Por ejemplo, un naufragio propiamente dicho, donde se pierde la noción de casi todo. Cuando el dueño o quien al momento representa al propietario, en su caso el capitán o sus subordinados, declaran que deben subir a tal o cual bote los niños y las mujeres y, sin embargo, fulano o mengano atropellan a todos y se trepan con su familia a la embarcación sin reparo alguno. Se dice en las áreas de estudio mencionadas que naturalmente semejante situación no puede tomarse como guía de normas civilizadas, puesto que constituyen conductas descarriadas (por más comprensibles que resulten). Del mismo modo, en cuanto al combate a los terroristas, no puede tomarse como ejemplo de nada la declaración de un pariente de la víctima que sostiene que debe liquidarse al victimario sin juicio alguno.

Sin duda que las normas de convivencia deben sopesarse y meditarse en un clima de tranquilidad y objetividad fuera de situaciones límite.

Pero viene otro asunto de la mayor importancia estrechamente vinculado a lo que comentamos y son los “life boat situations, en otro plano de la vida social. Se trata de situaciones aparentemente excepcionales en las que supuestamente habría que proceder conforme a reglas diferentes a las habituales.

Por ejemplo, después de un terremoto de envergadura, gente que se queda sin lugar para vivir reclama que el aparato estatal controle los precios de los alquileres o de la compra de casas que han subido más o menos astronómicamente debido al sismo de marras. Se dice que esta es una situación fuera de lo normal y que, por tanto, deberían imponerse medidas también de carácter excepcional.

Pues bien, si se procede en esa dirección, ocurrirá que la demanda habitacional excederá la oferta debido a la destrucción del caso y, en segundo lugar, al colocarse los precios a niveles artificialmente bajos, la inversión será atraída hacia otros reglones cuando precisamente se necesitan estímulos para la construcción de viviendas.

Con mi familia vivimos un terremoto de grandes proporciones en Guatemala (7,8 en la escala Richter), caso en que la destrucción de viviendas fue devastadora. Hubo más de veinte mil muertos que, de más está decir, lamentablemente nada pudo hacerse al respecto. Afortunadamente, a pesar de insistentes consejos en otras direcciones, no se intervino en el mercado de viviendas, con lo que la reconstrucción fue relativamente rápida. Sin embargo, unos años antes, en Nicaragua, tuvo lugar también un sismo de similares proporciones, pero en ese caso el Gobierno decidió dejar el mercado abierto para habitaciones de lujo e intervenir en las más modestas (“para proteger a los pobres”). Esta política entonces hizo que la reparación fuera bastante veloz en el mercado de viviendas de alto precio, mientras que no sucedió lo mismo con las humildes, franja en la que la construcción se estancó junto a las mencionadas escaseces crecientes.

Es que el precio siempre limpia oferta y demanda. Si había mil viviendas antes del terremoto para mil familias y después del accidente geológico quedaron en pie cien, indefectiblemente habrá novecientas familias en la intemperie. Frente a esta emergencia hay dos caminos para transitar: controlar precios, con lo que irrumpirá el espejismo de la habitación barata, pero en la práctica, solo cien familias entran en cien casas y el resto se quedará con la ilusión. Pero lo realmente trascendente es que los precios achatados artificialmente no inducirán a la construcción para proceder en consecuencia, con lo que el drama se prolonga.

En cambio, si se dejan libres los precios, estos subirán sideralmente, lo cual resulta indispensable para acelerar al máximo la construcción. En cualquier caso debe tenerse muy presente que solo habrá cien viviendas inmediatamente después de la catástrofe, cualquiera sea la política que se adopte, pero, como queda expresado, en un caso se perpetúa y agrava el problema y en el otro se soluciona lo mejor posible dadas las circunstancias imperantes y al incrementarse la oferta los precios bajan.

Todo este cuadro de situación, en cualquiera de los ejemplos, no es para nada óbice al efecto de concretar actos de caridad por parte de aquellos que se preocupan de la tragedia. Pero para esto es indispensable recurrir a la primera persona del singular (“Put your money where your mouth is”) y no prenderse de un micrófono y usar la tercera persona del plural para coactivamente arrancarle el fruto del trabajo al vecino.

Y aquí viene un punto central en este análisis, las situaciones consideradas límite resulta que en último análisis no son tan límite. Por ejemplo, sabemos que hoy hay muchas personas en el continente africano que deben resignarse a la muerte de sus hijos porque no cuentan con los recursos suficientes para adquirir antibióticos. ¿Cuál es la solución? Si “por esta única vez” se implantan precios máximos a los productos farmacéuticos, sucederá lo que señalamos para la construcción: habrá filas de personas que pretenden comprar el medicamento, pero este no se encontrará disponible para la demanda inflada debido a precios artificialmente reducidos y, tal como apuntamos antes, lo más relevante es que las inversiones serán atraídas a otros reglones, con lo que en verdad se estará matando a más gente y extendiendo la situación límite a otros sectores.

Entonces, las situaciones límite resulta que son frecuentes y a veces diarias en distintas partes del mundo en muy diversos reglones. Recuerdo que cuando comenzó el transplante cardíaco realizado por un médico cirujano sudafricano, muchos se alarmaban por el volumen de sus honorarios, sin percatarse de que eso es exactamente lo que se necesita para atraer a futuros cirujanos a esa misma especialidad, de lo contrario, hubiera seguido en manos de uno o unos pocos médicos, lo que hubiera perjudicado severamente a pacientes que hubieran podido salvar sus vidas. Afortunadamente primó la cordura y no hubo intervención gubernamental “para beneficiar a los más necesitados”, un eslogan que usan demagogos para engatusar a los incautos.

Se repite en diversos foros que lo importante es tener en cuenta los intereses de la sociedad y que no prevalezcan los intereses personales del individuo, de lo contrario, se sigue diciendo, se abren las compuertas para situaciones límite que en definitiva perjudican a todos.

Este razonamiento adolece de varios defectos de cierta magnitud. En primer lugar, en una sociedad abierta no hay tal cosa como conflicto de intereses entre el conjunto y las partes puesto que la ventaja para el conjunto precisamente estriba en las ventajas de cada una de las partes. En otros términos, está en interés de la sociedad que sus componentes mejoren (es una forma de ilustrar la idea ya que, en rigor, no existen “los intereses de la sociedad” a menos que caigamos en un horrible antropomorfismo, puesto que la sociedad no existe fuera de los individuos que la componen, lo cual nada tiene que ver con que la cooperación social genera nuevas posibilidades y perspectivas, siempre se trata de relaciones interindividuales).

En segundo término, debe precisarse un concepto bifronte. Por un lado, no pueden concebirse acciones “desinteresadas”, todos actúan porque está en su interés hacerlo y, por otro, que cada cual pueda seguir sus proyectos de vida implica que cada uno debe respetar igual premisa en la vida del otro a los efectos de generar la necesaria e indispensable armonía. De este modo, no hay conflictos de intereses y el conjunto sale ganando siempre.

En este mismo contexto, se dice que en situaciones límite se muestra que la libertad tiene sus fronteras, pero es una forma falaz de presentar supuestas argumentaciones, ya que nadie en nombre de la libertad puede lesionar los derechos de otros. Hace algún tiempo, en otra columna periodística, hemos desarrollado extensamente este tema controvertido, por lo que no lo haremos en esta oportunidad, ahora solo reiteramos el primer párrafo apenas introductorio.

Conviene despejar ese mal entendido. Se ha dicho que la libertad de uno termina donde comienza la del otro. Esto, aunque expuesto con la mejor de las intenciones, puede prestarse a confusión, puesto que la libertad significa la de todos, lo cual naturalmente se traduce en el respeto recíproco. La invasión a las libertades de otros no es libertad, sino antilibertad, precisamente constituye un atropello a la libertad. No es que la libertad se extralimita, es que entra en la zona de la no libertad. Lo mismo va para el derecho, plano en el que se ha introducido la absurda teoría del abuso del derecho, una contradicción en los términos, puesto que una misma acción no puede ser conforme y contraria al derecho.

Por último, para consignar solo un ejemplo más, se mantiene que otra situación límite en la que deben dejarse de lado los principios económicos sería cuando en un lugar alejado los aparatos estatales deben ocuparse de establecer líneas férreas, conexiones de aviones y equivalentes para facilitar el acceso, aunque esos emprendimientos naturalmente arrojen quebrantos. Debe sin embargo comprenderse que las pérdidas las sufraga la comunidad, muy especialmente los más pobres, como consecuencia del derroche de capital y la menor inversión que repercute de modo muy contundente sobre las franjas de menores salarios, lo cual hace que se amplíen las zonas inviables porque la miseria se extiende a medida que se extienden las políticas antieconómicas. Todos provenimos de ancestros que vivían en “zonas inviables”, en cuevas miserables, sin caminos ni accesos. El progreso no consistió en destruir otras chozas, sino en el respeto recíproco. Las ciudades más prósperas del orbe no se construyeron con base en la rapiña. Como queda dicho, en la media en que las políticas se reviertan al saqueo las ciudades y los pueblos se empobrecen. Todo lo cual no es para nada incompatible con la caridad y la benevolencia entendidas en el contexto de la antedicha definición y no las actitudes hipócritas de quienes dicen estar afligidos por la condición de sus congéneres, pero, en lugar de proceder en consecuencia con sus recursos, prefieren echar el manotazo al bolsillo ajeno. Por otro lado, ya en otro trabajo me he referido al significado de la transición, que no constituye algo excepcional, sino que ocurre todos los días en la medida en que todos en sus respectivos trabajos proponen medidas para mejorar en las diferentes áreas, lo cual naturalmente reasigna recursos humanos y materiales constantemente.

En resumen, bajo la pantalla de las situaciones límite se adoptan medidas que, como decimos, terminan por ampliar las mismas situaciones límite que se desea paliar, ya que en economía no hay magias. Es indispensable entender que el aprovechamiento y no el despilfarro de los siempre escasos factores de producción constituye la solución, cosa que ha sido cierta desde que nuestros antepasados vivían en cuevas. Siempre la demagogia ha resultado una trampa fácil, pero que agrava la situación de los más necesitados, por lo que debemos ser cuidadosos si es que honestamente lo que más nos preocupan son los más débiles.

En esta nota quiero centrar brevemente la atención en un aspecto del antedicho estatismo. Me refiero a las falacias tejidas en torno a la política fiscal, que tratamos en los siguientes diez puntos (el decálogo tiene buena prensa), todos de una u otra manera disfrazados de presentes griegos: la inexistencia de traslación fiscal, la idea equivocada de los llamados impuestos al consumo, la relevancia de la curva de Laffer, lo destructivo de la progresividad impositiva, la mirada más atenta a los principios de nacionalidad y territorialidad, la variante del valor agregado, el verdadero federalismo fiscal, la noción contradictoria de la inversión pública, los ineludibles desajustes de la exención fiscal y el equilibrio de la caja concebido como un fin en sí mismo.

1. Los costos de producción no determinan el valor que el consumidor le atribuye al bien o al servicio a través de los precios que paga. El valor procede de la utilidad marginal. Si los costos determinaran los precios, no habría quebrantos. El empresario cobra los precios más altos que le permite la elasticidad de la demanda. Si cualquiera de sus costos se elevara, el empresario obtendrá menores ganancias o incurrirá en pérdidas, pero, ceteris paribus, no puede trasladarlos a los precios. Por ello, es falso afirmar que en verdad el incremento de impuestos (o para el caso, cualquier costo adicional) sencillamente se traslada a los precios sin que cambie la estructura de la demanda (que en el límite puede ser cero). Si, por otra parte, por ejemplo, se triplicaran los impuestos en una comunidad, los precios se elevarán, no porque hubo traslación fiscal, sino por la consecuente caída abrupta en la productividad y, por ende, al haber menor oferta, los precios suben. Cuando esto ocurre y en la medida en que sucede no debe confundirse con el espejismo de la traslación.

2. En finanzas públicas clásicas se clasifican los gravámenes en directos e indirectos. Los primeros gravan la manifestación directa de la capacidad contributiva (por ejemplo, a las ganancias), mientras que los segundos gravan la manifestación indirecta de la capacidad contributiva (por ejemplo, los gastos). Pues bien, de ello se suele concluir equivocadamente que estos últimos impuestos son al consumo, sin percibir que todos los impuestos son al patrimonio (no hay forma de que se abonen con otra cosa). Si se grava una empresa de chocolates -un bien considerado de consumo-, se concluye que ese impuesto es al consumo, sin tener en cuenta que la referida empresa se hará cargo del tributo con su patrimonio si es que hemos entendido el punto anterior respecto a la supuesta traslación.

Más aún, el contribuyente de jure, al ver reducido su patrimonio y la consecuente capacidad de inversión, hace que los salarios e ingresos en términos reales disminuyan, con lo que aparecen los contribuyentes de facto, es decir, en última instancia todos se hacen cargo de los gravámenes, muy especialmente los más débiles económicamente, puesto que por la antedicha utilidad marginal sabemos que un peso para un pobre no es lo mismo que uno para un rico (aunque no sean posibles las comparaciones intersubjetivas ni factible referir esto en números cardinales).

Además, si bien conceptualmente es del todo pertinente aludir a bienes de consumo y bienes de inversión o de capital, ni siquiera resulta posible clasificarlos en abstracto de la acción concreta, ya que las valorizaciones son subjetivas (una botella de vino será un bien de consumo si se bebe su contenido y de inversión si se la almacena). Por último en este punto, se da la paradoja de que cuando se elevan los impuestos a los bienes de consumo con la idea de preservar la inversión, se produce un cambio en la preferencia temporal, al reducirse el patrimonio para hacer frente al denominado “impuesto al consumo” y, por tanto, ¡se reduce aun más la inversión!

3. Como es sabido, la curva de Laffer se muestra en un gráfico en donde en la ordenada aparece la presión tributaria y en la abscisa la recaudación fiscal y la curva se presenta en forma de u acostada con el vértice hacia la derecha. La curva de marras muestra que al aumentar la presión fiscal se incrementa la recaudación hasta un punto en donde los aumentos adicionales revierten la situación, en el sentido de que generan menor recaudación. Esto es debido a las antes mencionadas lesiones en la estructura productiva. El asunto es que se suele sostener que la presión tributaria debe ubicarse en el óptimo fiscal, es decir, donde se obtiene la máxima recaudación con los gravámenes más altos posibles antes de la aludida reversión. Pero esta cuestión no debe ser mirada de esa manera, a saber, con criterio de voracidad fiscal, sino más bien el punto de menor recaudación posible al efecto de garantizar la protección de derechos, es decir, el punto mínimo fiscal.

4. Autores como Arthur Pigou han concluido que dada la utilidad marginal que venimos comentando y, como hemos apuntado, un peso para un pobre tiene mayor valor que uno para un rico, debe aplicarse la progresividad en el impuesto, ya que la pérdida del rico será menor que la ganancia del pobre, por lo que habrá una ventaja neta para la comunidad. Esto así considerado no se condice con el sentido mismo de la utilidad marginal que debe aplicarse al consumidor, al que no le da lo mismo asignar sus siempre escasos recursos en cualquier dirección, por lo que habrá una pérdida neta en la medida en que los tributos desfiguren sus preferencias, lo cual, adicionalmente perjudicará a los relativamente más pobres, debido al consumo de capital que implica la reasignación compulsiva de factores de producción.

Por otro lado, la progresividad altera las posiciones patrimoniales relativas, lo que no sucede con los impuestos proporcionales, situación aquella que agrava lo dicho sobre la pérdida neta. También la progresividad se traduce en regresividad, ya que, como queda dicho, la contracción en las inversiones en los contribuyentes de jure hace que los salarios se reduzcan, con lo que terminan haciéndose cargo en mayor medida los relativamente más débiles (económicamente considerados). En verdad, resulta por lo menos curioso que se mantenga que debe producirse lo más que se pueda y, al mismo tiempo, se castigue progresivamente a los que más producen.

5. A efectos de evitar la antes referida voracidad fiscal, debe abandonarse el llamado principio de nacionalidad en materia tributaria para aplicar solo el principio de territorialidad, puesto que las obligaciones de respetar derechos por parte de los Gobiernos procede dentro de su jurisdicción. No es compatible con una sociedad abierta la persecución fiscal fuera de la jurisdicción correspondiente, siguiendo los pasos del ciudadano por el orbe para incrementar la recaudación, aunque la empresa o la persona se encuentren en otras jurisdicciones nacionales.

6. Todos los impuestos podrían reducirse al de valor agregado y al impuesto territorial, ambos con alícuotas mínimas proporcionales en lugar de contar con farragosas disposiciones fiscales, donde la doble imposición es generalmente la norma y el denominado contribuyente debe recurrir a “expertos fiscales” para conocer sus obligaciones, en lugar de liberar a esos personajes para que puedan dedicarse a actividades útiles si se simplificara la legislación respectiva. El impuesto al valor agregado tiene la ventaja de que es más económico debido al sistema de impuestos a cargo e impuestos a favor que alivia los controles y puede abarcar a todo el espectro y toda la base fiscal, sin discriminaciones ni problemas con los antes aludidos impuestos al consumo y a la inversión. Por su lado, el impuesto territorial se basa en que quienes tienen propiedades en el país en cuestión pero no viven allí se hacen cargo de la parte que les corresponde debido a que el Gobierno debe velar por esas propiedades.

7. Las provincias o los estados son los que constituyen la nación en un régimen federal, por ende, son aquellos los que deben coparticipar al Gobierno central y no al revés. En ese caso, si se distribuyeran todos los gravámenes entre las provincias o estados, excepto los referidos a las relaciones exteriores y a la defensa, los incentivos operarán en el sentido de que los gobernadores locales tenderán a implantar cargas fiscales razonables a los efectos de que las personas no se muden a la provincia o al estado vecino y, por otra parte, para atraer el mayor volumen de inversiones posible. Estos incentivos, a su vez, tenderán a reducir el gasto público como consecuencia de una estructura impositiva equitativa (lo cual implica cuidado con el endeudamiento, que a la larga o a la corta es financiado con impuestos). Esto es parte fundamental del sentido de evitar los grandes riesgos de contar con un Gobierno centralizado y, en el extremo, un Gobierno universal. Desde la perspectiva liberal, esta es la única razón que justifica las fronteras: el fraccionamiento del poder.

8. También en finanzas públicas clásicas se insiste con la denominación de inversión pública, cuando en rigor constituye una contradicción en los términos. La inversión es eminentemente de carácter voluntario, no puede ser el resultado de la fuerza. Del mismo modo que carece por completo de sentido hablar de “ahorro forzoso”, como efectivamente ha intentado imponer algún Gobierno descarriado hace relativamente poco tiempo. La inversión consiste en abstención de consumo que es ahorro, cuyo destino es siempre la inversión, y se lleva a cabo porque se estima que el resultado de ese destino derivará en un valor futuro mayor que el presente. En los presupuestos nacionales los rubros deberían ser gastos corrientes y gastos en activos fijos, pero no inversiones, por las razones señaladas.

9. A igualdad en el volumen de recaudación, las exenciones fiscales significan que otros deben hacerse cargo de mayores gravámenes por la diferencia. Y si el Gobierno del caso declarara que se reducirá el gasto público en la misma proporción de las exenciones para que otros no vean incrementadas sus alícuotas, debe responderse que, entonces, deberían reducirse todas las alícuotas, pero no otorgar perdones fiscales que distorsionan los precios relativos, lo cual, a su turno, hace que algunos reglones y áreas aparezcan con rentabilidades artificiales, con lo que se asignan recursos de modo que responden a las inclinaciones políticas imperantes y no a lo que resulta económico.

10. No es infrecuente que se otorgue prioridad a tener un balance fiscal equilibrado, es decir, que no haya déficit en las cuentas públicas, sin prestar prácticamente atención al volumen del gasto público, que es lo verdaderamente relevante. Como decimos, en algunos casos parecería que se centra la atención en este problema sin atender el nivel del gasto estatal, que es la verdadera razón de la quita al fruto del trabajo ajeno. No es en modo alguno que deba subestimarse el desorden fiscal en las cuentas, se trata de enfatizar la importancia del derroche que realizan gobernantes en campos que no le competen (muchas veces financiado también con deuda pública interna y externa, tema que hemos abordado en detalle en otros trabajos, del mismo modo que lo hemos hecho respecto a la política monetaria).

Milton Friedman se burla de lo primero en Dólares y déficit insistiendo en la imperiosa necesidad de liberar el mercado cambiario y “hacer que el gobierno desaparezca sencillamente de la escena” . Por su parte, Friedrich Hayek en Toward a Free-Market Monetary System subraya que “Siempre, desde que el privilegio de emitir moneda fue explícitamente representado como una prerrogativa real ha sido patrocinado porque el poder de emitir moneda era esencial para las finanzas del gobierno, no para brindar una moneda sólida sino para otorgarle al gobierno acceso al barril de donde puede obtener dinero por medio de su fabricación”.

Es curioso que haya economistas profesionales que entren por la variante si debe o no debe devaluarse y, más llamativo aun, es que se lancen a patrocinar el valor en que debería situarse la divisa en cuestión. Es similar a que el debate se suscitara respecto al valor que debería fijarse a los pollos en lugar de liberar los precios luego del tristemente célebre “control de precios” que desde Diocleciano en la antigua Roma han demostrado su reiterado fracaso. Pues con el dinero ocurre lo mismo, los precios máximos a la divisa extranjera y mínimos a la local invariablemente conducen al mismo callejón sin salida.

Incluso de mantienen calurosas discusiones sobre cual debería ser el nuevo valor después de la devaluación, lo cual resulta tragicómico. También los hay que niegan que sean partidarios de la devaluación en vista de los efectos que esa medida provoca.

Es inútil, la manía por incrementar el gasto público en un contexto en el que la presión tributaria resulta insoportable se financia con emisión monetaria si es que no puede disimularse el déficit fiscal con endeudamiento externo. He aquí otra postura incomprensible: la de los economistas que suscriben la supuesta necesidad de financiarse con préstamos internacionales sin percatarse que ese canal no solo compromete patrimonios de futuras generaciones que no han participado en el proceso electoral que eligió al gobernante que contrajo la deuda, sino que facilita grandemente el derroche y en agrandamiento del aparato estatal.

Se suele esgrimir la conveniencia de la deuda pública externa para “la inversión” gubernamental. Pues, en primer lugar, no hay tal cosa como “inversión” por la fuerza ya que por su naturaleza significa abstención voluntaria de consumo para ahorrar cuyo destino es la inversión que opera debido a la preferencia temporal: la preferencia de lo futuro a lo presente. Ahorro forzoso o inversión por la fuerza constituyen contradicciones en los términos. En nuestro ejemplo, se trata de gastos no corrientes en el mejor de los casos.

Para no cargar tanto las tintas con nuestra profesión, tal vez debiera destacarse que muchos de los opinantes no son en verdad economistas. Usan esa etiqueta solo porque, por ejemplo, han opinado sobre la ley de la oferta y la demanda (generalmente mal formulada), es como si el que estas líneas escribe se autotitulara arquitecto porque alguna vez intentó levantar una pared (que, además, se derrumbó). Se trata de usurpación de título. En realidad es por eso que prefiero identificarme con mi grado de doctor en economía y no como economista.

En fin, dejando de lado esta digresión, la devaluación no es para nada una salida a los problemas creados por el Leviatán, se trata de un engaño transitorio. La solución en el mercado cambiario es liberarlo lisa y llanamente, lo cual reflejará la situación real de las paridades cambiarias. En realidad al aumentar la base monetaria, la banca central devaluó de facto lo cual se refleja en el mercado negro, solo que las exportaciones tienden a contraerse debido a que el “precio oficial” queda artificialmente rezagado y cuando no se lo quiere liberar se cambia la cotización de jure que naturalmente sigue atrasada. Esa es la devaluación.

El segundo tema de esta nota alude a lo que ha dado en llamarse “ajuste” que inexorablemente produce inmensos sufrimientos absolutamente inútiles (sea aquel solapado o explícito). Esto es así porque se trata de un parche que disimula el problema. Como he dicho antes, igual que en la jardinería la poda hace que la planta crezca con mayor vigor, el ajuste esconde la basura bajo la alfombra en lugar de erradicar de cuajo funciones estatales inútiles. Es como colocarle un corset a los efectos de ajustarle el abdomen a una persona excedida en su peso en lugar de encarar una dieta de fondo o de recurrir a la cirugía. Ajustar no es encarar el problema de fondo ya que el mal reaparecerá en el corto plazo.

Los padecimientos que se sufren por los ajustes son infinitamente mayores que los que ocurren cuando se adoptan con coraje y decisión las medias de fondo para desprenderse de reparticiones inconvenientes, las cuales sin duda generarán costos para algunos pero serán mucho más que compensados por el saneamiento perdurable.

Es lo mismo que si al enfermo grave en lugar de llevarlo al quirófano se le aplican inyecciones dolorosas que lo aliviarán temporalmente mientras el tumor crece.

En resumen, la extendida aplicación de las devaluaciones y los ajustes debieran sustituirse por la libertad cambiaria (no digo flotación porque está atada a la noción de “flotación administrada” o “sucia”) y por la eliminación de las funciones incompatibles con un gobierno republicano.

En relación a lo consignado, conviene tener presente lo escrito por Octavio Paz en El ogro filantrópico en cuanto a que lo establecido por los aparatos estatales se traduce en “un arte oficial y una literatura de propaganda […] Hay que decirlo una y otra vez: el Estado burocrático totalitario ha perseguido y castigado [es el] cáncer del estatismo […] Las tentaciones faraónicas de la alta burocracia, contagiada de la manía planificadora de nuestro siglo […] ¿Cómo evitaremos la proliferación de proyectos gigantescos y ruinosos, hijos de la megalomanía de tecnócratas borrachos de cifras y estadísticas?”. Esto último deber resaltarse: no se trata de un concurso de estadísticas sino de contar con libertad para que cada uno pueda seguir su proyecto de vida como mejor le plazca sin lesionar derechos de terceros, puesto que como ha escrito Tocqueville, “el que le pide a la libertad más que ella misma tiene alma de esclavo”.

Y para que pueda revertirse la situación y salir del marasmo de devaluaciones y ajustes, los intelectuales que se dicen partidarios de la sociedad abierta deben apuntar a erradicar los sistemas estatistas, lo cual significa alejarse de medidas timoratas que pretenden solo cambiar el decorado con hombres distintos y cambios menores. Precisamente, en este sentido es que Octavio Paz en la obra mencionada concluye respecto a nuestra región (pero aplicable a todos lados) que “Si los intelectuales latinoamericanos desean realmente contribuir a la transformación política y social de nuestros pueblos, deberían ejercer la crítica”.

No se trata entonces de solo declamar sobre la necesidad de incrementar las inversiones puesto que la abstención de consumo, esto es, el ahorro, requiere de un ámbito en el que se ofrezcan garantías de su cuidado y respeto. El destino del ahorro es la inversión o su equivalente la tasa de capitalización que se concreta en equipos, herramientas de muy diverso tenor, maquinarias y conocimientos relevantes al objeto perseguido de optimizar el retorno.

Siempre el ahorro se traduce en inversión, incluso cuando se invierte en dinero. Se procede de esta manera porque, igual que toda inversión, se estima que el valor futuro será mayor que en el presente. En este caso, al guardar bajo el colchón la masa monetaria es menor y frente a los bienes disponibles hace que bajen los precios, es decir, sube el poder adquisitivo de la unidad monetaria. Generalmente (no siempre) se procede de este modo cuando no hay suficientes garantías para invertir en otros sectores, a menos que la colocación sea en bancos debido a atractivas tasas de interés. Se cualquier modo, hay un estrecho correlato entre el clima civilizado de respeto a la propiedad y el volumen de inversiones.

El proceso por el cual se conectan las tasas de capitalización y los ingresos en términos reales procede a través de los siguientes cuatro pasos. Antes de mencionarlos cabe precisar que para que tengan lugar en todo su potencial esos pasos, es menester que el inversor tenga claro que no obtendrá privilegios si contacta a los gobernantes y, también, se saca el mayor provecho posible si el mercado laboral está abierto, a saber, que los arreglos contractuales entre las partes no es interferido por los aparatos de la fuerza.

Pues bien, los cuatro pasos son los siguientes: primero, el empresario tendrá muy presente que su meta es obtener el mejor rédito posible dadas las circunstancias imperantes (de lo contrario, será removido en la primera asamblea de accionistas). Segundo, dado que no puede robar a través de dádivas gubernamentales, está obligado a servir a los efectos de incrementar su patrimonio. Tercero, se abocará entonces a ofrecer mayor cantidad de bienes y servicios de los que ya existen o nuevos bienes y servicios. Cuarto, como el mercado laboral se encuentra libre de trabas todos están empleados en faenas manuales o intelectuales por lo que el capitalista en cuestión no tiene más remedio de ofrecer salarios y honorarios más elevados si quiere atraer personas hacia su negocio para que colaboren en su emprendimiento. Es así como se eleva el nivel de vida y si en lugar de una sola empresa invierten muchas, los ingresos se multiplican y, además, los recursos humanos se emplean  en tareas más humanas y productivas (por eso es que en países de altas tasas de capitalización no existe tal cosa como el servicio doméstico y similares).

No es que en Huston-Texas los empleadores sean más generosos y comprensivos que los de La Paz-Bolivia; es que en el primer caso están obligados a pagar salarios más altos por las razones apuntadas (y por el mismo servicio). Son irrelevantes las diferencias patrimoniales de quienes contratan y son contratados en el mercado laboral, como queda dicho, son las tasas de capitalización las que marcan los salarios independientemente si uno es millonario y el otro está quebrado.

Vamos entonces al llamado “efecto derrame”. Como he apuntado en otras oportunidades, esta terminología no solo se utiliza peyorativamente para aludir al proceso antes señalado sino que confunde totalmente conceptos clave. Para nada se trata de asimilar el tema a un vaso del que beben cuantiosamente los opulentos y, cuando rebalsa (derrama) pueden beber los menesterosos de la tierra. En absoluto. Se trata de un proceso que va en paralelo a la evolución de los ingresos en términos reales. Cada incremento en las tasas de capitalización hace que los salarios aumenten tal como hemos destacado. Por ello es que los que recurren a la idea del “efecto derrame” provienen de diferentes variantes socialistas muy alejados de los valores y principios de una sociedad abierta.

Por último, si las legislaciones apuntan al igualitarismo se desarticulan los efectos bienhechores especialmente para los más necesitados puesto que se contradice la desigualdad que la gente votó en el supermercado y afines según sea la atención que se preste al consumidor y la respectiva calidad y precio.

La denominada redistribución de ingresos significa volver a distribuir por la fuerza la distribución que se logró debido a las votaciones de la gente en el plebiscito diario del mercado. Y tengamos en cuenta que el mercado somos todos cuando compramos nuestra ropa, alimentos, vivienda, libros y demás.

El igualitarismo desmorona los marcos institucionales necesarios para la antes aludida inversión ya que impone la guillotina horizontal, lo cual equivale a que se embista contra los resultados de la inversión. No es posible tener la torta y comérsela al mismo tiempo. Si se desea combatir la pobreza no puede atacarse la inversión en los hechos, por más que se la alabe en el discurso, asignando recursos a sectores distintos de los votados por la gente en procesos abiertos y competitivos con lo que se derrochan aquellos factores productivos y, por tanto, se perjudica especialmente a los marginales reduciendo sus salarios.

Demás está decir que cuando nos referimos al rol de la desigualdad no aludimos a los pseudoempresarios aliados al poder que obtienen sus patrimonios fruto de la explotación del privilegio ni a los gobernantes que echan mano a dineros públicos, sino, como queda dicho, a quienes obtienen sus ingresos en mercados abiertos y competitivos y que, por tanto, deben atender las necesidades y deseos de la gente.

Regulaciones asfixiantes, impuestos insoportables, endeudamientos siderales, inflaciones galopantes y gastos públicos incontrolables constituyen recetas infalibles para extender la exclusión y la miseria. 

Por sugerencia de un  ex alumno del doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires que me envió el tape, acabo de escuchar una conferencia de Miguel Ángel Cornejo trasmitida desde Lima en el Estadio Nacional del Perú (ahora veo que hay varias de su autoría en Youtube). En estas líneas quiero mencionar uno de los ejes centrales de aquella presentación que estriba en su vehemente preocupación de que en nuestro continente latinoamericano en general se ha insistido hasta el cansancio que es una virtud el ser pobre y que constituye un galardón el sufrimiento. El orador dice que de este modo no vamos a ningún lado ya que esa actitud conduce al estancamiento cuando no al retroceso. Expresa Cornejo que se necesita una visión radicalmente distinta para progresar, cual es la admiración a los exitosos que han logrado sus sueños en base a procedimientos legítimos, cualquiera sea el ámbito de su acción. Decimos nosotros que, además del sano consejo de la emulación, se estimulan las tasas de capitalización (no la sandez del “efecto derrame”). Sostuvo con razón el orador que el lamento, la victimización, la envidia y el reclamo para que el fruto del trabajo de otros se destine coactivamente a paliar problemas son características destinadas a perpetuar el fracaso.

Todos los temas que hoy se dan por sentados deben ser revisados y discutidos con detenimiento al efecto de que las funciones gubernamentales sean confirmadas o eliminadas, tal como hacen los especialistas en hacienda y contabilidad con la herramienta del presupuesto base cero. En mis clases en la Maestría en Economía que estoy ahora dictando por aulas virtuales para la Swiss Management Center University les digo a los estudiantes que es como si mi cátedra de Análisis Económico fuera un libro en colaboración con ellos titulado Cuestionar todo, no por el deseo de debatir sino para fijar una atenta mirada en las políticas económicas del momento tomando la debida distancia para racionalizar y estudiar desde diversos ángulos acerca de la conveniencia de su mantenimiento o desmantelamiento. Entre muchas otras cosas, concluimos que el llamado “efecto derrame” deforma hasta convertir en una caricatura grotesca lo que se quiere decir cuando se señalan las virtudes del incremento de la inversión per capita.

No es que deba haber unanimidad en esto (ni en ningún otro asunto ya que el conocimiento es provisional sujeto a refutaciones) pero es importante prestar atención a los argumentos y contra-argumentos a los efectos de sacar conclusiones. Termino con una nota de humor negro y es que Prensa Latina (la agencia única y oficial cubana) trasmite la curiosa noticia que Raúl Castro declaró el 13 de abril del corriente año que es “un enemigo absoluto de la unanimidad”. Como es sabido, hasta ahora, desde 1959, no se conoce un solo caso que no fuera de votaciones unánimes en la llamada Asamblea Nacional y en todos los foros de la isla-cárcel, esto sígenera un “efecto derrame” sobre la población en el sentido más verticalista, truculento y brutal de la expresión.