La obra no puede ser más oportuna, puesto que analiza los temas más relevantes que son inherentes a una sociedad abierta (para recurrir a terminología popperiana). Inicia su libro con una ráfaga intensa de optimismo en la comprensión y la difusión de las ideas liberales en la acepción clásica de la expresión, en el sentido original que el mismo autor nos recuerda: el bautismo del liberalismo convertido en sustantivo por vez primera en las Cortes de Cádiz de 1812, ya que antes se lo utilizaba como adjetivo para indicar generosidad.

En ese primer capítulo, Boaz destaca que una encuesta de CNN revela que esas ideas en Estados Unidos se vienen afirmando, ya que, entre 2002 y 2012, ha habido un crecimiento de un treinta por ciento en los consultados que ponen de manifiesto que apoyan estas ideas en una serie de rubros, independientemente de la etiqueta a que recurran para ubicarse en el espectro político. Esta es sólo una muestra para respaldar el optimismo del autor respecto al futuro. Cita gran cantidad de documentación, entrevistas, artículos en periódicos y revista de venta masiva, debates en centros académicos y libros publicados en los que sobresale lo dicho. También extiende su optimismo a otras partes del mundo al señalar síntomas alentadores que en muchos casos no son aún percibidos en la superficie de los acontecimientos.

En un segundo capítulo se detiene a considerar las raíces de las ideas que defiende desde su prehistoria, la noción de derecho natural, la tolerancia religiosa, el pluralismo, el liberalismo del siglo XVIII en Inglaterra, el concepto de la división de poderes, las libertades individuales y la limitación en las funciones y los atributos del Gobierno. Luego menciona la declinación del espíritu liberal para finalmente volver sobre el resurgimiento de esa tradición de pensamiento en cuyo contexto hace un zoom sobre la escuela austríaca.

De más está decir que resulta imposible pasar revista de un libro de más de cuatrocientas páginas en una nota periodística, pero es del caso subrayar algunas consideraciones del autor, siempre en un territorio en el que marca la importancia del respeto de los contratos, los derechos de propiedad y los procesos abiertos de mercado.

Combate el significado popular del derecho al escribir que erróneamente se piensa: “Cualquier deseo equivale a un derecho”, lo cual ilustra con ejemplos que en verdad resultan chocantes por lo absurdo de los reclamos. Esto nos recuerda el análisis orwelliano. Otras veces he citado el ejemplo que trasmitió Gabriela Calderón: en la Asamblea Constituyente de Ecuador, los secuaces de Rafael Correa propusieron seriamente incluir en la Constitución—afortunadamente la moción no prosperó— “el derecho al orgasmo de la mujer”. Esto es una sandez mayúscula, pero es cierto que muchas de las constituciones modernas confunden una expresión de deseos con un derecho, con lo que se apartan por completo de toda la tradición constitucionalista, de la Carta Magna de 1215 en adelante.

En este sentido, debe puntualizarse que si se demanda un derecho sobre algo que no se obtiene libre y voluntariamente, necesariamente quiere decir que otros se verán compelidos a entregar la diferencia, con lo que ese alegado derecho se convierte en un pseudoderecho, puesto que no puede otorgarse sin lesionar el derecho de terceros.

David Boaz además explica la inexorable armonía de intereses y la imposibilidad de conflictos allí donde se respetan los derechos de todos. Es especialmente iluminador el cuarto capítulo dedicado a la dignidad del ser humano, donde alude al significado del individualismo metodológico, junto con la recurrente manía de referirse a agregados como si tuvieran vida propia. Como aquello de “El país demanda” o “La gente piensa tal o cual cosa”, dado que, según apunta el autor, “Sólo los individuos actúan” y “Sólo los individuos piensan, aman y persiguen proyectos. Los grupos no tienen planes ni intenciones. Sólo los individuos están imbuidos de la capacidad de la decisión […] Los individuos pueden y sin duda frecuentemente deliberan en grupos, pero es la mente individual la que elige. Más importante aun, sólo los individuos asumen la responsabilidad por sus acciones”.

A continuación critica la visión conservadora de intentar imponer una visión moral según los valores de esa corriente de pensamiento que frecuentemente lesiona derechos de otros, sin percatarse de que el eje central de una sociedad libre consiste en el respeto recíproco, independientemente de que las acciones y los pensamientos de nuestro prójimo no coincidan con los nuestros. Precisamente, en eso radica la posibilidad de la convivencia civilizada: que cada uno proceda como considere pertinente sin invadir derechos del prójimo, por tanto, sin confundir lo que puede interpretarse como vicios con lo que son crímenes. Como concluye Boaz en este apartado: “La función de los Gobiernos no estriba en imponer cierta concepción moral [que excede el plano del derecho], sino el establecimiento de marcos institucionales para que cada individuo siga su camino del modo que lo considere mejor, siempre y cuando no interfiera con iguales derechos de otros”.

Por nuestra parte subrayamos que todo el sistema de la libertad descansa en un concepción ética que es el respeto recíproco. A su vez, este se sustenta en el derecho de propiedad, comenzando por el propio cuerpo y el pensamiento y por lo obtenido lícitamente en intercambios libres que incluyen donaciones naturalmente realizadas con recursos propios. A su turno, el respeto a la propiedad es inseparable de la Justicia a efectos de “dar a cada uno lo suyo”, al derecho a peticionar, al debido proceso, a la libertad de prensa, a la preservación de la intimidad y a la elección de autoridades en cualquier nivel que sea. En resumen, lo consignado en las constituciones liberales: el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. El resto de las conductas individuales nada tiene que ver con el uso de la fuerza agresiva, puesto que en este contexto sólo es aceptable el uso de la fuerza defensiva a través de normas debidamente establecidas para preservar las autonomías individuales.

Más adelante, en el libro que comentamos, el autor enfatiza los graves problemas que crea la legislación que es incompatible con el derecho “que desafortunadamente se la denomina ley”, puesto que en rigor esta última es correlativa al derecho y no al diseño y la ingeniería social de los legisladores. Un ejemplo de esta avalancha de legislación contraria al derecho es la política tributaria que apunta a exprimir al contribuyente en lugar de limitar el impuesto a recaudar para cumplir con las misiones específicas en un sistema republicano. Boaz también se alarma con razón de la pesada e innecesaria carga de regulaciones que afectan arreglos contractuales en lugar de protegerlos. En este sentido, cita el caso estadounidense, donde el Código de Regulaciones Federales ocupa 175 mil páginas en 238 volúmenes con 275 mil burócratas trabajando al efecto, lo cual duplica el número de funcionarios de 1980, todo naturalmente con costos siderales.

Analiza también las falacias tejidas en torno al comercio internacional y recuerda lo dicho por el economista decimonónico Frédéric Bastiat en cuanto a que para concluir sobre la bondad o el daño de tal o cual política siempre debe verse “lo que se ve y lo que no se ve”, más aún cuando pensadores como Frierich Hayek nos dicen: “La economía es contraintuitiva”. Esto es, lo que primero se concluye está mal, hay que pensar y desentrañar los nexos causales para llegar a una opinión fundada. Es por no detenerse a estudiar los problemas que, como escribe Boaz, “Gunnar Myrdal, quien recibió el premio Nobel en economía [¡junto con Hayek!], escribió en 1970 en The Challenge of World Poverty que las máquinas que ahorran trabajo no deben introducirse en países subdesarrollados”. Con ello demuestra no tener idea del funcionamiento del mercado laboral, para lo cual seguramente hubiera prohibido las refrigeradoras que liberaron el trabajo de los hombres de la barra de hielo o las locomotoras a Diesel, porque liberaron trabajo de los fogoneros.

Finalmente, me refiero al pensamiento de David Boaz en cuanto a “la economía parasitaria” de los llamados empresarios que, en alianza con el poder de turno, hacen negocios a espalda de la competencia y los mercados libres, y el tiempo, los recursos que deben destinar comerciantes genuinos para protegerse de “la depredación política”.

Al hacer desaparecer instituciones que sirven para atropellar derechos individuales, se libera a las personas para que administren lo que es de cada cual. Sostener que no se debe dejar las cosas a la “anarquía del mercado” es no comprender que el mercado somos todos los que votamos diariamente con nuestras compras y abstenciones de comprar. No es que la disyuntiva sea el aparato estatal que decide por nosotros lo que nos pertenece o la anarquía, sino que la alternativa es que cada uno dirija lo suyo como juzgue mejor. De este modo, tendrá vigencia la Justicia como el “dar a cada uno lo suyo” y desaparecerán la mayor parte de las reparticiones oficiales que no solo son inútiles, sino contraproducentes (como el tragicómico Ministerio de Economía, en lugar de una secretaría de finanzas públicas, puesto que no puede controlarse la economía, el Ministerio de Educación, que pretende controlar el pensamiento a través de pautas y reglamentaciones varias, pero que debiera reemplazarse por acreditaciones de instituciones privadas locales e internacionales que en competencia realizan auditorías cruzadas al efecto de lograr la mayor excelencia posible, para no decir nada de los ministerios de Bienestar Social y equivalentes que producen malestar con recursos detraídos coactivamente del fruto del trabajo ajeno). Eliminar reparticiones, es decir, liberar recursos para engrosar los bolsillos de la gente, nunca podar funcionarios, de lo contrario, igual que la jardinería, luego crecen con más fuerza.

Lo que ha venido ocurriendo en las últimas largas décadas consiste básicamente en ocultar la acumulación de poder junto con irregularidades superlativas que para nada se condicen son el sistema republicano bajo la máscara hipócrita de proteger a los más necesitados, cuando justamente son los más perjudicados frente a aparatos estatales avasalladores.

En cada punto no me extenderé en los fundamentos, puesto que, por una parte, ya lo he hecho en libros, ensayos y artículos anteriores y, por otra, el espacio de una nota periodística no lo permite.

1. Establecer un sistema basado en severas limitaciones al Poder Legislativo como encargado de actos administrativos y no para legislar sobre aquello que es fruto de un proceso abierto de descubrimiento en un contexto evolutivo y no de diseño e ingeniería social, tal como lo explican juristas de la talla de Bruno Leoni. En el Poder Judicial, fortalecer la carrera de jueces y fiscales (para no solo condenar a ladrones de gallinas, sino también a corruptos en el Gobierno y peces gordos tramposos en el sector privado) y, por otra parte, abrir la posibilidad de arbitrajes fuera del ámbito oficial, donde en las relaciones contractuales las partes establecen quiénes resolverán los eventuales conflictos en las diversas instancias. Y el Ejecutivo electo a través de sorteos, como sugirió Montesquieu, con lo que los incentivos se encaminarán hacia la necesidad de protección de vidas y propiedades, dado que cualquiera puede ejercer el cargo, que, además, estará compuesto por un triunvirato tal como se propuso en la Convención Constituyente estadounidense.

2. Eliminar todas las embajadas y dejar un consulado en cada país, cargos que se justificaban en la época de las carretas al efecto de prevenir algún conflicto que debido a comunicaciones precarias no podía encararse por teleconferencias y otros canales modernos. Hoy los palacios y los séquitos no se justifican, al tiempo que se reducen privilegios que otorgan pasaportes diplomáticos y similares.

3. Liquidar la banca central y el curso forzoso como causantes principales del saqueo de patrimonios. Cuando la llamada “autoridad monetaria” decide expandir, contraer o dejar la masa monetaria inalterada, siempre se alteran precios relativos, lo cual, a su turno, se traduce en consumo de capital y su correlato: la disminución de salarios e ingresos en términos reales. Al mismo tiempo, dejar sin efecto el sistema de reserva fraccional en la banca y establecer el free banking en rubros que operan como cuentas corrientes (los depósitos a plazo y equivalentes naturalmente no requieren exigencias de efectivo mínimo, puesto que no generan producción secundaria y exógena de dinero).

4. Poner en venta al mejor postor todos los bancos estatales,puesto que inexorablemente significan derroche de los siempre escasos recursos, ya que “crédito barato” significa que otros están obligados a pagar la diferencia.

5. Poner también en venta todas las llamadas empresas estatales, puesto que su misma constitución implica asignar factores de producción en sectores distintos de lo que hubiera decidido la gente (y si hubiera sido en la misma dirección, es superflua la intromisión estatal). Y es menester tener en cuenta que cuanto más estratégica y vital el área más importante es que funcione bien, que cuando algo es “de todos”, no es de nadie (la conocida “tragedia de los comunes” que hace, entre tantas cosas, que la forma en que se toma café y se encienden las luces no es la misma en una entidad estatal que en una empresa privada). El asunto es que las empresas deben estar sometidas a lo que opina de ellas la gente, lo cual se pone en evidencia a través del cuadro de resultados: El que da en la tecla en las preferencias del prójimo gana y el que yerra incurre en quebrantos. Asimismo, a efectos de preservar la tan indispensable libertad de prensa, debe venderse el espectro electromagnético para sortear la figura de “la concesión” que significa el tener al Gobierno permanentemente como una espada de Damocles.

6. Salvo las estadísticas que consignan la administración de ingresos y egresos que hacen a las finanzas públicas, todas las demás deben delegarse en universidades y entidades privadas que, en competencia y ejerciendo auditorías cruzadas, harán las tareas correspondientes y siempre con base en datos que la gente considere relevantes. En esta misma línea argumental, todas las oficinas del Ejecutivo que no traten de organismos de control y otros entes autárquicos deberán concentrarse en la casa de gobierno, por lo que se liquidarían todos los inmuebles fastuosos que actualmente se utilizan como consecuencia de funcionarios que desempeñan tareas que nada tienen que ver con la protección de derechos y la administración austera y transparente de un sistema republicano.

7. Todos los aranceles y las tarifas aduaneras deben erradicarse para que la gente pueda comprar más barato y de mejor calidad, lo cual implica menor erogación por unidad de producto, que, a su vez, significa mejor nivel de vida. Debe rechazarse la conocida falacia de la industria incipiente como una mala excusa de seudoempresarios que apuntan a ser protegidos de la competencia exterior (o en su caso interior). Si es verdad que se concibe un proyecto redituable que más que compense las pérdidas iniciales debido a la poca experiencia en el ramo, este proyecto se venderá en el mercado para que se hagan cargo los empresarios interesado y no endosar la carga sobre las espaldas de la gente. Si nadie en el orbe lo compra, es por uno de dos motivos: O el proyecto es un cuento chino, o, siendo rentable, se estima que hay otros proyectos que son más redituables y, como no puede hacerse todo al mismo tiempo, el proyecto de marras debe esperar o descartarse. Por otra parte, nuevas tecnologías y productos más baratos liberan recursos humanos y materiales para destinarlos a la producción de otros bienes y servicios. En esto consiste el progreso, cada persona trabajando en una empresa intenta imaginar nuevos y mejores procesos, lo cual genera transiciones y cambios permanentes. Ese fue el caso, por ejemplo, del “hombre de la barra de hielo” antes del refrigerador o el fogonero antes de las locomotoras diesel. El denominado gradualismo implica la pretensión -oculta bajo figura del derecho adquirido- de demandar un derecho contra el derecho, por lo que, de modo gradual, se siguen lesionando derechos.

8. Abrir el mercado laboral abrogando la legislación que contempla la figura fascista de la personería gremial, si es que se hubiera comprendido que la única causa de salarios más elevados son las tasas crecientes de capitalización que hacen imposible conseguir trabajo manual e intelectual por debajo de esa marca. Esa es la explicación, por ejemplo, por la que en países de altas tasas de capitalización en gran medida no existe tal cosa como servicio doméstico, ya que el ser humano es empleado en tareas de mayor productividad.

9. Contar con impuestos reducidos para cumplir con las tareas de seguridad y justicia que implica castigar el fraude, el engaño y la trampa, reemplazando todas las cargas tributarias por el impuesto al valor agregado -que, por un lado, permite reducir controles por el sistema de impuestos a cargo e impuestos a favor y, por otro, cubre toda la base impositiva- y también por un impuesto territorial (siempre proporcional) que abarca a los que tienen propiedades a las que debe vigilarse, pero sus propietarios se encuentran en el extranjero, excluyendo así el principio de nacionalidad (o de voracidad fiscal). Establecer un federalismo fiscal donde las provincias coparticipen al Gobierno central y aquellas recauden para todos los fines que no sean defensa nacional y relaciones exteriores (que junto con los gastos que requiera la administración es jurisdicción del Gobierno central). Esta perspectiva hará que en los Gobiernos provinciales los incentivos se ubiquen en función de contar con una presión tributaria razonable para que la gente no se mude a otra provincia y para atraer inversiones (gravámenes reducidos que a su vez se traducen en gastos reducidos).

10. En este contexto, debe prohibirse la deuda pública externa por ser incompatible con la democracia, ya que compromete patrimonios de futuras generaciones que no han participado en la elección del Gobierno que contrajo la deuda, todo lo cual se vincula a las mal llamadas “inversiones públicas” (en verdad gastos en activos fijos para distinguirlos de los gastos corrientes), puesto que la inversión es inseparable del juicio subjetivo de titulares en cuanto a valor futuro y valor presente, lo cual por su naturaleza no puede ser forzosa. Esto significa la privatización de los servicios de infraestructura (por otra parte, en manos estatales es el mayor foco de corrupción), lo cual eventualmente traslada la deuda al sector privado y no a la deuda pública interna (además, no hay en este programa posibilidad de adelantos a la tesorería por parte de la banca central en este contexto inexistente).

Hay mucho más que decir sobre un programa político para el año verde, puesto que por razones de espacio no se han mencionado territorios de gran relevancia, pero baste con lo dicho como una introducción telegráfica para pensar y debatir.

Como queda expresado, todo esto dependerá de la educación en defensa de una sociedad abierta. Nada es automático. No es una faena para timoratos ni para los fanáticos del statu quo. El coraje de hombres como Karl Marx con su perseverancia produjeron un enorme corrimiento en el eje del debate en cuando a valores y principios. No siempre los que se denominan liberales -más bien conservadores- han tenido ni tienen ese coraje y se circunscriben a aceptar lo digerible al momento, pero les ocurre que en la etapa siguiente, con esa estrategia, se ven obligados a retroceden nuevamente, puesto que no han hecho nada por marcar la agenda, sino que se las establecen quienes son contrarios a la sociedad libre.

En otros términos, sin perjuicio de otros debates fértiles sobre el futuro, en esta instancia del proceso de evolución cultural, al efecto de avanzar hacia una sociedad abierta, se necesita una educación que elimine candados mentales que no permiten visualizar las grandes ventajas de vivir en libertad, es decir, de subrayar la importancia del respeto recíproco. Hoy parece para el año verde, pero cuanto antes mejor.

Frente a esta situación, la paradoja llamativa que se observa por doquier radica en que la reacción a todo este disloque consiste en demandar más de lo mismo. Esto ocurre con machacona insistencia en todos lados en medio de la tragicómica crítica a un capitalismo prácticamente inexistente de tanto introducir estatismos galopantes.

Uno de los tantos ejemplos de lo dicho ocurre en estos momentos en España frente a la elecciones generales del año próximo. El movimiento partidario Podemos propone acentuar grandemente el estatismo en muy diversos frentes. Pablo Iglesias sugiere la nacionalización de empresas que no se ajusten a las indicaciones del gobierno en cuanto a precios y utilidades. Sugiere la tan cacareada redistribución de ingresos, aumentando impuestos para los más pudientes, critica severamente los paraísos fiscales como si la meta fueran los existentes infiernos fiscales, sugiere incrementar el salario mínimo, incrementar las pensiones estatales y otorgar una “renta básica” para todos, en otros términos, más combustible para las garras del monopolio de la fuerza y menores ingresos para la gente que debe sufragar la ampliación del gasto público. Asimismo, sugiere pedir la condonación de parte de la deuda pública externa, señala que el problema fundamental es la desigualdad de rentas y patrimonios por lo que sostiene que debe discutirse la posibilidad de imponer un ingreso máximo.

Iglesias y sus asesores incurren una y otra vez en el error grave de sostener que lo relevante es el consumo cuando en verdad es la producción sin la cual no hay consumo posible. La fantasía de los estímulos artificiales a la “demanda agregada” supone que puede desconocerse la razón por la que puede consumirse, pone la carreta delante de los caballos y hace caso omiso a la Ley de Say alterándose la secuencia de los procesos económicos en los que el ahorro y la consiguiente inversión resultan aspectos cruciales.

Este apretado resumen son los puntos más salientes que aparecen en los documentos de Podemos y que Pablo Iglesias expone de viva voz, por ejemplo, en los programas televisivos de Madrid La noche en 24 horas y en La sexta noche. El asesor económico principal de Podemos (también lo fue de Hillary Clinton) es Vincenc Navarro quien declaró en Le Monde Diplomatique que “el socialismo es el medio superior para lograr buenos resultados”. El otro asesor de relevancia es Juan Torres, que participa también de esa corriente de pensamiento. Por otro lado, los representantes de Podemos en el Parlamento Europeo son en su mayoría comunistas, posición a la que adhería el propio Iglesias que por razones no del todo claras ahora sustituye su etiqueta por la de socialdemócrata.

Como he escrito antes, Stéphane Hessel publicó en París un panfleto dirigido principalmente a los jóvenes invitándolos a la rebelión no violenta, titulado Indignez-vous! que vendió un millón y medio de copias y se tradujo al español, portugués, alemán, japonés, italiano, inglés y griego. La versión española es la que primero prendió en sus lectores y como consecuencia de lo cual, a través de las redes sociales de Facebook y Twiter se congregaron primero en la Puerta del Sol en Madrid miles de jóvenes y luego lo hicieron en Granada, Valencia, Zaragoza y otras ciudades con la solidaridad expresada en otras capitales del mundo como New York. Podemos es una derivación de ese movimiento. Hessel es un sobreviviente de los campos de exterminio nazi (alemán de nacimiento pero desde hace mucho ciudadano francés), pero lamentablemente no ha comprendido las raíces del entrometimiento de los aparatos estatales en las vidas y haciendas ajenas puesto que es un acérrimo partidario de aquella contradicción en los términos denominada “Estado Benefactor” ya que el monopolio de la fuerza que llamamos gobierno no puede hacer filantropía ni caridad, una actitud que requiere de actos voluntarios realizados con recursos propios y no succionando compulsivamente el fruto del trabajo ajeno.

Como queda dicho, resulta increíblemente curioso y por cierto muy paradójico que la gente sea explotada miserablemente por intervensionismos estatales inmisericordes y, simultáneamente, las víctimas piden más de lo mismo, legislaciones sindicales compulsivas incluidas.

Hay en todo esto una superstición mayúscula que es casi como un guión de Woody Allen. Se recurre a la ficción del Estado (siempre con mayúscula, mientras se escribe individuo con minúscula) es una especie de bolsa de recursos que viene de los cielos sin percibir que son otros vecinos los que se hacen cargo compulsivamente de las cuentas. Y más curioso aun es que se las agarran con los de más recursos apuntando a desguasarlos con lo que naturalmente, a la larga o a la corta, se quedan sin nada y la pobreza aumenta exponencialmente.

Por otra parte, es de gran importancia comprender que una buena defensa de la sociedad abierta no consiste para nada en pretender una defensa del régimen actual, sea en nuestro ejemplo del Partido Socialista o el Partido Popular responsables no solo de haber hecho crecer al Leviatán sino de producir notables escándalos de corrupción y de tejer alianzas con mal llamados empresarios que más bien son ladrones de guante blanco debido a los privilegios que reciben de modo parecido a los que se embolsan los burócratas. Sin duda que está el contrafáctico: hubiera sido peor con Podemos en el gobierno, pero no se trata de correr una carrera para ver quien comete más desatinos sino de adoptar los principios y valores del respeto recíproco que brinda la sociedad abierta. Iglesias cita la Constitución española que consigna que la propiedad privada debe subordinarse al interés general (como si el interés de las personas que no lesionan derechos no fuera compatible con el interés general).

Tampoco quiero cargar las tintas contra la política española ya que, cono hemos apuntado, lamentablemente está muy diseminada por el planeta, muy especialmente en la región latinoamericana como son los casos de Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Argentina para no decir nada de a isla-cárcel cubana y lamentablemente de un tiempo a esta parte en Estados Unidos que, como he señalado repetidamente se viene latinoamericanizando rápidamente en el peor sentido de la expresión (en este sentido se publicaron dos ediciones de mi libro Estados Unidos contra Estados Unidos). Veamos el caso de Grecia donde el 25 de este mes de enero habrá elecciones con probabilidades que gane Syriza, el partido comunista-antisemita que surgió en 2002 en el Foro Europeo de Florencia.

Sacando el antisemitismo criminal, sé perfectamente que no pocas de las propuestas mencionadas provienen de personas con las mejores intenciones, pero, como es de público conocimiento, las intenciones son irrelevantes, lo concluyente son los resultados.

Debemos retrotraernos a la historia y observar el correlato entre libertad y prosperidad moral y material. Veamos el caso de Estados Unidos antes de darle la espalda a los sabios consejos de los Padres Fundadores, veamos el caso argentino desde la Constitución alberdiana antes del fascismo de los años treinta y de la catástrofe del peronismo, sus imitadores y del estatismo militar.

Todo este marasmo es consecuencia de una educación deficiente. He citado ad nauseam al marxista Antonio Gramsci en el sentido de la receta muy cierta de “tomen la cultura y la educación y el resto se dará por añadidura”. Hay que poner manos a la obra y no lavarse las manos al decir que los resultados son a largo plazo. Cuanto antes se empiece, mejor. También lo he citado a este respecto a Mao Tse Tung en cuanto a que “la marcha más larga comienza con el primer paso”. Y aquí viene un asunto de la mayor importancia: en nuestro caso, cuando nos referimos a la relevancia de la educación no estamos circunscribiendo nuestra atención a la formal y mucho menos a la estatal, estamos enfatizando la importancia de valores y principios sin los cuales nada puede hacerse bien (esto va para el absurdo de sostener que Hitler surgió de un pueblo “educado” sin percatarse que era deseducado -fanatizado- por el resurgimiento de las ideas de autores como Herder, Fitche, Hegel , Schelling y List en colegios y universidades alemanas).

No cabe la crítica de sobremesa de cuanto ocurre y luego de engullir alimentos cada uno se ocupa de sus arbitrajes, muy legítimos pero absolutamente inconducentes al efecto de frenar la avalancha estatista. Tampoco se trata de votar por el menos malo, sino de correr el eje del debate para que los políticos del futuro puedan articular un discurso diferente ya que éste depende de lo que requiere la opinión pública.

No se trata entonces de solo declamar sobre la necesidad de incrementar las inversiones puesto que la abstención de consumo, esto es, el ahorro, requiere de un ámbito en el que se ofrezcan garantías de su cuidado y respeto. El destino del ahorro es la inversión o su equivalente la tasa de capitalización que se concreta en equipos, herramientas de muy diverso tenor, maquinarias y conocimientos relevantes al objeto perseguido de optimizar el retorno.

Siempre el ahorro se traduce en inversión, incluso cuando se invierte en dinero. Se procede de esta manera porque, igual que toda inversión, se estima que el valor futuro será mayor que en el presente. En este caso, al guardar bajo el colchón la masa monetaria es menor y frente a los bienes disponibles hace que bajen los precios, es decir, sube el poder adquisitivo de la unidad monetaria. Generalmente (no siempre) se procede de este modo cuando no hay suficientes garantías para invertir en otros sectores, a menos que la colocación sea en bancos debido a atractivas tasas de interés. Se cualquier modo, hay un estrecho correlato entre el clima civilizado de respeto a la propiedad y el volumen de inversiones.

El proceso por el cual se conectan las tasas de capitalización y los ingresos en términos reales procede a través de los siguientes cuatro pasos. Antes de mencionarlos cabe precisar que para que tengan lugar en todo su potencial esos pasos, es menester que el inversor tenga claro que no obtendrá privilegios si contacta a los gobernantes y, también, se saca el mayor provecho posible si el mercado laboral está abierto, a saber, que los arreglos contractuales entre las partes no es interferido por los aparatos de la fuerza.

Pues bien, los cuatro pasos son los siguientes: primero, el empresario tendrá muy presente que su meta es obtener el mejor rédito posible dadas las circunstancias imperantes (de lo contrario, será removido en la primera asamblea de accionistas). Segundo, dado que no puede robar a través de dádivas gubernamentales, está obligado a servir a los efectos de incrementar su patrimonio. Tercero, se abocará entonces a ofrecer mayor cantidad de bienes y servicios de los que ya existen o nuevos bienes y servicios. Cuarto, como el mercado laboral se encuentra libre de trabas todos están empleados en faenas manuales o intelectuales por lo que el capitalista en cuestión no tiene más remedio de ofrecer salarios y honorarios más elevados si quiere atraer personas hacia su negocio para que colaboren en su emprendimiento. Es así como se eleva el nivel de vida y si en lugar de una sola empresa invierten muchas, los ingresos se multiplican y, además, los recursos humanos se emplean  en tareas más humanas y productivas (por eso es que en países de altas tasas de capitalización no existe tal cosa como el servicio doméstico y similares).

No es que en Huston-Texas los empleadores sean más generosos y comprensivos que los de La Paz-Bolivia; es que en el primer caso están obligados a pagar salarios más altos por las razones apuntadas (y por el mismo servicio). Son irrelevantes las diferencias patrimoniales de quienes contratan y son contratados en el mercado laboral, como queda dicho, son las tasas de capitalización las que marcan los salarios independientemente si uno es millonario y el otro está quebrado.

Vamos entonces al llamado “efecto derrame”. Como he apuntado en otras oportunidades, esta terminología no solo se utiliza peyorativamente para aludir al proceso antes señalado sino que confunde totalmente conceptos clave. Para nada se trata de asimilar el tema a un vaso del que beben cuantiosamente los opulentos y, cuando rebalsa (derrama) pueden beber los menesterosos de la tierra. En absoluto. Se trata de un proceso que va en paralelo a la evolución de los ingresos en términos reales. Cada incremento en las tasas de capitalización hace que los salarios aumenten tal como hemos destacado. Por ello es que los que recurren a la idea del “efecto derrame” provienen de diferentes variantes socialistas muy alejados de los valores y principios de una sociedad abierta.

Por último, si las legislaciones apuntan al igualitarismo se desarticulan los efectos bienhechores especialmente para los más necesitados puesto que se contradice la desigualdad que la gente votó en el supermercado y afines según sea la atención que se preste al consumidor y la respectiva calidad y precio.

La denominada redistribución de ingresos significa volver a distribuir por la fuerza la distribución que se logró debido a las votaciones de la gente en el plebiscito diario del mercado. Y tengamos en cuenta que el mercado somos todos cuando compramos nuestra ropa, alimentos, vivienda, libros y demás.

El igualitarismo desmorona los marcos institucionales necesarios para la antes aludida inversión ya que impone la guillotina horizontal, lo cual equivale a que se embista contra los resultados de la inversión. No es posible tener la torta y comérsela al mismo tiempo. Si se desea combatir la pobreza no puede atacarse la inversión en los hechos, por más que se la alabe en el discurso, asignando recursos a sectores distintos de los votados por la gente en procesos abiertos y competitivos con lo que se derrochan aquellos factores productivos y, por tanto, se perjudica especialmente a los marginales reduciendo sus salarios.

Demás está decir que cuando nos referimos al rol de la desigualdad no aludimos a los pseudoempresarios aliados al poder que obtienen sus patrimonios fruto de la explotación del privilegio ni a los gobernantes que echan mano a dineros públicos, sino, como queda dicho, a quienes obtienen sus ingresos en mercados abiertos y competitivos y que, por tanto, deben atender las necesidades y deseos de la gente.

Regulaciones asfixiantes, impuestos insoportables, endeudamientos siderales, inflaciones galopantes y gastos públicos incontrolables constituyen recetas infalibles para extender la exclusión y la miseria. 

Por sugerencia de un  ex alumno del doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires que me envió el tape, acabo de escuchar una conferencia de Miguel Ángel Cornejo trasmitida desde Lima en el Estadio Nacional del Perú (ahora veo que hay varias de su autoría en Youtube). En estas líneas quiero mencionar uno de los ejes centrales de aquella presentación que estriba en su vehemente preocupación de que en nuestro continente latinoamericano en general se ha insistido hasta el cansancio que es una virtud el ser pobre y que constituye un galardón el sufrimiento. El orador dice que de este modo no vamos a ningún lado ya que esa actitud conduce al estancamiento cuando no al retroceso. Expresa Cornejo que se necesita una visión radicalmente distinta para progresar, cual es la admiración a los exitosos que han logrado sus sueños en base a procedimientos legítimos, cualquiera sea el ámbito de su acción. Decimos nosotros que, además del sano consejo de la emulación, se estimulan las tasas de capitalización (no la sandez del “efecto derrame”). Sostuvo con razón el orador que el lamento, la victimización, la envidia y el reclamo para que el fruto del trabajo de otros se destine coactivamente a paliar problemas son características destinadas a perpetuar el fracaso.

Todos los temas que hoy se dan por sentados deben ser revisados y discutidos con detenimiento al efecto de que las funciones gubernamentales sean confirmadas o eliminadas, tal como hacen los especialistas en hacienda y contabilidad con la herramienta del presupuesto base cero. En mis clases en la Maestría en Economía que estoy ahora dictando por aulas virtuales para la Swiss Management Center University les digo a los estudiantes que es como si mi cátedra de Análisis Económico fuera un libro en colaboración con ellos titulado Cuestionar todo, no por el deseo de debatir sino para fijar una atenta mirada en las políticas económicas del momento tomando la debida distancia para racionalizar y estudiar desde diversos ángulos acerca de la conveniencia de su mantenimiento o desmantelamiento. Entre muchas otras cosas, concluimos que el llamado “efecto derrame” deforma hasta convertir en una caricatura grotesca lo que se quiere decir cuando se señalan las virtudes del incremento de la inversión per capita.

No es que deba haber unanimidad en esto (ni en ningún otro asunto ya que el conocimiento es provisional sujeto a refutaciones) pero es importante prestar atención a los argumentos y contra-argumentos a los efectos de sacar conclusiones. Termino con una nota de humor negro y es que Prensa Latina (la agencia única y oficial cubana) trasmite la curiosa noticia que Raúl Castro declaró el 13 de abril del corriente año que es “un enemigo absoluto de la unanimidad”. Como es sabido, hasta ahora, desde 1959, no se conoce un solo caso que no fuera de votaciones unánimes en la llamada Asamblea Nacional y en todos los foros de la isla-cárcel, esto sígenera un “efecto derrame” sobre la población en el sentido más verticalista, truculento y brutal de la expresión.