En esta nota quiero centrar brevemente la atención en un aspecto del antedicho estatismo. Me refiero a las falacias tejidas en torno a la política fiscal, que tratamos en los siguientes diez puntos (el decálogo tiene buena prensa), todos de una u otra manera disfrazados de presentes griegos: la inexistencia de traslación fiscal, la idea equivocada de los llamados impuestos al consumo, la relevancia de la curva de Laffer, lo destructivo de la progresividad impositiva, la mirada más atenta a los principios de nacionalidad y territorialidad, la variante del valor agregado, el verdadero federalismo fiscal, la noción contradictoria de la inversión pública, los ineludibles desajustes de la exención fiscal y el equilibrio de la caja concebido como un fin en sí mismo.

1. Los costos de producción no determinan el valor que el consumidor le atribuye al bien o al servicio a través de los precios que paga. El valor procede de la utilidad marginal. Si los costos determinaran los precios, no habría quebrantos. El empresario cobra los precios más altos que le permite la elasticidad de la demanda. Si cualquiera de sus costos se elevara, el empresario obtendrá menores ganancias o incurrirá en pérdidas, pero, ceteris paribus, no puede trasladarlos a los precios. Por ello, es falso afirmar que en verdad el incremento de impuestos (o para el caso, cualquier costo adicional) sencillamente se traslada a los precios sin que cambie la estructura de la demanda (que en el límite puede ser cero). Si, por otra parte, por ejemplo, se triplicaran los impuestos en una comunidad, los precios se elevarán, no porque hubo traslación fiscal, sino por la consecuente caída abrupta en la productividad y, por ende, al haber menor oferta, los precios suben. Cuando esto ocurre y en la medida en que sucede no debe confundirse con el espejismo de la traslación.

2. En finanzas públicas clásicas se clasifican los gravámenes en directos e indirectos. Los primeros gravan la manifestación directa de la capacidad contributiva (por ejemplo, a las ganancias), mientras que los segundos gravan la manifestación indirecta de la capacidad contributiva (por ejemplo, los gastos). Pues bien, de ello se suele concluir equivocadamente que estos últimos impuestos son al consumo, sin percibir que todos los impuestos son al patrimonio (no hay forma de que se abonen con otra cosa). Si se grava una empresa de chocolates -un bien considerado de consumo-, se concluye que ese impuesto es al consumo, sin tener en cuenta que la referida empresa se hará cargo del tributo con su patrimonio si es que hemos entendido el punto anterior respecto a la supuesta traslación.

Más aún, el contribuyente de jure, al ver reducido su patrimonio y la consecuente capacidad de inversión, hace que los salarios e ingresos en términos reales disminuyan, con lo que aparecen los contribuyentes de facto, es decir, en última instancia todos se hacen cargo de los gravámenes, muy especialmente los más débiles económicamente, puesto que por la antedicha utilidad marginal sabemos que un peso para un pobre no es lo mismo que uno para un rico (aunque no sean posibles las comparaciones intersubjetivas ni factible referir esto en números cardinales).

Además, si bien conceptualmente es del todo pertinente aludir a bienes de consumo y bienes de inversión o de capital, ni siquiera resulta posible clasificarlos en abstracto de la acción concreta, ya que las valorizaciones son subjetivas (una botella de vino será un bien de consumo si se bebe su contenido y de inversión si se la almacena). Por último en este punto, se da la paradoja de que cuando se elevan los impuestos a los bienes de consumo con la idea de preservar la inversión, se produce un cambio en la preferencia temporal, al reducirse el patrimonio para hacer frente al denominado “impuesto al consumo” y, por tanto, ¡se reduce aun más la inversión!

3. Como es sabido, la curva de Laffer se muestra en un gráfico en donde en la ordenada aparece la presión tributaria y en la abscisa la recaudación fiscal y la curva se presenta en forma de u acostada con el vértice hacia la derecha. La curva de marras muestra que al aumentar la presión fiscal se incrementa la recaudación hasta un punto en donde los aumentos adicionales revierten la situación, en el sentido de que generan menor recaudación. Esto es debido a las antes mencionadas lesiones en la estructura productiva. El asunto es que se suele sostener que la presión tributaria debe ubicarse en el óptimo fiscal, es decir, donde se obtiene la máxima recaudación con los gravámenes más altos posibles antes de la aludida reversión. Pero esta cuestión no debe ser mirada de esa manera, a saber, con criterio de voracidad fiscal, sino más bien el punto de menor recaudación posible al efecto de garantizar la protección de derechos, es decir, el punto mínimo fiscal.

4. Autores como Arthur Pigou han concluido que dada la utilidad marginal que venimos comentando y, como hemos apuntado, un peso para un pobre tiene mayor valor que uno para un rico, debe aplicarse la progresividad en el impuesto, ya que la pérdida del rico será menor que la ganancia del pobre, por lo que habrá una ventaja neta para la comunidad. Esto así considerado no se condice con el sentido mismo de la utilidad marginal que debe aplicarse al consumidor, al que no le da lo mismo asignar sus siempre escasos recursos en cualquier dirección, por lo que habrá una pérdida neta en la medida en que los tributos desfiguren sus preferencias, lo cual, adicionalmente perjudicará a los relativamente más pobres, debido al consumo de capital que implica la reasignación compulsiva de factores de producción.

Por otro lado, la progresividad altera las posiciones patrimoniales relativas, lo que no sucede con los impuestos proporcionales, situación aquella que agrava lo dicho sobre la pérdida neta. También la progresividad se traduce en regresividad, ya que, como queda dicho, la contracción en las inversiones en los contribuyentes de jure hace que los salarios se reduzcan, con lo que terminan haciéndose cargo en mayor medida los relativamente más débiles (económicamente considerados). En verdad, resulta por lo menos curioso que se mantenga que debe producirse lo más que se pueda y, al mismo tiempo, se castigue progresivamente a los que más producen.

5. A efectos de evitar la antes referida voracidad fiscal, debe abandonarse el llamado principio de nacionalidad en materia tributaria para aplicar solo el principio de territorialidad, puesto que las obligaciones de respetar derechos por parte de los Gobiernos procede dentro de su jurisdicción. No es compatible con una sociedad abierta la persecución fiscal fuera de la jurisdicción correspondiente, siguiendo los pasos del ciudadano por el orbe para incrementar la recaudación, aunque la empresa o la persona se encuentren en otras jurisdicciones nacionales.

6. Todos los impuestos podrían reducirse al de valor agregado y al impuesto territorial, ambos con alícuotas mínimas proporcionales en lugar de contar con farragosas disposiciones fiscales, donde la doble imposición es generalmente la norma y el denominado contribuyente debe recurrir a “expertos fiscales” para conocer sus obligaciones, en lugar de liberar a esos personajes para que puedan dedicarse a actividades útiles si se simplificara la legislación respectiva. El impuesto al valor agregado tiene la ventaja de que es más económico debido al sistema de impuestos a cargo e impuestos a favor que alivia los controles y puede abarcar a todo el espectro y toda la base fiscal, sin discriminaciones ni problemas con los antes aludidos impuestos al consumo y a la inversión. Por su lado, el impuesto territorial se basa en que quienes tienen propiedades en el país en cuestión pero no viven allí se hacen cargo de la parte que les corresponde debido a que el Gobierno debe velar por esas propiedades.

7. Las provincias o los estados son los que constituyen la nación en un régimen federal, por ende, son aquellos los que deben coparticipar al Gobierno central y no al revés. En ese caso, si se distribuyeran todos los gravámenes entre las provincias o estados, excepto los referidos a las relaciones exteriores y a la defensa, los incentivos operarán en el sentido de que los gobernadores locales tenderán a implantar cargas fiscales razonables a los efectos de que las personas no se muden a la provincia o al estado vecino y, por otra parte, para atraer el mayor volumen de inversiones posible. Estos incentivos, a su vez, tenderán a reducir el gasto público como consecuencia de una estructura impositiva equitativa (lo cual implica cuidado con el endeudamiento, que a la larga o a la corta es financiado con impuestos). Esto es parte fundamental del sentido de evitar los grandes riesgos de contar con un Gobierno centralizado y, en el extremo, un Gobierno universal. Desde la perspectiva liberal, esta es la única razón que justifica las fronteras: el fraccionamiento del poder.

8. También en finanzas públicas clásicas se insiste con la denominación de inversión pública, cuando en rigor constituye una contradicción en los términos. La inversión es eminentemente de carácter voluntario, no puede ser el resultado de la fuerza. Del mismo modo que carece por completo de sentido hablar de “ahorro forzoso”, como efectivamente ha intentado imponer algún Gobierno descarriado hace relativamente poco tiempo. La inversión consiste en abstención de consumo que es ahorro, cuyo destino es siempre la inversión, y se lleva a cabo porque se estima que el resultado de ese destino derivará en un valor futuro mayor que el presente. En los presupuestos nacionales los rubros deberían ser gastos corrientes y gastos en activos fijos, pero no inversiones, por las razones señaladas.

9. A igualdad en el volumen de recaudación, las exenciones fiscales significan que otros deben hacerse cargo de mayores gravámenes por la diferencia. Y si el Gobierno del caso declarara que se reducirá el gasto público en la misma proporción de las exenciones para que otros no vean incrementadas sus alícuotas, debe responderse que, entonces, deberían reducirse todas las alícuotas, pero no otorgar perdones fiscales que distorsionan los precios relativos, lo cual, a su turno, hace que algunos reglones y áreas aparezcan con rentabilidades artificiales, con lo que se asignan recursos de modo que responden a las inclinaciones políticas imperantes y no a lo que resulta económico.

10. No es infrecuente que se otorgue prioridad a tener un balance fiscal equilibrado, es decir, que no haya déficit en las cuentas públicas, sin prestar prácticamente atención al volumen del gasto público, que es lo verdaderamente relevante. Como decimos, en algunos casos parecería que se centra la atención en este problema sin atender el nivel del gasto estatal, que es la verdadera razón de la quita al fruto del trabajo ajeno. No es en modo alguno que deba subestimarse el desorden fiscal en las cuentas, se trata de enfatizar la importancia del derroche que realizan gobernantes en campos que no le competen (muchas veces financiado también con deuda pública interna y externa, tema que hemos abordado en detalle en otros trabajos, del mismo modo que lo hemos hecho respecto a la política monetaria).

Hazlitt fue el predecesor de Milton Friedman en sus colaboraciones semanales durante años en Newsweek, también publicaba regularmente en el Wall Street Journal y fue miembro del Consejo Editorial de The New York Times, asimismo fue cofundador de la Mont Pelerin Society y enseñó en centros educativos estadounidenses, latinoamericanos y europeos. En oportunidad de sus 70 años fue agasajado por reconocidos profesores y periodistas en el New York University Club, ocasión en la que enfatizó el peligro del “crecimiento canceroso en el poder del estado”. Visitó Buenos Aires invitado por mi padre en 1960 donde pronunció conferencias en diversos foros las cuales tuvieron amplia repercusión en medios locales.

En esta oportunidad nos concentraremos en la primera de las obras mencionadas e insertas en el título de esta nota periodística.  Es un libro escrito para todo público (por eso fue best-seller en varias lenguas) pero con recetas mucho más fértiles que buena parte de los mamotretos incoherentes fabricados por supuestos economistas. Abre el libro aseverando que “la economía se halla asediada por mayor número de sofismas que cualquier otra disciplina cultivada por el hombre”. En el libro de marras, Hazlitt pasa revista a las falacias más comunes generalmente desarrolladas por economistas profesionales que han mamado conceptos absurdos y contradictorios que mucho daño hacen a la gente, especialmente a los más necesitados.

Comienza por subrayar la importancia de mirar no solo lo que se ve a primera vista sino todos los efectos que en definitiva tienen lugar, evitando así escindirlos del análisis. Por ejemplo, la redistribución de ingresos: si se circunscribe el análisis a los beneficios que recibe el redistribuido no de verán los efectos negativos que se generan debido a los cambios en la asignación de los siempre escasos factores de producción que al desviarse de lo eficiente produce contracción en los salarios de todos. Se ven las instalaciones fastuosas de esta o aquella empresa estatal pero no se ven las abstenciones en la adquisición de otros bienes y servicios deseados por la comunidad al establecerse y como no se puede hacer todo al mismo tiempo, la alteración en las prioridades perjudica a los consumidores y reduce sus niveles de vida.

Estudia con detenimiento la falacia de que las obras públicas estimulan el empleo sin ver que hay un desvío fatal desde el sector privado al público con lo que se impone compulsivamente trabajo en el área del aparato estatal en detrimento de lo requerido en el mercado. Explica los graves inconvenientes de los créditos gubernamentales con dineros de la gente, los cuales se otorgan en condiciones que nunca hubiera concedido la banca privada, situación que resulta antieconómica, es decir, se equivale a consumo de capital.

Alude a la inflación como un impuesto del que se hacen cargo principalmente los relativamente más pobres debido al impacto que reciben sobre sus magros ingresos y muestra la exclusiva responsabilidad de los aparatos estatales en esta maniobra fraudulenta a pesar de que los gobiernos intentan distraer la atención del foco del mal sobre las espaldas de los comerciantes que se ven obligados a elevar precios en términos nominales debido a la degradación del signo monetario.

Se refiere a la trascendencia del ahorro como ingreso no consumido destinado siempre a la inversión, lo cual permite incrementar la productividad y así consumir más y mejor. Esto lo contrasta con la falacia de anteponer el consumo como si fuera la panacea sin percatarse del principio elemental que no resulta posible consumir lo que no se produce y la producción depende de las tasas de inversión.

Dedica mucho espacio a la consideración del significado del sistema de precios como elemento coordinador indispensable para conocer que es lo que necesita la gente lo cual pone en evidencia con sus compras y abstenciones de comprar. Si luego de realizadas las consiguientes operaciones el gobierno establece precios,  todas las previas indicaciones naturalmente se distorsionan con lo que el uso de recursos se aparta de los cometidos que habían sido indicados por los consumidores con lo que se genera desperdicio de recursos con el consiguiente deterioro en la situación de la gente. Se refiere a los reiterados fracasos de tales políticas y se sorprende que se sigan adoptando.

Pone al descubierto el sofisma referido a la supuesta importancia de exportar al tiempo que se restringen las importaciones sin percibir que lo primero es el costo en que debe incurrirse para lograr lo segundo, del mismo modo que nuestras ventas constituyen nuestros costos para poder adquirir lo que necesitamos. Si previamente no vendemos bienes o servicios no podremos comprar lo que requerimos. En un proceso libre el balance de pagos siempre se encuentra equilibrado puesto que si las exportaciones son menores a las importaciones la diferencia se financia con ingreso de capital. Para que esto pueda funcionar es menester que opere un tipo de cambio libre y no sujeto a las manipulaciones burocráticas que necesariamente distorsionan el comercio exterior.

En un capítulo titulado “El odio a la máquina”, nuestro autor señala las falacias implícitas en el argumento que sostiene que la tecnología produce desempleo en lugar de sostener que libra recursos humanos y materiales al efecto de poder encarar otras necesidades, lo cual no podía hacerse antes de la introducción de la nueva tecnología precisamente porque estaban esterilizados en las faenas que ahora ayuda a producir la máquina. Y debe tenerse presente que no hay tal cosa como transiciones especiales en este contexto puesto que todo el proceso económico las transiciones son permanentes: cada uno de los comerciantes y sus empleados están permanentemente considerando cambios para mejorar y cada uno de esos cambios se traducen en transiciones. Para ilustrar la idea, Hazlitt se refiere al caso del invento de las máquinas para el hilado de algodón, tarea que antes se realizaba manualmente, sin embargo los hiladores manuales se ubicaron en otros trabajos y si hoy se liquidaran aquellas maquinarias no habría más empleo sino una caída en los salarios reales (del mismo modo que no es más productivo pescar a los cascotazos en lugar de hacerlo con una red de pescar).

En otra de las jugosas secciones del libro elabora sobre el rol de los beneficios y concluye que es fundamental como incentivo para la producción al efecto de que el comerciante los reciba si se adapta a los reclamos de sus congéneres y que incurra en quebrantos si se equivoca en sus decisiones. La cuantía de los mencionados beneficios depende de lo que los consumidores estimen conveniente, por ello es que resultan  tan destructivos los impuestos a las ganancias en lugar de mantener la carga fiscal lo más neutra posible a las decisiones del mercado, es decir,  de la gente.

Con una pluma directa y simple, el autor de este pequeño gran libro dirige su mirada al significado del progreso. Se trata de minimizar costos inútiles no de pretender un sistema perfecto, nada está al alcance de la perfección en el mundo terreno, como queda dicho, se trata de no poner palos en las ruedas y eso es precisamente lo que hacen los megalómanos, es decir, los que desde el poder consideran que poseen condiciones muy superiores al resto de los mortales, en otros términos los arrogantes y soberbios que con su entremetimiento en arreglos contractuales privados echan a perder todo la delicada e importante coordinación y con su tremenda ofuscación y ceguera generan miseria con sus siempre discursos altisonantes y guarangos en el sentido orteguiano de la expresión. Entonces Hazlitt observa el progreso como un proceso provocado por ámbitos abiertos en los que la creatividad desempeña un rol crucial y las mejoras en ingresos en términos reales con externalidades positivas que se deben a las tasas de capitalización que generan otros no como una consecuencia buscada sino al buscar la mejora personal de quienes hacen posible esas crecientes tasas. Cada uno persiguiendo su interés personal, en paz y en libertad hacen posible la mejora del prójimo puesto que para progresar deben satisfacer los intereses de terceros.

Cierro esta nota con  una noticia que pone al descubierto el peligro de insistir por la senda estatista: el caso griego del que me ocupé en mi última columna semanal pero que ahora menciono desde otro ángulo. El nuevo ministro de finanzas –Yanis Varoufakis, declarado marxista- afirma que su país “está quebrado y es insolvente”, lenguaje que asusta a sus colegas de Bruselas y al FMI pero que es absolutamente correcto; el problema es que las medidas que se anuncian empeorarán en mucho la situación por más que se haya logrado extender el programa de ayuda. La situación actual está bien reflejada en el diseño lúgubre de un supuesto billete del euro fabricado por Stefanos.

En cualquier caso, en esa así considerada “cuna” hoy se elige a un gobierno comunista. ¿Cómo fue posible que tuviera lugar ese derrotero macabro? La respuesta debe verse en la subestimación grosera de “la libertad de los modernos” y la sobreestimación de “la libertad de los antiguos” en un contexto de educación socialista-colectivista en la que fueron mermando las autonomías individuales y el estímulo al otorgamiento de poderes cada vez más engrosados del aparato estatal.

Ya he escrito antes en detalle sobre esta tragedia griega en cuanto a sus características político partidarias, ahora solo apunto al hecho de que el partido triunfante en las últimas elecciones -Syriza- se alía con la derecha, es decir, el partido Griegos Independientes. A muchos distraídos les puede llamar la atención esta cópula electoral de la izquierda con la derecha pero es lo natural: los socialismos apuntan al debilitamiento o a la eliminación de la propiedad privada, mientras que las derechas, a saber, los nacional-socialismos o fascismos atacan esa institución desde un flanco más disimulado pero más contundente: permiten el registro de la propiedad a manos particulares pero la usan y disponen desde las esferas gubernamentales con lo que el zarpazo final resulta mejor preparado. Esto último es lo que sucede actualmente en mayor o menor medida en buena parte del mundo desde los sistemas educativos a las políticas monetarias, fiscales, laborales y de comercio exterior en contextos de acentuados deterioros en los marcos institucionales.

Este contrabando atroz ha conducido al abandono de la idea de la democracia explicada por los Giovanni Sartori de nuestro tiempo para caer precipitadamente en la cleptocracia, es decir, el gobierno de los ladrones de libertades, de propiedades y de sueños de vida, precisamente lo contrario de lo establecido por aquellas democracias en cuanto a la preservación de la vida, la libertad y la propiedad incrustada en los documentos del sistema para en definitiva ahora recortarla y circunscribirla al recuento de votos con lo que se mantiene que los Hitler y Chávez de los siglos veinte y veintiuno respectivamente y sus imitadores resulta que son baluartes de la democracia, lo cual constituye un grave insulto a la inteligencia y al sentido común.

Como tantas veces he puesto de manifiesto, dado que Hayek subraya en las primeras doce líneas de la primera edición de su Law, Legislation and Liberty que hasta el momento los esfuerzos del liberalismo clásico para contener al Leviatán han sido un completo fracaso, con urgencia deben abrirse debates al efecto de ponerle límites adicionales al poder político. Hayek mismo nos da el ejemplo sugiriendo vallas al Legislativo, Bruno Leoni lo hace para el Judicial y mucho antes que eso Montesquieu propone procedimientos aplicables al Ejecutivo aun no ensayados en la modernidad y el dúo Randolph y Gerry fundamentaron la idea del Triunvirato en la Asamblea Constituyente estadounidense. Como también he consignado, si estas ideas no se aceptaran deben pensarse en otras pero no quedarse de brazos cruzados asistiendo pasivamente al derrumbe de la democracia puesto que como ha apuntado Einstein, es irresponsable esperar resultados distintos adoptando idénticas recetas.

Sin duda, la manía del igualitarismo ha hecho estragos convirtiendo la noción clave de la igualdad ante la ley en la guillotina horizontal basada en la redistribución compulsiva de ingresos, lo cual contradice abiertamente las directivas de la gente en el supermercado y afines con sus compras y abstenciones de comprar, situación que inevitablemente conduce al consumo de capital que a su vez reduce salarios en términos reales ya que éstos proceden de las tasas de capitalización.

Y aquí viene una explicación de una de las razones políticas del derrumbe señalado. Por supuesto que, como queda dicho, los climas educativos y los marcos institucionales descuidados hacen de operación pinza para la degradación de la sociedad abierta, pero nos detenemos en uno de los conductos más expeditivos de tal deterioro y este consiste en la faena de conservadores, tarea tan bien explicada por el aludido premio Nobel Hayek en el capítulo titulado “¿Por qué no soy conservador?” de su libro Fundamentos de la libertad combinado con su obra Camino de servidumbre en el capítulo titulado “Por qué los peores se ponen a la cabeza”.

En el primer caso, este autor sostiene que los conservadores en última instancia están manejados por lo que sucede en las alas por parte de quienes mantienen ideas firmes que empujan a que aquellos acepten el corrimiento en el eje del debate por su “repugnancia a las ideas abstractas y la escasez de su imaginación”, es decir, los que rechazan andamiajes teóricos porque se creen “prácticos” sin percatarse que su “practicidad” consiste en recurrir a lo que otros establecen como “políticamente correcto” en grado creciente y, en el segundo caso, un sistema degradado  incentiva a que el político se dirija a lo más bajo del común denominador lo cual genera una onda expansiva difícil de revertir.

El origen de la tradición conservadora nace después de la revolución inglesa de 1688. Los conservadores querían conservar los privilegios otorgados por la corona en oposición al espíritu de la revolución encabezada por Guillermo de Orange y María Estuardo basados en los antedichos principios en los que se sustentaron las concepciones lockeanas. La tradición conservadora pertenece más a la esfera política que a la intelectual y académica. En realidad cuando se solicitan nombres de intelectuales conservadores se suelen esgrimir los de Burke, Maculay, Tocqueville y Acton, pero ninguno de ellos se autodefinió como conservador sino que se consideraron liberales insertos en la línea whig.

El conservador muestra una inusitada reverencia por la autoridad mientras que el liberal siempre desconfía del poder. El conservador pretende sabelotodos en el gobierno a lo Platón, pero el liberal, a lo Popper, centra su atención en marcos institucionales que apunten a minimizar el daño que puede hacer el aparato estatal. El conservador es aprensivo respecto de los procesos abiertos de evolución cultural, mientras que el liberal acepta que la coordinación de infinidad de arreglos contractuales producen resultados que ninguna mente puede anticipar, y que el orden de mercado no es fruto del diseño ni del invento de mentes planificadoras. El conservador tiende a ser nacionalista- “proteccionista”, mientras que el liberal es cosmopolita-librecambista. 

El conservador propone un sistema en el que se impongan sus valores personales, en cambio el liberal mantiene que el respeto recíproco incluye la posibilidad de que otros compartan principios muy distintos mientras no lesionen derechos de terceros. El conservador tiende a estar apegado al status quo en tanto que el liberal estima que el conocimiento es provisorio sujeto a refutaciones lo cual lo torna más afín a las novedades que presenta el progreso. El conservador suscribe alianzas entre el poder y la religión, mientras que el liberal la considera nociva. El conservador se inclina frente a “estadistas”, en cambio el liberal pretende despolitizar todo lo que sea posible y estimula los arreglos voluntarios: como queda dicho, hace de las instituciones su leitmotiv y no las personas que ocupan cargos públicos.

El ejemplo de Grecia ilustra lo perjudicial que son las políticas timoratas que pretenden estar en el medio del camino. El inicio del descarrilamiento viene de larga data, ahora se pone de manifiesto en forma brutal. Los conservadores griegos han aceptado instituciones y políticas que son básicamente estatistas con lo cual no han hecho más que acceder a las demandas socialistas y abrir así las compuertas de lo que finalmente sucedió. Incluso mintieron con las estadísticas para entrar en la Unión Europea (en una secuencia nefasta hasta su último presupuesto donde para atender cada maceta con plantas en la órbita oficial aparecían ocho jardineros en la nómina). Dicho también a título de ilustración, en el caso argentino aplica la preocupación: los conservadores en los años treinta abrieron las puertas al peronismo al establecer el control de cambios, la banca central, el impuesto progresivo y las juntas reguladoras (además de que Uriburu había anunciado una Constitución fascista que afortunadamente se pudo abortar).