemas de presentar los fenómenos complejos y subjetivos de la acción humana quedan opacados con fórmulas matemáticas (entre otras cosas, agregamos que incluso lo impropio de aplicar el signo de igual, el uso desaprensivo de la función algebraica y la representación de curvas como si se tratara de variables continuas), pero el punto que hacemos en esta nota es más bien el peligro de dejar de lado las enormes ventajas del aprendizaje multidisciplinario.

Tal como ha expresado F. A. Hayek, otro premio Nobel en economía: “Nadie puede ser un gran economista si sólo se queda en la economía y estoy tentado de agregar que un economista que sólo es un economista es probable que se convierta en un estorbo, cuando no un peligro público” (en The Dilemma of Specialization). En ese contexto y en la manía de referirse a agregados económicos es que Hayek, en oportunidad de recibir la mencionada distinción, dijo: “En esta instancia, nuestra profesión tiene pocos motivos de orgullo: más bien hemos hecho un embrollo de las cosas” (en The Pretence of Knowledge).

En este sentido de los agregados económicos, me quiero referir nuevamente (ahora telegráficamente) al célebre producto bruto. Primero, es incorrecto decir que el producto bruto mide el bienestar, puesto que mucho de lo más preciado no es susceptible de cuantificarse. Segundo, si se sostiene que sólo pretende medir el bienestar material, debe hacerse la importante salvedad de que no resulta de esa manera en la media en que intervenga el aparato estatal, puesto que lo que decida producir el Gobierno (excepto seguridad y justicia, en la versión convencional) necesariamente será en un sentido distinto de lo que hubiera decidido la gente si hubiera podido elegir: nada ganamos con aumentar la producción de pirámides cuando la gente prefiere leche.

Tercero, una vez eliminada la parte gubernamental, el remanente se destinará a lo que prefiera la gente, con lo que cualquier resultado es óptimo. Cuarto, el manejo de agregados, como los del producto y la renta nacional, tiende a desdibujar el proceso económico en dos vías: hace aparecer como que producción y distribución son fenómenos independientes uno del otro y trasmite el espejismo de que hay un bulto llamado producción que el ente gubernamental debe distribuir por la fuerza (o más bien redistribuir, ya que la distribución original se realizó pacíficamente en el seno del mercado).

Quinto, las estadísticas del producto bruto tarde o temprano conducen a que se construyan ratios con otras variables como, por ejemplo, el gasto público, con lo que aparece la ficción de que crecimientos en el producto justifican crecimientos en el gasto público (lo mismo va para el défict fiscal). Y, por último, en sexto lugar, la conclusión sobre el producto es que no es para nada pertinente que los Gobiernos lleven estas estadísticas, ya que surge la tentación de planificarlas y proyectarlas como si se tratara de una empresa cuyo gerente es el gobernante. James M. Buchanan ha puntualizado: “Mientras los intercambios se mantengan abiertos y mientras no exista fuerza y fraude, entonces los acuerdos logrados son, por definición, aquellos que se clasifican como eficientes” (en Rights, Efficiency and Exchange: The Irrelevance of Transactions Costs).

Si por alguna razón el sector privado considera útil compilar las estadísticas del producto bruto, procederá en consecuencia, pero es impropio que esa tarea esté a cargo del Gobierno. Por los mismos motivos de que los Gobiernos se tienten a intervenir en el comercio internacional, Jacques Rueff mantiene: “Si tuviera que decidirlo, no dudaría en recomendar la eliminación de las estadísticas del comercio exterior debido al daño que han hecho en el pasado, el daño que siguen haciendo y, temo, que continuarán haciendo en el futuro” (en The Balance of Payments).

Cuando un gobernante se pavonea porque durante su gestión mejoraron las estadísticas de la producción de, por ejemplo, trigo, es menester inquirir qué hizo en tal sentido y si la respuesta se dirige a puntualizar las medidas que favorecieron al bien en cuestión, debe destacarse que inexorablemente las llevó a cabo a expensas de otro u otros bienes.

La escuela austríaca se ha preocupado por insistir en los peligros de concebir a la economía como mecanismos automáticos de asignación de recursos movidos por fuerzas que conducen a llamados equilibrios en el contexto de modelos de competencia perfecta, desarrollados principalmente por León Walras y sus múltiples seguidores de distintas vertientes (el propio Mark Blaug ha reconocido este error en su “Afterword”, de Appraising Economic Theories y resaltado el acierto de la escuela austríaca).

Como se ha señalado, los llamados modelos de competencia perfecta implican el supuesto del conocimiento perfecto de todos los factores relevantes, lo cual significa que no hay posibilidad de arbitrajes ni de empresarios que precisamente intentan detectar conocimientos deficientes y conjeturar posibles diferencias entre costos y precios. Por las mismas razones, tampoco en este modelo cabría la posibilidad de competencia.

En resumen, el economista no solamente debe estar imbuido de una tradición sólida de pensamiento en su propia disciplina, sino que es indispensable que se compenetre de otros andariveles culturales, como los apuntados resumidamente en esta columna periodística (y no sólo eso, sino que debe tener presente que, como ha escrito en Todo comenzó con Marx el humorista Richard Armour, la obra cumbre de Karl Marx en lugar de titularse Das Kapital debería haber sido Quitas Kapital).

Al hacer desaparecer instituciones que sirven para atropellar derechos individuales, se libera a las personas para que administren lo que es de cada cual. Sostener que no se debe dejar las cosas a la “anarquía del mercado” es no comprender que el mercado somos todos los que votamos diariamente con nuestras compras y abstenciones de comprar. No es que la disyuntiva sea el aparato estatal que decide por nosotros lo que nos pertenece o la anarquía, sino que la alternativa es que cada uno dirija lo suyo como juzgue mejor. De este modo, tendrá vigencia la Justicia como el “dar a cada uno lo suyo” y desaparecerán la mayor parte de las reparticiones oficiales que no solo son inútiles, sino contraproducentes (como el tragicómico Ministerio de Economía, en lugar de una secretaría de finanzas públicas, puesto que no puede controlarse la economía, el Ministerio de Educación, que pretende controlar el pensamiento a través de pautas y reglamentaciones varias, pero que debiera reemplazarse por acreditaciones de instituciones privadas locales e internacionales que en competencia realizan auditorías cruzadas al efecto de lograr la mayor excelencia posible, para no decir nada de los ministerios de Bienestar Social y equivalentes que producen malestar con recursos detraídos coactivamente del fruto del trabajo ajeno). Eliminar reparticiones, es decir, liberar recursos para engrosar los bolsillos de la gente, nunca podar funcionarios, de lo contrario, igual que la jardinería, luego crecen con más fuerza.

Lo que ha venido ocurriendo en las últimas largas décadas consiste básicamente en ocultar la acumulación de poder junto con irregularidades superlativas que para nada se condicen son el sistema republicano bajo la máscara hipócrita de proteger a los más necesitados, cuando justamente son los más perjudicados frente a aparatos estatales avasalladores.

En cada punto no me extenderé en los fundamentos, puesto que, por una parte, ya lo he hecho en libros, ensayos y artículos anteriores y, por otra, el espacio de una nota periodística no lo permite.

1. Establecer un sistema basado en severas limitaciones al Poder Legislativo como encargado de actos administrativos y no para legislar sobre aquello que es fruto de un proceso abierto de descubrimiento en un contexto evolutivo y no de diseño e ingeniería social, tal como lo explican juristas de la talla de Bruno Leoni. En el Poder Judicial, fortalecer la carrera de jueces y fiscales (para no solo condenar a ladrones de gallinas, sino también a corruptos en el Gobierno y peces gordos tramposos en el sector privado) y, por otra parte, abrir la posibilidad de arbitrajes fuera del ámbito oficial, donde en las relaciones contractuales las partes establecen quiénes resolverán los eventuales conflictos en las diversas instancias. Y el Ejecutivo electo a través de sorteos, como sugirió Montesquieu, con lo que los incentivos se encaminarán hacia la necesidad de protección de vidas y propiedades, dado que cualquiera puede ejercer el cargo, que, además, estará compuesto por un triunvirato tal como se propuso en la Convención Constituyente estadounidense.

2. Eliminar todas las embajadas y dejar un consulado en cada país, cargos que se justificaban en la época de las carretas al efecto de prevenir algún conflicto que debido a comunicaciones precarias no podía encararse por teleconferencias y otros canales modernos. Hoy los palacios y los séquitos no se justifican, al tiempo que se reducen privilegios que otorgan pasaportes diplomáticos y similares.

3. Liquidar la banca central y el curso forzoso como causantes principales del saqueo de patrimonios. Cuando la llamada “autoridad monetaria” decide expandir, contraer o dejar la masa monetaria inalterada, siempre se alteran precios relativos, lo cual, a su turno, se traduce en consumo de capital y su correlato: la disminución de salarios e ingresos en términos reales. Al mismo tiempo, dejar sin efecto el sistema de reserva fraccional en la banca y establecer el free banking en rubros que operan como cuentas corrientes (los depósitos a plazo y equivalentes naturalmente no requieren exigencias de efectivo mínimo, puesto que no generan producción secundaria y exógena de dinero).

4. Poner en venta al mejor postor todos los bancos estatales,puesto que inexorablemente significan derroche de los siempre escasos recursos, ya que “crédito barato” significa que otros están obligados a pagar la diferencia.

5. Poner también en venta todas las llamadas empresas estatales, puesto que su misma constitución implica asignar factores de producción en sectores distintos de lo que hubiera decidido la gente (y si hubiera sido en la misma dirección, es superflua la intromisión estatal). Y es menester tener en cuenta que cuanto más estratégica y vital el área más importante es que funcione bien, que cuando algo es “de todos”, no es de nadie (la conocida “tragedia de los comunes” que hace, entre tantas cosas, que la forma en que se toma café y se encienden las luces no es la misma en una entidad estatal que en una empresa privada). El asunto es que las empresas deben estar sometidas a lo que opina de ellas la gente, lo cual se pone en evidencia a través del cuadro de resultados: El que da en la tecla en las preferencias del prójimo gana y el que yerra incurre en quebrantos. Asimismo, a efectos de preservar la tan indispensable libertad de prensa, debe venderse el espectro electromagnético para sortear la figura de “la concesión” que significa el tener al Gobierno permanentemente como una espada de Damocles.

6. Salvo las estadísticas que consignan la administración de ingresos y egresos que hacen a las finanzas públicas, todas las demás deben delegarse en universidades y entidades privadas que, en competencia y ejerciendo auditorías cruzadas, harán las tareas correspondientes y siempre con base en datos que la gente considere relevantes. En esta misma línea argumental, todas las oficinas del Ejecutivo que no traten de organismos de control y otros entes autárquicos deberán concentrarse en la casa de gobierno, por lo que se liquidarían todos los inmuebles fastuosos que actualmente se utilizan como consecuencia de funcionarios que desempeñan tareas que nada tienen que ver con la protección de derechos y la administración austera y transparente de un sistema republicano.

7. Todos los aranceles y las tarifas aduaneras deben erradicarse para que la gente pueda comprar más barato y de mejor calidad, lo cual implica menor erogación por unidad de producto, que, a su vez, significa mejor nivel de vida. Debe rechazarse la conocida falacia de la industria incipiente como una mala excusa de seudoempresarios que apuntan a ser protegidos de la competencia exterior (o en su caso interior). Si es verdad que se concibe un proyecto redituable que más que compense las pérdidas iniciales debido a la poca experiencia en el ramo, este proyecto se venderá en el mercado para que se hagan cargo los empresarios interesado y no endosar la carga sobre las espaldas de la gente. Si nadie en el orbe lo compra, es por uno de dos motivos: O el proyecto es un cuento chino, o, siendo rentable, se estima que hay otros proyectos que son más redituables y, como no puede hacerse todo al mismo tiempo, el proyecto de marras debe esperar o descartarse. Por otra parte, nuevas tecnologías y productos más baratos liberan recursos humanos y materiales para destinarlos a la producción de otros bienes y servicios. En esto consiste el progreso, cada persona trabajando en una empresa intenta imaginar nuevos y mejores procesos, lo cual genera transiciones y cambios permanentes. Ese fue el caso, por ejemplo, del “hombre de la barra de hielo” antes del refrigerador o el fogonero antes de las locomotoras diesel. El denominado gradualismo implica la pretensión -oculta bajo figura del derecho adquirido- de demandar un derecho contra el derecho, por lo que, de modo gradual, se siguen lesionando derechos.

8. Abrir el mercado laboral abrogando la legislación que contempla la figura fascista de la personería gremial, si es que se hubiera comprendido que la única causa de salarios más elevados son las tasas crecientes de capitalización que hacen imposible conseguir trabajo manual e intelectual por debajo de esa marca. Esa es la explicación, por ejemplo, por la que en países de altas tasas de capitalización en gran medida no existe tal cosa como servicio doméstico, ya que el ser humano es empleado en tareas de mayor productividad.

9. Contar con impuestos reducidos para cumplir con las tareas de seguridad y justicia que implica castigar el fraude, el engaño y la trampa, reemplazando todas las cargas tributarias por el impuesto al valor agregado -que, por un lado, permite reducir controles por el sistema de impuestos a cargo e impuestos a favor y, por otro, cubre toda la base impositiva- y también por un impuesto territorial (siempre proporcional) que abarca a los que tienen propiedades a las que debe vigilarse, pero sus propietarios se encuentran en el extranjero, excluyendo así el principio de nacionalidad (o de voracidad fiscal). Establecer un federalismo fiscal donde las provincias coparticipen al Gobierno central y aquellas recauden para todos los fines que no sean defensa nacional y relaciones exteriores (que junto con los gastos que requiera la administración es jurisdicción del Gobierno central). Esta perspectiva hará que en los Gobiernos provinciales los incentivos se ubiquen en función de contar con una presión tributaria razonable para que la gente no se mude a otra provincia y para atraer inversiones (gravámenes reducidos que a su vez se traducen en gastos reducidos).

10. En este contexto, debe prohibirse la deuda pública externa por ser incompatible con la democracia, ya que compromete patrimonios de futuras generaciones que no han participado en la elección del Gobierno que contrajo la deuda, todo lo cual se vincula a las mal llamadas “inversiones públicas” (en verdad gastos en activos fijos para distinguirlos de los gastos corrientes), puesto que la inversión es inseparable del juicio subjetivo de titulares en cuanto a valor futuro y valor presente, lo cual por su naturaleza no puede ser forzosa. Esto significa la privatización de los servicios de infraestructura (por otra parte, en manos estatales es el mayor foco de corrupción), lo cual eventualmente traslada la deuda al sector privado y no a la deuda pública interna (además, no hay en este programa posibilidad de adelantos a la tesorería por parte de la banca central en este contexto inexistente).

Hay mucho más que decir sobre un programa político para el año verde, puesto que por razones de espacio no se han mencionado territorios de gran relevancia, pero baste con lo dicho como una introducción telegráfica para pensar y debatir.

Como queda expresado, todo esto dependerá de la educación en defensa de una sociedad abierta. Nada es automático. No es una faena para timoratos ni para los fanáticos del statu quo. El coraje de hombres como Karl Marx con su perseverancia produjeron un enorme corrimiento en el eje del debate en cuando a valores y principios. No siempre los que se denominan liberales -más bien conservadores- han tenido ni tienen ese coraje y se circunscriben a aceptar lo digerible al momento, pero les ocurre que en la etapa siguiente, con esa estrategia, se ven obligados a retroceden nuevamente, puesto que no han hecho nada por marcar la agenda, sino que se las establecen quienes son contrarios a la sociedad libre.

En otros términos, sin perjuicio de otros debates fértiles sobre el futuro, en esta instancia del proceso de evolución cultural, al efecto de avanzar hacia una sociedad abierta, se necesita una educación que elimine candados mentales que no permiten visualizar las grandes ventajas de vivir en libertad, es decir, de subrayar la importancia del respeto recíproco. Hoy parece para el año verde, pero cuanto antes mejor.

En esta nota quiero centrar brevemente la atención en un aspecto del antedicho estatismo. Me refiero a las falacias tejidas en torno a la política fiscal, que tratamos en los siguientes diez puntos (el decálogo tiene buena prensa), todos de una u otra manera disfrazados de presentes griegos: la inexistencia de traslación fiscal, la idea equivocada de los llamados impuestos al consumo, la relevancia de la curva de Laffer, lo destructivo de la progresividad impositiva, la mirada más atenta a los principios de nacionalidad y territorialidad, la variante del valor agregado, el verdadero federalismo fiscal, la noción contradictoria de la inversión pública, los ineludibles desajustes de la exención fiscal y el equilibrio de la caja concebido como un fin en sí mismo.

1. Los costos de producción no determinan el valor que el consumidor le atribuye al bien o al servicio a través de los precios que paga. El valor procede de la utilidad marginal. Si los costos determinaran los precios, no habría quebrantos. El empresario cobra los precios más altos que le permite la elasticidad de la demanda. Si cualquiera de sus costos se elevara, el empresario obtendrá menores ganancias o incurrirá en pérdidas, pero, ceteris paribus, no puede trasladarlos a los precios. Por ello, es falso afirmar que en verdad el incremento de impuestos (o para el caso, cualquier costo adicional) sencillamente se traslada a los precios sin que cambie la estructura de la demanda (que en el límite puede ser cero). Si, por otra parte, por ejemplo, se triplicaran los impuestos en una comunidad, los precios se elevarán, no porque hubo traslación fiscal, sino por la consecuente caída abrupta en la productividad y, por ende, al haber menor oferta, los precios suben. Cuando esto ocurre y en la medida en que sucede no debe confundirse con el espejismo de la traslación.

2. En finanzas públicas clásicas se clasifican los gravámenes en directos e indirectos. Los primeros gravan la manifestación directa de la capacidad contributiva (por ejemplo, a las ganancias), mientras que los segundos gravan la manifestación indirecta de la capacidad contributiva (por ejemplo, los gastos). Pues bien, de ello se suele concluir equivocadamente que estos últimos impuestos son al consumo, sin percibir que todos los impuestos son al patrimonio (no hay forma de que se abonen con otra cosa). Si se grava una empresa de chocolates -un bien considerado de consumo-, se concluye que ese impuesto es al consumo, sin tener en cuenta que la referida empresa se hará cargo del tributo con su patrimonio si es que hemos entendido el punto anterior respecto a la supuesta traslación.

Más aún, el contribuyente de jure, al ver reducido su patrimonio y la consecuente capacidad de inversión, hace que los salarios e ingresos en términos reales disminuyan, con lo que aparecen los contribuyentes de facto, es decir, en última instancia todos se hacen cargo de los gravámenes, muy especialmente los más débiles económicamente, puesto que por la antedicha utilidad marginal sabemos que un peso para un pobre no es lo mismo que uno para un rico (aunque no sean posibles las comparaciones intersubjetivas ni factible referir esto en números cardinales).

Además, si bien conceptualmente es del todo pertinente aludir a bienes de consumo y bienes de inversión o de capital, ni siquiera resulta posible clasificarlos en abstracto de la acción concreta, ya que las valorizaciones son subjetivas (una botella de vino será un bien de consumo si se bebe su contenido y de inversión si se la almacena). Por último en este punto, se da la paradoja de que cuando se elevan los impuestos a los bienes de consumo con la idea de preservar la inversión, se produce un cambio en la preferencia temporal, al reducirse el patrimonio para hacer frente al denominado “impuesto al consumo” y, por tanto, ¡se reduce aun más la inversión!

3. Como es sabido, la curva de Laffer se muestra en un gráfico en donde en la ordenada aparece la presión tributaria y en la abscisa la recaudación fiscal y la curva se presenta en forma de u acostada con el vértice hacia la derecha. La curva de marras muestra que al aumentar la presión fiscal se incrementa la recaudación hasta un punto en donde los aumentos adicionales revierten la situación, en el sentido de que generan menor recaudación. Esto es debido a las antes mencionadas lesiones en la estructura productiva. El asunto es que se suele sostener que la presión tributaria debe ubicarse en el óptimo fiscal, es decir, donde se obtiene la máxima recaudación con los gravámenes más altos posibles antes de la aludida reversión. Pero esta cuestión no debe ser mirada de esa manera, a saber, con criterio de voracidad fiscal, sino más bien el punto de menor recaudación posible al efecto de garantizar la protección de derechos, es decir, el punto mínimo fiscal.

4. Autores como Arthur Pigou han concluido que dada la utilidad marginal que venimos comentando y, como hemos apuntado, un peso para un pobre tiene mayor valor que uno para un rico, debe aplicarse la progresividad en el impuesto, ya que la pérdida del rico será menor que la ganancia del pobre, por lo que habrá una ventaja neta para la comunidad. Esto así considerado no se condice con el sentido mismo de la utilidad marginal que debe aplicarse al consumidor, al que no le da lo mismo asignar sus siempre escasos recursos en cualquier dirección, por lo que habrá una pérdida neta en la medida en que los tributos desfiguren sus preferencias, lo cual, adicionalmente perjudicará a los relativamente más pobres, debido al consumo de capital que implica la reasignación compulsiva de factores de producción.

Por otro lado, la progresividad altera las posiciones patrimoniales relativas, lo que no sucede con los impuestos proporcionales, situación aquella que agrava lo dicho sobre la pérdida neta. También la progresividad se traduce en regresividad, ya que, como queda dicho, la contracción en las inversiones en los contribuyentes de jure hace que los salarios se reduzcan, con lo que terminan haciéndose cargo en mayor medida los relativamente más débiles (económicamente considerados). En verdad, resulta por lo menos curioso que se mantenga que debe producirse lo más que se pueda y, al mismo tiempo, se castigue progresivamente a los que más producen.

5. A efectos de evitar la antes referida voracidad fiscal, debe abandonarse el llamado principio de nacionalidad en materia tributaria para aplicar solo el principio de territorialidad, puesto que las obligaciones de respetar derechos por parte de los Gobiernos procede dentro de su jurisdicción. No es compatible con una sociedad abierta la persecución fiscal fuera de la jurisdicción correspondiente, siguiendo los pasos del ciudadano por el orbe para incrementar la recaudación, aunque la empresa o la persona se encuentren en otras jurisdicciones nacionales.

6. Todos los impuestos podrían reducirse al de valor agregado y al impuesto territorial, ambos con alícuotas mínimas proporcionales en lugar de contar con farragosas disposiciones fiscales, donde la doble imposición es generalmente la norma y el denominado contribuyente debe recurrir a “expertos fiscales” para conocer sus obligaciones, en lugar de liberar a esos personajes para que puedan dedicarse a actividades útiles si se simplificara la legislación respectiva. El impuesto al valor agregado tiene la ventaja de que es más económico debido al sistema de impuestos a cargo e impuestos a favor que alivia los controles y puede abarcar a todo el espectro y toda la base fiscal, sin discriminaciones ni problemas con los antes aludidos impuestos al consumo y a la inversión. Por su lado, el impuesto territorial se basa en que quienes tienen propiedades en el país en cuestión pero no viven allí se hacen cargo de la parte que les corresponde debido a que el Gobierno debe velar por esas propiedades.

7. Las provincias o los estados son los que constituyen la nación en un régimen federal, por ende, son aquellos los que deben coparticipar al Gobierno central y no al revés. En ese caso, si se distribuyeran todos los gravámenes entre las provincias o estados, excepto los referidos a las relaciones exteriores y a la defensa, los incentivos operarán en el sentido de que los gobernadores locales tenderán a implantar cargas fiscales razonables a los efectos de que las personas no se muden a la provincia o al estado vecino y, por otra parte, para atraer el mayor volumen de inversiones posible. Estos incentivos, a su vez, tenderán a reducir el gasto público como consecuencia de una estructura impositiva equitativa (lo cual implica cuidado con el endeudamiento, que a la larga o a la corta es financiado con impuestos). Esto es parte fundamental del sentido de evitar los grandes riesgos de contar con un Gobierno centralizado y, en el extremo, un Gobierno universal. Desde la perspectiva liberal, esta es la única razón que justifica las fronteras: el fraccionamiento del poder.

8. También en finanzas públicas clásicas se insiste con la denominación de inversión pública, cuando en rigor constituye una contradicción en los términos. La inversión es eminentemente de carácter voluntario, no puede ser el resultado de la fuerza. Del mismo modo que carece por completo de sentido hablar de “ahorro forzoso”, como efectivamente ha intentado imponer algún Gobierno descarriado hace relativamente poco tiempo. La inversión consiste en abstención de consumo que es ahorro, cuyo destino es siempre la inversión, y se lleva a cabo porque se estima que el resultado de ese destino derivará en un valor futuro mayor que el presente. En los presupuestos nacionales los rubros deberían ser gastos corrientes y gastos en activos fijos, pero no inversiones, por las razones señaladas.

9. A igualdad en el volumen de recaudación, las exenciones fiscales significan que otros deben hacerse cargo de mayores gravámenes por la diferencia. Y si el Gobierno del caso declarara que se reducirá el gasto público en la misma proporción de las exenciones para que otros no vean incrementadas sus alícuotas, debe responderse que, entonces, deberían reducirse todas las alícuotas, pero no otorgar perdones fiscales que distorsionan los precios relativos, lo cual, a su turno, hace que algunos reglones y áreas aparezcan con rentabilidades artificiales, con lo que se asignan recursos de modo que responden a las inclinaciones políticas imperantes y no a lo que resulta económico.

10. No es infrecuente que se otorgue prioridad a tener un balance fiscal equilibrado, es decir, que no haya déficit en las cuentas públicas, sin prestar prácticamente atención al volumen del gasto público, que es lo verdaderamente relevante. Como decimos, en algunos casos parecería que se centra la atención en este problema sin atender el nivel del gasto estatal, que es la verdadera razón de la quita al fruto del trabajo ajeno. No es en modo alguno que deba subestimarse el desorden fiscal en las cuentas, se trata de enfatizar la importancia del derroche que realizan gobernantes en campos que no le competen (muchas veces financiado también con deuda pública interna y externa, tema que hemos abordado en detalle en otros trabajos, del mismo modo que lo hemos hecho respecto a la política monetaria).

En verdad la así llamada oposición no se opone al “modelo” que se viene aplicando desde hace décadas y décadas en Argentina, a saber el manotazo al fruto del trabajo ajeno. Nos hemos apartado grandemente de la visión alberdiana que por otra parte colocó a esta nación a la vanguardia de las naciones civilizadas, en cuya situación llegaban oleadas de inmigrantes para “hacerse la América” en vista de las condiciones atractivas de vida que se ofrecían en estas costas solo comparables con las que tenían lugar en los Estados Unidos. Era la época en que se prestaba mucha atención al dictum de Alberdi en cuanto a preguntarse y responderse “¿Qué exige la riqueza de parte de la ley para producirse y crearse? Lo que Diógenes exigía de Alejandro: que no le haga sombra” y que “el ladrón privado es el más débil de los enemigos que la propiedad reconozca. Ella puede ser atacada por el Estado, en nombre de la utilidad pública”. Luego todo esto esfumó y se trocó por un estatismo rampante vía politicastros instalados en los gobiernos que pretenden manejar a su antojo vidas y haciendas ajenas.

En este contexto, el rol de la oposición es hoy en nuestro país realmente pobre. Cada candidato sostiene que manejará “eficientemente” el fruto del trabajo ajeno. No hablan de recortar funciones gubernamentales y, por ende, no mencionan la necesidad de recortar el gasto público al efecto de engrosar los bolsillos de la gente y aliviar la crisis fiscal. Más aun, hay temas en los que no se trata de entender de economía sino de pura esquizofrenia al declamar que hay que reducir impuestos sin reducir el gasto estatal y ocultar que las tarifas no pueden manejarse como si los costos pudieran resolverse por decreto. No hay otra posibilidad: o se trata de una ignorancia superlativa o de un engaño mayúsculo, en cualquier caso la disyuntiva no despierta confianza.

A los autodenominados opositores les disgusta el lenguaje, la arrogancia supina y los pésimos modales de los gobernantes que hoy están instalados en el poder, pero suscriben y pretenden adoptar el eje central de lo que se viene ejecutando. No quiero dar nombres porque el tema es de ideas, pero demos solo unos poquísimos ejemplos para ilustrar lo dicho.

El sistema de previsión social. Al momento todos concuerdan en que se hizo bien en expropiar los recursos de quienes preferían estar en un sistema de capitalización y no en uno de reparto donde, como es sabido, actuarialmente es un sistema quebrado que se base en el esquema Ponzi. Y no estoy diciendo que el sistema anterior era bueno ya que se basaba en la obligación de aportar ya sea en un plan o en otro (además solo en las empresas autorizadas por el gobierno de turno,  lo cual desde luego excluía también a empresas radicadas en el extranjero). Desde que se creó el sistema jubilatorio se basó en esa obligación en lugar de permitir que cada uno haga lo que estime pertinente con su dinero. Más aún, en el caso argentino, los antes referidos inmigrantes ahorraban en la compra de terrenos y departamentos lo cual fue liquidado por las leyes de alquileres y desalojos. Tras esta argumentación falaz por la que se obliga a la gente a aportar para su vejez está la premisa de que, de lo contrario, la gente no dispondrá de fondos para subsistir. Pero aquí hay dos temas básicos: en primer lugar si esto fuera correcto, cuando el jubilado cobra su pensión habría que destinar policías al mejor estilo del Gran Hermano orwelliano para que no la gaste en alcohol o en diversiones malsanas y, en segundo lugar, en los ya de por si pésimos sistemas de reparto el aparato estatal echa mano a los recursos por lo que nadie cobra jubilaciones razonables ni se puede vivir con lo que se cobra (salvo las jubilaciones de privilegio generalmente de burócratas). No se necesita ser un experto en matemática financiera para percatarse de la estafa. En resumen, ningún candidato hace honor al derecho de propiedad.

Segundo ejemplo, el caso de Aerolíneas Argentinas, que se conoce con la absurda e irrisoria denominación de “línea de bandera” y que arroja pérdidas por valor de dos millones de dólares cada veinticuatro horas. Todavía seguimos con la sandez de las “empresas estatales” sin percibir que no  se puede jugar al empresario ya que no se trata de un simulacro o un pasatiempo. En rigor, la empresa requiere poner en riesgo recursos propios. Los incentivos en uno y otro caso son de naturaleza completamente distinta. Como se ha puntualizado, la forma en que se toma café y se prenden las luces son distintas en uno y otro caso. Los cuadros de resultados guían permanentemente la asignación de los siempre escasos recursos, proceso incompatible con los ámbitos de la politización.

La constitución misma de una empresa estatal significa derroche de capital puesto que de no mediar la coacción, el usuario hubiera destinado de otro modo el fruto de su trabajo (y si lo hubiera destinado en la misma dirección resulta superflua la intromisión estatal). Incluso si la “empresa estatal” arrojara ganancias -que no es el caso- habría que preguntarse si las tarifas no están demasiado altas. El único modo de conocer como debe operarse es en el mercado abierto y competitivo. Desde luego que esto no significa que se otorguen privilegios ni concesiones, como queda dicho se trata de asignar derechos de propiedad. Si el área en cuestión es estratégica o de seguridad mayor es la razón para que funcione bien y, por tanto, más razón que el emprendimiento no se encuentre en manos de la burocracia. En última instancia,  el término “eficiencia” en la asignación de recursos solo tiene sentido cuando la respectiva colocación se lleva a cabo libre y voluntariamente. Carece de sentido desde la perspectiva de quien le roban la billetera que el ladrón alegue que asignará los fondos “eficientemente” en tareas comunitarias. Por eso resulta tragicómico cuando los candidatos machacan que no hay que reducir el gasto público sino “hacerlo más eficiente”.

Un último ejemplo es el de los subsidios, en general los candidatos se resisten a considerarlos como si los integrantes del gobierno fueran los que los financian de su propio peculio, cuando en verdad cada vez que se anuncia que el aparato estatal entregará tal o cual suma de dinero o dispondrá de plazos más largos y tasas de interés menores a las de mercado,  son los vecinos los que se están haciendo cargo. No hay magias posibles. Se torna insoportable considerar a la sociedad como un inmenso círculo en el que cada uno tiene las manos metidas en los bolsillos del prójimo. Resulta llamativo que muchos de los candidatos suscriben las medidas “redistributivas” del actual elenco gobernante solo que dicen que “hay que llevarlas a cabo sin corrupción”, es decir, el antedicho modelo del manotazo al fruto del trabajo ajeno pero “sin corrupción”. Sin duda que este comentario no es para subestimar la inmoralidad de la corrupción pero un sistema autoritario sin corrupción no hace a la gente más libre ni próspera. Además, “redistribuir” significa que el gobierno vuelve a hacer por la fuerza lo que ya distribuyó en paz la gente en el supermercado y afines.

Incluso el presidenciable del partido que se siente visto como apartado del populismo (aunque en su gestión haya incrementado en términos reales el gasto, la deuda y los impuestos), ahora unido con otras dos fuerzas partidarias también comandadas por dos personas decentes, declaró que  “reivindico el cien por cien de las banderas peronistas” y su principal asesor de imagen sostiene que ese partido “es el único partido de izquierda que hay en la Argentina”, que él sabe de eso porque “siempre fui un tipo de izquierda” y que el peronismo le parece “genial”. Las antedichas declaraciones tal vez expliquen que la juventud de ese partido haya fabricado remeras con el rostro del referido presidenciable con el gorro del Che Guevara. Estos comentarios van en parte para que en el exterior se comprenda y calibre en algo nuestros problemas políticos en relación al partido a veces estimado por personas consideradas sensatas como “el menos malo” de las ofertas existentes.

Los opositores mantienen que si acceden al poder habrá justicia pero si ésta significa “dar a cada uno lo suyo” según la definición clásica, no resultará posible lograr el cometido por las razones antes expuestas en cuanto a la subestimación y ataque a la propiedad privada. Lo único que tal vez resulte posible en un nuevo gobierno es evitar que se esté asesinando en la calle como ocurre permanentemente en la actualidad. También, conjeturo que al mostrar el nuevo gobierno mejores modales con el resto del mundo, es posible que entren capitales que contribuyan a mejorar la situación, aunque si no se toman medidas de fondo, a poco andar, luego del exitismo inicial con el cambio de gobierno (que ya hemos vivido en otras oportunidades), luego de este entusiasmo inicial decimos se caerá nuevamente en los consabidos pozos de desilusiones que nos han acompañado luego de los  primeros tramos de una nueva gestión.

Como hemos puntualizado al comienzo, el asunto fundamental consiste en la educación. Mientras este aspecto no sea considerado debidamente, no existirán discursos razonables de políticos que se dirijan a una audiencia que comprende y acepte valores como los alberdianos. Y no se diga que esta es una faena de largo plazo porque es lo que se ha venido repitiendo desde hace más de siete décadas. Cuanto antes se empiece más rápidos serán los resultados. Desde la vereda de enfrente a lo que venimos diciendo, cito por enésima vez a Antonio Gramsci quien ha escrito: “Tomen la cultura y la educación y el resto se dará por añadidura”.

Como es sabido, el ingreso no consumido es ahorro y el destino exclusivo del ahorro es la inversión. Estos dos últimos conceptos son correlativos e imposibles de escindir. Incluso cuando se ahorra en dinero se está invirtiendo, en este caso guardando efectivo. En todos los casos, la inversión tiene lugar porque se estima que el valor futuro será mayor que el valor presente. El ahorrar bajo el colchón, manteniendo los demás factores constantes, es lo que ocurre: al retirar parte del dinero de la circulación habrá menor cantidad de moneda persiguiendo la misma cantidad de bienes y servicios por lo que los precios  tenderán  a bajar que es lo mismo que decir que el poder adquisitivo de la unidad monetaria aumenta.

Se ha dicho equivocadamente que la inversión solo alude a que como resultado se incrementa la producción de bienes materiales, pero de lo que trata es de producción de valores no necesariamente materiales. Si alguien invierte sus ingresos no consumidos en un mirador desde donde disfruta de puestas de sol, ese es su rentabilidad y así sucesivamente. Si la gente prefiere la riqueza a la pobreza, la inversión primero se canalizará hacia la producción de bienes materiales con rentas también materiales para después eventualmente gozar de los culturales y espirituales.

Entonces, la inversión inexorablemente se refiere a las preferencias subjetivas donde, como queda dicho, se estiman mayores valores en el futuro que en el presente. Es naturalmente un proceso sujeto a las apreciaciones individuales, lo cual no es incompatible con que un grupo de personas reunidas en una empresa formal o no decidan distintos tipos de inversiones según los procedimientos establecidos en sus respectivos  estatutos o acuerdos.

Ahora bien, lo que carece de todo sentido es denominar “inversión” a lo realizado contra la voluntad de los titulares de los recursos. Si una persona le arranca la billetera a un transeúnte y le dice que invertirá lo robado en algo comunitario que el dueño no desea, evidentemente lo menos que puede decirse es que se está utilizando mal el término inversión.

Cuando el aparato estatal decreta la imposición de nuevos gravámenes y se los denomina “ahorro forzoso” tal como ocurrió durante el gobierno argentino de Raúl Alfonsín, se trata de una desfiguración mayúscula del lenguaje. No hay tal cosa como ahorro forzoso puesto que el ingreso no consumido es por su naturaleza voluntario, realizado con recursos propios para destinarlo a inversiones en rubros elegidos y preferidos por el dueño de los fondos.

En la misma línea argumental, la llamada “inversión pública” no es inversión puesto que no procede de estimaciones libres y voluntarias de los titulares respecto a la antedicha relación valor presente-valor futuro en rubros elegidos concretamente y en cada caso por ellos. Técnicamente se trata de gastos públicos. Nada se gana con sostener que la comunidad se beneficiará durante un período largo de tiempo con carreteras dado que si la gente hubiera podido disponer del fruto de su trabajo lo hubiera destinado a otras áreas y destinos (y si lo hubiera destinado a invertir en carreteras, la intromisión gubernamental se torna superflua con gastos administrativos inútiles).

Decimos que se trata de gastos públicos que pueden ser corrientes o en activos fijos, pero por las razones apuntadas resulta impropio recurrir a un término como la inversión que significa otra cosa completamente distinta.

Dicho sea al pasar, en este plano de discusión no estoy pronunciándome por determinado sistema para la construcción y operación de las carreteras (lo cual he hecho en otras oportunidades, por ejemplo, en mi libro Las oligarquías reinantes. Discurso sobre el doble discurso, Buenos Aires, Editorial Atlántida, 1999), en esta ocasión me circunscribo a elaborar sobre el concepto de inversión.

No resulta convincente que a una persona que atribuye prioridad y urgencia a la operación de cataratas de su madre, el gobierno le succione esos ingresos disponibles para “invertir” en carreteras alegando que le hará bien. A estos efectos lo dicho no discute que los aparatos estatales construyan carreteras; solo estamos destacando que no se trata de inversiones sino de gastos públicos en activos fijos como contabilización y clasificación en las cuentas nacionales.

Sin duda Keynes ha influido decisivamente en la generalización de la idea de la  “inversión pública”. Especialmente aunque no exclusivamente en su Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero este autor tiende a menospreciar el ahorro y a estimular y ponderar la “inversión” proveniente del gobierno la cual mantendría el pleno empleo aun a costa del déficit fiscal financiado con emisión monetaria, lo cual no solo desconoce el hecho de que se trata de una traslación de la fuerza laboral del sector privado al público con salarios nominales más altos pero menores en términos reales debido a los procesos inflacionarios, sino que la susodicha “inversión” detrae recursos de las áreas productivas.

Ya he comentado antes la peculiar noción keynesiana de un supuesto multiplicador que tendría lugar si el gobierno “invierte”. Disculpe el lector por el siguiente galimatías pero es lo que dice Keynes. Antes hemos escrito que sostiene que si el ingreso es de 100, el consumo 80 y el ahorro 20, cuando el aparato estatal “invierte”, por ejemplo, 4 se genera un “efecto multiplicador” ya que se convertiría en 20 puesto que 100 dividido por 20 da por resultado 5 y 5 multiplicado por 4 es 20. Realmente no se comprende el razonamiento que ni Keynes ni ningún keynesiano aclaró nunca. Sin embargo, queda mucho más clara y precisa su exposición en  la misma obra cuando sostiene que “la prudencia financiera está expuesta a disminuir la demanda global y, por tanto, a perjudicar el bienestar” y, sobre todo, cuando concluye que debe apuntarse a “la eutanasia del rentista y, por consiguiente, la eutanasia del poder de opresión acumulativo de los capitalistas para explotar el valor de escasez del capital”.

Nuevamente reitero lo citado también con anterioridad sobre lo escrito por el propio Keynes quien reconoce la filiación de sus propuestas, lo cual ha sido mencionado por el premio Nobel en economía F. A. Hayek en “The Keynes Centenary: The Austrian Critique”, The Economist, junio 11 de 1983, (recopilado en The Collected Works of  F. A. Hayek, en el volumen IX titulado Contra Keynes and Cambridge, Chicago, The University of Chicago Press, 1995). Así, en el prólogo que redactó Keynes para la edición alemana del libro mencionado, en 1936, en plena época nazi, escribió: “La teoría de la producción global, que es la meta del presente libro, puede aplicarse mucho mas fácilmente a las condiciones de un Estado totalitario que la producción y distribución de un determinado volumen de bienes obtenido en condiciones de libre concurrencia y un grado considerable de laissez-faire”.

Es muy común el mantener que como políticas anticíclicas o contracíclicas, el gobierno debe incrementar su gasto -muchas veces descripto como inversión- en épocas de recesión, sin percatarse que esto solo agudiza la mala situación económica puesto que se incrementa la succión de recursos del sector productivo. Es que en estos procesos no hay magia posible, la receta para maximizar el progreso consiste en contar con marcos institucionales civilizados que garanticen los derechos de las personas al efecto de liberar energía creadora.

También la peregrina idea de que la inversión privada es improductiva constituye parte de la fundamentación de la llamada “inversión pública” a los efectos de “hacerla productiva”, formulación que viene de los mercantilistas del siglo XVI y que se sigue repitiendo como si fuera una originalidad popularizada luego por Thorstein Veblen y más adelante por John Kenneth Galbraith. Este último autor insistió en que las inversiones de los particulares no son en necesidades reales puesto que están manipuladas por la publicidad ni son productivas porque el sujeto aislado no tiene la visión de conjunto que tienen los planificadores del gobierno. Sin duda, que Galbraith no considera irreal la compra de su best-seller La sociedad opulenta ni contempla que son precisamente los precios de mercado los que permiten coordinar información y conocimiento disperso, una situación que es dislocada una y otra vez cuando los megalómanos pretenden dirigir vidas y haciendas ajenas.

En resumen, la naturaleza de la inversión se asimila a lo subjetivo y voluntario en el contexto de la estimación de valores presentes y futuros, es por ende impropio aludir a la inversión pública o forzosa como lo sería aludir al amor forzoso. En nada cambia lo dicho si las mayorías en las legislaturas votan “inversiones públicas” puesto que el número no modifica la realidad. Siempre recuerdo que en la Convención Constituyente en Santa Fe (Argentina) de donde surgió la Carta Magna provincial en 1921, los constituyentes se embarcaron en una discusión paralela sobre la existencia de Dios, tema que fue sometido a votación en el recinto… la cual se pronunció por la negativa.

Es una obra que combate la desigualdad de ingresos y patrimonios sustentado en confundir el capitalismo con el llamado “capitalismo de amigos” (en verdad ausencia de capitalismo puesto que las relaciones incestuosas entre el aparato estatal y los empresarios prebendarios -desde Adam Smith en adelante- niega el significado de esa tradición de pensamiento), además, como han demostrado economistas como Hunter Lewis, Rachel Black, Robert T. Murphy y Louis Woodhill, basado en proyecciones sesgadas y estadísticas equivocadas (especial aunque no exclusivamente las referidas a retornos sobre el capital).

Dejemos las transcripciones numéricas que efectúa el autor de este libro para reflexionar sobre el centro de su tesis para lo que sugiere elevar considerablemente los impuestos al efecto de mitigar las referidas desigualdades, puesto que como es sabido incluso para leer tablas estadísticas se requiere un andamiaje conceptual previo y es a esta estructura teórica del autor la que vamos a comentar telegráficamente en esta nota periodística.

Incluso aunque las series en cuestión estuvieran bien fabricadas, las comparaciones pertinentes, los años base significativos, bien realizadas las correlaciones, bien seleccionadas las muestras y bien construidos los índices, no cambia la línea argumental. Esto es, si es cierto que en mercados abiertos y competitivos las diferencias patrimoniales las decide el consumidor en el supermercado y equivalentes, cualquier resultado en el delta es, por definición, el que ha establecido la gente con sus compras y abstenciones de comprar. Como los recursos no crecen en los árboles, su correspondiente asignación no resulta indistinta: la administración debe estar en manos de los que atienden mejor las demandas de sus congéneres a través de los cuadros de resultados para que los que dan en la tecla ganen y los que yerran incurran en quebrantos en posiciones que no son irrevocables sino sujetas a las cambiantes necesidades del público consumidor.

Resulta un tanto cansador repetir un aspecto de reflexiones ya hechas con anterioridad pero me incentivó la posibilidad de introducir nuevas consideraciones a raíz de la obra de Piketty. Otra razón para producir esta nota es que economistas como Krugman y Stiglitz alaban el libro de marras, junto a las autoridades del FMI y el mismo Obama y, en el momento de escribir estas líneas, el libro está en la lista de los best-sellers del New York Times.

Como queda dicho, en la medida en que las riquezas van a los bolsillos de empresarios que operan en base a privilegios otorgados por gobiernos, la consiguiente desigualdad se traduce en una flagrante injusticia que nada tiene que ver con la eficiencia para atender al prójimo sino con el poder de lobby para acercarse a los funcionarios del aparato estatal, es decir robo indirecto (para no decir nada de los patrimonios más abultados del mundo -según Fortune- que son fruto de usurpaciones y despojos directos como es el caso de la Rusia actual que se incluyen en las antedichas estadísticas globales como si fueran el resultado del mercado).

Y esto es lo que desafortunadamente existe en buena parte del mundo y es lo que Piketty confunde con capitalismo en el libro que comentamos. Lo que vivimos no es “la crisis del capitalismo” como afirma el autor sino la crisis del estatismo cimentada en gastos públicos astronómicos, deudas estatales siderales, déficit insostenibles, impuestos insoportables y absurdas, asfixiantes y crecientes regulaciones, de modo que está embistiendo contra un blanco equivocado.

Escribe Piketty que “la distribución de la riqueza es uno de los temas más discutidos y controversiales hoy”, lo cual es evidentemente cierto si nos guiamos por las propuestas políticas y por gran parte de los textos en economía y ciencia política, pero el asunto consiste en investigar la razón o sinrazón de las partes en este delicado debate. La tradición que inició J. S. Mill al pretender la escisión entre la producción y la distribución sentó las bases de la confusión. Para comenzar, como ha puesto de manifiesto Thomas Sowell, los economistas no deberíamos hablar de “la distribución del ingreso” puesto que “los ingresos no se distribuyen, se ganan”. Por su parte, Robert Barro ha señalado repetidamente que lo relevante no es la desigualdad de patrimonios sino la elevación del promedio ponderado de los ingresos (que es la tendencia en la medida en que la sociedad sea abierta), lo cual, dicho sea de paso, puede simultáneamente incrementar las desigualdades.

Piketty, por una parte, alude a Marx en cuanto a la concentración de la riqueza (que según él equivale a la explotación de los más pobres sin inferir conclusiones de sus niveles de vida en términos absolutos), y por otra, Kuznets que pronosticaba armonía en base a la reducción de las desigualdades (con célebres gráficos no del todo ajustados a la realidad). Pero es que, nuevamente destacamos que en la sociedad abierta las diferencias patrimoniales y de ingresos de deben a las instrucciones del consumidor en el mercado y, por tanto, cumplen un rol vital para maximizar las tasas de capitalización que es la única causa que eleva salarios.

Este es el sentido de lo consignado por Buchanan en cuanto a que “mientras las transacciones se mantienen abiertas y mientras no se recurra al fraude y a la fuerza, el acuerdo logrado es, por definición, clasificado como eficiente” y es el sentido por el que escribe Hayek en cuanto a que “la igualdad de las reglas generales es el único tipo de igualdad compatible con la libertad y la única igualdad que puede asegurarse sin destrozar la libertad”.

Sin embargo, Piketty se refiere a “los violentos conflictos que inevitablemete instiga la desigualdad (de rentas y patrimonios)” y los relaciona con los sucesos ocurridos en la Francia pre-revolucionaria, lo cual es nuevamente una situación totalmente distinta a la de los mercados libres y la sociedad abierta. Incluso sus reflexiones sobre la sobrepoblación de esa época no son comparables al crecimiento vegetativo en el contexto de la libertad. El antes referido Sowell muestra que toda la población mundial podría ubicarse en el estado de Texas con un promedio de 600 metros cuadrados por familia tipo de cuatro personas y señala que la densidad poblacional de Manhattan es la misma que en Calcuta y la de Somalía igual a Estados Unidos con lo que concluye que en un caso se habla de hacinamiento y en otro de opulencia debido a marcos institucionales diferentes y no debido a la llamada sobrepoblación.

Incluso las referencia a Malthus y a Ricardo en el libro no se condicen con lo que puede inferirse de épocas posteriores, no solo en cuanto a la población sino en cuanto a los impuestos a la tierra que parecen un adelanto de la teoría de Henry George al sugerir cargas fiscales adicionales a la tierra debido a que es un bien que aumenta su escasez sin que pueda atribuirse mérito al propietario, es decir, una especie de externalidad de la naturaleza, sin percatarse que, por ejemplo, eso mismo ocurre con nuestros ingresos que son debidos a las tasas de capitalización generados por otros (y tantas otras ventajas que obtenemos como que al nacer estamos insertos en lugares donde ya existe un lenguaje, insitituciones, etc.).

Thomas Piketty concluye que no está todo perdido puesto que “hay sin embargo maneras en que la democracia puede recuperar el control sobre el capitalismo y hacer que los intereses generales prevalezcan sobre los particulares”. En esta conclusión hay por lo menos tres asuntos que deben resaltarse. Primero, en gran medida no estamos en democracia en el llamado mundo libre tal como la concibieron en combinación con la República los Padres Fundadores en Estados Unidos, ni como la conciben los Giovanni Sartori de nuestros tiempos. Se trata mayorías ilimitadas que arrasan con el derecho y toda la tradición constitucionalista desde la Carta Magna de 1215. Segundo, no hay tal cosa como el capitalismo para controlar por las razones antes apuntadas. Y tercero, aunque es un lugar común, en la sociedad abierta no hay conflicto entre lo particular y lo general por la sencilla razón que lo general es la satisfacción de todo lo particular que no lesione iguales derechos de otros.

El autor de esta obra ahora de moda le da por completo la espalda al hecho de que el proceso de creación de riqueza es dinámico y no un bulto estático que opera en el contexto de la suma cero y que los burócratas tienen que decidir como “lo distribuyen”.

Por último, debe subrayarse que, en rigor, no es posible imponer el igualitarismo ya que las valorizaciones son subjetivas y, aunque todos dijeran la verdad no pueden realizarse comparaciones intersubjetivas, al tiempo que debido a la intervención gubernamental para imponer la guillotina horizontal se deterioran los precios relativos lo cual malguía aun más la producción. En el contexto del igualitarismo forzoso se requiere un sistema autoritario puesto que cuando alguien se sale de la marca niveladora establecida, debe recurrirse a la violencia para encauzar al “infractor”. Y, además, en otro plano de análisis, si fuéramos todos iguales con las mismas inclinaciones y talentos, la división del trabajo y la cooperación social se derrumbarían y la misma conversación se tornaría en un aburrimiento colosal ya que sería lo mismo que dirigirse al espejo.

Este constituye un tema de gran relevancia. Hoy en la capital estadounidense hay 41.386 lobbistas registrados, es decir, 77 por cada uno de los senadores y representantes, lo cual se traduce en un presupuesto total de tres mil millones de dólares por año.

Se ha dicho que el lobbista es absolutamente necesario al efecto de asesorar a los legisladores aunque en la práctica se pasa de contrabando la presión para lograr las metas de los intereses creados de las distintas corporaciones y sectores que en verdad lo que pretenden es favores, mercados cautivos y otras “protecciones” para sus grupos en lugar de operar en el mercado abierto. Se ha dicho también que el lobby no es más que una manifestación de la libertad de expresión y que los respectivos registros permiten la transparencia y minimizan las posibilidades de corrupción.

Veamos los asuntos por partes. En primer lugar, en un régimen republicano es del todo innecesario el asesoramiento de referencia puesto que la ley compatible con el derecho es de carácter general aplicable a un conjunto indefinido de casos, es decir, la protección de las garantías individuales a la vida, a la libertad y a la propiedad en el contexto de la igualdad ante la ley, a saber, el “dar a cada uno lo suyo” según la clásica definición de la Justicia en el contexto de árbitros y jueces en competencia al efecto de descubrir el derecho en un proceso evolutivo y no de ingeniería social y de diseño de la legislación.

Por ende, en este contexto nada tiene que hacer el legislador o el juez con áreas o sectores específicos. Hoy en día el Leviatán se ha engrosado de tal manera que los gobernantes proceden como si estuvieran administrando una empresa. Así se legisla sobre el azúcar, la energía, la industria del calzado o las fábricas de inodoros, lo cual es absolutamente incompatible con las funciones de un gobierno republicano tal como, por ejemplo, lo visualizaron los Padres Fundadores en Estados Unidos.

Es por esta razón que los gobiernos han crecido exponencialmente: sus funciones no reconocen límite alguno y es por ello que el gasto público, la presión tributaria, el endeudamiento gubernamental, la manipulación monetaria y las crecientes y absurdas regulaciones son a todas luces exorbitantes e inaceptables para cualquier espíritu libre que ha concebido la existencia del monopolio de la fuerza exclusivamente para la efectiva protección a los derechos de todos.

El lobbista institucional o el que opera en las sombras significa un grave desvío de los principios y valores republicanos, quien movido por sus intereses particulares pasa por alto y atropella intereses legítimos de los demás con el apoyo del aparato estatal. En la práctica, además, estos cabildeos significan un intercambio de favores a la espera de recibir apoyos en las campañas electorales. Es en definitiva una cópula hedionda entre el poder político y pseudoempresarios que no quieren someterse al veredicto de la gente a través de la competencia.

Desde Adam Smith en adelante, los liberales han batallado permanentemente contra la relación incestuosa entre los gobiernos y este tipo de empresarios prebendarios que necesariamente explotan a la gente vendiendo a precios más elevados, calidad inferior o las dos cosas al mismo tiempo. Son en verdad asaltantes de guante blanco que como no queda bien para su status social irrumpir en las viviendas de sus semejantes y arrasar con sus pertenencias, lo hacen vía los gobiernos con el apoyo de la ley corrupta.

La expresión “ley y orden” está íntimamente atada a la noción básica del derecho, es decir, acciones conformes a derecho conducen al orden social, la paz y la armonía, lo cual nunca ocurre con legislación contraria al derecho, no importa qué cantidad de votos la respalda.

La contrapartida del derecho es la obligación. La propiedad obtenida lícitamente a través de arreglos libres y voluntarios tiene como contratara la obligación de respetarla, pero si se obtiene por medio del fraude, el privilegio o la fuerza no hay lugar para la referida obligación y si el gobierno la impone convierte la situación en pseudoderecho ya que al otorgar semejante posesión debe sustraerse el fruto del trabajo ajeno.

En los tiempos que corren, estamos rodeados de pseudoderechos que son aspiraciones de deseos: el “derecho” a una vivienda digna, a un salario adecuado, a la recreación necesaria, a la felicidad que nos recuerdan la antiutopía orwelliana del Gran Hermano. Es en este contexto en el que hacen su aparición los lobbistas, lo cual resultaba imposible en otros tiempos, allí donde el Poder Legislativo se limitaba a administrar las finanzas y cuidar de los derechos individuales. A medida que estos diques de contención se fueron derrumbando, en esa medida, los lobby se hicieron más fuertes y decisivos. Nada hay entonces que asesorar a legisladores si se mantienen en el carril del derecho y la consiguiente igualdad ante la ley y si para esto necesitan consejos del tipo lobbista deben renunciar a sus bancas y sus dietas puesto que no estarían capacitados para velar por los derechos de los gobernados.

Vamos al punto de la pretendida vinculación al lobby con la libertad de expresión. Todos deben poder ejercerla pero no por ello debe institucionalizarse la obligación de gobernantes de escuchar discursos que no solo no hacen a sus funciones sino, como queda dicho, son incompatibles con el ideario republicano. Del mismo modo, la libertad de expresión no se vulnera porque el dueño de una casa no permita que ingresen a la misma quienes no son deseables y menos si es para insultar a los dueños de casa.

Por último, respecto a que el registro de lobbistas permite la transparencia y evita la corrupción debe tenerse presente, en primer lugar, que el lobbismo es en sí mismo la corrupción de la sociedad abierta por las razones antes apuntadas. En segundo lugar, la transparencia de algo que es contrario al sistema republicano y que facilita la legislación de casos particulares en contraposición a la igualdad de derechos, es contraproducente, no por ser transparente sino por inconveniente y dañino.

Lo dicho nada tiene que ver con limitar coactivamente la financiación de campañas electorales con la idea de evitar la devolución de favores, puesto que como he escrito en columnas referidas a la libertad de prensa, esos intercambios se bloquean en otro nivel por medio de marcos institucionales que no permiten el otorgamiento de privilegios.

Entre muchos otros, Giovanni Sartori ha explicitado las características centrales de un régimen libre y los estrictos controles y vigilancia permanente al poder político que ello demanda. Por su lado, James Madison se detuvo a considerar los peligros de las facciones al consignar que “por una facción entiendo un número de ciudadanos, sea mayoría o minoría, a los que guía el impulso, la pasión o los intereses comunes en dirección al conculcamiento de los derechos de otros ciudadanos” y de esto es, precisamente, de lo que trata el lobby.